El silencio en torno a Serafín Adame y Santiago de la Cruz

La represión sufrida por los escritores, periodistas y dibujantes durante la posguerra tuvo en la mayoría de los casos una continuidad en forma de silencio y marginación. Algunos represaliados consiguieron salir adelante adaptándose a las nuevas circunstancias políticas, a veces desde el anonimato de un seudónimo o como "negros" de otros autores. Ese fue el caso del comediógrafo Serafín Adame, que junto con su amigo y colaborador Santiago de la Cruz Touchard obtuvo un gran éxito durante la Guerra Civil gracias al estreno en Madrid de la comedia asainetada ¡Yo soy un señorito! La reseña publicada en La Libertad el 4 de octubre de 1938 da cuenta de la excelente acogida dispensada a esta obra que contaba con la música del maestro Quiroga.

Serafín Adame Martínez y Santiago de la Cruz Touchard pasaron el mal trago de los consejos de guerra, cuyo análisis publicaré en el segundo volumen de Las armas contra las letras (Sevilla, Renacimiento, en prensa), pero también por el calvario de la marginación y el silencio. El primero de los citados esquivó parte de las consecuencias escribiendo desde el anonimato o colaborando como «negro» de otros comediógrafos, hasta que en la última fase del franquismo consiguió tener una respetada página teatral en el diario Pueblo e incluso reconocimientos por su trayectoria creativa.

Santiago de la Cruz Touchard, según me confirma su nieta Sandra Sutherland, debió buscarse la vida trabajando para la prensa de Méjico tras su salida de la cárcel. A su vuelta, ya en las postrimerías del franquismo y de acuerdo con el testimonio de su amigo Fernando Collado, ejerció como corresponsal de la prensa mexicana y relaciones públicas de empresas de ese país que pretendía abrirse camino en una España sin relaciones diplomáticas con quienes acogieron a los exiliados republicanos.

En ese contexto de silencio y marginación he sabido -gracias al blog Papeles flamencos, de donde tomo la imagen- que la obra estrenada en plena Guerra Civil fue repuesta en enero de 1947, concretamente en el madrileño Teatro Cómico. Las críticas, como es previsible, no aluden a las circunstancias por las que atravesaban los autores ni tampoco al estreno en 1938. El silencio al respecto es absoluto, pero al menos los dos autores tuvieron la oportunidad de constatar que su apuesta por el teatro popular también podía tener un hueco en la cartelera del franquismo. Un hueco silenciado y casi anónimo, como el de tantos republicanos de las letras que sufrieron la persecución de las armas.

El enlace del blog de donde he tomado la imagen es el siguiente:

http://www.papelesflamencos.com/2011/01/pericon-y-mario-escudero-entre-comicos.html

Presentación de Castillos de fuego, de Ignacio Martínez de Pisón

Gracias a la Universidad de Alicante, ayer tuve la oportunidad de presentar en su sede la última novela de mi buen amigo Ignacio Martínez de Pisón. Castillos de fuego es una apasionante y documentada incursión en la España de 1939-1945, cuando la guerra que supuestamente había terminado en realidad continuaba en una nueva fase. La charla contó con la participación de la actriz Cristina Fenollar, que leyó varios fragmentos de la obra presentada, y nos permitió recordar el dramatismo de un momento histórico poco frecuentado por la narrativa contemporánea. Los historiadores necesitamos de estas ficciones donde los novelistas dan voz a unos protagonistas que nosotros solo presentamos en la medida en que disponemos de documentación para argumentar nuestras conclusiones. La realidad, como es lógico, a menudo carece de huellas documentales y en tales casos los creadores tienen una oportunidad vetada a los historiadores. Todos juntos, desde diferentes perspectivas y con metodologías complementarias, compartimos el deseo de recuperar la memoria de un período trágico donde ni siquiera hubo noticia de conceptos como la reconciliación o el perdón.

El acto fue grabado y se puede visualizar en el siguiente enlace:

https://web.ua.es/es/sedealicante/retransmisiones-de-actos/2023-2024/presentacion-del-libro-castillos-de-fuego-de-ignacio-martinez-de-pison.html

Casariego, el fotógrafo que temía el regreso de los de «la alpargata»

 

El 28 de marzo de 1939, los pocos redactores de Heraldo de Madrid que permanecían en la capital acudieron al local de la redacción. La pretensión de los periodistas no era sacar el número de ese día, cuando las tropas del general Franco ya circulaban victoriosas, sino intentar comer un plato de lentejas para distraer un hambre de meses. Según las memorias carcelarias de Diego San José, allí estaban Federico de la Morena, director circunstancial del diario, Enrique Ruiz de la Serna, Juan Antonio Cabero, Eduardo de Castro, Antonio Uriel, el caricaturista Joaquín Sama y el fotógrafo y corresponsal de guerra Díaz Casariego (2016: 28). El desánimo de aquellos republicanos era total ante la constatada derrota, que ni siquiera incluía la posibilidad de una negociación de última hora como la intentada por los golpistas del coronel Casado. En medio del mutismo y la incertidumbre ante un futuro problemático, el citado fotógrafo alzó la voz y se dirigió a sus colegas de redacción:

-       ¡Compañeros! Creo llegado el momento de que nos quitemos la careta; yo, por lo menos. Y así digo que, en nombre de la Falange, desde este momento tomo la dirección eventual del periódico.

La sorpresa de los allí presentes fue relativa, pues «al final de la campaña, viendo de cerca el triste final de la República, [el fotógrafo] andaba tanteando la manera de caer en blando. En la redacción se le descubrió el juego y empezaba a mirársele con cauteloso recelo» (2016:29). Las sospechas en torno al quintacolumnista de la redacción quedaron confirmadas, aunque alguno temiera que demasiado tarde con la posibilidad de ser denunciado en el futuro.

José M.ª Díez Rodríguez-Casariego (1896-1967) no pudo actuar ese día como falangista sin careta y hacer entrega del periódico a los camaradas que llegaron poco después a la redacción. Al igual que a sus compañeros, los vencedores le mandaron a casa a la espera de una detención bastante probable y el posterior paso por una de las múltiples cárceles improvisadas en el Madrid de la posguerra. El calvario de la derrota empezaba para quienes iban a ser acusados de adhesión o auxilio a la rebelión. Sin embargo, el fotógrafo que había retratado a Abd-el-Krim cuando el líder de las revueltas personificaba el pánico era hombre de recursos. También un tipo camaleónico, imaginativo y precavido que, desde la posguerra, decía llevar en el bolsillo de la chaqueta la orden de «indulto» de su condena a muerte firmada por el Caudillo, antiguo conocido de los tiempos de campaña en el norte de África. Nadie ha visto el documento, pero la anécdota tampoco se ha cuestionado hasta el momento porque la imagen de un condenado dispuesto a exhibir semejante firma resulta atractiva y verosímil, al menos si desconocemos los mecanismos de la represión judicial del momento.

