La historia solidaria de Diego y Antonio Alba Cotrina

 Diego Alba Cotrina, redactor de Oasis

El periodista extremeño Diego Alba Cotrina (1909-1981) no fue movilizado por su discapacidad física, pero combatió en las trincheras de las cabeceras republicanas y perdió la guerra antes de cumplir los treinta años. La perspectiva de quedarse en Madrid tras haber formado parte de la redacción de Mundo Obrero era preocupante, pero su cojera tampoco le permitiría ir demasiado lejos. Consciente del peligro que corría junto con sus colegas de la prensa, el también colaborador de El Sol, ABC y Blanco y Negro permaneció en la capital gracias a la hospitalidad de su hermano Antonio, un alférez del ejército vencedor al que sacó de una checa durante la guerra. La solidaridad fraternal, transmitida por fuentes de la propia familia, es una constante de este relato.

El amparo de una familia bien vista por los vencedores no suponía una garantía para evitar la detención, la cárcel y el sumarísimo de urgencia. Tampoco el de otras personas de derechas a las que el joven procedente de Alburquerque ayudó cuando estaba en condiciones de hacerlo. En cualquier caso, no había alternativas para Diego Alba Cotrina y solo cabía confiar en una suerte que, a tenor de lo visto en estos volúmenes dedicados a los periodistas y escritores, casi siempre era esquiva para los vencidos. El extremeño no fue una excepción, pero salió mejor parado que otros colegas y amigos.

La detención de Diego Alba Cotrina llegó pronto porque toda la población que había permanecido en Madrid estaba bajo sospecha. El 17 de junio le detuvieron acusándole de haber participado en un registro domiciliario durante «la época roja» y lo trasladaron a las dependencias policiales de la calle Almagro, 36, de sombrío recuerdo para muchos republicanos por la generalizada práctica de la tortura. Allí encontró detenidos a dos colegas y amigos: Manuel Navarro Ballesteros y Eduardo de Guzmán, que ya estaban camino de afrontar una condena a muerte como responsables de Mundo Obrero y Castilla Libre respectivamente. Su acusación era algo menor y, ante la posibilidad de salir libre, el primero le pidió que contactara con su novia para disponer de comida y el segundo que hiciera lo mismo con su madre, a la que pretendía tranquilizar tras varias semanas sin saber el paradero de quien pretendió exiliarse desde el puerto de Alicante.

Manuel Navarro Ballesteros

El 20 de junio Diego Alba Cotrina recobró la libertad y cumplió los encargos con la solidaridad que le caracterizaría a lo largo de su trayectoria biográfica. El extremeño llamó a la madre del periodista anarquista, le facilitó su localización y a partir de ese momento la mujer inició unas gestiones decisivas para que los militares conmutaran la pena de muerte de Eduardo de Guzmán. El otro encargo era más comprometido. Para llevarlo a cabo sin levantar sospechas, recurrió a su sobrino Antonio, de dieciséis años, que trabajaba en el picadero de su padre y se personó en el domicilio de la mecanógrafa Concepción García Morán. La joven de veintidós años había formado parte de la plantilla de Mundo Obrero y permanecía en libertad junto con su madre. La supuesta novia de quien fuera director de la cabecera comunista recibió el encargo y, agradecida porque Manuel Navarro Ballesteros le había traído alimentos de Valencia durante la guerra, intentó llevarle comida a las dependencias de la calle Almagro.

Concepción García Morán pronto encontró otro trabajo en el Madrid de la Victoria como mecanógrafa. Dado su horario laboral, la joven que vivía con su madre no podía llevar la comida personalmente al director de Mundo Obrero. La alternativa fue recurrir a su amiga Elena Iturrino Delvina, una perfecta desconocida en los archivos que realizó el encargo sin problemas los días 4, 5, 6 y 7 de julio. A partir del 8 le sustituyó Carmen Otero Pérez, de treinta años, antigua mecanógrafa del diario comunista y en paro desde el final de la guerra.

La necesidad de comer se solapaba con la solidaridad a menudo porque el objetivo predominante era sobrevivir en aquel Madrid. Ante la posibilidad de que el favor a la amiga le ayudara a encontrar trabajo gracias a las gestiones de Concepción, Carmen afrontó el peligro de entrar en las dependencias de la calle Almagro hasta que el domingo 9 tanto ella como su amiga fueron detenidas. Las autoridades penitenciarias no garantizaban la alimentación de los presos y, al mismo tiempo, sospechaban de quienes las suplían en este menester. La actitud es propia de quienes buscan el exterminio del «enemigo».

El motivo de la detención lo explican los agentes que así procedieron en la declaración efectuada ante la División de Investigación Política del SIPM, en la calle Alcalá, 82. Los policías destinados en las dependencias de la calle Almagro sospecharon que «las espléndidas comidas» recibidas por Manuel Navarro Ballesteros respondían a una iniciativa del Socorro Rojo, «ya que dicho sujeto había manifestado no tener parientes ni amigos en Madrid». El periodista comunista los tenía porque procedía de una familia numerosa, pero todos los miembros de la misma estaban encarcelados, huidos o deseosos de que nadie se acordara de su existencia.

