Carlos Hernández, periodista y escritor

 Carlos Hernández

Carlos Hernández de Miguel, periodista y escritor, acaba de fallecer a los 56 años víctima de una enfermedad. La noticia ha saltado a los medios de comunicación y a las redes sociales, donde los testimonios de condolencia abundan porque el especialista en temas relacionados con la memoria democrática ha dejado el recuerdo de una persona buena, amable y solidaria.

De la faceta periodística de Carlos Hernández, incluso como corresponsal de guerra en varios conflictos, poco puedo añadir a lo publicado cuando tantos compañeros le recuerdan. Mi relación con el fallecido se remonta a los tiempos en que escribió los primeros trabajos sobre los campos de concentración de Franco, que desembocarían en un imprescindible libro acerca de esta desconocida manifestación de la represión franquista editado en 2019.

Lo leí con la sorpresa de quien desconoce por completo un tema, a pesar de que esos campos fueron numerosos y constituyeron un eslabón fundamental del sistema represivo durante la Victoria. Carlos Hernández afrontó la tarea con enormes dificultades para romper el silencio mantenido sobre unos campos repartidos por toda la geografía nacional y en muchos aspectos similares a los del régimen nazi.

El franquismo ocultó esta trágica realidad con una eficacia verdaderamente notable y hasta consiguió que se dudara acerca de su existencia. La incansable labor de Carlos Hernández, que también trabajó sobre la presencia de españoles en Mauthasen, desveló las verdaderas dimensiones de esta represión padecida por decenas de miles de derrotados.

Desde entonces, y al estudiar los sumarios de los consejos de guerra de periodistas y escritores, fui encontrando referencias a los campos de concentración por los que pasaron algunos de los procesados. Siempre le informaba de lo localizado y, a menudo, le pregunté por nuevos datos para completar la trayectoria de las víctimas cuyo deambular de cárcel en cárcel también pasaba por algún campo de concentración.

Carlos Hernández siempre me contestó y ayudó, al igual que tantos compañeros a los que consulto para escribir mis trabajos. Ahora, por desgracia, solo me cabe lamentar su temprana muerte y manifestar el dolor por una pérdida igualmente sentida por tantos colegas del periodismo y la investigación histórica.

El trabajo de Carlos Hernández supone un eslabón de una cadena donde tantos otros colaboramos para desvelar la represión franquista durante la Victoria. La memoria de su afabilidad y solidaridad nos acompañará y, al mismo tiempo, será un estímulo para completar un trabajo siempre realizado con enormes dificultades. Nunca asustaron o desanimaron al fallecido. El mejor homenaje será continuar la labor emprendida con la misma generosidad ante las peticiones de ayuda de otros investigadores.

Pdta.: Carlos, antes de fallecer y conocedor de su inminente final, nos dejó una carta. Pocas veces la lectura de un texto me humedece los ojos. La despedida de Carlos es una de esas excepciones:

https://www.eldiario.es/sociedad/carta_129_12959795.html

Enlazo aquí una muestra del eco de su fallecimiento en los medios de comunicación:

https://elpais.com/espana/2026-02-03/muere-el-periodista-carlos-hernandez-que-investigo-los-campos-de-concentracion-del-franquismo.html

https://www.eldiario.es/sociedad/muere-periodista-escritor-carlos-hernandez-56-anos_1_12958021.html

https://www.elplural.com/sociedad/in-memoriam-carlos-hernandez_380478102

https://www.elmundo.es/television/medios/2026/02/03/6981d968fc6c83ce6b8b45aa.html

https://www.rtve.es/noticias/20260203/muere-periodista-carlos-hernandez-miguel-incansable-cronista-memoria-historica/16921427.shtml

Ángel María de Lera, condenado y maltratado

 

La tortura y los maltratos estuvieron presentes en los consejos de guerra de periodistas y escritores durante el período 1939-1945. El colectivo no supuso una excepción con respecto a un marco represivo que, a menudo, recurrió a la violencia para quebrantar la voluntad de los detenidos.

A partir de los testimonios recopilados, los lugares más peligrosos para la integridad física eran las comisarias, tanto las oficiales como las improvisadas con el objeto de dar cuenta de la avalancha de represaliados. No obstante, esas mismas prácticas violentas seguían durante las declaraciones en sede judicial -las actas de algunas las dejan ver de manera implícita- y continuaban en las cárceles, cuyo rígido reglamento permitía las palizas y unas celdas de castigo que cabe considerar como lugares de tortura.

A lo largo de los años que llevo investigando estos consejos de guerra, he contactado con familiares de las víctimas de la represión franquista. Sus testimonios han sido útiles para completar unos trabajos cuya base documental siempre resulta incompleta, sobre todo en lo relacionado con prácticas ocultadas y sin el correspondiente reflejo en los archivos. Estos familiares tienen un conocimiento desigual de sus antecesores, pero a menudo me cuentan historias transmitidas de generación en generación a pesar del habitual silencio. La tortura y los maltratos forman parte de esa memoria compartida.

Los testimonios sobre la violencia los conozco y me ayudan a comprender determinadas actuaciones presentes en los sumarios analizados. Sin embargo, apenas los he citado porque carecen de pruebas documentales y, además, reiteran lo conocido a partir de otros testimonios vinculados a diferentes colectivos.

Este silencio impuesto por la obligación de contar con documentos para cualquier episodio histórico ha impedido conocer la parte más oscura y violenta de la represión sufrida por escritores y periodistas. El silencio no supone impasibilidad, sino la voluntad de ceñirse a lo documentado para garantizar el mayor grado de veracidad posible.

Al iniciar el estudio de los consejos de guerra seguidos contra el novelista Ángel María de Lera (1912-1984) supe que la popularidad del mismo no suponía una bibliografía conocedora de la represión que sufrió. Gracias al contacto con sus hijos, ya he localizado los sumarios de los que fue protagonista y pronto daré cuenta de los mismos como preámbulo de un capítulo que aparecerá en el tercer volumen de la trilogía dedicada a los consejos de guerra de periodistas y escritores.

Mientras tanto, y gracias a la documentación remitida por sus hijos, he sabido de las palizas que sufrió Ángel María de Lera, fundamentalmente en el verano de 1942, cuando todavía estaba en el penal de Ocaña. A raíz de las mismas, y desde el 22 de mayo hasta el 14 de diciembre de 1943, el novelista permaneció en la prisión de Santa Rita (Madrid) con una salud precaria por culpa de los golpes sufridos en la zona lumbar, la entrepierna y otros lugares donde las huellas no fueran demasiado evidentes.

Ángel María de Lera salió vivo de aquella represión, pero las secuelas de los golpes continuaron hasta su fallecimiento. Basta leer el informe del doctor E. Fernández Besave con motivo de la muerte del novelista – depositado en el Archivo Central del Hospital Gregorio Marañón- para comprobar que las palizas sufridas cuarenta años antes tuvieron consecuencias hasta la muerte de quien padeció por unos golpes que nunca olvidó.

En fechas próximas hablaremos de unos sumarios hasta ahora desconocidos, los de Ángel María de Lera, pero desde este momento cabe afirmar que el novelista fue una víctima de la violencia utilizada por quienes pretendieron acabar con cualquier oposición al Glorioso Movimiento Nacional. Cuarenta años después, ingresado el 4 de julio de 1984 en un hospital, las pruebas realizadas remiten a un origen que el doctor no explicita, pero que el paciente contó a la familia como parte de una memoria de dolor y resistencia.