El sumario del correspondiente consejo de guerra contra José M.ª Díez Casariego debió celebrarse en Madrid, pero no figura en el catálogo del AGHD. A pesar de que el nombre del fotógrafo aparece en la bibliografía con distintas variantes, ninguna de las mismas permite la localización del sumarísimo de urgencia que terminó en una supuesta condena a muerte. Por otra parte, el análisis de aquellos que incluyen esa conmutación por una pena de treinta años, que no cabe confundir con un indulto, permite constatar la ausencia de cualquier documento firmado por el general Franco. Tanto si el condenado entraba en capilla para ser ejecutado como si pasaba a cumplir una condena de treinta años, el sumario nunca incluye la firma del Caudillo, que debió ser un hombre discreto para la posterioridad. Y, por supuesto, al preso se le comunicaba la resolución acerca de su vida o futuro carcelario. Así consta en los sumarios con las firmas de los interesados, pero nunca se le hacía entrega del correspondiente documento o de una copia. Tampoco a su defensor, que dejaba de serlo tras la celebración del plenario del consejo de guerra. José M.ª Díez Casariego llevaría en el bolsillo algún papel con cierta apariencia de indulto, pero su procedencia no sería un juzgado militar. El fotógrafo sabría a qué tipo de personas podía convencer de la verosimilitud del papel en cuestión, nadie le reclamaría una comprobación y el falso documento sería utilizado a modo de aval durante un período de ostracismo profesional. De hecho, el fotoperiodista que retrató a Abd-el-Krim se ganaba la vida haciendo fotos de carnet y estudio en un entresuelo de la calle del Carmen, n.º 14, donde había arrendado el local de Fotografía Mendoza gracias a una socia capitalista nada dispuesta a encubrir sus reuniones clandestinas.

Visto el sumario 123150 del AGHD, donde en 1943 fue procesado el fotógrafo junto a otros doce encartados que venían de la derrota, la posibilidad de que el madrileño fuera un condenado a muerte queda descartada. El «mérito» debió ser fruto de una imaginación puesta al servicio de la supervivencia, que por entonces el fotoperiodista creía en peligro ante la victoria de los aliados y la previsible vuelta de los de «la alpargata», siempre dispuestos a vengarse de los traidores. En la declaración realizada el 24 de septiembre del citado año, José M.ª Díez Casariego afirma que el inicio del Glorioso Movimiento Nacional le sorprendió en Madrid, «como asimismo la Liberación, siendo detenido por su actuación durante la guerra, condenándosele a la pena de ocho años de reclusión, pasando a cumplirla en Las Palmas, de donde fue puesto en libertad a finales de 1941».

La estancia en la prisión de Las Palmas sería la consecuencia de una condena. Asimismo, parece verídica a raíz de las declaraciones de otros detenidos que coincidieron con él antes de montar negocios de poca monta en el Madrid de la posguerra. Es decir, el supuesto condenado a muerte reconoce en las dependencias de la Dirección General de Seguridad, en cuyos calabozos pasó una larga temporada con los previsibles malos tratos, haberlo sido solo a ocho años. Sin embargo, el correspondiente sumario no me consta todavía y, además, la citada condena es una rareza en unos sumarísimos de urgencia que por entonces solían pasar de los seis a los veinte años sin escalas intermedias. La premura en los procedimientos y la acumulación de casos condujeron a unas condenas carentes de matices intermedios. Por otra parte, el traslado a un penal tan duro y distante como el de Las Palmas implica la existencia de un castigo u otra razón hasta cierto punto excepcional, que José M.ª Díez Casariego no explica en las dependencias policiales. No obstante, uno de sus compañeros de sumario, el estraperlista Fernando Rodríguez Bazán, en la declaración del 8 de octubre de 1943 apunta una posible razón como más adelante comprobaremos. Su verificación documental supone un imposible, como tantos giros de guion de una historia que requiere hipótesis ajenas a lo rocambolesco, pues la realidad del momento no precisa de este aditamento de la ficción.

Los perfiles biográficos del conocido fotógrafo, que tantas imágenes dejó de un Madrid variopinto, apuntan que su carácter le permitía alternar en los más contrapuestos ambientes. Gracias a esa facilidad de adaptación, José M.ª Díaz Casariego tuvo acceso a lo más selecto y lo popular de su ciudad para verlo a través de su cámara. El resultado fue meritorio. Nadie le discute una virtud propia de un fotoperiodista que hizo excelentes reportajes para la prensa nacional antes de 1936. No obstante, cabe pensar que ese carácter un tanto camaleónico también lo pondría al servicio de la supervivencia en unos tiempos cambiantes donde, como indicara Diego San José, muchos buscaban la manera de caer en blando para sortear las consecuencias de la derrota. Incluso de la victoria de los aliados, que en 1943 algunos veían inminente como paso previo de una vuelta de los rojos, aquellos que por llevar alpargatas estaban dispuestos a que rodaran las cabezas de los traidores.

Nota: 

El correspondiente capítulo aparecerá en la segunda edición, o ampliación, de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores, 1939-1945 (Sevilla, Renacimiento-Publicaciones de la Universidad de Alicante, en prensa).

 

 

 

La rocambolesca historia del fotoperiodista Casariego

La primera imagen del sumario 123.150 depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa invita al desánimo del investigador. La acumulación de textos, números, sellos... en un original muy deteriorado por el paso del tiempo y la falta de cuidados hasta épocas recientes supone una dificultad añadida para su comprensión. Sin embargo, la tarea de los técnicos del citado archivo ha sido excelente y me ha permitido la consulta de sus más de ochocientas páginas, donde las sorpresas se suceden en un caso con diez encartados que rompe no pocos esquemas de quienes imaginan conclusiones sin pasar por la consulta de las fuentes primarias.

