El «deber cívico» del libretista Federico Romero Sarachaga

 

Foto: Federico Romero Sarachaga, libretista de Doña Francisquita.

Fuente: aaalfonsoxii.es

La delación fue una de las claves de la represión franquista. Cualquier acercamiento a los sumarios de los consejos de guerra permite tener constancia de su omnipresencia como factor desencadenante de buena parte de los procesos. La circunstancia ha sido puesta de relieve por numerosos estudios históricos. Sin embargo, la figura del delator pocas veces aparece en los mismos. Al margen de las cuestiones éticas que la pueden hacer reprobable, la mayoría de las veces son personas anónimas cuyo perfil biográfico es una incógnita de imposible resolución.

Una excepción sería el popular libretista de zarzuelas Federico Romero Sarachaga (1886-1976), al que ya dediqué un capítulo en Nos vemos en Chicote (2015). Aquel libro versaba sobre la aplicación del concepto de la banalidad del mal, definido por Hannah Arendt, en el contexto de la represión franquista. El objetivo no permitía un análisis detallado de sumarios como el 13149 del AGHD, donde encontré la delación efectuada por el libretista zarzuelero el 28 de abril de 1939. La tarea quedó pendiente y el correspondiente capítulo aparecerá en el segundo volumen de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores (1939-1945).

Federico Romero Sarachaga se presentó voluntariamente ante el juez militar como «escritor y miembro de la columna de Orden y Policía de Ocupación». La imprecisión de la denominación hace sospechar que solo era un escritor con afán de delatar a sus colegas republicanos, especialmente a Joaquín Dicenta, que estuvo al frente de los autores asociados en la SGAE durante la guerra.

Federico Romero Sarachaga formula la denuncia de su colega «en cumplimiento de un deber cívico», pero también lo hace movido por cuestiones personales que afloran apenas se analiza el manuscrito de siete folios con un mínimo de atención. La denuncia ratificada en el juzgado militar el 10 de mayo de 1939 provocó la instrucción del sumario 13149, de acuerdo con lo dictado por el auditor de guerra el 13 de mayo de 1939. El Juzgado Militar Permanente n.º 4 fue el encargado de llevar adelante la instrucción, que podría haber corrido a cargo del Juzgado Militar de Prensa dada la condición de escritores de los protagonistas.

El sumario 13149 del AGHD es un documento fundamental para comprender la historia de la SGAE durante la Guerra Civil. Sus doscientos veinticinco folios están repletos de datos que afectan a lo sucedido, por ejemplo, con el dramaturgo Pedro Muñoz Seca cuando fue asesinado por los republicanos. También revela no pocas mediocridades de cualquier lucha por el poder y, naturalmente, la voluntad de salir indemne de un pasado polémico, aunque fuera gracias a la delación de los compañeros de letras. Federico Romero Sarachaga destaca en esta tarea, pero nunca estuvo solo a tenor de lo constatado en la documentación sumarial.

El análisis del sumario me llevará semanas de consultas con la colaboración de los servicios de documentación de la SGAE, pero espero culminarlo en febrero, cuando tengo prevista la entrega del original para el segundo volumen de Las armas contra las letras, cuyo primer volumen ya está a punto de llegar a las librerías.

Las armas contra las letras: próxima publicación

 

Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores (1939-1945), un ensayo coeditado por la editorial Renacimiento y el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, tiene prevista su llegada a las librerías el próximo 15 de enero.

No obstante, el libro ya consta en las principales distribuidoras para hacer las oportunas reservas o realizar los pedidos a la espera de su publicación:

https://www.amazon.es/Las-armas-contra-las-letras/dp/8419791997

https://www.fnac.es/a10654845/Juan-A-Rios-Carratala-Las-armas-contra-las-letras

https://www.editorialrenacimiento.com/los-cuatro-vientos-serie-mayor/3027-las-armas-contra-las-letras.html

https://www.todostuslibros.com/libros/las-armas-contra-las-letras_978-84-19791-99-3

https://www.libreriacompas.com/es/libro/las-armas-contra-las-letras_470887

A partir de este momento, y mientras llegan los primeros ejemplares, empieza una larga tarea de difusión para dar a conocer un libro, el primero de una futura trilogía, que pretende dar voz a los periodistas y escritores republicanos que fueron procesados durante la posguerra. 

Este blog cumple la misma función aportando día a día lo más significativo o curioso de las investigaciones llevadas a cabo, pero las mismas tienen como objetivo final la preparación de una trilogía dedicada a quienes acabaron en un paredón o pasaron años de cárcel por ejercer la libertad de expresión en la prensa republicana. Por lo pronto, ya tenemos el primer volumen a punto de aparecer, mientras ultimo la redacción del segundo con la voluntad de que el tercero esté en las librerías antes de jubilarme. 