 

Pd.: El borrador del capítulo dedicado a Ángel M.ª de Lera, que aparecerá en el tercero tomo de la trilogía dedicada a los consejos de guerra de periodistas y escritores, ya es accesible a través del Repositorio de la Universidad de Alicante, donde queda a la espera de posibles indicaciones o correcciones de los interesados en este tema:

http://hdl.handle.net/10045/154494

 

Bajo sospecha, un libro colectivo sobre una sociedad vigilada (España, 1939-1975)

Durante el primer trimestre de 2025 aparecerán dos libros donde he colaborado junto a otros colegas universitarios y el segundo volumen de la trilogía dedicada a los consejos de guerra de periodistas y escritores (1939-1945). La fecha de publicación prevista para este último es el 19 de marzo, pero el primero ya lo tenemos en las librerías: Bajo sospecha. Historia de una sociedad vigilada (España, 1939-1975), publicado por Espasa (Planeta) y coordinado por Ana Asión y Sergio Calvo, dos jóvenes investigadores de la Universidad de Zaragoza.

Mi colaboración está basada en la investigación en curso para la citada trilogía que culminará en 2026 y versa sobre la tipología de las víctimas de los citados consejos de guerra. La misma, con protagonistas inesperados, desmiente algunos de los lugares comunes presentes en la bibliografía sobre la represión de escritores y periodistas. El trabajo exhaustivo y detallado revela la ficción de las aproximaciones impresionistas que se escriben a partir de una serie limitada de casos cuya representatividad es cuestionable.

Copio, a continuación, la contraportada del libro que me ha permitido colaborar con un grupo joven y entusiasta de investigadores que están desvelando aspectos relevantes del régimen franquista:

«Una vez consumado el golpe de 1936, los vencedores de la Guerra Civil diseñaron un nuevo Estado con unos cimientos sólidos que asegurasen la existencia y la pervivencia del régimen emergente. Las estructuras sobre las que se construyó su visión fueron la represión y el miedo. Ningún ámbito quedó fuera de su yugo: el movimiento estudiantil, el mundo obrero, periodistas, escritores y cineastas y, naturalmente, las mujeres.

Durante décadas, los paseos que acababan en muerte, las detenciones que conllevaban tortura o las identificaciones que sumían en la mayor de las incertidumbres fueron la tónica habitual. Ese entramado coercitivo eliminó cualquier tipo de disidencia y todo el mundo se convirtió en sospechoso.

La presente obra es fruto de la colaboración de autores de referencia, especialistas en sus respectivos campos, que realizan una reconstrucción fidedigna de los hechos, analizan las herramientas represivas e identifican a algunos de los protagonistas del régimen».

Aquí tenéis la web donde localizar el libro, que esta misma semana llegará a las librerías:

https://www.planetadelibros.com/libro-bajo-sospecha/410725

Reseñas y entrevistas:

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2025/02/19/ana-asion-en-la-espana-de-franco-todos-fueron-sospechosos-durante-casi-cuarenta-anos-1800940.html

https://www.eldiario.es/sociedad/espana-sospecha-continua-franquismo-creo-sociedad-vigilaba-si_1_12103570.html

https://elpais.com/babelia/2025-04-16/represion-sexual-y-control-social-nuevas-miradas-sobre-el-franquismo.html

Os paso el enlace a la grabación de la presentación que tuvo lugar en Madrid con la presencia de los coordinadores del volumen:

Violencia y responsabilidad, de Pedro Payá López

 

La preparación de una trilogía dedicada a los consejos de guerra de periodistas y escritores durante el período 1939-1945 requiere la consulta de un conjunto de sumarios que apenas representa una pequeñísima parte de los instruidos por entonces. El riesgo, a partir de una muestra tan limitada, es llegar a conclusiones que no se corresponden con las líneas fundamentales de la actividad represiva llevada a cabo a través de la vía judicial.

La consulta de otras investigaciones se impone para evitar, en la medida de lo posible, el riesgo de tomar la parte por el todo. La bibliografía de mis libros da cuenta de esta labor que amplío con diferentes lecturas que no aparecen referenciadas porque tampoco las cito de manera explícita.

Gracias a los años de investigación, cuento con la ayuda de bastantes colegas en las áreas de historia, literatura y derecho. Les consulto a menudo y el intercambio siempre es fructífero. Asimismo, ejerzo esa misma labor con jóvenes investigadores que me plantean sus dudas o preguntas. Nunca lo explico, pero cada monografía supone en mi caso cientos de mensajes remitidos por correo electrónico.

Sin embargo, a veces tengo la suerte de la proximidad en mi propia facultad. Así sucede con Pedro Payá López, un profesor de la UA que, tras la publicación de Violencia y responsabilidad. La represión judicial franquista en el ámbito local (Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2017), es uno de los más destacados especialistas en materia de consejos de guerra.

Su libro es un extenso estudio de lo sucedido en el Juzgado Militar de Monóvar, uno de los veintidós establecidos por entonces en la provincia de Alicante. Pedro Payá López analiza numerosos sumarios, recopila testimonios y documentos de los familiares que pretenden mantener viva la memoria de las víctimas y, en definitiva, aporta una visión exhaustiva de la violencia y sus responsables en el marco de una comarca que, como tantas otras, vivió uno de sus momentos más terribles durante la posguerra.

La consulta del volumen me ha permitido saber de los sumarios de Pascual Sánchez Martínez y Francisco Ferrándiz Alborz, dos colaboradores de Claridad y El Socialista. Sus nombres, como los de tantos otros colaboradores que vivían en provincias, deben ser incorporados a la nómina de los periodistas represaliados durante la posguerra.

No obstante, el objetivo fundamental de la consulta ha sido tener la seguridad de que mis conclusiones coinciden en lo fundamental con las de otro compañero. El resultado ha sido positivo hasta tal punto que, más allá de los nombres y las circunstancias, las coincidencias son muy notables.

En definitiva, estamos ante la lógica de un mismo sistema represivo que utilizó los sumarísimos de urgencia como un arma de guerra donde la venganza estuvo presente. No en balde, su empleo se basa en el decreto 55 de la Junta Técnica del Estado publicado el 1 de noviembre de 1936 y estuvo vigente hasta que, cumplidos los objetivos militares propios de una guerra, se volvió a los consejos de guerra previstos en el Código de Justicia Militar.

El trabajo de Pedro Payá López se suma así a una larga lista de consultas bibliográficas con el único propósito de no equivocarme por partir de una muestra documental necesariamente limitada. Solo cabe manifestar mi agradecimiento y la voluntad de seguir trabajando conjuntamente para el conocimiento de una violencia y una responsabilidad que -como bien explica Hannah Arendt en Responsabilidad y juicio- en el segundo de los conceptos debe partir de la constatación de que, tanto desde un punto de vista penal como moral, la responsabilidad siempre es individual. De ahí la necesidad de aportar nombres y perfilarlos biográficamente en la medida de lo posible. Así lo hace, con gran acierto, mi compañero de facultad.

 

Periodistas republicanos: las cifras de la represión franquista

 

Javier Bueno, periodista fusilado

La colaboración entre investigadores tiene múltiples ventajas y permite evitar los errores a los que todos, incluso los más veteranos, estamos expuestos. Gracias a la generosidad de Juan Carlos Mateos Fernández, he podido consultar el preprint de Bajo el control obrero. La prensa diaria en Madrid durante la Guerra Civil, 1936-1939, una monumental obra que es el fruto de una investigación exhaustiva llevada a cabo durante décadas. Pronto la podremos consultar en la edición de Renacimiento, una editorial que así continuará con su voluntad de analizar la compleja y rica realidad del periodismo durante aquellos trágicos años. Los méritos del trabajo realizado por mi colega son numerosos, pero cabe esperar a la publicación del mismo para ponerlos de relieve en reseñas y comentarios.

Mientras tanto, quisiera aprovechar la consulta del original para trasladar al blog las cifras de la represión ejercida contra los periodistas republicanos que actualmente estudio en mi trilogía Las armas contra las letras. El trabajo de Juan Carlos Mateo Fernández, por su rigor y exhaustividad, merece una total confianza en este sentido y difícilmente otros estudios posteriores modificarán las cifras de un horror ya presente cuando consultamos los sumarios de tantos procesados.