Al editar las memorias carcelarias de Diego San José me llamó la atención el comportamiento singular del fotoperiodista José María Díez-Rodríguez Casariego, que cuando la redacción de Heraldo de Madrid fue tomada por las tropas del general Franco el 28 de marzo de 1939 apareció, ante la relativa sorpresa de sus compañeros, como miembro de la Quinta Columna que saludaba a los vencedores y les hacía entrega de la cabecera. El sinuoso personaje prometía, pues el propio Diego San José indica que era motivo de las sospechas de sus compañeros de redacción porque, desde el momento en que la guerra ya parecía perdida, estaba haciendo todo lo posible para «caer en blando».

Otro punto que me llamaba la atención es la reiteración en todo lo publicado acerca de este fotoperiodista de una misma anécdota: supuestamente condenado a muerte en un sumarísimo del que no se daban datos porque nadie lo había consultado, Casariego se libró gracias a su amistad con el general Franco desde los tiempos de Marruecos. El indulto, en realidad una conmutación, que le habría salvado del paredón lo llevaba siempre en el bolsillo para mostrarlo a quien fuera necesario como salvoconducto con la firma del Caudillo. 

La anécdota es una pura fantasía repetida hasta la saciedad por quienes ignoran los procedimientos de las conmutaciones de las penas capitales en la inmediata posguerra. El general Franco decidía al respecto, a veces tras muchos meses de espera donde se daban extrañas maniobras, pero nunca firmaba las órdenes de ejecución o de conmutación de la pena por otra de treinta años. He visto varias decenas de sumarios de condenados a muerte, algunos fusilados como Javier Bueno o Manuel Navarro Ballesteros, y nunca figura en sus respectivos sumarios un documento con la firma del general Franco. La posibilidad de que el mismo le fuera dado al propio encausado es una quimera fruto de una imaginación necesitada de coartadas para resolver sus problemas con el pasado.

Estos datos convertían a Casariego, un excelente profesional de la fotografía con destacados éxitos en las cabeceras anteriores a la Guerra Civil, en un personaje a seguir. Visto el sumario 123.150 del Archivo General e Histórico de Defensa, las expectativas no solo quedan confirmadas, sino que nos encontramos ante una rocambolesca historia que solo podría haber imaginado un novelista sin prejuicios en torno a los años cuarenta y abierto a las sorpresas de la realidad. En próximas entregas iremos desgranando algunos de sus aspectos, pero esa historia completa formará parte del segundo volumen, o la edición ampliada, de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores, 1939-1945 (Sevilla, Renacimiento-Publicaciones de la Universidad de Alicante, en prensa).

 

Rosario del Olmo, miliciana libertaria y censora de prensa

 

La periodista Rosario del Olmo ha quedado asociada al comunismo en las escasas referencias críticas sobre su trayectoria. Con una valentía sorprendente, es cierto que en las declaraciones realizadas durante la instrucción de su consejo de guerra reconoce sus simpatías por el Partido Comunista de España, aunque no fuera militante del mismo. La documentación conservada en el Centro Documental de la Memoria Histórica, de Salamanca, indican que la supuesta comunista en realidad fue una miliciana libertaria. Rosario del Olmo ingresó en las Milicias Confederales de CNT-FAI-AIT el 19 de octubre de 1936 a los veintisiete años y viviendo en la calle Fernando VI, n.º 19. Su ingreso se produjo como miembro del sindicato de Industrias Gráficas, sección de periodistas. El sueldo era de diez pesetas diarias, se han conservado las nóminas para comprobarlo, y fue baja total de la columna Españas libres el 1 de enero de 1937 por orden de la comandancia.

El nombramiento de Rosario del Olmo como censora de prensa por parte del delegado de Propaganda y Prensa de la Junta Delegada de Defensa de Madrid tuvo lugar el 6 de diciembre de 1936. A partir de los testimonios de Arturo Barea o los estudios de Paul Preston, parece que actuó como censora poco menos que en solitario. La realidad documentada en el CDMH es que la periodista formó parte de una comisión de censura formada por otros colegas y dirigida por César García Iniesta y José Pastor Willians. En la misma y realizando labores similares a las de Rosario del Olmo se encuentran, según la relación conservada en Salamanca, Francisco Escola Besada, Manuel Álvarez Portal, Miguel Ángel Sánchez Salcedo, Pío Marcos Cuadrado, Isidoro García Ortega, Luis Vallejo Sánchez, Enrique Capdevila Pérez, Eugenio Rosado Rivas y Ángel Abanades Gómez, aparte de dos censores militares y el personal auxiliar.

Consultados los catálogos de procesos depositados en el AGHD, comprobamos que de esa lista al menos fueron encartados por los militares franquistas César García Iniesta, Francisco Escola Besada, Pío Marcos Cuadrado, Isidoro García Ortega, Enrique Capdevila Pérez, Eugenio Rosado Rivas, además de la propia Rosario del Olmo. El análisis de estos sumarios nos permitirá avanzar en el estudio de la censura de prensa durante el mandato republicano, que a menudo se circunscribe a lo relatado por Arturo Barea en sus imprescindibles memorias y a las publicadas por varios corresponsales de guerra tras su vuelta a los respectivos países. La tarea queda pendiente para el segundo volumen, o la edición ampliada, de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores, 1939-1945 (Sevilla, Renacimiento-Publicaciones de la Universidad de Alicante, en prensa).

El periodista republicano Ramiro Gómez Zurro

El joven Ramiro Gómez Zurro (Valladolid, 1917) entró a trabajar en la redacción de Heraldo de Madrid cuando apenas había cumplido los dieciocho años. Durante unos meses fue el responsable de la información relacionada con el Ayuntamiento de Madrid y otras instituciones locales. No obstante, la guerra truncó su carrera periodística al resultar movilizado junto a su quinta. Tras pasar por distintos destinos, incluido el SIM, la derrota le llegó en Alicante, donde fue detenido el 28 de marzo de 1939. Su padre, el diputado socialista Trifón Gómez San José (1889-1955), tuvo más suerte, pues consiguió salir con destino al exilio. Atrás dejaba a un hijo encarcelado y otro, Ulpiano, enterrado en una fosa común tras ser fusilado por las tropas del general Franco. Al miliciano antifascista no le dio tiempo a cumplir los veinte años.