El propósito supone una media de 6-8 horas de trabajo al día porque la consulta de la documentación la completo con una amplia bibliografía, que incluye las obras publicadas por estos escritores. El trabajo es arduo, pero cada vez que contacto con un hijo o un nieto de estos escritores encuentro razones de sobra para llevarlo a cabo. Hoy mismo, Carlos, el hijo de Antonio Buero Vallejo me ha mandado una amplia documentación sobre el consejo de guerra seguido contra el dramaturgo y que terminó con una condena a muerte. El agradecimiento por la generosidad del gesto dará paso a un trabajo de varias semanas hasta redactar el correspondiente capítulo. 

La frágil memoria del marqués de Luca de Tena

 

Foto: Elfidio Alonso Rodríguez. Fuente: ABC.es

La represión embarra hasta la memoria. A lo largo de la presente investigación, he encontrado una fábula recurrente: la de destacadas personalidades vinculadas con el franquismo que, cuando la dictadura ya boqueaba y el incierto futuro indicaba la conveniencia de blanquear el pasado, dijeron haber intentado salvar a alguien condenado en un consejo de guerra.

Quienes de verdad presentaron avales en los juzgados militares por solidaridad o agradecimiento con los procesados suelen callar y permanecen en el anonimato. Su gesto de humanidad, a veces arriesgado, ha quedado en silencio, salvo para la documentación de los sumarios. Siempre doy sus nombres en mis trabajos. Entre otras razones, porque la existencia de estas personas -obviamente vinculadas con los vencedores de la guerra- prueba que el franquismo no era monolítico y había gente dispuesta a procurar un cierto alivio en la represión que se cernió sobre los republicanos procesados.

Sin embargo, y por experiencia de varios casos relacionados con periodistas y escritores, quienes hablan en público o dejan un testimonio escrito acerca de su ayuda a algún represaliado nunca cuentan en esa documentación con una prueba de la misma. Solo tenemos su palabra de «personas de probada solvencia moral», pero sin una posibilidad de verificación y, a menudo, el testimonio incurre en contradicciones que indican la inequívoca presencia de la fabulación.

El caso de Miguel Hernández es paradigmático en este sentido. La fama o el prestigio del procesado favorece la proliferación de «salvadores» que nunca se presentaron ante un juzgado militar. La lista de quienes pretendieron salvar al poeta es larga, todavía es objeto de una indocumentada credulidad por parte de algunos periodistas y, sobre todo, parece inmune a las pruebas aportadas en Los consejos de guerra de Miguel Hernández (2022). Cuando una fábula ha circulado durante años casi queda convertida en un dogma cuyo cuestionamiento resulta incómodo.

Estas fábulas, a menudo utilizadas por quienes las profieren con desparpajo para procurar una memoria consoladora, solo pueden ser desmentidas mediante la consulta de la documentación que obra en los sumarios.  Sin embargo, también cabe otra posibilidad menos frecuente porque requiere la participación de la víctima. La relectura del volumen colectivo Periodismo y periodistas en la Guerra Civil (1987) me ha recordado una historia relacionada con las vicisitudes de ABC durante la guerra que no precisó de documentación alguna, por entonces inaccesible, porque fue la propia víctima quien puso en evidencia al fabulador.

Elfidio Alonso Rodríguez (1905-2001), el joven director canario del ABC republicano, salvó su vida porque pudo marcharse al exilio poco antes de terminar la guerra. Después de cincuenta años sin hablar en público, el ciclo de conferencias en que se basa el citado volumen le permitió citar un texto de Juan Ignacio Luca de Tena (1897-1975) extraído de su libro de memorias Mis amigos muertos publicado en 1971. En él escribe de su llegada a la redacción el mismo día en que las tropas del general Franco entraron en Madrid:

Bajó al cabo la redacción usurpadora con su director, don Elfidio Alonso, a la cabeza; entregaron la casa a Pastor y a Cuartero y enseguida se marcharon a la calle. Por cierto, que el tal don Elfidio fue condenado, semanas después, por un tribunal militar y que los nuevos directores de los periódicos de Madrid, José María Alfaro, Juan Pujol, Víctor de la Serna, Juan José Pradera, Joaquín Valdés y un servidor de ustedes, acudimos al Caudillo para pedirle el indulto del señor Alonso, quien, si vive que sea por muchos años, andará a estas horas paseándose por las calles de Madrid (1971: 322-323).