La detención de Concepción García Marín y Carmen Otero Pérez, por llevar «espléndidas comidas» a un detenido sin fortuna ni familia, pronto acarreó la de Diego Alba Cotrina como responsable de la iniciativa solidaria en respuesta al encargo de los colegas recluidos en la calle Almagro. Ellas habían trabajado como mecanógrafas en Mundo Obrero durante la guerra, no pudieron justificar a satisfacción de los agentes la motivación de su solidaridad y quedaron encarceladas en Las Ventas, mientras que el periodista de la misma cabecera pasó a las dependencias penitenciarias de Conde de Torrijos.

Las cárceles de la época eran un horror de hacinamiento y miseria donde la supervivencia en buena medida dependía del azar. Allí permanecieron las dos mujeres, sin que los militares les formularan una acusación, hasta el 6 de marzo de 1940, cuando el auditor mando instruir el sumario 61571 al titular del Juzgado Militar Permanente n.º 17, el comandante José M.ª Sousa y Casani.

Los casos de ambas mecanógrafas acabarían sobreseídos poco después tras recabar las declaraciones de las detenidas y los informes acerca de su conducta durante la guerra y el Glorioso Movimiento Nacional. Para entonces habían pasado ocho meses en la cárcel por llevar comida al comunista Manuel Navarro Ballesteros. El sobreseimiento vino, en realidad, cuando se había consumado una brutal condena a la vista de las acusaciones que constan en el citado sumario del AGHD. La circunstancia conviene tenerla en cuenta a la hora de elaborar estadísticas cuyas cifras esconden estas realidades desveladas por la microhistoria. Las protagonistas de las mismas suelen ser mujeres que casi nunca constan en los anales.

El 9 de julio de 1939 tuvieron lugar las primeras declaraciones de los tres encausados del sumario instruido por el comandante José M.ª Sousa y Casini. La mecanógrafa Concepción García Morán reconoce que en mayo de 1937 ingresó en la redacción de Mundo Obrero, donde trabajó hasta el final de la guerra y entabló amistad con Manuel Navarro Ballesteros, aunque obvia que era su secretaria. La declarante también admite que estuvo afiliada al PCE y el SRI desde enero de 1938. No obstante, afirma que se apartó de estas organizaciones cuando pasaron a ser clandestinas. Niega haber mantenido relaciones con otros antiguos militantes y declara que su encuentro con Diego Alba Cotrina, a quien conoció en la citada redacción, fue casual. Por último, admite haber gestionado la entrega de comida al compañero detenido con la ayuda de Elena Iturrino Delvina y Carmen Otero Peláez, a quien acompañó ese mismo día 9 de julio por ser domingo y tener la jornada libre. La policía le estaba esperando al constatar que Manuel Navarro Ballesteros recibía «espléndidas comidas» sin tener familiares en Madrid.

Carmen Otero Peláez manifiesta que llevó la comida a las dependencias policiales de la calle Almagro los días 8 y 9 de julio por solidaridad personal con un antiguo compañero de trabajo y sin pertenecer al SRI. Pasó a prisión al igual que su amiga y Diego Alba Cotrina, que declara haber ingresado en Mundo Obrero para proteger a su hermano Antonio. La afirmación es propia de una estrategia defensiva. Allí permaneció como redactor hasta el final de la guerra y conoció a Manuel Navarro Ballesteros, Concepción García Morán y Elena Iturrino Delvina, de la que nunca se supo a lo largo del sumario.

El periodista que llegó a Madrid en 1932 y colaboró con reportajes sin firma en la revista Oasis (1934-1936), dirigida a un lector viajero con alto poder adquisitivo, debió pasar meses en paro a tenor de los datos que nos constan. En su declaración reconoce su afiliación al PCE y el SRI durante la guerra «por ser obligatorio para trabajar en el periódico», aunque dejó atrás esa militancia porque «desde que abandonó el periódico rompió toda relación con el partido y todos sus componentes». Por último, el extremeño afirma haber estado recluido en su domicilio, probablemente el de su hermano Antonio, tras la llegada de las tropas del general Franco. Motivos le sobraban a la vista de las detenciones de todos sus colegas que permanecieron en Madrid.

La historia de la solidaridad con Manuel Navarro Ballesteros se complica con la presencia de una relación personal difícil de probar. Diego Alba Cotrina afirma que Concepción era la secretaria y novia del director de Mundo Obrero, pero por razones obvias ella lo niega para evitar el agravamiento de su situación procesal. El careo entre ambos encartados, mandado realizar por los responsables del SIPM, no aclara la cuestión, pero el resultado es el mismo: los tres interrogados ingresaron en la cárcel el 9 de julio.

Las fechas de la documentación incluida en los sumarios a menudo deparan sorpresas o incoherencias desde el punto de vista jurídico. Cuando todavía los tres encartados permanecían encarcelados, sin mediar ninguna diligencia que permitiera avanzar la instrucción, el titular del Juzgado Militar Permanente n.º 20 decreta su libertad provisional el 13 de marzo de 1940.