En esta entrada me limitaré a dar las cifras de la represión ejercida contra los periodistas republicanos sin indicar los nombres para no quitar la exclusiva que corresponde a la anunciada edición en Renacimiento:

Periodistas ejecutados: 14

Habituales colaboradores de la prensa periódica ejecutados: 10

Periodistas muertos en prisión; 5

Periodistas muertos en combate, en el frente de batalla y en bombardeos enemigos: 10

Periodistas muertos en la retaguardia: 10

Periodistas condenados a muerte: 39

Periodistas condenados a penas de treinta años de cárcel: 21

Periodistas condenados a veinte años de prisión: 5

Periodistas condenados a penas de doce años de reclusión: 10

Periodistas condenados a seis años de cárcel: 5

Manuel Navarro Ballesteros, periodista fusilado

Aparte de la relación nominal de los periodistas republicanos que sufrieron diversas condenas, Juan Carlos Mateos Fernández facilita una relación de otros cuarenta y dos periodistas de los cuales sabemos que fueron procesados, pero desconocemos sus condenas. Tras localizar los sumarios de treinta y ocho en el Archivo General e Histórico de Defensa, reproduzco a continuación este listado junto a la numeración de sus sumarios, que cuando pueda consultarlos serán la materia de un cuarto volumen o formarán parte de una futura web donde recopile la paciente labor que ahora mismo estoy realizando tras la publicación de Nos vemos en Chicote (2015), Los consejos de guerra de Miguel Hernández (2022) y el primer volumen de Las armas contra las letras (2023), estando el segundo en la fase de informes para su posterior publicación en el caso de que sean positivos: 

- Esperanza Aguado: 33671, 3424

- Marcelino Álvarez Diosdado: 28309, 5477

- Teófilo Álvarez Lorenzo: 14534, 2935

- César Arnal Sierra: 8177, 1872, 14

- Francisco Baleriola Arroyo: 116378, 3304, 1

- José Blanco Serrano: 34600, 1001, 17

- Esteban Boj López: 112859, 3221 y 113054, 1168, 14

- Aurelio Capelo Téllez de Meneses: 28269, 3809

- Maximiliano Clavo Santos: 5456, 5244

- Justo de la Cueva Orejuela: 17322, 5609

- Heliodoro Fernández Evangelista: 135277, 6968 y 2961, 7650

- Veremundo Fernández Evangelista: 10998, 6207

- José de la Flor Ruiz: 128351, 7311

- Alfonso Galerón Egaña: 262, 5452

- Mariano García Rojas: 12329, 3081, 13

- Juan Girón Roches: 21267, 119, 5

- Cristina Hurtado Pérez: 12981, 5908

- Miguel Llopis Cantó: 2217, 16317, 8

- Miguel Maestre Ropero: 57163, 3317

- Pío Marcos Cuadrado: 30218, 6000

- José Martínez Piqueras: 104863, 4126

- Alfonso Muñoz Álvarez: 4505, 7961

- Félix Navajas Lozano: 1528, 6797

- César Ordax Avecilla: 55030, 4434; 135587, 7260 

- Cástor Patiño Sánchez: 129173, 7374

- Mariano Pascual Alonso: 117143, 3208 y 9442, 3208

- Arturo Pérez Camarero: 21588, 3420

- Marcos Pérez Martínez: 1039, 4013, 7

- Antonio Pérez Olmedo: 57148, 5434

- Eusebio Rebollo Esquivilla: 115077, 3939

- Antonio Roldán del Castillo: 49366, 110, 2

- Manuel Rosón Ayuso: 48759, 106, 19

- Luis Rubio Chamorro: 140189, 3519, 1; 50196, 5517 y 19643, 327, 4.

- Fermín Sabugo García: 42490, 5228

- José Joaquín Sanchis Zabalza: 126182, 7216 y 2241, 7216

- Miguel Vega de la Torre: 32084, 3528

- Antonio Vidal Moya: 1628, 366, 5

Agradezco de nuevo a Juan Carlos Mateos Fernández su generosidad por poner a mi disposición su monumental obra y en una entrada futura hablaremos de sus investigaciones relacionadas con Manuel Chaves Nogales, cuya trayectoria durante la Guerra Civil dista de lo publicado hasta ahora.

 

La condena del periodista Antoni Pugés Guitart

 

Fuente: Sumario 19533 del AGHD, de Madrid

Gracias a la consulta del sumario 19533 del Archivo General e Histórico de Defensa, he podido reconstruir el sumarísimo de urgencia seguido en Madrid contra el periodista manresano Antoni Pugés Guitart (1890-1941), que el 31 de noviembre de 1939 fue condenado a treinta años de reclusión mayor. 

El periodista y funcionario del Ministerio de Organización y Acción Sindical, ahora de Trabajo, fue acusado por su compañero Manuel Maranón Grande y el 3 de junio de 1939 resultó detenido en Madrid. La instrucción comenzó en el Juzgado Permanente de Funcionarios, n.º 7, pero el titular del mismo se inhibió en favor de su colega Manuel Martínez Gargallo, del Juzgado Militar de Prensa.

Antoni Pugés Guitart era un hombre católico afiliado a Izquierda Republicana. Hermano de una monja capuchina, padre de un alférez falangista, cuñado de un teniente de la misma orientación política, salvador de un teniente coronel franquista que se presentó voluntariamente en el juzgado para avalarle y un hombre que, en definitiva, contaba con los mejores avales para que su condena resultara mínima tras haber colaborado en Política, el órgano oficial de Izquierda Republicana.

La primera vez que fue sometido a un consejo de guerra, el 12 de agosto de 1939, el tribunal debió tener en cuenta los avales presentados y solo le condenó a quince años de reclusión menor, que prácticamente garantizaba una temprana puesta en libertad condicional. Sin embargo, el auditor rechazó la sentencia y mandó completar la instrucción con nuevas diligencias. Las mismas fueron dictadas por Manuel Martínez Gargallo, pero con resultados nulos, pues el segundo auto resumen no aporta nada nuevo al primero. El desenlace fue en esta ocasión bien distinto. Sin añadir ninguna prueba o testimonio, lo que en agosto de 1939 supuso una condena benévola, pocos meses después acabó en una dura condena que condujo a Antoni Pugés Guitart al penal de Ocaña. De allí le dejaron salir el 23 de octubre de 1941 para que pudiera morir en casa. El fallecimiento tuvo lugar apenas tres semanas después (La Prensa, 15-XI-1941).

La instrucción llevada a cabo en el Juzgado Militar de Prensa ejemplifica, como en otras ocasiones, la absoluta falta de garantías jurídicas de estos sumarísimos de urgencia, así como la aparición de acusaciones falsas o inexactas que carecían de cualquier prueba. La circunstancia se repite en numerosas ocasiones, pero en este caso sorprende todavía más por la relevancia y la significación de las personas que se presentaron voluntariamente para testimoniar a favor del encausado. Pocas veces hemos visto a una monja capuchina explicando el acendrado catolicismo de su hermano, un hijo alférez con varias menciones honoríficas por acciones de guerra defendiendo a su padre o un teniente coronel dispuesto a avalarle porque le salvó la vida durante el período republicano. Todo fue inútil. Estos vencedores, en su fuero interno, pronto comprenderían que su victoria había alumbrado un régimen capaz de condenar con la máxima dureza a quien consideraban una persona íntegra, católica, de moral intachable e incapaz de cometer un acto delictivo. 

El capítulo lo añadiré al original del segundo volumen de Las armas contra las letras, cuya finalización solo está pendiente de la consulta de los sumarios relacionados con el escritor Pedro Luis de Gálvez. Una vez finalizado el correspondiente capítulo, bastante extenso por la complejidad del caso, entregaré el original y, si el proceso sigue favorablemente el curso habitual, el próximo otoño tendremos publicado el volumen.

He copiado la imagen del carnet de Antoni Pugés Guitart como periodista de ABC en 1921 porque no hay ni una sola imagen en internet de este manresano, que ni siquiera aparece con un apartado propio en los estudios realizados sobre la represión de los escritores y periodistas durante la posguerra. Al menos, ya cuenta con una imagen para conocerle y pronto tendrá dedicado un capítulo para explicar su destino trágico en el Juzgado Militar de Prensa y el posterior consejo de guerra.