El republicano Elfidio Alonso Rodríguez no fue sometido a un sumarísimo de urgencia porque por entonces, durante la inmediata posguerra, estaba en un campo de concentración francés. De ahí saldría con destino a varios países donde permaneció exiliado. Y, afortunadamente, el periodista vivió hasta casi ser centenario, pero tardó mucho en pasear por Madrid porque tuvo la coherencia de esperar a la muerte del general Franco para volver. La entrada de las tropas en la redacción de ABC, con la consiguiente entrega del mando, no debió ser un acto entre caballeros que se comportan como aristócratas de una comedia de teléfonos blancos. La imagen solo reside en la capacidad fabuladora de quien afirma escribir unas memorias donde cita a colegas que nunca le iban a desmentir, entre otros motivos porque andaban igual de necesitados de ese blanqueamiento. 

Al menos, en 1986 a Elfidio Alonso Rodríguez le brindaron la oportunidad de hablar en público y demostrar, con una elegancia exquisita hacia el fallecido, que Juan Ignacio Luca de Tema había tergiversado la realidad, como su colega José María de Alfaro, que dijo haber intentado salvar a Miguel Hernández y calló acerca de su padre y presidente del tribunal que le condenó: el comandante Pablo Alfaro Alfaro.

Las personas de «probada solvencia moral» podían ser tan elegantes y cultas como el marqués de Luca de Tena, miembro de la RAE. No obstante, al cabo de los años, falsificaron el pasado con desparpajo de pícaro porque sabían que los suyos nunca se lo recriminarían. Y los otros, claro está, eran unos «rojos» como el periodista canario de Unión Republicana, que ni siquiera llamó mentiroso a quien, a la vista de las pruebas, lo había sido de una forma palmaria:

No deja de ser curioso este ejemplo de «información» objetiva de tan destacado periodista; pero lo es más aún que un consejo de guerra me haya condenado en ausencia y que el Caudillo concediera mi indulto, sin averiguar que por aquel entonces yo andaba tras el Pirineo evadiéndome de los campos de concentración franceses. Afortunadamente, todavía me faltaba recorrer mucho camino, hacer otros periódicos, ser espectador de más episodios de guerra y del nacimiento y desaparición de unos cuantos dictadores (VV. AA., 1987: 123).

Eso sí, por si acaso el periodista republicano hubiera mentido también, he comprobado que el sumario de su supuesto consejo de guerra no figura en el AGHD. A nombre de Elpidio Alonso Rodríguez está el 113451, pero por la numeración nunca pudo ser de 1939 o principios de 1940. Cabe la posibilidad, desconocida al parecer por el periodista, que fuera procesado en rebeldía. Según la tesis doctoral de María Gabino Campos, Vida y obra periodística de Elfidio Alonso Rodríguez (2002), el citado director de ABC formó parte del exilio.

La Esteso, su señora madre y Santiago de la Cruz

 

Foto: Luisita Esteso

Las investigaciones sobre la represión franquista durante la posguerra no suelen dar motivos para la sonrisa. La trágica realidad de aquellas fechas congela cualquier atisbo de humor. Sin embargo, la búsqueda de antecedentes de quienes la padecieron nos remite a una época donde la prensa, con la sorna que solo facilita la libertad de expresión, refleja algunas anécdotas dignas del recuerdo.

El 23 de noviembre de 1931, Heraldo de Madrid y otros periódicos de la capital dieron noticia de un suceso acaecido en un café donde los asiduos eran personas de letras y cómicos. El local estaba localizado en la calle de Alcalá, frente a la de Peligros. Allí se presentó, «airada», doña Paloma Herrero, conocida como La Cibeles en el mundo del espectáculo desde que hiciera pareja cómica con el actor Luis Esteso, del que acababa de enviudar. La señora de armas tomar ejercía de madre de la vedette y actriz Luisita Esteso (1908-1986). El motivo de su enfado era un joven periodista que, recién regresado de Buenos Aires como secretario del charlista Federico García Sanchiz, pretendía ser el novio de la niña, la cual por entonces ya tenía veintitrés años y estaría acostumbrada a los devaneos amorosos.

La airada Cibeles arrojó un bolso de mano a Santiago de la Cruz Touchard, que era el novio en cuestión, porque quien acabaría condenado a muerte en 1940 estaba con la vedette en el café donde todos quedaron entre asombrados y divertidos. El motivo de tan airado comportamiento, que terminó en un juzgado de Colmenar Viejo tras el correspondiente escándalo, fue resumido en una frase sacada de la prensa: el periodista era «poco novio para la niña» (Informaciones, 24-XI-1931).