Ramiro Gómez Zurro fue procesado en un consejo de guerra que le tuvo en la cárcel hasta que el 15 de enero de 1942 salió en libertad condicional. El requisito para mantener la misma era desvincularse de cualquier actividad de oposición, pero su padre andaba en Francia intentando reconstruir la UGT y el todavía joven decidió hacer lo mismo en Madrid. Ramiro pronto volvió a la cárcel y sufrió un nuevo consejo de guerra. A partir de entonces, ya no tendría ánimos para volver a publicar cuentos o escribir en la prensa de temas municipales y, desde luego, antes de los treinta años fue un hombre envejecido y derrotado porque compartió el destino de la familia Gómez.

El caso de Ramiro Gómez Zurro aparecerá en el segundo volumen, o la edición ampliada, de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores, 1939-1945 (Sevilla, Renacimiento-Publicaciones de la Universidad de Alicante, en prensa).

La periodista, feminista y librepensadora Amalia Carvia, condenada a los 84 años

La represión franquista depara múltiples motivos de asombro y el investigador debe estar dispuesto a familiarizarse con una lógica que, en última instancia, remite al deseo de erradicar cualquier posibilidad de disidencia con respecto a la dictadura. El Centro Documental de la Memoria Histórica, de Salamanca, me ha remitido en fechas recientes bastante documentación para completar el segundo volumen de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores, 1939-1945. Entre los expedientes relacionados con varias escritoras que fueron represaliadas durante la posguerra, he consultado el sumario incoado por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo contra la maestra, activista masónica, feminista y sufragista Amalia Carvia Bernal (Cádiz, 1861-Valencia, 1949). Su caso es un estremecedor ejemplo de la saña con la que podían actuar los militares que llevaron a cabo las tareas represivas durante la posguerra. 

En septiembre de 1939, Amalia Carvia Bernal fue detenida en Valencia y sometida a un consejo de guerra bajo la acusación de auxilio a la rebelión por haber pertenecido a la directiva provincial de la Liga de los Derechos del Hombre. A raíz de esta detención y otros antecedentes relacionados con documentación incautada por los militares, la gaditana afincada en Valencia fue sometida a un nuevo proceso por parte del Tribual Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. El 4 de junio de 1940, la anciana maestra ya había presentado la retractación por su afiliación a la masonería, que se remonta a 1885, ante el gobernador civil de Valencia. La misma, al igual que otras declaraciones remitidas al Juzgado n.º 1 del TERMC, no evitaron que fuera condenada mediante sentencia dictada el 6 de octubre de 1945. Por entonces, Amalia Carvia Bernal había cumplido los ochenta y cuatro años y vivía en la pobreza, como reconoce un informe del gobernador civil de Valencia remitido al ministro de la Gobernación.

Doña Amelia había pedido por escrito y en nombre de Dios que la dejaran en paz, pero los responsables del TERMC la sentenciaron para que careciera de cualquier futuro cuando el mismo ya sería breve por su avanzada edad: «Debemos condenar y condenamos a la procesada, Amalia Carvia Bernal, como comprendida en el artículo 8.º de la Ley de 1.º de marzo de 1940, a la sanción de inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cualquier cargo del Estado, corporaciones públicas u oficiales, entidades subvencionadas, empresas concesionarias, gerencias y consejos de administración de empresas privadas, así como cargos de confianza, mando y dirección de los mismos, separándola definitivamente de los aludidos cargos".

La anciana de ochenta y cuatro años que tantas batallas había librado en pro de la emancipación de la mujer y los derechos humanos se quedó sin futuro profesional en los consejos de administración. Apenas le importaría, pues lo único que desearía es que militares como el general Enrique Cánovas, que el 9 de marzo de 1946 declaró firme la sentencia, la dejaran morir en paz.

Nota:

Manuel Almisas Albéndiz, autor de una excelente y exhaustiva biografía de la librepensadora gaditana, ha recopilado la obra de la misma, que se puede consultar en el siguiente enlace:

https://desdelascumbres-amalia-carvia.blogspot.com/

La referencia de su documentado libro es: Manuel Almisas Albéndiz, ¡Paso a la mujer! Biografía de Amalia Carvia, El Puerto de Santa María, Ediciones Suroeste, 2022 (2.ª ed.). ISBN 978-84-949468-2-0.

El ensayo biográfico, sin las correspondientes imágenes, se puede consultar en el siguiente enlace:

https://amalia-carvia-paso-a-la-mujer.blogspot.com/2022/10/paso-la-mujer-biografia-de-amalia.html

Matilde Zapata, procesada después de fusilada

Uno de los casos más conmovedores de los estudiados en Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores, 1939-1945 (Sevilla, Renacimiento-Publicaciones de la Universidad de Alicante, en prensa) es el de la periodista sevillana Matilde Zapata Borrego, fusilada el 28 de mayo de 1938 cuando apenas contaba treinta años. 

Al redactar el correspondiente capítulo era consciente de que la persecución judicial de la joven comunista no terminó con su fusilamiento. Gracias a los archiveros del Centro de Documentación de la Memoria Histórica, de Salamanca, he conseguido localizar el expediente de su procesamiento por parte del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo:

Aunque mediara el precedente de un procesamiento de la periodista incoado el 30 de abril de 1942 con sentencia  del 6 de octubre de 1945, el  12 de mayo de 1956 el TERMC inició un nuevo proceso por el delito de comunismo sin tener en cuenta la documentación del correspondiente consejo de guerra y solo a partir de una ficha con el siguiente texto: "Al iniciarse el Alzamiento Nacional fue una de las primeras personas que se significaron en favor de la causa marxista, arengando en las calles a los componentes de las Juventudes Socialistas Unificadas y otros partidos de izquierdas y con frecuencia acudía a los frentes para hacer intensa propaganda entre los milicianos, organizando manifestaciones y fiestas de carácter comunista y animaba insistentemente a aquellos para que asesinaran a personas de matiz derechista, expresándose en términos de que no había de quedar ninguna de estas con vida. Por todo lo cual se la considera individua peligrosísima y cabecilla roja. A la liberación de esta provincia fue detenida y condenada por consejo de guerra a la última pena, la que fue cumplida en el mes de junio de 1938".