Poco después llegaron los correspondientes informes, cuyo conocimiento era preceptivo para adoptar esa medida. En el caso de las dos mecanógrafas corroboraron la decisión de dejarlas en libertad, pero en el de Diego Alba Cotrina la llegada de los documentos supuso una nueva detención, que se produjo el 5 de febrero de 1941. El tiempo transcurrido para localizarle, inusualmente prolongado a tenor de otros casos de la época, hace presumible una protección por parte de su hermano Antonio, cuya intervención también resultaría decisiva para que Diego dispusiera de numerosos y significativos avales durante la instrucción del consejo de guerra.

Antes de ser puesto en libertad, el 18 de enero de 1940. Diego Alba Cotrina declaró por primera vez en el juzgado de instrucción. El periodista ratifica la anterior declaración ante el SIPM y explica que ingresó en la redacción de Mundo Obrero «con el fin de proteger y ayudar a su familia y a su hermano, que se encontraban en Madrid, todas personas de derechas». La cita de Antonio Alba, alférez del ejército, resultaría decisiva a la hora de su sorprendente puesta en libertad antes de que llegaran informes comprometedores para su suerte procesal.

Mientras tanto, Concepción García Morán encuentra en el informe de la DGS fechado el 4 de abril de 1940 un aval para su estrategia de defensa que terminaría en el sobreseimiento. La policía señala que trabajó en la redacción de Mundo Obrero y militó en el PCE, pero que la mecanógrafa lo hizo para solventar «la crítica situación económica de su casa» y, además, «ha proporcionado informaciones a elementos nacionales que estaban en Madrid y cotizaba para el Socorro Blanco». Ambas circunstancias parecen entrar en contradicción con su comportamiento al ayudar a Manuel Navarro Ballesteros cuando estaba detenido, salvo que en esta ocasión prevaleciera una relación sentimental por encima del posible doble juego mantenido a lo largo de la guerra.

El informe de FET y de las JONS del 9 de abril acerca de Concepción García Morán va en la misma dirección que el de la DGS. Aparte de reiterar la difícil situación familiar de la mecanógrafa, esta «facilitaba noticias a todas las personas de derechas que conocía teniéndoles al corriente de todo lo que sucedía en Mundo Obrero». Nunca sabremos si la secretaria y supuesta novia de Manuel Navarro Ballesteros fluctuó entre los dos bandos a lo largo de la guerra, pero es evidente que, para buscar el sobreseimiento, estaba dispuesta a renegar de un pasado capaz de resucitar cuando se mostró solidaria con quien iba camino del paredón.

El 15 de junio de 1940 la Guardia Civil remite al juzgado su informe sobre Diego Alba Cotrina. El periodista desde junio de 1937 «trabajó como redactor en Mundo Obrero demostrando gran entusiasmo y colaborando en favor de la causa marxista, publicó varios artículos firmados por él elogiando y defendiendo la causa roja y censurando a la vez la actuación de nuestro Glorioso Ejército y de nuestro invicto Caudillo». Además, «es posible sin poderlo concretar en exactitud estuviese afiliado al partido comunista, requisito indispensable para poder trabajar en la redacción de Mundo Obrero, simpatizó con la causa marxista y estaba sindicado en la UGT».

Al margen de las redundancias de un informe tan mal redactado como la mayoría de los consultados en estas investigaciones, cabe subrayar, esta vez como novedad, que el mismo incluye un aval favorable al periodista. Rafael Hernández Ramírez de Alda, jefe de redacción de Informaciones que también había trabajado como cronista en La Libertad, según su ficha depositada en el CDMH. El avalista califica al encartado como no peligroso para el Glorioso Movimiento Nacional y como amigo recuerda su comportamiento solidario con personas de derechas durante la guerra. Lo sorprendente del aval es que figure en un informe de la Guardia Civil.

El posterior informe de la DGS, aparte de contener falsedades obvias y malintencionadas sobre el momento de la llegada a Madrid del periodista, presenta a un Diego Alba Cotrina que desde las páginas de Mundo Obrero destacó «por su campaña criminal antinacional, como lo reflejan multitud de artículos publicados en dicho libelo», «en todos los cuales califica a los nacionales de asesinos e injuria a nuestros invictos generales».

De acuerdo con los parámetros del por entonces disuelto Juzgado Militar de Prensa, esta acusación podía acarrear una condena a treinta años de reclusión mayor que evitaría la de muerte porque el periodista nunca ocupó un puesto directivo en el órgano oficial del PCE. Para sustanciarla en un consejo de guerra solo se necesitaba un informe acerca de los artículos publicados por el extremeño.

Al igual que sucediera en los sumarios instruidos por el juez Manuel Martínez Gargallo, esa labor fue encomendada al oficial que actuaba como secretario judicial. El teniente Narciso Reyes Rodríguez es el encargado de certificar los artículos localizados de Diego Alba Cotrina en una colección de Mundo Obrero de la que nadie indica su ubicación. El documento del secretario instructor sería la única prueba de cargo presente en el posterior consejo de guerra.