La Cibeles acababa de enviudar, sabía que la bella Luisita era su seguro de vejez y, claro está, aspiraba a que la vedette emparejara con quien le ofreciera una mayor seguridad económica. Lo consiguió a medias, pues espantó al pobre Santiago, aunque Luisita, por entonces reivindicativa en materia laboral, emparejaría después con José Luis Salado, otro periodista republicano que se libró de la condena a muerte solo porque partió camino de Moscú.

Santiago de la Cruz Touchard dejó atrás a una agraciada señorita que cantaba, bailaba y contaba chistes cuyo humor, ahora, casi es un misterio, como la popularidad alcanzada por sus padres gracias a unos monólogos que nos remiten a un concepto del espectáculo anclado en aquella época. La circunstancia sería a la larga positiva, pues el periodista conoció a quien después sería su compañera en los momentos difíciles, cuando ella decidió trabajar como contable en la editorial Aguilar para sacar adelante una familia donde el padre penaba en distintas cárceles.

La historia de ese matrimonio es dura, como la de tantas parejas relacionadas con las consecuencias de la represión franquista, pero estoy seguro de que, en algún momento de distensión, Santiago recordaría a aquella señora airada que, bolso en mano, sentenció que el periodista era poco novio para su niña. Afortunadamente así fue. El enamorado o atraído por la bella Luisita acabó encontrando una mujer valiente que hasta los años ochenta luchó por el reconocimiento de su marido como oficial republicano. La historia la contaremos en el segundo volumen de Las armas contra las letras, cuyo primer volumen saldrá el próximo mes de diciembre, siempre y cuando no haya alguien airado que con un bolsazo lo impida.

Os dejo con las gracias de quien, con el tiempo, sería la tía de Fernando Esteso, un cómico que como tantos otros forma parte de una saga familiar.

 

Los servicios de inteligencia identifican a Santiago de la Cruz Touchard

El periodista Santiago de la Cruz Touchard, poco después de finalizar la Guerra Civil, se encontraba preso en el campo de concentración de Navalperal de Pinares (Ávila). Quien fuera letrista de canciones populares, secretario del célebre charlista Federico García Sanchiz y novelista galante, aparte de dramaturgo de aires costumbristas, en 1934 ingresó en el PCE. Tras pasar por la redacción de Mundo Obrero como secretario del ministro Jesús Hernández, durante la contienda llegó a ser comandante condecorado por su actuación en el frente de Brunete y Quijorna. El preso del citado campo de concentración era un oficial republicano que acabaría condenado a muerte el 16 de enero de 1940.

El 19 de mayo de 1939, el Servicio de Inteligencia de la Policía Militar (SIPM) mandó un telegrama al responsable del campo de concentración. El motivo era que, gracias a las proyecciones en el madrileño cine Fuencarral de la coproducción hispano-alemana titulada España heroica. Estampas de la Guerra Civil (1938), de Joaquín Reig, se había identificado al individuo que en el minuto trece aparece junto al embajador soviético. A su izquierda está Santiago de la Cruz Touchard; sonriente, satisfecho y con el puño en alto.

Los instructores del sumarísimo de urgencia que terminó con la condena a muerte no prestaron atención a esta prueba de cargo, que evidencia una vez más la utilización en la represión franquista de las imágenes filmadas por los republicanos. Vistos los dos sumarios de Santiago de la Cruz Touchard depositados en el AGHD, aquellos instructores disponían de otras pruebas gráficas. En concreto, dos fotos donde aparece el preso junto a La Pasionaria en la cárcel a principios de 1936 y entrevistado cuando estaba organizando una unidad de Caballería adscrita al Quinto Regimiento. Y, por otra parte, los vencedores habían incautado documentos y cartas que sirvieron para justificar una condena a muerte que, tras su conmutación, dio paso a un dramático deambular de cárcel en cárcel con castigos incluidos.

Santiago de la Cruz Touchard debió ser un hombre valeroso o una víctima de las torturas, pues en los interrogatorios admitió sin disimulos su militancia comunista hasta julio de 1938, cuando dice haber sufrido un atentado cuyo origen no aclara. No obstante, siguió leal al ejército republicano y en enero de 1939 todavía le identificamos como responsable de un centro de instrucción donde haría valer una formación militar iniciada entre 1919 y 1924, cuando era sargento de la policía indígena de Tetuán. Uno de sus tíos, el general republicano Manuel de la Cruz, prueba que la vocación militar estuvo presente en aquella familia, donde hay otros oficiales destacados.

Los servicios de inteligencia de los vencedores contarían con un denunciante capaz de identificar al protagonista del fotograma arriba reproducido, buscar su localización en un campo de concentración y ponerse en contacto con su responsable para añadir una prueba de cargo que, en aquel contexto, aseguraba una condena a muerte. 