La reciente publicación de una recopilación de los artículos periodísticos de Matilde Zapata nos ha permitido conocer el pensamiento de quien, en una caricatura malintencionada, aparece como "individua peligrosísima".  En mi citado libro desmenuzo algunos rasgos de ese pensamiento, pero en su segunda edición o ampliación analizaré un proceso iniciado en 1956, dieciocho años después de su fusilamiento, y que terminó con una sentencia del 14 de enero de 1957. El tribunal presidido en esa fecha declara cerrado el sumario por el «fallecimiento» de la encartada, que hasta ese momento debía responder al delito de comunismo. Como tal fue tratada en repetidas ocasiones, pero nunca acudió a las dependencias del TERMC. Las hipotéticas indagatorias de los fusilados es un imposible que ha dejado numerosas huellas documentales en los archivos. Tampoco sabemos si Matilde Zapata Borrego pagó las 20.000 pesetas que le correspondieron por sentencia dictada en Burgos el 14 de enero de 1942, de la que finalmente fue indultada por decreto del general Franco el 7 de julio de 1960, cuando llevaba veintidós años enterrada. La Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas indica que el indulto debía ser comunicado a la interesada para el levantamiento de los embargos y el archivo del expediente.

La complejidad de la documentación requiere un detenido análisis, cuyo resultado lo incorporaré en fechas próximas al catálogo del Repositorio de la Universidad de Alicante.

La «rebeldía» del masón y periodista Mateo Hernández Barroso

 

El 18 de abril de 1939, comparecen en una comisaría de Valencia del Cid los agentes que han localizado en la capital el local ocupado durante la guerra por la logia masónica Liceo de Levante (AGHD, 7980). Aparte de identificar a la portera del inmueble como testigo o acusada -nunca queda clara la condición-, aportan una serie de nombres como posibles miembros de la citada logia. Uno de ellos es el del veterano polígrafo Mateo Hernández Barroso (1874-1963), aunque en ningún momento se le cita como periodista o escritor -de hecho, sus intereses culturales fueron múltiples, desde las matemáticas hasta las telecomunicaciones pasando por la música y la historia- porque la instrucción no alumbra nada acerca de este nombre, salvo que no contaba con antecedentes penales. Así, el 9 de mayo de 1939, el coronel jefe de la Columna de Orden y Policía de Ocupación de Valencia del Cid afirma que su ficha «no aparece en el fichero obrante en esta jefatura».

Ante la ausencia de cualquier referencia al masón que ocupara importantes cargos durante el período republicano -entre otros, fue Director General de Telecomunicaciones-, y su incomparecencia reiterada en el correspondiente juzgado, el 18 de marzo de 1940 el instructor Alfonso Bernaldero Ávila declara en rebeldía procesal a Mateo Hernández Barroso, que probablemente estaría siendo por entonces procesado en Madrid a resultas del sumario 3021, instruido en 1939 y también depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa, aunque otras fuentes ya lo sitúan en el exilio francés camino de México. El citado sumario es probable que tenga en cuenta su actividad propagandística constatada por la prensa cuando pronunció una alocución radiofónica donde criticaba a los altos cargos dispuestos a abandonar Madrid por miedo a las represalias de los sublevados (La Libertad, 16-X-1936).

Al margen del posible exilio en este caso, la posibilidad de ser declarado en rebeldía procesal por estar siendo procesado en otra localidad, incluso en una misma ciudad cuando era como Madrid o Barcelona, es bastante frecuente en el marco caótico de la justicia militar durante la posguerra. Por falta de medios y tiempo, también por el desbordamiento que provocó la masiva represión de la Victoria, estos errores son frecuentes y cuestionan la fiabilidad de la documentación analizada por el historiador. En cualquier caso, en fechas próximas haré la oportuna consulta en el Archivo General e Histórico de Defensa con el objetivo de incorporar al citado periodista masón a la nómina de los represaliados que aparecerán en el segundo volumen de Las armas contra las letras o en su edición ampliada, siempre y cuando el exilio no le librara de las cárceles franquistas.

Pd.: El resultado de esa consulta en el AGHD se puede consultar en la entrada del 16 de noviembre de 2023.

Los problemas judiciales del periodista Salvador Prieto

 

LOS PROBLEMAS JUDICIALES DEL PERIODISTA SALVADOR PRIETO

Rafael Cordero Avilés en ¡Periodistas a las armas! (Sevilla, Espuela de Plata, 2022, p. 133) traza una breve biografía del dibujante Salvador Prieto, que colaboró en el Heraldo de Madrid durante la Guerra Civil hasta que fue movilizado junto con su quinta. Al finalizar el conflicto, y siempre según la referencia arriba indicada, fue sometido a un sumarísimo de urgencia y condenado a la pena de seis años.

Visto el catálogo de causas judiciales del Archivo General e Histórico de Defensa (Madrid), solicité la copia del sumario 7980 por la presencia en el mismo de Salvador Prieto o alguien que se llamaba igual que el dibujante del que desconocía hasta ahora el segundo apellido.

El citado sumario parte de una denuncia presentada por el anciano médico Dionisio Gómez Herrero, que el 25 de mayo de 1939 compareció en la comisaría del distrito de la Universidad como propietario del edificio de la calle Alberto Aguilera, n.º 70. Su propiedad fue incautada por un grupo comunista a principios de la guerra y, al terminar, la encontró desvalijada. La pretensión de la denuncia es el castigo de los responsables y, para contribuir a su identificación, aporta al sumario toda la documentación encontrada en el edificio, desde cartillas de ahorro hasta fotografías y panfletos.

El comandante Luis Cilla Martínez se hace cargo de la instrucción de un sumario que cuenta con veinticinco encausados, entre ellos un tal Salvador Prieto del que no se aporta información alguna a lo largo de las actuaciones judiciales. El balance de las mismas fue nulo y el 7 de noviembre de 1942, más de tres años después de la citada denuncia, el instructor da traslado de la documentación al auditor.

A la vista de la ausencia de progresos durante la investigación y el escaso relieve de los hechos denunciados en un contexto como el de la posguerra, el auditor decide archivar el sumario porque «no se encuentran, al presente, méritos bastantes para tener por justificada la existencia del delito». El tal Salvador Prieto, al igual que los otros veinticuatro acusados, queda libre de culpa por lo sucedido en el edificio de la calle Alberto Aguilera.

El dato contrasta con lo afirmado por Rafael Cordero Avilés y solo cabe suponer que el dibujante fuera  Salvador Prieto Martínez (sumario 66704) a partir de una referencia encontrada en el ABC del 12 de mayo de 1939. La posibilidad me obliga a una nueva consulta en el madrileño Archivo General e Histórico de Defensa para aclarar la suerte del colaborador de El Heraldo de Madrid en los consejos de guerra instruidos contra periodistas, escritores y dibujantes. La haré en fechas próximas con vistas al segundo volumen de Las armas contra las letras o su edición ampliada.