Álvaro Retana en El tiempo de la desmesura

 El novelista Álvaro Retana será uno de los protagonistas del segundo volumen dedicado a los consejos de guerra de periodistas y escritores durante el período 1939-1945. Gracias a la bibliografía crítica con que cuenta el autor, la tarea no parte de cero como en otras muchas ocasiones. Ya sabemos de sus problemas con la justicia militar y los años pasados en las cárceles franquistas, pero merece la pena completar la investigación por varias circunstancias:

A) Los sumarios conservados en el AGHD, aparte de tener algún posible error de catalogación, permanecen incompletos y dejan en el aire algunos aspectos fundamentales como su detención, las declaraciones del propio encausado, los posibles avalistas, el auto resumen tras la fase de instrucción... A la vista de lo que he podido consultar hasta ahora, tengo la impresión de que alguna mano eliminó parte de la documentación o ha habido serios problemas para su conservación y correcta catalogación.

B) El archivo familiar consultado por dos investigadoras a finales de los años ochenta no parece encontrarse ahora en algún centro público. La familia hizo una importante donación al Museo Nacional de Teatro, pero por las consultas efectuadas hasta el momento parece que no todos los documentos citados en aquel ya lejano trabajo han pasado a las dependencias de Almagro. Lo terminaremos de comprobar gracias a las peticiones efectuadas.

C) El Archivo Histórico Nacional cuenta con una documentación sobre los procesos por escándalo público seguidos a finales de los años veinte contra Álvaro Retana que, en parte, sigue sin ser utilizada en la bibliografía crítica hasta ahora publicada. He solicitado las correspondientes copias de esos sumarios, que incluyen un enfrentamiento con la actriz Irene López Heredia, y espero aportar esta documentación en el segundo volumen de la trilogía que dedicaré a los citados consejos de guerra.

Por otra parte, al repasar lo publicado en El tiempo de la desmesura (Barcelona, Barral y Barril, 2010) acerca de Álvaro Retana he constatado un error. En la página 93 hablo del decimosexto marqués de Portazgo como denunciante del novelista a partir del testimonio del mismo. Aparte de que ese testimonio no lo he podido corroborar con la documentación, probablemente esquilmada, del sumario, en el caso de confirmarse la participación del aristócrata no sería el decimosexto por una simple cuestión cronológica. El error ya está subsanado en el borrador del capítulo y es una nueva muestra de la necesidad de repasar los trabajos que tenemos los historiadores. Siempre hay algún dato que debe ser corregido y hacerlo públicamente es una muestra de honestidad como investigadores.

Roger de Flor, poeta y maestro republicano, también prometió el mar

La historia del maestro republicano Antoni Benaiges estuvo sepultada en el olvido hasta 2010, pero durante estos últimos meses se ha convertido en un verdadero fenómeno con una excelente película que recrea su trayectoria, una no menos interesante obra teatral dedicada al mismo objetivo, varios libros biográficos, canciones, exposiciones y, por supuesto, una notable presencia en los medios de comunicación. 

Quienes afirman que la memoria democrática no interesa y que todo lo relacionado con la Guerra Civil está superado debieran reflexionar acerca de este fenómeno, que ha surgido gracias al boca a boca de los espectadores y la voluntad de numerosos creadores e investigadores carentes de apoyos mediáticos o empresariales. La noticia del éxito de una película con trescientos mil espectadores en los cines recompensa por unas labores a menudo realizadas sin repercusión pública.

El riesgo es pensar en el carácter excepcional de la historia de Antoni Benaiges y así descontextualizarla. Los creadores y los investigadores han evitado caer en semejante error, pero algunos espectadores o quienes tengan un conocimiento más superficial de lo sucedido con aquel maestro trágicamente desaparecido pueden pensar en una historia tan emocionante como aislada. Nada más lejos de la realidad. Las vicisitudes de los maestros republicanos que, de una u otra manera, fueron represaliados por el franquismo darían para completar varias enciclopedias. De hecho, la represión del magisterio durante la posguerra cuenta con una excelente y nutrida bibliografía.

Estos días, al leer un excelente estudio de Alfonso M. Villalta Luna titulado Tragedia en tres actos. Los juicios sumarísimos del franquismo (Madrid, CSIC, 2022), he conocido una de esas historias, la protagonizada por un maestro y poeta que firmaba con el seudónimo de Roger de Flor. Se trata de Jesús Menchén Manzanares (1912-1939), que poco antes de la Guerra Civil fue destinado a Villamayor de Calatrava. Por entonces, ya era un precoz poeta que colaboraba en medios locales como Pueblo Manchego y, afiliado a la FUE, en revistas de este sindicato estudiantil. Allí dio cuenta de sus comprometidos poemas, lamentó la muerte de Federico García Lorca y fue coherente con su pensamiento cuando se alistó voluntario en las milicias republicanas. La historia la detalla el citado investigador en las páginas 185-194 de Tragedia en tres actos y su consejo de guerra, que terminó con un fusilamiento tras haber sido delatado por un vecino, acabará siendo incluido en el tercer volumen de Las armas contra las letras. 

El éxito del maestro que prometió el mar a sus alumnos de un pueblecito de Burgos supone un estímulo para quienes, a lo largo de nuestras investigaciones, solemos encontrar historias tal vez menos potentes para ser trasladadas a una película, pero igualmente conmovedoras por el destino trágico de unos maestros o unos poetas que, a su manera, también soñaron con el mar y lo prometieron hasta que el franquismo los dejó en una cuneta o una fosa común.

El consejo de guerra de Antonio Buero Vallejo

 

La prioridad a la hora de incluir a los escritores y periodistas que forman parte de Las armas contra las letras nunca ha sido la valoración de sus obras literarias o periodísticas. La trilogía no tiene como objetivo preferente el estudio de las mismas, sino el intento de dar voz a quienes, como miembros de esos colectivos, fueron víctimas de la represión franquista. Así no debe extrañar que, en el primer volumen, que llegará a las librerías el 15 de enero de 2024, no figure un autor de la talla de Antonio Buero Vallejo, que fue condenado a muerte en un consejo de guerra celebrado en Madrid el 16 de enero de 1940.

El dramaturgo nacido en Guadalajara tendrá su correspondiente capítulo en el segundo volumen junto a los republicanos que van apareciendo poco a poco en estas entradas del blog. El análisis del sumario 48924 del AGHD ha resultado complejo por sus 440 folios y, sobre todo, porque en él se juzga a todo un grupo de militantes comunistas que en la inmediata posguerra intentaron reorganizar el PCE o, mejor dicho, buscaron dotarse de una identidad falsa para sobrevivir en la clandestinidad o salir al exilio.

El intento quedó frustrado, como tantas veces, y de los once procesados siete fueron condenados a muertes siendo finalmente cuatro los ejecutados en la madrugada del 2 de julio de 1940: Juan Fonseca Serrano, Ramón Torrecilla Guijarro, Alejandro González Venero y Enrique Sánchez García. Antonio Buero Vallejo estaba en la misma lista, pero tras nueve meses de espera dramática supo que su condena sería a treinta años. La posterior conmutación por otra de veinte años aceleró su puesta en libertad, que finalmente tuvo lugar el 17 de febrero de 1946, tras un periplo carcelario de casi siete años que le llevó por los penales de Conde de Toreno, Yeserías, El Dueso, Santa Rita y Ocaña. La juventud la consumió en aquellas cárceles.

El texto del capítulo ya está redactado y aporta algunas novedades a la bibliografía sobre esta etapa dramática de la biografía de Antonio Buero Vallejo, que fue condenado a muerte por falsificar unos sellos destinados a facilitar una documentación falsa para sus camaradas. En entradas posteriores daremos cuenta de esas novedades, pero ahora quisiera agradecer la anónima y compleja tarea realizada por los técnicos del Archivo General e Histórico de Defensa. La digitalización de los sumarios a menudo es una verdadera tarea de orfebrería, llevada a cabo con un mimo singular para salvar estos documentos tan deteriorados durante el franquismo y las primeras décadas de la democracia. Como simple ejemplo, cabe observar la portada del sumario donde estuvo incluido Antonio Buero Vallejo.