La prueba ha quedado en el expediente durante ochenta y cinco años hasta que, al examinarla, me puse en movimiento, vi la citada película y recuperé en colaboración con mi hijo el fotograma del sonriente periodista. La película completa está disponible en la web de RTVE y forma parte del segundo capítulo de una serie realizada bajo la dirección de mi colega Julián Casanova.

El denunciante capaz de propiciar el fusilamiento de un preso no culminó su propósito. Santiago de la Cruz Touchard sobrevivió a múltiples dificultades tras ser indultado en 1947 y partir después al exilio en México. No obstante, pudo volver a Madrid en los años sesenta y conocer a su nieta Sandra, con quien se fotografió poco antes de fallecer.

Santiago de la Cruz Touchard mantiene la misma sonrisa que en el verano de 1936, pero en esta ocasión la compañía es más entrañable. Algo similar sucede en la siguiente fotografía, también tomada en el Madrid de principios de los años sesenta:

Sandra, la nieta, ahora es una destacada profesional de RTVE. Hoy, gracias a los servicios de inteligencia de quienes pretendieron terminar con la vida de su abuelo, ha descubierto que en la web de su propia empresa tenía unos fotogramas, apenas unos segundos, de un abuelo al que apenas pudo conocer y del que ignoraba, por el prudente silencio de quienes nunca comprometían a sus familiares, el pasado como novelista galante de aspecto refinado que luchó como miliciano antifascista y penó de cárcel en cárcel.

Vistas las fotos que me mandó Sandra y el fotograma recuperado, aparte de las incluidas en anteriores entradas de este blog (6 y 25 de octubre), me quedo con la imagen de un hombre sonriente y elegante, con esa pajarita como signo de distinción que le recordaría los tiempos en que se retrataba provisto de un bastón para subrayar su elegancia. Tal vez selecciono esa combinación, a partir de unos rasgos aislados, porque siempre habría sido la suya en el caso de haber podido vivir en una España democrática. No tuvo esa suerte, pero la memoria le devuelve al lugar donde es posible sonreír.

El extenso capítulo dedicado a Santiago de la Cruz Touchard aparecerá en la continuación de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores (Sevilla, Renacimiento-Publicaciones de la Universidad de Alicante), cuya aparición es inminente.

La «rebeldía» del masón Mateo Hernández Barroso

 

El 18 de abril de 1939, comparecen en una comisaría de Valencia del Cid los agentes que han localizado el local ocupado durante la guerra por la logia masónica Liceo de Levante (AGHD, 7980). Aparte de identificar a la portera del inmueble como testigo o acusada -nunca queda clara la condición-, aportan una serie de nombres como posibles miembros de la citada logia. Uno de ellos es el del veterano polígrafo Mateo Hernández Barroso (1874-1963), aunque en ningún momento se le cita como periodista o escritor. De hecho, sus intereses culturales fueron múltiples, desde las matemáticas hasta las telecomunicaciones pasando por la historia y la música. Su libro Cables submarinos (1918) constituyó, al parecer, un hito en materia tan especializada y seis años después publicó La ectoplasmia y la clarividencia. El título nos remite a su faceta como masón desde el 27 de agosto de 1919, cuando ingresó en la Logia Hispano Americana n.º 379 del Gran Oriente Español.

La instrucción del sumario 7980, sin embargo, no alumbra nada acerca de este polifacético encausado, salvo que Mateo Hernández Barroso no contaba con antecedentes penales. La circunstancia es común entre la inmensa mayoría de los procesados durante la posguerra y el correspondiente documento incluye la impresión de un sello ya familiar para los investigadores: «Ninguno». Su utilización evitaba escribir a mano una palabra mil veces repetida. Para rematar el silencio o la ignorancia de los instructores, el 9 de mayo de 1939, el coronel jefe de la Columna de Orden y Policía de Ocupación de Valencia del Cid afirma que su ficha «no aparece en el fichero obrante en esta jefatura». La investigación judicial no estaba prevista para tales casos. La prioridad era resolver decenas de miles de sumarísimos en un tiempo récord.

Ante la ausencia de cualquier referencia al masón y afiliado a Izquierda Republicana que ocupara importantes cargos durante el período republicano -entre otros, fue director general de Telecomunicaciones en plena guerra- y su incomparecencia reiterada en el correspondiente juzgado, el 18 de marzo de 1940 el instructor Alfonso Bernaldero Ávila declara en rebeldía procesal a Mateo Hernández Barroso. La noticia no me consta que apareciera publicada y, desde luego, no llegaría al afectado.