La petición de indulto del periodista Vicente Ramón Esteban

El 24 de marzo de 1947, el periodista Vicente Ramón Esteban veía cerca los cincuenta años, había pasado un verdadero calvario de cárcel en cárcel desde que fuera detenido nada más terminar la guerra y, de la misma manera que intentara infructuosamente reincorporarse a la Asociación de la Prensa de Madrid para recibir sus servicios asistenciales, tenía la necesidad de normalizar en lo posible su situación en la España franquista. Ese día, con una redacción cuidada y propia de quien asume el riesgo de dar un paso decisivo, el colaborador de El Heraldo y El Socialista durante la guerra escribió al capitán general de la I Región Militar para solicitar el indulto de acuerdo con el Decreto de 9 de octubre de 1945.

El correspondiente documento recogido en el sumario 33580 del AGHD incluye los datos fundamentales acerca de la trayectoria judicial de Vicente Ramón Esteban durante la posguerra. El Juzgado Militar de Prensa instruyó su causa de auxilio a la rebelión militar hasta que el juez Manuel Martínez Gargallo dictó el auto resumen del que no consta copia en el sumario. A resultas de ese auto, y con el nulo debate que solía haber en los sumarísimos de urgencia, el periodista sería condenado por el Consejo de Guerra Permanente -la copia no especifica el número- a la pena de veinte años de reclusión.

El plenario del tribunal presidido por el comandante Pablo Alfaro Alfaro, el oficial que condenó por entonces a Miguel Hernández, tuvo lugar el 28 de noviembre de 1939. Al igual que muchos otros colegas de las cárceles franquistas, poco después Vicente Ramón Esteban vio conmutada su condena por una de doce años. La rebaja le llegaría cuando estaba en la cárcel de Yeserías, al final de su periplo por las prisiones madrileñas, que sería dramático para un hombre maduro. El periodista represaliado pudo salir en libertad condicional el 22 de junio de 1942. Ese día, después de tres penosos años en la madrileña cárcel de Barco, en el penal de Ocaña y, sobre todo, trabajando duro en el Destacamento Penitenciario de Colmenar Viejo, el periodista procedente de Yeserías regresó a su domicilio de la Cava Alta, n.º 27, para reencontrarse con su esposa María Luisa Molero Zazo. La libertad era condicional o «atenuada», pero el alivio resultaría absoluto.

El sumario 33580 está incompleto, puesto que no figura la documentación de la instrucción y la del plenario, incluida el acta de la sentencia. La circunstancia impide conocer las actuaciones de Manuel Martínez Gargallo y su secretario, así como el carácter de las posibles diligencias ordenadas por el instructor. Una verdadera pena, ya que estos oficiales suelen dar sorpresas en cada caso. Gracias a una transcripción del acta del tribunal, sabemos que Vicente Ramón Esteban estaba afiliado al Partido Socialista desde 1933 y que ese mismo año ingresó en la UGT a través de la Agrupación Profesional de Periodistas. Estos datos ya podían justificar una condena, pero lo fundamental vino a continuación: «Al surgir el Glorioso Movimiento Nacional era redactor del diario Heraldo de Madrid, desempeñando durante algún tiempo el cargo de redactor jefe». El mismo le obligaba a hacer el trabajo de «hinchar» los cables o telegramas y publicar los procedentes «de provincias poniéndoles títulos injuriosos para el Glorioso Movimiento Nacional». Gracias a que Vicente Ramón Esteban observó buena conducta durante la Guerra Civil, así lo reconoce explícitamente la sentencia, la condena solo ascendió a veinte años. El auditor la ratificó el 6 de diciembre de 1939 y aquellas Navidades serían duras para el periodista.

Al igual que en el resto de los casos vistos en mi investigación, el fiscal se opuso a la concesión del indulto. Su escrito, una especie de formulario donde solo cambiaba a mano el nombre del acusado, está firmado el 27 de marzo de 1947. Sin embargo, y también como es habitual, el auditor se muestra favorable a la concesión el 7 de abril de 1947 y la orden la firma el capitán general de la I Región Militar once días después. Finalmente, el 30 de abril comunican el indulto a Vicente Ramón Esteban, que desde 1931 trabajó en El Heraldo de Madrid con un sueldo anual nunca superior a las tres mil pesetas para pasar en septiembre de 1938 a la redacción de El Socialista. Su «auxilio a la rebelión» lo completó como pionero radiofónico en el diario hablado La Palabra, de Unión Radio. Finalmente, cuando ya había cumplido los treinta y ocho años, fue movilizado en enero de 1939 incorporándose a la 106 Brigada del ejército republicano. Allí vería el final de la guerra y el principio de su calvario compartido con tantos otros periodistas, escritores y dibujantes.

 

 

 

El consejo de guerra de la periodista Rosario del Olmo

La periodista y escritora Rosario del Olmo Almenta ya cuenta con algunos estudios académicos, pero el sumario de su consejo de guerra (AGHD, 52355) estaba pendiente de un detenido análisis, cuyo resultado provisional y a modo de borrador ahora se puede consultar en el siguiente enlace al catálogo del Repositorio de la Universidad de Alicante:

http://hdl.handle.net/10045/137018

Rosario del Olmo fue detenida en Madrid el 17 de junio de 1939 y su primera declaración en un juzgado militar tiene lugar el 21 de julio, cuando permanecía presa en la cárcel de Las Ventas. Su caso fue instruido por el Juzgado Militar de Prensa, cuyo titular dictó el correspondiente auto resumen el 8 de abril de 1940: «Persona de destacada filiación comunista, colaboró activamente desde un puesto de la Sección de Propaganda del Ministerio de Estado en la campaña a base de noticias falsas y tendenciosas que desató el titulado gobierno rojo contra la España Nacional y en la que se injuriaba tenaz y constantemente los ideales que ésta representaba, propaganda que contribuyó en alto grado a sostener el espíritu de resistencia armada contra la misma».

El 4 de mayo de 1941 le leyeron los cargos a Rosario del Olmo y veinte días después tuvo lugar el correspondiente consejo de guerra. El fiscal pidió treinta años de reclusión, pero el tribunal presidido por el coronel Navajas García fue más benévolo y la condenó a doce años de prisión, lo cual supondría una pronta excarcelación en libertad provisional. La fecha de esta última no consta en el sumario 52355, pero podemos suponerla cercana a la de la sentencia, al menos por analogía con otros sumarios analizados en Nos vemos en Chicote (Sevilla, Renacimiento-Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2015) y Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores, 1939-1945 (Sevilla, Renacimiento-Publicaciones de la Universidad de Alicante, en prensa).