 

AGHD, sumario 48924

Dado que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes cuenta con un portal dedicado al dramaturgo, una vez tramitado el permiso de Carlos Buero y de los responsables de la Universidad de Alicante y el Ministerio de Defensa, en fechas breves podremos ver en dicho portal las imágenes de los documentos del sumario relacionados con Antonio Buero Vallejo. El dramaturgo y Miguel Hernández eran dos amigos que coincidieron en la cárcel tras conocerse en tierras levantinas durante la guerra. Gracias a la tecnología y el trabajo abnegado de los citados técnicos, dentro de poco coincidirán también en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

El «deber cívico» del libretista Federico Romero Sarachaga

 

Foto: Federico Romero Sarachaga, libretista de Doña Francisquita.

Fuente: aaalfonsoxii.es

La delación fue una de las claves de la represión franquista. Cualquier acercamiento a los sumarios de los consejos de guerra permite tener constancia de su omnipresencia como factor desencadenante de buena parte de los procesos. La circunstancia ha sido puesta de relieve por numerosos estudios históricos. Sin embargo, la figura del delator pocas veces aparece en los mismos. Al margen de las cuestiones éticas que la pueden hacer reprobable, la mayoría de las veces son personas anónimas cuyo perfil biográfico es una incógnita de imposible resolución.

Una excepción sería el popular libretista de zarzuelas Federico Romero Sarachaga (1886-1976), al que ya dediqué un capítulo en Nos vemos en Chicote (2015) que incluía un lamentable error en la página 266, donde le llamé Pedro. Aquel libro versaba sobre la aplicación del concepto de la banalidad del mal, definido por Hannah Arendt, en el contexto de la represión franquista. El objetivo no permitía un análisis detallado de sumarios como el 13149 del AGHD, donde encontré la delación efectuada por el libretista zarzuelero el 28 de abril de 1939. La tarea quedó pendiente y el correspondiente capítulo aparecerá en el segundo volumen de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores (1939-1945).

Apenas finalizada la Guerra Civil y en un contexto de durísima represión, Federico Romero Sarachaga se presentó voluntariamente ante el juez militar como «escritor y miembro de la columna de Orden y Policía de Ocupación». La imprecisión de la denominación hace sospechar que solo era un escritor con el propósito de delatar a sus colegas republicanos, especialmente a Joaquín Dicenta Alonso, que estuvo al frente de los autores asociados en la SGAE durante la guerra.

Federico Romero Sarachaga formula la denuncia de su colega «en cumplimiento de un deber cívico», pero también lo hace movido por cuestiones personales que afloran apenas se analiza el manuscrito de siete folios con un mínimo de atención. La denuncia ratificada en el juzgado militar el 10 de mayo de 1939 provocó la instrucción del sumario 13149, de acuerdo con lo dictado por el auditor de guerra el 13 de mayo de 1939. El Juzgado Militar Permanente n.º 4 fue el encargado de llevar adelante la instrucción, que podría haber corrido a cargo del Juzgado Militar de Prensa dada la condición de escritores de los protagonistas.

El sumario 13149 del AGHD es un documento fundamental para comprender la historia de la SGAE durante la Guerra Civil. Sus doscientos veinticinco folios están repletos de datos que afectan a lo sucedido, por ejemplo, con el dramaturgo Pedro Muñoz Seca cuando fue asesinado por los republicanos. También revela no pocas mediocridades de cualquier lucha por el poder y, naturalmente, la voluntad de salir indemne de un pasado polémico, aunque fuera gracias a la delación de los compañeros de letras. Federico Romero Sarachaga participa en esta tarea, pero nunca estuvo solo a tenor de lo constatado en la documentación sumarial.

El análisis del sumario me llevará semanas de consultas con la colaboración de los servicios de documentación de la SGAE, pero espero culminarlo en febrero, cuando tengo prevista la entrega del original para el segundo volumen de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores, 1939-1945, cuyo primer volumen llegará a las librerías el 15 de enero de 2024.

La frágil memoria del marqués de Luca de Tena

 

Foto: Elfidio Alonso Rodríguez. Fuente: ABC.es

La represión embarra hasta la memoria. A lo largo de la presente investigación, he encontrado una fábula recurrente: la de destacadas personalidades vinculadas con el franquismo que, cuando la dictadura ya boqueaba y el incierto futuro indicaba la conveniencia de blanquear el pasado, dijeron haber intentado salvar a alguien condenado en un consejo de guerra.

Quienes de verdad presentaron avales en los juzgados militares por solidaridad o agradecimiento con los procesados suelen callar y permanecen en el anonimato. Su gesto de humanidad, a veces arriesgado, ha quedado en silencio, salvo para la documentación de los sumarios. Siempre doy sus nombres en mis trabajos. Entre otras razones, porque la existencia de estas personas -obviamente vinculadas con los vencedores de la guerra- prueba que el franquismo no era monolítico y había gente dispuesta a procurar un cierto alivio en la represión que se cernió sobre los republicanos procesados.

Sin embargo, y por experiencia de varios casos relacionados con periodistas y escritores, quienes hablan en público o dejan un testimonio escrito acerca de su ayuda a algún represaliado nunca cuentan en esa documentación con una prueba de la misma. Solo tenemos su palabra de «personas de probada solvencia moral», pero sin una posibilidad de verificación y, a menudo, el testimonio incurre en contradicciones que indican la inequívoca presencia de la fabulación.

El caso de Miguel Hernández es paradigmático en este sentido. La fama o el prestigio del procesado favorece la proliferación de «salvadores» que nunca se presentaron ante un juzgado militar. La lista de quienes pretendieron salvar al poeta es larga, todavía es objeto de una indocumentada credulidad por parte de algunos periodistas y, sobre todo, parece inmune a las pruebas aportadas en Los consejos de guerra de Miguel Hernández (2022). Cuando una fábula ha circulado durante años casi queda convertida en un dogma cuyo cuestionamiento resulta incómodo.

Estas fábulas, a menudo utilizadas por quienes las profieren con desparpajo para procurar una memoria consoladora, solo pueden ser desmentidas mediante la consulta de la documentación que obra en los sumarios.  Sin embargo, también cabe otra posibilidad menos frecuente porque requiere la participación de la víctima. La relectura del volumen colectivo Periodismo y periodistas en la Guerra Civil (1987) me ha recordado una historia relacionada con las vicisitudes de ABC durante la guerra que no precisó de documentación alguna, por entonces inaccesible, porque fue la propia víctima quien puso en evidencia al fabulador.

Elfidio Alonso Rodríguez (1905-2001), el joven director canario del ABC republicano, salvó su vida porque pudo marcharse al exilio poco antes de terminar la guerra. Después de cincuenta años sin hablar en público, el ciclo de conferencias en que se basa el citado volumen le permitió citar un texto de Juan Ignacio Luca de Tena (1897-1975) extraído de su libro de memorias Mis amigos muertos publicado en 1971. En él escribe de su llegada a la redacción el mismo día en que las tropas del general Franco entraron en Madrid:

Bajó al cabo la redacción usurpadora con su director, don Elfidio Alonso, a la cabeza; entregaron la casa a Pastor y a Cuartero y enseguida se marcharon a la calle. Por cierto, que el tal don Elfidio fue condenado, semanas después, por un tribunal militar y que los nuevos directores de los periódicos de Madrid, José María Alfaro, Juan Pujol, Víctor de la Serna, Juan José Pradera, Joaquín Valdés y un servidor de ustedes, acudimos al Caudillo para pedirle el indulto del señor Alonso, quien, si vive que sea por muchos años, andará a estas horas paseándose por las calles de Madrid (1971: 322-323).