El también crítico musical en distintas cabeceras ya había sido procesado en Madrid a resultas del sumario 3031, instruido en 1939 y también depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa. El diccionario de Manuel Aznar Soler (2016) le sitúa por entonces en el exilio de Francia camino de México. La comprobación del destino es obvia a la vista de las ediciones de su última etapa, pues en la capital azteca aparecieron los volúmenes El oso y el madroño (1954) y Mitología latina (1954). Mateo Hernández Barroso fue declarado en rebeldía tanto en Valencia como en Madrid porque su nombre figura en el activo exilio de los republicanos en México.

El sumario instruido en la capital le señala como «muy destacado marxista». La caracterización aparece en un informe emitido por José Casado Moreno, secretario del Juzgado Especial del Ayuntamiento de Madrid, donde trabajó el encausado como «maestro especial» sin que el dato aparezca en los perfiles biográficos publicados hasta el momento. Sin embargo, la instrucción no aporta prueba alguna acerca de esa supuesta relevancia en el marxismo español. Tampoco documenta su actividad propagandística constatada por la prensa, al menos cuando el republicano pronunció una alocución radiofónica donde criticaba a los altos cargos dispuestos a abandonar Madrid por miedo a las represalias de los sublevados (La Libertad, 16-X-1936).

Al margen del exilio indicado en distintas fuentes y constatado gracias a las referidas publicaciones, la posibilidad de ser declarado en rebeldía procesal por estar sometido a un procesamiento en otra localidad, incluso en una misma localidad cuando era como Madrid o Barcelona, es bastante frecuente en el marco caótico de la justicia militar durante la posguerra. Por falta de medios y tiempo, también por el desbordamiento que provocó la masiva represión de la Victoria, estos errores son habituales y a veces cuestionan la fiabilidad de la documentación analizada por el historiador.

El sumario 3031 del AGHD se instruyó en Madrid poco antes que el valenciano y con resultados similares, pues Mateo Hernández Barroso fue un encartado misterioso para las autoridades franquistas que nada sabían de su amistad con Manuel Azaña y otros contertulios del café Regina. El 18 de abril de 1939, el citado secretario del Juzgado Especial del Ayuntamiento de Madrid emite el primer informe sobre el masón que trabajaba como «profesor especial», circunstancia corroborada al día siguiente por el propio Ayuntamiento inmerso en las tareas de la depuración. A partir de lo constatado en ambos documentos, que es bien poco en comparación con la trayectoria republicana del encartado, el auditor Ángel Manzaneque Feltrer ordena que se instruya el sumarísimo de urgencia 6864 contra Mateo Hernández Barroso.

La orden, sin que me conste una documentación que la complete, debió quedar en el limbo de aquel caos jurídico donde a menudo los instructores actuaban a partir de datos fragmentarios y poco relevantes acerca de los encartados. Más sorprendente todavía es la decisión de decretar la prisión atenuada, se supone que sería en su domicilio, para quien no había sido localizado. La orden del Juzgado Permanente n.º 18 está firmada el 28 de abril de 1939 y en el sumario 3031 no consta que se cumpliera. De hecho, nadie consiguió conocer el paradero del masón con un amplio historial en las logias. Los agentes de la Dirección General de Seguridad lo intentaron, según informe emitido el 24 de julio de 1939, en el domicilio que les constaba de la calle Suero de Quiñones, n.º 13, y en la «Escuela Normal de Maestros y Profesores». El resultado fue nulo en ambas ocasiones. Nadie aportó información acerca del paradero de quien, por su edad y actividades, debió ser conocido entre la vecindad o los colegas del ayuntamiento.

Ante semejante falta de referencias y la imposibilidad de llevar a cabo una investigación policiaca, Mateo Hernández Barroso es declarado en rebeldía el 14 de octubre de 1939; es decir, cinco meses antes de que hiciera lo mismo el juzgado de Valencia, que no debió tener información acerca de lo sucedido en Madrid. La decisión se tomó tras aparecer la correspondiente requisitoria en la prensa de la capital por orden del 26 de septiembre de 1939, que fue efectivamente cumplida en el diario Madrid, según consta en el sumario 3031. El problema es que Mateo Hernández Barroso no leería la noticia por estar muy lejos de la capital. La prensa franquista, con sus requisitorias a la búsqueda de un hipotético lector, ni siquiera sería leída con asombro en México.

