La periodista Irene Tabera el pasado día 21 publicó en OK Diario una noticia bajo el título «Batalla en el Supremo por la memoria del hombre al que la izquierda lincha como asesino de Miguel Hernández». El texto completo se puede consultar en el siguiente enlace:
La citada periodista atendió así a una denuncia contra mi trabajo como catedrático universitario, pero -aparte de no comprobar algunos datos- nunca se puso en contacto conmigo para conocer mi versión y contrastarla antes de proceder a publicar la noticia. Ni siquiera me contestó cuando -una vez aparecida- me ofrecí a facilitarle información para subsanar algunas inexactitudes.
Al margen de que el extenso titular es poco afortunado porque «la izquierda» académica o mediática -donde la periodista incluirá a medios demandados como ABC- nunca ha calificado al alférez Baena Tocón como «asesino de Miguel Hernández», el texto me atribuye que yo «vinculaba a su padre -el citado oficial- como el verdugo de Miguel Hernández». La afirmación es falsa e Irene Tabera no indica la referencia bibliográfica de semejante barbaridad donde hay un asesino sin existir un asesinato. Si hubiera tenido la precaución de contrastar la información, podría haber leído Nos vemos en Chicote (2015), algunos de mis artículos o la edición de los consejos de guerra de Miguel Hernández:
Como es lógico, el secretario del Juzgado Militar de Prensa, que instruyó el caso, nunca pudo firmar la sentencia. No obstante, su firma aparece hasta en veinte ocasiones a lo largo del sumario porque el oficial participó en el mismo como "colaborador necesario", tal y como le definí en el capítulo correspondiente del libro publicado en 2015.
La noticia también indica que el informante tiene «otro [juicio] en el TSJCV contra el catedrático que señalaba a su padre como el hombre que ordenó la muerte del escritor». La sorpresa es notoria, pues en ese contencioso administrativo yo ni siquiera estoy personado y, difícilmente, puedo ser el acusado por haber dicho que alguien ordenó una muerte. La calumnia sigue presente en el código penal, creo, y prefiero pensar que todo ha sido fruto de un acaloramiento contra «la izquierda». Habría bastado consultar la sentencia del 2 de septiembre de 2021 objeto del recurso para comprobar que yo no estaba encausado, sino la Universidad de Alicante. La sentencia está incluida en la web de los servicios jurídicos de la citada universidad.
Detalles como que los 11.500.000 euros solicitados en un procedimiento civil se convierten en 10.000.000 o que el Juzgado Militar de Prensa era poco menos que un organismo de la censura completan una noticia escrita para calentar los ánimos de los lectores de OK Diario. Tanto es así que, en los comentarios escritos por los mismos, algunos casi volvían a pedir la pena de muerte para Miguel Hernández. En fin...
La respuesta a este tipo de noticias debiera ser la ignorancia. Así lo haré a partir de este momento, porque me interesa mucho más terminar el segundo volumen de Las armas contra las letras a la espera de que este fin de semana el primero sea reseñado en El País (Jordi Amat) y ABC (Israel Viana). Es decir, «la izquierda».
PD.: Una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo el 19 de marzo de 2024, compruebo que la noticia aparece en numerosos periódicos, pero no en OK Diario. El 20 de marzo mandé la sentencia a la periodista para que informara a sus lectores del desenlace de la noticia publicada en enero. Como era previsible, Irene Tabera no la ha publicado porque, como tantas veces se ha repetido, «no permitas que la realidad te estropee un buen titular». También cabe suponer que la periodista piense que la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo forma parte de «la izquierda».
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