Hace poco más de un año, Francisco Espinosa sabía de mis trabajos sobre los consejos de guerra de Miguel Hernández y me facilitó generosamente un documento inédito firmado por el fiscal Acedo Colunga. Su lectura me estremeció y, al mismo tiempo, me permitió comprender el sustento teórico de aquello que estaba analizando. Ahora ese documento se publica en un ensayo donde el citado Francisco Espinosa explica su hallazgo en un archivo militar, mi colega Guillermo Portilla analiza las repercusiones jurídicas de esta «guía de inquisidores» y Ángel Viñas nos presenta un retrato de su autor, que hasta el presente era un desconocido -salvo en Barcelona- a pesar de su relevante papel como teórico de la represión franquista durante la posguerra.
Las razones del citado anonimato son múltiples, pero hay una que considero fundamental: los artífices de esos consejos de guerra y otros procedimientos judiciales, al cabo de los años, callaron en público u ocultaron todo lo relacionado con su participación en unos sumarios cuya actual validez jurídica es un déficit de nuestra democracia. Esperemos que la anunciada e inminente aprobación de la Ley de Memoria Democrática suponga el final de esta anomalía y, al mismo tiempo, aporte un reconocimiento legal a la labor de tantos historiadores que desde los años noventa han analizado esta vertiente de la represión ejercida por quienes ganaron la guerra y nunca buscaron la reconciliación nacional.