Finalmente, y ante lo infructuoso de las actuaciones judiciales realizadas para detener al «muy destacado marxista», el 24 de octubre de 1939 el tribunal del consejo de guerra celebrado en Madrid declara sobreseído el caso por no haber localizado al rebelde. Nadie avisó a los colegas de Valencia, que siguieron poco después el mismo camino con similares resultados. La comunicación entre los juzgados de la posguerra presenta múltiples deficiencias y estas duplicidades son frecuentes. No obstante, alguien debió pensar que Mateo Hernández Barroso acabaría presentándose ante las autoridades militares del franquismo, pues su caso no fue archivado hasta el 13 de diciembre de 1944 por orden del auditor general.

Mientras tanto, el masón interesado por múltiples y heterogéneas facetas culturales o científicas debió quedar ajeno a las actuaciones judiciales. Tampoco tendría noticias de su procesamiento en ausencia por parte del TERMC, según consta en los catálogos del CDMH (TRRPM, 148; causa n.º 493/42 por masonería). Entre otros motivos, porque Mateo Hernández Barroso estaba en el exilio recordando los tiempos vividos junto a figuras como Valle-Inclán en las tertulias más significativas del momento. Así consta en El oso y el madroño, un volumen recopilatorio y testimonial. Por desgracia, lo publicado en México no impidió que su nombre acabara remitido a los diccionarios del exilio, donde tanto esfuerzo queda inevitablemente reducido a una entrada o una ficha bio-bibliográfica. Mateo Hernández Barroso nunca volvió a destacar en materia de marxismo, que seguramente le sería tan ajeno como las órdenes dictadas para localizarle en Madrid y procesarle, aunque fuera en ausencia porque jamás cabía el olvido en los tribunales de la represión. Cumplidos los sesenta, don Mateo fue oficialmente un rebelde, aunque solo fuera procesal por la incompetencia o la falta de documentación de quienes intentaron procesarle.

 

 

 

 

Periodistas y escritores republicanos: las cifras de la represión

 Foto: Manuel Navarro Ballesteros

La microhistoria que cultivo en mis investigaciones sobre la represión franquista ejercida contra periodistas y escritores durante la posguerra necesita siempre un complemento: la historia, que nos aporta las dimensiones de unos fenómenos con el riesgo de minusvaloración o sobrevaloración en el caso de ignorar los datos facilitados por los estudios dedicados a observarlos en sus grandes líneas.

Las armas contra las letras parte de casos particulares que pretendo analizar de forma tan exhaustiva como rigurosa. Nunca he buscado aportar cifras, datos o valoraciones globales sobre las dimensiones de la citada represión. No obstante, procuro conocerlos para evitar el riesgo arriba indicado. Esta necesidad me lleva a la consulta de estudios académicos -ahora mismo estoy completando los citados en el primer volumen de Las armas contra las letras con los de mis colegas Marc Carrillo y Pablo Vico- y, por supuesto, estoy en contacto con otros investigadores para intercambiar información.

Esta última circunstancia me ha permitido conocer, antes de ser publicado por Renacimiento, varios capítulos del trabajo realizado por Juan Carlos Mateo Fernández a partir de su tesis doctoral, que ha sido completada gracias a una paciente y completísima investigación de varios años.

Juan Carlos Mateo Fernández me ha facilitado una copia del capítulo IV, dedicado a la relación de periodistas represaliados dentro del ámbito temporal y geográfico que compartimos en nuestras tareas de investigación. A continuación, voy a extractar esos datos como prueba de que la represión analizada en este blog nunca es un fenómeno puntual o esporádico.

Los periodistas republicanos que fueron ejecutados son trece si ampliamos el marco cronológico al inicio de la Guerra Civil: Luis Díaz Carreño, Fernando Sánchez Monreal, Ángel de Guzmán Espinosa, Fernando Mora Martínez, Federico Angulo Vázquez, Juan Manuel Valdeón Garrido, Augusto Vivero Rodríguez de Tudela, José Ramón Peña Brea, Pedro Luis de Gálvez López, Manuel Navarro Ballesteros, Cayetano Redondo Aceña, Carlos Gómez Carrera, Francisco Cruz Salido y Julián Zugazagoitia. A esta lista habría que añadir los fusilados en otras regiones, como, por ejemplo, el hermano periodista del cartelista Ramón Puyol en Cádiz o la periodista Matilde Zapata Borrego en Cantabria. Ambos casos los analizo en Las armas contra las letras.

Los colaboradores habituales en la prensa republicana que fueron ejecutados son diez: Manuel Hilario Ciges Aparicio, Alejandro Peris Caruana, José Gómez Osorio, José Serrano Batanero, Enrique Peinador Porrúa, Feliciano Benito Anaya, Amós Acero Pérez, Carlos Rubiera Rodríguez, Luis Sendín López y Alfredo Cabello Gómez-Acebo.