La instrucción del juez Manuel Martínez Gargallo y su secretario fue incompleta y, por orden del auditor, pasó al Juzgado Permanente n.º 18 para ser debidamente completada hasta el auto resumen del 7 de septiembre de 1940, que en realidad no aporta novedades con respecto al citado. Al margen de estas cuestiones jurídicas, y de un probable deseo de dilatar el proceso para dar tiempo a una condena menos severa, la instrucción del juez que había sido un humorista incluye la pregunta más insólita que he encontrado hasta ahora. En la declaración indagatoria del 20 de diciembre de 1939, el también capitán -o su secretario, que a veces era el encargado de realizar estos interrogatorios- le pregunta a la detenida por la fecha desde la cual se teñía el pelo. La justificación procesal de la pregunta es una incógnita.

Por otra parte, ya tenemos constancia de que Rosario del Olmo no fue la única condenada de su familia. Sus hermanos Enrique y María Ángeles corrieron la misma suerte durante la posguerra. Sus sumarios están localizados en el AGHD y las copias de los mismos solicitadas para incluir esta saga familiar en la edición ampliada de Las armas contra las letras o en un segundo volumen de la misma.

El periodista Ricardo Flores murió en la cárcel

El franquismo tuvo un cuidado extremo en el control de las imágenes relacionadas con las cárceles de la posguerra. Las conservadas, como la arriba reproducida, fueron obtenidas por orden de las autoridades y pretendían reflejar una cierta normalidad en las tareas de lo que se suponía una «redención» de los presos republicanos. Aunque esas mismas imágenes, aun siendo oficiales, reflejan la dureza de los abarrotados centros penitenciarios, la realidad fue mucho más cruda a tenor de los testimonios orales, escritos y gráficos conservados, sobre todo cuando los presos ya eran de edad avanzada y padecían alguna enfermedad. La posibilidad de morir entonces en las cárceles a la espera de la sentencia era muy elevada y, además de los ejecutados, habría que cuantificar los muertos por enfermedad que en realidad también lo eran por hacinamiento y miseria. El conocido caso de Miguel Hernández, un hombre joven, dista de ser excepcional en un contexto represivo donde la enfermedad y la edad eran agravantes para compartir el destino de los acusados por rebelión militar.

La edición de las memorias de Diego San José me permitió conocer un escalofriante testimonio de lo sucedido con los hombres de mi edad que acababan en aquellas cárceles y padecían alguna enfermedad, una circunstancia habitual para quienes por entonces a los sesenta años eran unos ancianos cerca del límite de la perspectiva vital.

El caso del periodista Ricardo Flores Mora (1875-1939) es otro ejemplo todavía más trágico porque murió de esclerosis renal el 3 de junio de 1939, al día siguiente de ser trasladado desde la madrileña cárcel de San Antón al hospital penitenciario del Niño Jesús. El 3 de mayo, tras presentar un certificado médico que indicaba la gravedad de su situación, el periodista solicitó al titular del Juzgado Receptor n.º 1 de Madrid la libertad provisional para cuidarse en su domicilio o ser trasladado a una enfermería con el mismo objetivo. El oficial del cuerpo jurídico no contestó a la petición y un mes después Ricardo Flores Mora, que había acumulado durante su procesamiento varios avales de las personas de derechas a las que salvó de la represión republicana, murió en el citado centro hospitalario, a donde fue trasladado solo cuando su situación era irreversible.

El 19 de septiembre de 1939, el director de la cárcel de San Antón todavía no tenía noticia del fallecimiento, que finalmente fue documentado para el sobreseimiento definitivo del sumario 5431 del AGHD mediante acta de defunción fechada el 16 de octubre de 1939. Gracias a la misma, sabemos que el periodista Ricardo Flores Mora dejó viuda, Esperanza Martín Díaz, y cuatro hijos: Esperanza, Antonio, Concepción y Gerardo. Supongo que ya habrán fallecido, pero quedaran los nietos, que tienen derecho a conocer lo sucedido con quien fuera jefe del gabinete de prensa de Manuel Azaña. Por lo pronto, sabrán de la honestidad de un afiliado a Izquierda Republicana que protegió durante la guerra a quienes tuvieron problemas por su ideología. El correspondiente capítulo aparecerá en el segundo volumen, o en la ampliación, de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas, escritores y dibujantes, 1939-1945 (Sevilla, Renacimiento-Publicaciones de la Universidad de Alicante, en prensa).

La portada del sumario de un condenado a muerte: Manuel Navarro Ballesteros

Al cabo de varios años analizando sumarios de consejos de guerra depositados en el Archivo General e Histórico de Defensa (Madrid) me he familiarizado con estos documentos, que no se caracterizan precisamente por la claridad de su información y mucho menos por la pulcritud de la presentación. Al margen del importante grado de deterioro de bastantes de los consultados, resulta frecuente encontrar textos escritos a máquina -la circunstancia siempre es motivo de agradecimiento- junto con otros muchos que lo son a mano, a veces con una caligrafía difícil de entender. El tema de las faltas de ortografía y los errores gramaticales conviene obviarlo porque no todos los oficiales contaban con la debida formación académica. Asimismo, encontramos numerosas anotaciones al margen, notas sueltas cuya procedencia no siempre está clara, tachaduras donde es complejo discernir lo que prevalece, fechas corregidas que a veces indican la falsedad de las mismas, textos difuminados por la humedad cuya comprensión requiere aumentar el tamaño de las letras... 

El balance es una especie de caos que puede provocar errores involuntarios del investigador. Incluso cuando se trabaja con algunos sumarios instruidos por los juzgados republicanos, que tampoco son un ejemplo de orden y pulcritud. La tarea, por lo tanto, precisa siempre de varias lecturas antes de escribir sus conclusiones y, una vez fijadas las mismas, contrastarlas con una nueva lectura de la documentación. El proceso es lento y complejo, puede estar sujeto a equivocaciones, pero resulta necesario para garantizar el máximo rigor de la investigación. La responsabilidad, además, aumenta cuando es la primera vez que un sumario es analizado en un trabajo académico.

El referido caos puede estar presente desde la misma portada del sumario. Un ejemplo es el seguido contra el periodista Manuel Navarro Ballesteros, que fue finalmente condenado a muerte y fusilado.