El republicano Elfidio Alonso Rodríguez no fue sometido a un sumarísimo de urgencia porque por entonces, durante la inmediata posguerra, estaba en un campo de concentración francés. De ahí saldría con destino a varios países donde permaneció exiliado. Y, afortunadamente, el periodista vivió hasta casi ser centenario, pero tardó mucho en pasear por Madrid porque tuvo la coherencia de esperar a la muerte del general Franco para volver. La entrada de las tropas en la redacción de ABC, con la consiguiente entrega del mando, no debió ser un acto entre caballeros que se comportan como aristócratas de una comedia de teléfonos blancos. La imagen solo reside en la capacidad fabuladora de quien afirma escribir unas memorias donde cita a colegas que nunca le iban a desmentir, entre otros motivos porque andaban igual de necesitados de ese blanqueamiento. 

Al menos, en 1986 a Elfidio Alonso Rodríguez le brindaron la oportunidad de hablar en público y demostrar, con una elegancia exquisita hacia el fallecido, que Juan Ignacio Luca de Tema había tergiversado la realidad, como su colega José María de Alfaro, que dijo haber intentado salvar a Miguel Hernández y calló acerca de su padre y presidente del tribunal que le condenó: el comandante Pablo Alfaro Alfaro.

Las personas de «probada solvencia moral» podían ser tan elegantes y cultas como el marqués de Luca de Tena, miembro de la RAE. No obstante, al cabo de los años, falsificaron el pasado con desparpajo de pícaro porque sabían que los suyos nunca se lo recriminarían. Y los otros, claro está, eran unos «rojos» como el periodista canario de Unión Republicana, que ni siquiera llamó mentiroso a quien, a la vista de las pruebas, lo había sido de una forma palmaria:

No deja de ser curioso este ejemplo de «información» objetiva de tan destacado periodista; pero lo es más aún que un consejo de guerra me haya condenado en ausencia y que el Caudillo concediera mi indulto, sin averiguar que por aquel entonces yo andaba tras el Pirineo evadiéndome de los campos de concentración franceses. Afortunadamente, todavía me faltaba recorrer mucho camino, hacer otros periódicos, ser espectador de más episodios de guerra y del nacimiento y desaparición de unos cuantos dictadores (VV. AA., 1987: 123).

Eso sí, por si acaso el periodista republicano hubiera mentido también, he comprobado que el sumario de su supuesto consejo de guerra no figura en el AGHD. A nombre de Elpidio Alonso Rodríguez está el 113451, pero por la numeración nunca pudo ser de 1939 o principios de 1940. Cabe la posibilidad, desconocida al parecer por el periodista, que fuera procesado en rebeldía. Según la tesis doctoral de María Gabino Campos, Vida y obra periodística de Elfidio Alonso Rodríguez (2002), el citado director de ABC formó parte del exilio.

Los servicios de inteligencia identifican a Santiago de la Cruz Touchard

El periodista Santiago de la Cruz Touchard, poco después de finalizar la Guerra Civil, se encontraba preso en el campo de concentración de Navalperal de Pinares (Ávila). Quien fuera letrista de canciones populares, secretario del célebre charlista Federico García Sanchiz y novelista galante, aparte de dramaturgo de aires costumbristas, en 1934 ingresó en el PCE. Tras pasar por la redacción de Mundo Obrero como secretario del ministro Jesús Hernández, durante la contienda llegó a ser comandante condecorado por su actuación en el frente de Brunete y Quijorna. El preso del citado campo de concentración era un oficial republicano que acabaría condenado a muerte el 16 de enero de 1940.

El 19 de mayo de 1939, el Servicio de Inteligencia de la Policía Militar (SIPM) mandó un telegrama al responsable del campo de concentración. El motivo era que, gracias a las proyecciones en el madrileño cine Fuencarral de la coproducción hispano-alemana titulada España heroica. Estampas de la Guerra Civil (1938), de Joaquín Reig, se había identificado al individuo que en el minuto trece aparece junto al embajador soviético. A su izquierda está Santiago de la Cruz Touchard; sonriente, satisfecho y con el puño en alto.

Los instructores del sumarísimo de urgencia que terminó con la condena a muerte no prestaron atención a esta prueba de cargo, que evidencia una vez más la utilización en la represión franquista de las imágenes filmadas por los republicanos. Vistos los dos sumarios de Santiago de la Cruz Touchard depositados en el AGHD, aquellos instructores disponían de otras pruebas gráficas. En concreto, dos fotos donde aparece el preso junto a La Pasionaria en la cárcel a principios de 1936 y entrevistado cuando estaba organizando una unidad de Caballería adscrita al Quinto Regimiento. Y, por otra parte, los vencedores habían incautado documentos y cartas que sirvieron para justificar una condena a muerte que, tras su conmutación, dio paso a un dramático deambular de cárcel en cárcel con castigos incluidos.

Santiago de la Cruz Touchard debió ser un hombre valeroso o una víctima de las torturas, pues en los interrogatorios admitió sin disimulos su militancia comunista hasta julio de 1938, cuando dice haber sufrido un atentado cuyo origen no aclara. No obstante, siguió leal al ejército republicano y en enero de 1939 todavía le identificamos como responsable de un centro de instrucción donde haría valer una formación militar iniciada entre 1919 y 1924, cuando era sargento de la policía indígena de Tetuán. Uno de sus tíos, el general republicano Manuel de la Cruz, prueba que la vocación militar estuvo presente en aquella familia, donde hay otros oficiales destacados.

Los servicios de inteligencia de los vencedores contarían con un denunciante capaz de identificar al protagonista del fotograma arriba reproducido, buscar su localización en un campo de concentración y ponerse en contacto con su responsable para añadir una prueba de cargo que, en aquel contexto, aseguraba una condena a muerte. 

La prueba ha quedado en el expediente durante ochenta y cinco años hasta que, al examinarla, me puse en movimiento, vi la citada película y recuperé en colaboración con mi hijo el fotograma del sonriente periodista. La película completa está disponible en la web de RTVE y forma parte del segundo capítulo de una serie realizada bajo la dirección de mi colega Julián Casanova.

El denunciante capaz de propiciar el fusilamiento de un preso no culminó su propósito. Santiago de la Cruz Touchard sobrevivió a múltiples dificultades tras ser indultado en 1947 y partir después al exilio en México. No obstante, pudo volver a Madrid en los años sesenta y conocer a su nieta Sandra, con quien se fotografió poco antes de fallecer.

Santiago de la Cruz Touchard mantiene la misma sonrisa que en el verano de 1936, pero en esta ocasión la compañía es más entrañable. Algo similar sucede en la siguiente fotografía, también tomada en el Madrid de principios de los años sesenta:

Sandra, la nieta, ahora es una destacada profesional de RTVE. Hoy, gracias a los servicios de inteligencia de quienes pretendieron terminar con la vida de su abuelo, ha descubierto que en la web de su propia empresa tenía unos fotogramas, apenas unos segundos, de un abuelo al que apenas pudo conocer y del que ignoraba, por el prudente silencio de quienes nunca comprometían a sus familiares, el pasado como novelista galante de aspecto refinado que luchó como miliciano antifascista y penó de cárcel en cárcel.

Vistas las fotos que me mandó Sandra y el fotograma recuperado, aparte de las incluidas en anteriores entradas de este blog (6 y 25 de octubre), me quedo con la imagen de un hombre sonriente y elegante, con esa pajarita como signo de distinción que le recordaría los tiempos en que se retrataba provisto de un bastón para subrayar su elegancia. Tal vez selecciono esa combinación, a partir de unos rasgos aislados, porque siempre habría sido la suya en el caso de haber podido vivir en una España democrática. No tuvo esa suerte, pero la memoria le devuelve al lugar donde es posible sonreír.

El extenso capítulo dedicado a Santiago de la Cruz Touchard aparecerá en la continuación de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores (Sevilla, Renacimiento-Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2023), cuya aparición está prevista para marzo de 2025.