Otra sorpresa de este sumario es el comportamiento de la fiscalía al calificar los hechos el 29 de agosto de 1941. La petición es de reclusión, pero sin indicar los años. Tal vez, el fiscal así allanaría el camino para la posterior sentencia benévola dictada por el tribunal reunido el 8 de octubre de 1941 bajo la presidencia del teniente coronel José Guadalajara, que por entonces ya conocería el alud de avales favorables a Diego Alba Cotrina. Dado que sus firmantes son autoridades políticas, militares y eclesiásticas, incluso otros periodistas, cabe pensar que los mismos llegaron al juzgado gracias a la intervención de Antonio Alba Cotrina, que nunca olvidó a un hermano capaz de salvarle la vida según el relato de su hijo en una entrevista concedida a la cadena SER el 19 de marzo de 2018.

El tribunal condenó al periodista a doce años de prisión mayor que fueron ratificados por el auditor el 28 de octubre de 1941. La sentencia se puede considerar benévola de acuerdo con lo visto en casos similares instruidos en el Juzgado Militar de Prensa, pero lo más positivo para el periodista es que unas pocas semanas después salió en libertad condicional (BOE, 5-XII-1941). Posteriormente y de acuerdo con lo habitual en estos sumarios, le juzgaría el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas (CDMH, 75/00468) quedando indultado en 1944 porque tampoco tendría bienes sujetos a una posible expropiación. Los problemas judiciales siguieron durante años donde permaneció como sospechoso. No obstante, Diego Alba Cotrina, gracias a su hermano Antonio, los pudo afrontar en libertad condicional bajo la custodia del alférez, que así agradeció la solidaridad recibida durante la guerra.

La historia de Diego y Antonio reconforta al lector como todas aquellas donde predomina la hermandad por encima de las diferencias ideológicas o políticas. La solidaridad del primero fue correspondida por la del segundo, que también proporcionó trabajo a su hermano cuando salió de la cárcel con un futuro problemático. El historiador hace constar con agrado ese comportamiento que, de haberse extendido, habría dado lugar a una situación bien diferente a la vivida durante la Victoria.

Sin embargo, tras analizar decenas y decenas de sumarios, sabemos que esa fraternidad distó mucho de resultar habitual en los juzgados militares de la Victoria, por lo general poco o nada sensibles a los avales, los testimonios e informes favorables a los procesados. El balance de lo visto en el Juzgado Militar de Prensa nos recuerda la existencia de numerosos sumarios donde los avales fueron obviados cuando lo instruido pasó a los tribunales. Al igual que en tantas otras situaciones, el sistema represivo era el mismo, pero su aplicación dependía de la voluntad de quienes intervenían en los sumarísimos de urgencia. Diego Alba Cotrina no solo contó con la ayuda de su hermano Antonio, sino que también tuvo la suerte de caer en un juzgado donde el titular era más comprensivo que el juez instructor Manuel Martínez Gargallo.

 

 

El condenado a muerte que leía a Gabriel Miró

 José Expósito Leiva. Fuente: Archivo de la Democracia. UA.

Del Puente de Vallecas a Caracas

El anarquista José Expósito Leiva (1918-1978) fue condenado a muerte en un consejo de guerra celebrado en Madrid el 29 de febrero de 1940, cuando el antiguo dependiente de la librería Tormos, sita en la calle Jacometrezo, apenas contaba veintiún años y llevaba preso casi uno habiendo pasado por el Campo de los Almendros, el alicantino castillo de Santa Bárbara, la plaza de toros de la misma localidad y las cárceles madrileñas de Conde de Toreno y Santa Engracia. El destino se había truncado para un tímido vecino del Puente de Vallecas que militaba en las Juventudes Libertarias desde 1935, fue declarado inútil por incapacidad física al ser movilizado en enero de 1938 -solo realizó tareas burocráticas- y gozaba de buena opinión entre el vecindario. Así se evidencia en los avales depositados en el sumario 48550 del AGHD, que incluso cuenta con el del alcalde del Puente de Vallecas firmado el 5 de julio de 1939. Tal vez fuera redactado a instancias de una madre dispuesta a hacer todo lo posible para salvar la vida de su hijo preso.

La dramática circunstancia de esta represión, iniciada cuando el colaborador de la página juvenil de Castilla Libre intentó huir camino del exilio desde el puerto de Alicante, la relata el ubetense en un libro que en su momento pasó desapercibido, tal vez por la coetánea avalancha de otras obras similares, y que convendría reeditar a tenor del valor testimonial y la calidad literaria del texto: Memorias de un condenado a muerte (1978). José Expósito Leiva lo terminó de escribir «en un lugar de España, a 20 de octubre de 1947», cuando el memorialista permanecía en la clandestinidad como destacado miembro de la CNT desde su excarcelación (BOE, 19-III-1944) y un mes antes de escapar al exilio, que le llevó a Francia y Méjico para terminar afincado en Caracas desde 1949 hasta su fallecimiento. El anarquista con vocación política llegó a ser ministro del gobierno republicano en el exilio durante el año 1947 y siempre mantuvo su militancia anarquista, aunque fuera apartado de la CNT desde 1961 por su postura favorable a la formación de un partido. La condición de periodista queda probada gracias a la corresponsalía de la Agence France-Presse, que ejerció en Venezuela mientras colaboraba en la prensa local.

