Carlo Ginzburg, a partir
del procesamiento de su amigo y periodista Adriano Sofri, escribió una obra
imprescindible para quienes cultivamos la microhistoria de los casos
judiciales: Il giudice e lo storico (1991), pronto traducida y editada
en España (Barcelona, 1993) al igual que en otros países.
Al margen de la defensa
de quien fuera dirigente del grupo Lotta Continua, y finalmente condenado en
medio de un escándalo, el historiador italiano aporta una metodología capaz de
orientarnos en una tarea que en lo básico no difiere demasiado de la
realizada por los representantes del poder judicial.
Las diferencias también
son notables, sobre todo en lo relacionado con el destino de nuestros trabajos,
pero ambos colectivos examinamos pruebas, testimonios e indicios a la búsqueda
de una narrativa, que en el caso de los historiadores nunca pretende ser «la
verdad judicial». Ni siquiera la verdad como concepto definitivo y cerrado.
Así, al amparo de Carlo
Ginzburg u otros teóricos de la historiografía, hemos abordado numerosos
procesos judiciales con los más diversos objetivos, desde el esclarecimiento de
casos concretos hasta el conocimiento de un sistema judicial, que en el caso de
las dictaduras suele estar al servicio de la represión política.
Mis libros sobre los
consejos de guerra celebrados entre 1939 y 1945 pretenden dar a conocer la
suerte de los periodistas y escritores que, de una u otra manera, permanecieron
vinculados con la II República. Otros colegas con diferentes objetivos me orientan
en esta tarea y, en un clima de colaboración, los historiadores aportamos una
visión contrastada de lo que supuso aquella jurisdicción militar del régimen
franquista.
La labor cuenta con la
ayuda de colegas académicos de diferentes áreas, especialmente de Derecho, pero
rara vez ha encontrado eco en el colectivo de jueces y fiscales en activo. Hay
excepciones y una la acaba de protagonizar Carlos Castresana, un fiscal con una
larga y brillante trayectoria que ahora se ha adentrado en el campo de la
historia, incluso en el de la narrativa por una indudable voluntad de estilo,
sin abandonar el jurídico.
Bajo las togas. Errores
judiciales y otras infamias (Barcelona, Tusquets,
2025) presenta un total de veinticinco casos judiciales de diferentes épocas y
países. El denominador común de la mayoría es el error por múltiples motivos y
en distintos grados de gravedad. El autor los contextualiza histórica y
jurídicamente, los narra con brillantez, los documenta con la
oportuna bibliografía y el conjunto, a la luz de lo presentado, recuerda la
necesidad de respetar la justicia, pero justo lo necesario y sin concederle el
don de lo infalible.
Al margen de interesarme
como lector, nada puedo añadir a una obra centrada en casos que desconocía y
ahora contextualizo porque, como ocurre con los crímenes según la añorada serie
televisiva de Pedro Costa, los procesos judiciales alumbran sus respectivas
épocas más allá de las salas de juicio. Benito Pérez Galdós o Edgar Neville,
entre otros muchos creadores, ejemplificaron esta virtualidad.
Sin embargo, hay un
último capítulo, «Los olvidados» (pp. 366-389), que da cuenta de un consejo de
guerra celebrado tras la entrada de las tropas del general Franco en Bilbao y un
proceso propio del tardofranquismo en el TOP. Ambos forman parte de «las otras
infamias» y fueron protagonizados por personas tan anónimas como olvidadas.
Carlos Castresana los
relata con un tácito espanto para explicar que el franquismo empezó y terminó
haciendo uso de la represión, solo posible gracias a la colaboración del
aparato judicial, tanto en la jurisdicción civil como militar.
El capítulo se suma a las
numerosas aportaciones de los historiadores que han abordado la represión
franquista. Nada hay especialmente novedoso, salvo la autoría, que corresponde
a un fiscal en activo capaz de mostrar su sensibilidad ante una realidad
histórica obviada por buena parte del poder judicial.
Carlos Castresana hace
gala de un elogiable sentido autocrítico como jurista, reconoce errores no solo
vinculados con el pasado y, sobre todo, aboga por una justicia dispuesta a
aceptarlos para equipararse con otros países de nuestro entorno.
Frente al hermetismo y la
soberbia de quienes no admiten la crítica, aunque esté fundamentada, su libro
es un estimulante ejemplo de hasta qué punto la brillantez expositiva e
investigadora resulta compatible con el reconocimiento de los errores de su propio
colectivo profesional.
Algunos pensarán que ese
reconocimiento es una muestra de debilidad. Otros creemos lo contrario. Un
poder como el judicial se fortalece así. Errar es humano y, por supuesto, los
jueces son humanos. A veces demasiado y no siempre en el mejor sentido.
Bajo las togas me
ha interesado como lector dispuesto a conocer procesos judiciales de la más
diversa índole, relatados por quien muestra dotes de narrador, y me devuelve la
confianza en la justicia. Al menos, cuando su administración cae en manos
competentes y dispuestas a escuchar, aunque sean críticas duras.
La consecuencia de esta
lectura se concreta en una posible colaboración con quien me ha enseñado
gracias a su ciencia jurídica y a quien puedo facilitar la información
recopilada en mis libros dedicados a los consejos de guerra «y otras infamias». Al fin y al cabo,
ambos contamos casos judiciales con la voluntad de que el reconocimiento del
error o de algo peor posibilite una justicia más competente y, por supuesto,
respetuosa con la memoria democrática.