La «rebeldía» del masón Mateo Hernández Barroso

 

El 18 de abril de 1939, comparecen en una comisaría de Valencia del Cid los agentes que han localizado el local ocupado durante la guerra por la logia masónica Liceo de Levante (AGHD, 7980). Aparte de identificar a la portera del inmueble como testigo o acusada -nunca queda clara la condición-, aportan una serie de nombres como posibles miembros de la citada logia. Uno de ellos es el del veterano polígrafo Mateo Hernández Barroso (1874-1963), aunque en ningún momento se le cita como periodista o escritor. De hecho, sus intereses culturales fueron múltiples, desde las matemáticas hasta las telecomunicaciones pasando por la historia y la música. Su libro Cables submarinos (1918) constituyó, al parecer, un hito en materia tan especializada y seis años después publicó La ectoplasmia y la clarividencia. El título nos remite a su faceta como masón desde el 27 de agosto de 1919, cuando ingresó en la Logia Hispano Americana n.º 379 del Gran Oriente Español.

La instrucción del sumario 7980, sin embargo, no alumbra nada acerca de este polifacético encausado, salvo que Mateo Hernández Barroso no contaba con antecedentes penales. La circunstancia es común entre la inmensa mayoría de los procesados durante la posguerra y el correspondiente documento incluye la impresión de un sello ya familiar para los investigadores: «Ninguno». Su utilización evitaba escribir a mano una palabra mil veces repetida. Para rematar el silencio o la ignorancia de los instructores, el 9 de mayo de 1939, el coronel jefe de la Columna de Orden y Policía de Ocupación de Valencia del Cid afirma que su ficha «no aparece en el fichero obrante en esta jefatura». La investigación judicial no estaba prevista para tales casos. La prioridad era resolver decenas de miles de sumarísimos en un tiempo récord.

Ante la ausencia de cualquier referencia al masón y afiliado a Izquierda Republicana que ocupara importantes cargos durante el período republicano -entre otros, fue director general de Telecomunicaciones en plena guerra- y su incomparecencia reiterada en el correspondiente juzgado, el 18 de marzo de 1940 el instructor Alfonso Bernaldero Ávila declara en rebeldía procesal a Mateo Hernández Barroso. La noticia no me consta que apareciera publicada y, desde luego, no llegaría al afectado.

El también crítico musical en distintas cabeceras ya había sido procesado en Madrid a resultas del sumario 3031, instruido en 1939 y también depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa. El diccionario de Manuel Aznar Soler (2016) le sitúa por entonces en el exilio de Francia camino de México. La comprobación del destino es obvia a la vista de las ediciones de su última etapa, pues en la capital azteca aparecieron los volúmenes El oso y el madroño (1954) y Mitología latina (1954). Mateo Hernández Barroso fue declarado en rebeldía tanto en Valencia como en Madrid porque su nombre figura en el activo exilio de los republicanos en México.

El sumario instruido en la capital le señala como «muy destacado marxista». La caracterización aparece en un informe emitido por José Casado Moreno, secretario del Juzgado Especial del Ayuntamiento de Madrid, donde trabajó el encausado como «maestro especial» sin que el dato aparezca en los perfiles biográficos publicados hasta el momento. Sin embargo, la instrucción no aporta prueba alguna acerca de esa supuesta relevancia en el marxismo español. Tampoco documenta su actividad propagandística constatada por la prensa, al menos cuando el republicano pronunció una alocución radiofónica donde criticaba a los altos cargos dispuestos a abandonar Madrid por miedo a las represalias de los sublevados (La Libertad, 16-X-1936).

Al margen del exilio indicado en distintas fuentes y constatado gracias a las referidas publicaciones, la posibilidad de ser declarado en rebeldía procesal por estar sometido a un procesamiento en otra localidad, incluso en una misma localidad cuando era como Madrid o Barcelona, es bastante frecuente en el marco caótico de la justicia militar durante la posguerra. Por falta de medios y tiempo, también por el desbordamiento que provocó la masiva represión de la Victoria, estos errores son habituales y a veces cuestionan la fiabilidad de la documentación analizada por el historiador.

El sumario 3031 del AGHD se instruyó en Madrid poco antes que el valenciano y con resultados similares, pues Mateo Hernández Barroso fue un encartado misterioso para las autoridades franquistas que nada sabían de su amistad con Manuel Azaña y otros contertulios del café Regina. El 18 de abril de 1939, el citado secretario del Juzgado Especial del Ayuntamiento de Madrid emite el primer informe sobre el masón que trabajaba como «profesor especial», circunstancia corroborada al día siguiente por el propio Ayuntamiento inmerso en las tareas de la depuración. A partir de lo constatado en ambos documentos, que es bien poco en comparación con la trayectoria republicana del encartado, el auditor Ángel Manzaneque Feltrer ordena que se instruya el sumarísimo de urgencia 6864 contra Mateo Hernández Barroso.

La orden, sin que me conste una documentación que la complete, debió quedar en el limbo de aquel caos jurídico donde a menudo los instructores actuaban a partir de datos fragmentarios y poco relevantes acerca de los encartados. Más sorprendente todavía es la decisión de decretar la prisión atenuada, se supone que sería en su domicilio, para quien no había sido localizado. La orden del Juzgado Permanente n.º 18 está firmada el 28 de abril de 1939 y en el sumario 3031 no consta que se cumpliera. De hecho, nadie consiguió conocer el paradero del masón con un amplio historial en las logias. Los agentes de la Dirección General de Seguridad lo intentaron, según informe emitido el 24 de julio de 1939, en el domicilio que les constaba de la calle Suero de Quiñones, n.º 13, y en la «Escuela Normal de Maestros y Profesores». El resultado fue nulo en ambas ocasiones. Nadie aportó información acerca del paradero de quien, por su edad y actividades, debió ser conocido entre la vecindad o los colegas del ayuntamiento.

Ante semejante falta de referencias y la imposibilidad de llevar a cabo una investigación policiaca, Mateo Hernández Barroso es declarado en rebeldía el 14 de octubre de 1939; es decir, cinco meses antes de que hiciera lo mismo el juzgado de Valencia, que no debió tener información acerca de lo sucedido en Madrid. La decisión se tomó tras aparecer la correspondiente requisitoria en la prensa de la capital por orden del 26 de septiembre de 1939, que fue efectivamente cumplida en el diario Madrid, según consta en el sumario 3031. El problema es que Mateo Hernández Barroso no leería la noticia por estar muy lejos de la capital. La prensa franquista, con sus requisitorias a la búsqueda de un hipotético lector, ni siquiera sería leída con asombro en México.

Finalmente, y ante lo infructuoso de las actuaciones judiciales realizadas para detener al «muy destacado marxista», el 24 de octubre de 1939 el tribunal del consejo de guerra celebrado en Madrid declara sobreseído el caso por no haber localizado al rebelde. Nadie avisó a los colegas de Valencia, que siguieron poco después el mismo camino con similares resultados. La comunicación entre los juzgados de la posguerra presenta múltiples deficiencias y estas duplicidades son frecuentes. No obstante, alguien debió pensar que Mateo Hernández Barroso acabaría presentándose ante las autoridades militares del franquismo, pues su caso no fue archivado hasta el 13 de diciembre de 1944 por orden del auditor general.

Mientras tanto, el masón interesado por múltiples y heterogéneas facetas culturales o científicas debió quedar ajeno a las actuaciones judiciales. Tampoco tendría noticias de su procesamiento en ausencia por parte del TERMC, según consta en los catálogos del CDMH (TRRPM, 148; causa n.º 493/42 por masonería). Entre otros motivos, porque Mateo Hernández Barroso estaba en el exilio recordando los tiempos vividos junto a figuras como Valle-Inclán en las tertulias más significativas del momento. Así consta en El oso y el madroño, un volumen recopilatorio y testimonial. Por desgracia, lo publicado en México no impidió que su nombre acabara remitido a los diccionarios del exilio, donde tanto esfuerzo queda inevitablemente reducido a una entrada o una ficha bio-bibliográfica. Mateo Hernández Barroso nunca volvió a destacar en materia de marxismo, que seguramente le sería tan ajeno como las órdenes dictadas para localizarle en Madrid y procesarle, aunque fuera en ausencia porque jamás cabía el olvido en los tribunales de la represión. Cumplidos los sesenta, don Mateo fue oficialmente un rebelde, aunque solo fuera procesal por la incompetencia o la falta de documentación de quienes intentaron procesarle.