José Expósito Leiva fue un activo propagandista de las Juventudes Libertarias desde noviembre de 1936, cuando dejó el empleo en la librería Tormos al ser requerido por su amigo Amor Buitrago González para llevar a cabo esa labor en distintas localidades de Ciudad Real y Cuenca. Allí, ambos, junto con Progreso Martínez, dieron charlas e intentaron constituir agrupaciones libertarias. La labor la completó en la capital dando una charla en Unión Radio el 12 de octubre de 1937 para recordar la solidaridad de Méjico con la España republicana. También colaboró con seis artículos publicados entre noviembre y diciembre de 1937 en Castilla Libre, cuya página juvenil estaba a cargo del citado amigo del Puente de Vallecas, y otros en Juventud Libre, según consta en sus declaraciones sumariales.

Las Juventudes Libertarias de la capital le nombraron secretario de organización hasta su movilización y, tras desempeñar tareas burocráticas en el ejército, José Expósito Leiva salió de Madrid cuando las tropas del general Franco ya estaban en sus calles. Tras un viaje repleto de incidencias y peligros, llegó al puerto de Alicante con la esperanza de embarcar rumbo al exilio. Las circunstancias de aquellos miles de republicanos ya las conocemos, el joven las compartió con toda su crudeza, estremecedora a tenor del testimonio arriba citado, y acabó con sus huesos en el campo de Los Almendros. Desde allí pasó a la prisión habilitada en el castillo de Santa Bárbara y, tras una escala en el campo de concentración de Albatera, terminó haciendo una ronda por diversas cárceles de Madrid y Pamplona. En total, cuatro años y medio hasta la puesta en libertad condicional, que aprovechó para incorporarse a la lucha antifranquista durante cuatro años. Gracias a su activismo, llegó a formar parte del comité nacional de la CNT hasta la salida clandestina del país a fines de noviembre de 1947, rumbo de un exilio que en su caso resultó definitivo.

A pesar de su juventud y una salud delicada, José Expósito Leiva colaboró en la prensa anarcosindicalista de Madrid durante la guerra y realizó actividades propagandísticas hasta su movilización. Por lo tanto, el miembro de las Juventudes Libertarias forma parte del colectivo de periodistas y escritores procesados en los consejos de guerra del período 1939-1945. Su caso lo estudiaremos a continuación, pero antes convendría detenernos en una obra cuya lectura resulta recomendable porque, más allá del testimonio acerca de la represión, el texto evidencia una voluntad estilística y una formación literaria poco habituales entre quienes, por su juventud y circunstancias, vivieron unos años donde la lectura se convirtió en un hábito que debía superar innumerables problemas.

Un testimonio a rescatar

Memorias de un condenado a muerte destaca en su género por la honestidad de un testimonio donde lo político o histórico queda en un segundo plano ante el dramatismo del momento y la calidad de la prosa. El joven dependiente de la librería Tormos y miembro del ateneo libertario del Puente de Vallecas, donde probablemente accedería a unas lecturas poco probables por su modesta condición social, albergaba una vocación literaria compatible con su compromiso militante. El propio José Expósito Leiva da pistas acerca del origen de la misma cuando explica que, siendo un «adolescente triste» -también «tímido» a tenor de lo reflejado en el sumario-, ya era lector de Heine, Dostoievski y Bécquer, aparte de haber redactado las primeras poesías con la voluntad de convertirse en un periodista y escritor.

La guerra frustró sus esperanzas literarias, que quedarían relegadas por la urgencia de la propaganda al servicio del bando republicano. La derrota de 1939 y el frustrado intento de partir al exilio convirtieron esas esperanzas en una quimera, pero hasta en aquellas dantescas cárceles José Expósito Leiva buscó la oportunidad de leer como una manera de aferrarse a lo perdido. Así lo cuenta, con una delicadeza notable capaz de transmitir la emoción, en unas memorias estremecedoras que relatan el drama de una represión brutal.

Un ejemplo, que entresaco por afectar a dos procesados de la trilogía dedicada a los consejos de guerra, es el maltrato sufrido por el comunista Manuel Navarro Ballesteros y el anarquista Eduardo de Guzmán, recién llegados a Madrid procedentes del campo de Albatera. Junto con el autor siguieron el mismo itinerario represivo. Los policías militares del SIPM que interrogaron y maltrataron a ambos sabían de sus colaboraciones periodísticas y orientación política. Provistos de fotografías publicadas en las cabeceras donde los dos futuros condenados a muerte trabajaron, les obligaron a tragar unas donde aparecían La Pasionaria y Buenaventura Durruti. La escena fue motivo de carcajadas por parte de los miembros de la policía militar. Tal vez el relato carezca de la precisión de una crónica. Tampoco la misma se respeta en varios momentos de la obra testimonial, que revela diferencias con respecto a la documentación sumarial, pero en la pluma de José Expósito Leiva prevalece la voluntad de transmitir el horror que conoció en primera persona junto a tantos otros procesados y condenados a muerte como los arriba citados.