El análisis del proceso seguido contra este militante comunista aparecerá en Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas, escritores y dibujantes, 1939-1945, pero me bastó observar la portada, concretamente la palabra «muerte» en color rojo y en la parte superior, para saber que este sumario revelaba la cara más dura de la represión ejercida por los vencedores. A partir de ese momento, los números, los sellos, las fechas, las anotaciones... de la misma portada cobran otro significado y obligan a desmenuzar con cuidado el contenido para dar cuenta de lo sucedido con hombres jóvenes en su mayoría que vieron truncado su futuro en 1939.

Nota: No he reproducido la referida portada porque en la misma figura un nombre cuya cita, aunque sea en un trabajo histórico, todavía es objeto de tres procesos judiciales.

El consejo de guerra de SAM (Serafín Adame Martínez) y sus colegas de ABC

 

Los historiadores del teatro, al menos quienes hemos trabajado sobre el período republicano, conocemos el seudónimo de SAM como el de un destacado crítico teatral, que durante la Guerra Civil escribió en las páginas de un ABC incautado por las fuerzas leales al gobierno y convertido en órgano de la Unión Republicana. Su labor como crítico y cronista de los escenarios fue constante a lo largo de esos meses del Madrid sitiado. Una vez terminada la guerra, Serafín Adame Martínez permaneció en la capital hasta que fue detenido el 5 de julio de 1939 junto a sus compañeros Mariano Espinosa Pascual, Antonio Fernández Lepina y Sotero Antonio Barbero Núñez. 

Los cuatro periodistas del ABC incautado que se publicó en Madrid, en paralelo con la edición sevillana de la misma cabecera, fueron los protagonistas del sumario 33590 depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa (Madrid). El correspondiente sumarísimo de urgencia fue instruido por el Juzgado Militar de Prensa entre el 5 de julio de 1939 y el 11 de octubre del mismo año, con unas prisas y una dedicación que prueban un especial interés por parte de los instructores. 

El correspondiente consejo de guerra concluyó con una sentencia dictada el 3 de noviembre de 1939 por un tribunal cuyo presidente era el teniente coronel retirado Arturo Iruretagoyena. Mariano Espinosa Pascual fue condenado a muerte, mientras que los otros tres procesados lo fueron a penas de treinta años. Su delito era una adhesión a la rebelión militar por haber sacado adelante el ABC republicano, que tuvo otras víctimas encabezadas por el fusilado Augusto Vivero.

El análisis del sumario tendrá un capítulo específico en el segundo volumen de Las armas contra las letras, o en la edición ampliada de la misma obra, pero el motivo de esta entrada es el hallazgo de la ficha como periodista de Serafín Adame Martínez. La misma se encuentra entre la documentación depositada en el sumario 33590 del Archivo General e Histórico de Defensa y permite poner rostro a una de las víctimas de la represión que analizo en la citada monografía.

El detalle del carnet con la foto parece menor, pero no lo es para un investigador. Llevo años consultando los fondos de los archivos militares y a menudo echo de menos la posibilidad de poner rostro a las víctimas. Algunas, las más conocidas, lo tienen por diferentes fuentes, pero otras carecen de esas fotos que tan necesarias resultan para personalizar las historias de represión de aquellos periodistas, escritores y dibujantes.

La posibilidad se hace real gracias al excelente trabajo de los técnicos y los archiveros del Archivo General e Histórico de Defensa, que al igual que sus compañeros de otros centros trabajan con una documentación a menudo deteriorada por el paso del tiempo y la incuria en que se mantuvo hasta hace relativamente poco. Gracias a su profesionalidad, el rescate de esta documentación es posible y la consulta permite rastrear huellas depositadas durante décadas, a la espera de que alguien reconstruya la historia de esta represión ejercida contra periodistas, escritores y dibujantes republicanos.

La edición facsimilar de los sumarios de Miguel Hernández me permitió conocer de primera mano esa profesionalidad y dedicación de los archiveros. La investigación en curso me ha reafirmado la impresión y, por lo pronto, tenemos la oportunidad de ver a SAM vestido con uniforme, una de las circunstancias que pesaron a la hora de ser condenado a treinta años de reclusión.

Un «camisa vieja» harto de las lentejas del Auxilio Social

Las vacaciones han terminado oficialmente, aunque en realidad nunca empezaron del todo porque las tareas de investigación también se realizan en verano cuando media la voluntad de trabajar como servidor público. A partir de ahora, y gracias al período sabático que me ha concedido la Universidad de Alicante, este blog se va a centrar en los pasos relacionados con la publicación de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores (1939-1945), cuya coedición por parte de la editorial Renacimiento y Publicaciones de la Universidad de Alicante actualmente está en prensa tras haber obtenido los informes favorables, y en las tareas  relacionadas con el citado período. Las mismas suponen una notable ampliación de la nómina de sumarios analizados que tienen como protagonistas a escritores, periodistas y dibujantes. Semana tras semana iremos dando cuenta de las novedades de la correspondiente investigación, que ya ha dado sus primeros frutos gracias a la colaboración del Archivo General e Histórico de Defensa (Madrid).

Mientras tanto, paso el correspondiente enlace al estudio de un curioso sumario cuyo protagonista, un «camisa vieja» harto de comer lentejas en un local del Auxilio Social, acabó siendo procesado por los franquistas tras haber pasado por el mismo trance a manos de las autoridades republicanas. El tal Luis, un perfecto desconocido por ser un jornalero y limpiabotas, protagonizó una historia tan singular como representativa del ambiente propio de la inmediata posguerra.

El texto enlazado es un borrador con destino a una futura edición y, como tal, lo someto a la consideración de otros historiadores o personas interesadas en estas cuestiones. Gracias a los trabajos colgados en el Repositorio de la Universidad de Alicante y en este blog, he podido entrar en contacto con numerosos descendientes de las víctimas de aquella represión, que me han aportado datos a menudo decisivos para completar y mejorar mis trabajos. Con ese espíritu enlazo la historia de aquel «camisa vieja» y haré lo mismo con los resultados de las investigaciones realizadas hasta finales de enero, cuando si todo va según lo previsto tengamos prácticamente listo el segundo volumen de Las armas contra las letras.

El texto sobre las peripecias vividas por el «camisa vieja» harto de las lentejas, o las píldoras del doctor Negrín, se puede consultar en el Repositorio de la Universidad de Alicante:

http://hdl.handle.net/10045/136880