Los periodistas republicanos muertos en prisión son cinco: Ricardo Flores Mora, José Izquierdo Durán, Antonio de Hoyos Vinent, Miguel San Andrés Castro y José Ponce Bernal. A estos nombres podríamos añadir el de Miguel Hernández, pues fue condenado en su calidad de periodista, no de poeta.

Los periodistas republicanos muertos en combate, en el frente de batalla y en bombardeos enemigos son diez: Alfonso Cernadas Baleato, Manuel Fernández Álvarez, Leonardo dos Santos Moraes, Jaime Cubedo, Louis Delaprée, Elías García, Germán Yusti Morales, Gerda Taro, Víctor Gabirondo Sarabia y Mauro Bajatierra Morán. Un repaso exhaustivo de la prensa madrileña nos aportaría probablemente algunos nombres más, sobre todo durante el verano de 1936 y en el marco de la movilización miliciana. Algunas breves notas necrológicas leídas en el marco de mis consultas así lo indican.

Los periodistas republicanos muertos en la retaguardia son diez: Francisco Sancha Lengo, Joaquín Aznar Delgado, Luis de Tapia Romero, José Sánchez Álvarez, Ramón Martínez Sol, Francisco Ginestal Maroto, José María Pérez y Pérez, Narciso Díaz de los Arcos, Ildefonso Maffiotte Castro y Esteban Fernández Piquer.

Los periodistas republicanos condenados a muerte en consejos de guerra celebrados en el ámbito territorial seleccionado son treinta y siete: Ramón Ariño Fuster, Natividad Adalia Cardillo, Antonio Agraz Gutiérrez, Mariano Aldabe, Eduardo de Castro, Santiago de la Cruz Touchard, Antonio Espina García, Mariano Espinosa Pascual, José Manuel Fernández Gómez, Francisco Ferrándiz Alborz, José Fragero Pozuelo, Antonio González de Linares y de la Vega, Valentín Gutiérrez de Miguel, Eduardo de Guzmán Espinosa, Eduardo Haro Delage, Francisco Javier Lapoya Serraller, Ángel María de Lera García, Alberto Marín Alcalde, Enrique Martínez Echevarría, Andrés Martínez de León, Federico de la Morena Bilbao, José Luis Moreno Sancho, Enrique Paradas del Cerro, Félix Paredes Martín, Virgilio de la Pascua Garrido, Fernando Perdiguero Camps, Carlos Pérez-Ortiz Merino, Alejandro Pizarroso, Aselo Plaza Vinuesa, Ramón Puyol Román, Cipriano Rivas Cherif, José Robledano Torres, Diego San José de la Torre, Enrique Sánchez-Cabeza Earle, Modesto Sánchez Monreal, Manuel Villar Mingo y Manuel Zambruno Barrera. A esta lista también podríamos añadir nombres célebres como, por ejemplo, el del novelista Ángel María de Lera y el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, pues ambos condenados a muerte acabaron participando en distintas publicaciones periódicas.

Para no alargar demasiado el listado y siempre dentro de un ámbito territorial equivalente al cubierto por el AGHD, cabe también indicar que los periodistas republicanos condenados a penas de treinta años de cárcel son veintidós, los condenados a veinte años son cinco, los condenados a doce años son once y los condenados a seis años de cárcel son cinco. También hay que reconocer la existencia de tres periodistas o colaboradores republicanos que fueron absueltos en sus consejos de guerra: Ramiro Gómez Zurro, Julián Marías Aguilera y Aníbal Tejada Cassio.

Los listados corren el riesgo, aparte de la posible inexactitud, de mezclar situaciones que no siempre son coincidentes. Esta circunstancia debe evitar interpretaciones apresuradas que no cuenten con los estudios pormenorizados de los diferentes casos. Ese es el trabajo que pretendo realizar con las entregas de Las armas contra las letras, cuyo primer volumen está a punto de aparecer. No obstante, las cifras, por muchas matizaciones que podamos introducir, son dignas del espanto ante tamaña represión.

Los correspondientes sumarios fueron instruidos en diferentes juzgados por las razones que indico en Las armas contra las letras, pero el especializado en lo referente a los periodistas fue el Juzgado Militar de Prensa, sito en la plaza de Callao, 4. Dados los listados arriba indicados, parece comprensible que la actividad en el mismo fuera incesante durante la inmediata posguerra. Poco a poco, sumario a sumario, iremos alumbrando lo sucedido en aquellas dependencias judiciales siendo conscientes, gracias a los colegas investigadores, de las cifras globales de la represión ejercida contra los periodistas y escritores republicanos.