El espanto de lo vivido en el puerto de Alicante a finales de marzo de 1939 y en el Campo de los Almendros lo conocemos gracias a distintas obras testimoniales o el relato, tan preciso, de un Max Aub capaz de sintetizar el horror y la desesperación del momento. No sucede así, al menos en la misma medida, cuando hablamos de lo vivido en el castillo de Santa Bárbara, donde fueron recluidos muchos de quienes pasaron por aquellos enclaves de la derrota republicana. José Expósito Leiva fue uno de ellos y nunca lo olvidó. Sus Memorias de un condenado a muerte podrían haber dado cuenta de su proceso judicial, pero el mismo casi le resultaría desconocido como a tantos otros encartados que apenas disponían de información sobre la marcha de los sumarios. La opción elegida pasa por la desesperación de un joven que ve cercana la muerte y, cuando escapa de la misma, desde la clandestinidad evoca con todo su dramatismo los momentos de torturas y maltratos que observó hasta su procesamiento. Faltan nombres y detalles para darles un valor más histórico que testimonial, pero queda una descripción donde la intervención de la imaginación, en algunos pasajes, solo potencia la conmoción del lector ante unas torturas que sabemos generalizadas a partir de numerosas evidencias. La enumeración de esos ejemplos del horror resulta innecesaria. Vista la voluntad literaria del autor que justificaría la reedición de la obra, prefiero quedarme con la imagen de un joven que llegó a la prisión de Pamplona con la compañía de dos libros: Contra esto y aquello, de Miguel de Unamuno, y El libro de Sigüenza, de Gabriel Miró. El gesto, de supervivencia entre la barbarie, merece un recuerdo.

Los carceleros destinados en Pamplona, donde tantos sucesos merecieron el recuerdo de los presos y hasta la atención de los historiadores, le incautaron ambos ejemplares sin necesidad de que pudieran propiciar «lecturas marxistas». En aquella fría y masificada institución penitenciaria la lectura de Unamuno o Miró, o de otros autores ajenos a la barbarie, estaba prohibida por las autoridades. José Expósito Leiva perdió su preciada posesión que le permitía un mínimo de aislamiento a través de la imaginación compartida. Lo lamentó como tantas otras pérdidas, incluida la juventud, pero mantuvo la pretensión de convertirse en un escritor capaz de emular a los mejores. El camino quedó frustrado por las circunstancias de una vida que terminó a miles de kilómetros del Puente de Vallecas. Al menos, mientras lo intentó emprender sin la urgencia de lo propagandístico, el ubetense disfrutó de la compañía de autores como los citados. Su evocación en un libro donde predomina el testimonio del espanto siempre supone una eficaz ayuda. La subyacente voluntad estilística, la propia de quien lee la prosa mironiana en medio de las miserias de aquellas cárceles, bien merece una reedición.

José Expósito Leiva. Fuente: Wikipedia

Condenados a muerte por propagandistas

Amor Buitrago González y José Expósito Leiva eran, además de amigos, dos jóvenes libertarios del Puente de Vallecas. El primero ya había sido detenido en febrero de 1934 porque, como hijo de Victorino Buitrago García (1892-1942), que acabaría fusilado, participó en el activismo anarquista desde los diecisiete años (Jiménez Herrera, 2024). Poco antes de la guerra, el muchacho repartía sus días entre la venta callejera de la prensa libertaria y la participación en las actividades del ateneo del Puente de Vallecas sin menoscabo de la lucha sindical en huelgas como la de la construcción de Madrid, que le llevaron a la cárcel poco antes de iniciarse la guerra. El golpe de Estado supuso su excarcelamiento.

A partir del 18 de julio de 1936, el militante natural de Puertollano ingresó en las Milicias Confederales de la Región Centro, mientras que su padre asumió tareas más cuestionables en la retaguardia. Amor Buitrago González en noviembre de 1936 se acercó a la librería de la calle Jacometrezo donde trabajaba su amigo y le convenció para convertirse en un activista al servicio del anarquismo. Junto con Progreso Martínez, los tres iniciaron un camino por Cuenca y Ciudad Real que a finales de marzo de 1939 terminó en Alicante, donde Amor fue detenido en compañía de su padre iniciando así un peregrinaje por los centros penitenciarios paralelo al de José Expósito Leiva hasta que ambos jóvenes fueron procesados en el sumario 48550 del AGHD.

