Las competencias de un «secretario
de causa» durante la instrucción de un sumario están contempladas en el Código
de Justicia Militar de 1890 (Gaceta de Madrid, 4 y 5 de octubre de 1890,
arts. 141-142), vigente en la posguerra tras haber sido parcialmente modificado
mediante órdenes y decretos publicados a lo largo del conflicto y poco después.
El historiador está
obligado a distinguir entre la teoría basada en la legislación y la práctica
derivada de los hechos constatados documentalmente, prevaleciendo esta última
en caso de contradicción parcial o total. Sin olvidar lo especificado en el
citado código, concretamente en el artículo 141, en mis investigaciones he
procurado describir el conjunto de actividades de los secretarios instructores
a partir de lo observado en los sumarios.
Estas actividades, por su
realización en el marco de los sumarísimos de urgencia, desbordan las
inicialmente previstas en el citado código y cuentan con un amplio reflejo en
mis libros dedicados a los consejos de guerra. A los mismos me remito, pero
cabría recordar que, en la fase inicial de la instrucción y al menos en el
Juzgado Militar de Prensa, destaca la elaboración de un documento por parte del
secretario que termina siendo decisivo para la posterior trayectoria del
sumario.
A modo de ejemplo,
podemos consultar el sumario 33590 del AGHD. Mariano Espinosa Pascual, Serafín
Adame Martínez, Antonio Fernández de Lepina y Sotero Antonio Barbero Núñez fueron
los procesados en el mismo. El secretario instructor elabora un documento para
cada uno de ellos con un encabezamiento similar al abajo transcrito:
«DOY FE Y TESTIMONIO. De
que en este Juzgado Especial obra una ficha en la que se encuentran recogidos
los informes suministrados a esta Auditoría de Guerra por personas y entidades
de absoluta solvencia con respecto a las actividades profesionales de Serafín
Adame Martínez, lo que copiado literalmente dice así:»:
AGHD, sumario 33590
El documento redactado en
esta ocasión por el alférez Baena Tocón conculca las más elementales garantías
jurídicas por las razones ya explicadas en mis libros. En concreto, la supuesta
ficha nunca queda incluida en el sumario, nadie aporta indicación alguna sobre
su localización y, por supuesto, los documentos originales no están a
disposición de quienes participan en el consejo de guerra. El defensor,
nombrado poco antes de celebrarse el plenario, jamás los puede consultar, pero
tampoco el fiscal o los miembros del tribunal. Por lo tanto, la palabra del
secretario instructor o de causa es la única garantía de una literalidad
convertida en un artículo de fe.
Esas fichas recopilan
informes ahora desaparecidos que fueron suministrados «por personas y entidades
de absoluta solvencia». Sin embargo, las desconocemos y jamás podremos
verificar la solvencia de los testimonios o informes, al margen de las
delaciones anónimas. Tampoco lo puede hacer el juez instructor, que nunca actúa
para contrastar esta información, sino para confirmarla o ampliarla mediante
diligencias y declaraciones.
El documento, elaborado a
partir de fuentes convertidas en anónimas a efectos procesales, no solo es la
base de la instrucción en un sumarísimo de urgencia. También desempeña idéntica
función con respecto a la sentencia en la mayoría de los procesos. Uno de los rasgos
notorios de estos procedimientos es que, a falta de una verdadera instrucción,
entre el punto de partida de la misma y el de llegada, la sentencia, apenas hay
diferencias de calado.
Por lo tanto, lo escrito
en estos documentos de los secretarios condiciona de manera decisiva las
condenas, que a veces eran de muerte y casi siempre durísimas. De ahí la
responsabilidad de estos oficiales, que a menudo introducían valoraciones
acerca de lo publicado por el procesado y hasta algún dato curioso donde la
subjetividad es evidente.
En el abajo reproducido a
modo de ejemplo, el alférez Baena Tocón califica al comediógrafo Serafín Adame
como «persona de ideas marcadamente izquierdistas», que «publicaba notas,
artículos, gacetillas, etc., todo ello de marcado carácter marxista».
Serafín Adame (1901-1979) fue un estrecho
colaborador de Enrique Jardiel Poncela. Quienes conocemos sus obras
humorísticas, así como sus críticas teatrales, sabemos que la posibilidad de
que una gacetilla suya fuera de «marcado carácter marxista» entra en el ámbito
de la humorada absurda.
Los anónimos informantes
o delatores veían marxistas hasta debajo de las piedras y lo hacían constar con
el consiguiente agravamiento de la suerte de los procesados, que a veces
acabaron en un paredón ante un pelotón de ejecución. La responsabilidad es
notable, pero estos sujetos nunca pasaron de ser unos colaboradores necesarios
donde otros eran los verdaderos responsables de la represión.
A modo de ejemplo chusco,
y ampliamente comentado en el volumen que aparecerá en 2025, el documento reproducido
acusa a Serafín Adame por haber criticado a la cupletista Carmen Flores como
responsable de un cuplé quintacolumnista. El episodio es digno de un relato
novelesco, pero quede aquí apuntado a la espera de la citada publicación.