 

 

 

 

Periodistas y escritores republicanos: las cifras de la represión

 Foto: Manuel Navarro Ballesteros

La microhistoria que cultivo en mis investigaciones sobre la represión franquista ejercida contra periodistas y escritores durante la posguerra necesita siempre un complemento: la historia, que nos aporta las dimensiones de unos fenómenos con el riesgo de minusvaloración o sobrevaloración en el caso de ignorar los datos facilitados por los estudios dedicados a observarlos en sus grandes líneas.

Las armas contra las letras parte de casos particulares que pretendo analizar de forma tan exhaustiva como rigurosa. Nunca he buscado aportar cifras, datos o valoraciones globales sobre las dimensiones de la citada represión. No obstante, procuro conocerlos para evitar el riesgo arriba indicado. Esta necesidad me lleva a la consulta de estudios académicos -ahora mismo estoy completando los citados en el primer volumen de Las armas contra las letras con los de mis colegas Marc Carrillo y Pablo Vico- y, por supuesto, estoy en contacto con otros investigadores para intercambiar información.

Esta última circunstancia me ha permitido conocer, antes de ser publicado por Renacimiento, varios capítulos del trabajo realizado por Juan Carlos Mateo Fernández a partir de su tesis doctoral, que ha sido completada gracias a una paciente y completísima investigación de varios años.

Juan Carlos Mateo Fernández me ha facilitado una copia del capítulo IV, dedicado a la relación de periodistas represaliados dentro del ámbito temporal y geográfico que compartimos en nuestras tareas de investigación. A continuación, voy a extractar esos datos como prueba de que la represión analizada en este blog nunca es un fenómeno puntual o esporádico.

Los periodistas republicanos que fueron ejecutados son trece si ampliamos el marco cronológico al inicio de la Guerra Civil: Luis Díaz Carreño, Fernando Sánchez Monreal, Ángel de Guzmán Espinosa, Fernando Mora Martínez, Federico Angulo Vázquez, Juan Manuel Valdeón Garrido, Augusto Vivero Rodríguez de Tudela, José Ramón Peña Brea, Pedro Luis de Gálvez López, Manuel Navarro Ballesteros, Cayetano Redondo Aceña, Carlos Gómez Carrera, Francisco Cruz Salido y Julián Zugazagoitia. A esta lista habría que añadir los fusilados en otras regiones, como, por ejemplo, el hermano periodista del cartelista Ramón Puyol en Cádiz o la periodista Matilde Zapata Borrego en Cantabria. Ambos casos los analizo en Las armas contra las letras.

Los colaboradores habituales en la prensa republicana que fueron ejecutados son diez: Manuel Hilario Ciges Aparicio, Alejandro Peris Caruana, José Gómez Osorio, José Serrano Batanero, Enrique Peinador Porrúa, Feliciano Benito Anaya, Amós Acero Pérez, Carlos Rubiera Rodríguez, Luis Sendín López y Alfredo Cabello Gómez-Acebo.

Los periodistas republicanos muertos en prisión son cinco: Ricardo Flores Mora, José Izquierdo Durán, Antonio de Hoyos Vinent, Miguel San Andrés Castro y José Ponce Bernal. A estos nombres podríamos añadir el de Miguel Hernández, pues fue condenado en su calidad de periodista, no de poeta.

Los periodistas republicanos muertos en combate, en el frente de batalla y en bombardeos enemigos son diez: Alfonso Cernadas Baleato, Manuel Fernández Álvarez, Leonardo dos Santos Moraes, Jaime Cubedo, Louis Delaprée, Elías García, Germán Yusti Morales, Gerda Taro, Víctor Gabirondo Sarabia y Mauro Bajatierra Morán. Un repaso exhaustivo de la prensa madrileña nos aportaría probablemente algunos nombres más, sobre todo durante el verano de 1936 y en el marco de la movilización miliciana. Algunas breves notas necrológicas leídas en el marco de mis consultas así lo indican.

Los periodistas republicanos muertos en la retaguardia son diez: Francisco Sancha Lengo, Joaquín Aznar Delgado, Luis de Tapia Romero, José Sánchez Álvarez, Ramón Martínez Sol, Francisco Ginestal Maroto, José María Pérez y Pérez, Narciso Díaz de los Arcos, Ildefonso Maffiotte Castro y Esteban Fernández Piquer.

Los periodistas republicanos condenados a muerte en consejos de guerra celebrados en el ámbito territorial seleccionado son treinta y siete: Ramón Ariño Fuster, Natividad Adalia Cardillo, Antonio Agraz Gutiérrez, Mariano Aldabe, Eduardo de Castro, Santiago de la Cruz Touchard, Antonio Espina García, Mariano Espinosa Pascual, José Manuel Fernández Gómez, Francisco Ferrándiz Alborz, José Fragero Pozuelo, Antonio González de Linares y de la Vega, Valentín Gutiérrez de Miguel, Eduardo de Guzmán Espinosa, Eduardo Haro Delage, Francisco Javier Lapoya Serraller, Ángel María de Lera García, Alberto Marín Alcalde, Enrique Martínez Echevarría, Andrés Martínez de León, Federico de la Morena Bilbao, José Luis Moreno Sancho, Enrique Paradas del Cerro, Félix Paredes Martín, Virgilio de la Pascua Garrido, Fernando Perdiguero Camps, Carlos Pérez-Ortiz Merino, Alejandro Pizarroso, Aselo Plaza Vinuesa, Ramón Puyol Román, Cipriano Rivas Cherif, José Robledano Torres, Diego San José de la Torre, Enrique Sánchez-Cabeza Earle, Modesto Sánchez Monreal, Manuel Villar Mingo y Manuel Zambruno Barrera. A esta lista también podríamos añadir nombres célebres como, por ejemplo, el del novelista Ángel María de Lera y el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, pues ambos condenados a muerte acabaron participando en distintas publicaciones periódicas.

Para no alargar demasiado el listado y siempre dentro de un ámbito territorial equivalente al cubierto por el AGHD, cabe también indicar que los periodistas republicanos condenados a penas de treinta años de cárcel son veintidós, los condenados a veinte años son cinco, los condenados a doce años son once y los condenados a seis años de cárcel son cinco. También hay que reconocer la existencia de tres periodistas o colaboradores republicanos que fueron absueltos en sus consejos de guerra: Ramiro Gómez Zurro, Julián Marías Aguilera y Aníbal Tejada Cassio.

Los listados corren el riesgo, aparte de la posible inexactitud, de mezclar situaciones que no siempre son coincidentes. Esta circunstancia debe evitar interpretaciones apresuradas que no cuenten con los estudios pormenorizados de los diferentes casos. Ese es el trabajo que pretendo realizar con las entregas de Las armas contra las letras, cuyo primer volumen está a punto de aparecer. No obstante, las cifras, por muchas matizaciones que podamos introducir, son dignas del espanto ante tamaña represión.

Los correspondientes sumarios fueron instruidos en diferentes juzgados por las razones que indico en Las armas contra las letras, pero el especializado en lo referente a los periodistas fue el Juzgado Militar de Prensa, sito en la plaza de Callao, 4. Dados los listados arriba indicados, parece comprensible que la actividad en el mismo fuera incesante durante la inmediata posguerra. Poco a poco, sumario a sumario, iremos alumbrando lo sucedido en aquellas dependencias judiciales siendo conscientes, gracias a los colegas investigadores, de las cifras globales de la represión ejercida contra los periodistas y escritores republicanos.