Tras pasar por el Campo de los Almendros, el castillo de Santa Bárbara y ser trasladados a Madrid, el 2 de julio de 1939 los dos anarquistas comparecieron ante la Brigada de Investigación Política del SIPM. Amor, de veinte años, reconoce su militancia en la CNT y la FAI, aparte de ser miembro de la Federación Ibérica de Estudiantes Revolucionarios, una escisión de la FUE promovida por las Juventudes Libertarias. Los golpes que recibiría le llevaron a completar el currículo con las colaboraciones en Juventud Libre y Castilla Libre, donde era responsable de la página juvenil que acogió la publicación de seis artículos de su amigo. Dadas las fechas y la índole de la confesión, ese día le cayó una pena que nunca bajaría de los treinta años tras una conmutación de la máxima.

José Expósito Leiva, de veintiún años, no tuvo una suerte mejor. También reconoce la militancia anarquista, aunque la circunscribe a las Juventudes Libertarias de las que en julio de 1937 llegaría a ser secretario de organización del comité regional. Junto con Amor y Progreso, participó en actividades propagandísticas en localidades de Cuenca y Ciudad Real, así como en Madrid, concretamente en Unión Radio con la intervención dirigida a México, donde -según su declaración- «ensalzó los lazos de unión con el referido pueblo». La confesión de José es menos grave porque excluye a la CNT y, sobre todo, a la FAI, pero lo reconocido por su amigo también tenía consecuencias para quien le acompañó hasta el final. De ahí, tal vez, que lamentara su derrumbe y la consiguiente delación para salvar su vida. En realidad, ambos jóvenes estaban condenados desde que comparecieron ante la policía militar.

Dos días después, Amor Buitrago González volvió a declarar para ratificar lo dicho acerca de su actividad como propagandista. En lo referente a los artículos publicados en Castilla Libre, defendió «la necesidad de llegar a la unificación de todas las juventudes para la consecución de la alianza antifascista». La afirmación parece contraria a una hipotética exculpación. Asimismo, reconoce que impulsó la creación de la FIER como escisión de la FUE, pero intenta evitar la pena de muerte cuando se desvincula de cualquier acto violento: «Que su actuación se ha limitado a hacer intensa propaganda, sin que por su parte se hayan hecho registros, detenciones o asesinatos». Su padre, al parecer, no pudo afirmar algo similar y acabó fusilado (Jiménez Herrera, 2024).

El mismo día vuelve a declarar José Expósito Leiva, que sigue una táctica similar a la de su compañero: reconoce las actividades propagandísticas, aunque nunca por iniciativa propia, para a continuación quedar al margen de actos violentos que le pudieran llevar al paredón: «Que espera que las informaciones que se practiquen acreditarán que no ha participado en delitos sangrientos ni ha preconizado la violencia, o sea crímenes o persecuciones y que aunque públicamente no le había sido posible desautorizar la represión llevada a cabo por los propios anarquistas, privadamente la condenó siempre y en términos generales se manifestó contra los métodos del terror». Al margen de la táctica defensiva, la afirmación parece coherente con la actitud ante la violencia mostrada en sus citadas memorias.

Hasta este momento las actuaciones forman parte de unas diligencias previas. El 15 de septiembre de 1939, el auditor ordena la instrucción del sumario 48550 al Juzgado Permanente n.º 9. Su titular, el capitán Rafael de Villasanta Cruz, recopila varios avales de quienes conocían a José Expósito Leiva y solicita el correspondiente informe de la DGS. El mismo llega el 29 de diciembre y solo aporta como cargo la realización de una intensa actividad propagandística, que al parecer llevó al encartado a desplazarse a París con motivo del 1 de mayo de 1937. Asimismo, reconoce que el joven no sirvió en el ejército por su «inutilidad física» y, de manera un tanto sorprendente a tenor de otros informes, afirma que el encartado «está conceptuado como persona de buena conducta y calificado como persona tímida, ignorando haya cometido hechos delictivos contra personas de derechas». Es decir, puestos a acusarle, solo podían basarse en su actividad propagandística a favor de los libertarios. La misma bastó para condenarle a muerte.

El 3 de enero de 1940 llega el informe de la DGS sobre Amor Buitrago González, que es más comprometedor, puesto que lo relaciona con su padre en las actividades represivas llevadas a cabo en el Ateneo Libertario de Vallecas localizado en la calle Emilio Ortuño. La conclusión es diferente a la de su compañero: «entre la vecindad está conceptuado como elemento peligroso para el nuevo Régimen, pues no se ha dedicado nada más que a la persecución de personas de derechas». A la hora de la sentencia, ambos encartados quedaron equiparados sin entrar en distingos como los formulados por la DGS.

El 10 de enero de 1940 vuelve a declarar José Expósito Leiva, que traslada a su compañero la responsabilidad de las actividades propagandísticas donde participó y, como último recurso, argumenta una oposición a los comunistas. De hecho, considera que sus artículos en Castilla Libre suponen una crítica a las posturas defendidas por las JSU. El anticomunismo era un recurso habitual entre quienes suponían que la represión, en sus manifestaciones más graves, era una materia reservada para «los marxistas». En el caso de José Expósito Leiva pronto comprobaría su error de apreciación.

Una semana después volvería a declarar Amor Buitrago González, que insiste en desvincularse de las actividades represivas llevadas a cabo en el ateneo vallecano. Algo de verosimilitud tendría cuando varios vecinos se dirigieron al juzgado militar para avalarle. Nadie, en aquellas fechas, habría avalado a un reconocido chequista.

El 7 de febrero de 1940, el juez instructor redacta el correspondiente auto resumen, que no aporta novedades y se basa en las declaraciones y los informes recopilados. Así, ambos resultan acusados «de ser miembros antiguos de la CNT y de las Juventudes Libertarias, habiéndose dedicado durante el dominio rojo a hacer activísima propaganda a favor de la causa marxista». Nada importaba que los encartados fueran anarquistas y contrarios al marxismo, pues «son personas de malos antecedentes político-sociales». El derecho de autor seguido en la jurisdicción militar de la Victoria solo distingue entre malos y buenos.

El 21 de febrero, el fiscal Ramón del Orbe pide la pena de muerte para ambos, al tiempo que pone en búsqueda y captura a dos «camisas viejas» que habían avalado a los encartados como falangistas. La vista previa se celebra una semana después y al día siguiente, el 29, el tribunal presidido por el comandante F. Antonio Blázquez les condena a muerte sin añadir un solo cargo al de propagandistas. El auditor ratifica la sentencia el 11 de marzo y el destino queda a expensas de la voluntad de S.E., que permitió la conmutación de la pena de muerte por otra de treinta años en escritos con fecha del 21 de septiembre, en el caso de José, y el 19 de noviembre en el de Amor. Es decir, ambos veinteañeros estuvieron varios meses condenados a muerte y viendo las sacas de cada noche. Nunca lo olvidarían.

José Expósito Leiva salió antes de la cárcel que su compañero, pues Amor Buitrago González solicita el indulto el 16 de noviembre de 1945 y se lo conceden el 7 de marzo del año siguiente. Al final, cuando ya habían fusilado a su padre, los militares le encarcelaron más tiempo que a su amigo, que habría dejado de serlo a tenor de lo escrito en sus citadas memorias. En cualquier caso, ambos jóvenes perdieron la juventud en las cárceles de la Victoria, eran unos derrotados y, tras una etapa de clandestinidad, José Expósito Leiva huyó de España camino del exilio. Nunca volvió, pero se mantuvo fiel a sus ideales anarquistas y, supongo, a una sensibilidad literaria que le permitió disfrutar con las páginas de Miguel de Unamuno y Gabriel Miró.

 

 

 

La condena a muerte del periodista Carlos Pérez Merino

 

El 8 de octubre de 1935, La Libertad da cuenta del enlace matrimonial de Carlos Pérez Merino con «la bella señorita» Natividad Fernández. Cuatro años después, ambos estaban procesados en consejos de guerra, que en el caso del periodista terminaron con una condena a muerte.

El objetivo represivo de sacar adelante decenas de miles de sumarísimos de urgencia en un plazo breve, para causar un terror capaz de paralizar cualquier respuesta contra la dictadura, no solo supuso la ausencia de garantías jurídicas. También obligó a adoptar criterios procesales donde el cargo del procesado pesaba más que su comportamiento en el ejercicio del mismo. Así se buscaba un automatismo que simplificaba desde la instrucción hasta la sentencia. En el ámbito de la prensa lo observamos con claridad. Los directores de los periódicos republicanos como Manuel Navarro Ballesteros, Javier Bueno y Augusto Vivero estaban de antemano condenados a muerte con escasas posibilidades de una conmutación a treinta años. Los redactores jefes de esos mismos órganos de prensa corrían una suerte similar, aunque en estos casos la conmutación resultaba viable. Poco o nada importaba su comportamiento personal y político durante la guerra. La investigación al respecto era mínima, los avales apenas contaban y solo cabía confiar en las gestiones de las familias o allegados para conseguir que estos periodistas no terminaran ante un pelotón de fusilamiento.

El madrileño Carlos Pérez Merino nunca se caracterizó por una militancia política claramente definida y se consideraba a sí mismo como un profesional de la prensa, pero cometió el error de aceptar la voluntad de sus compañeros para ser el redactor jefe del periódico socialista Claridad desde febrero de 1938. El cargo le supuso una condena a muerte dictada por un consejo de guerra celebrado el 3 de noviembre de 1939, cuando el periodista contaba treinta y cuatro años, estaba casado y vería con asombro la inutilidad de los argumentos utilizados en su defensa ante el Juzgado Militar de Prensa. El capitán Manuel Martínez Gargallo, auxiliado en esta ocasión por el teniente Andrés Gordillo González, era inflexible con un redactor jefe y su instrucción estuvo abocada a trasladar al tribunal un sumario capaz de justificar la pena de muerte para quien, paradójicamente, había debutado en un periódico tan reaccionario como El Siglo Futuro.

El estudio de los dos sumarios donde estuvo procesado Carlos Pérez Merino (AGHD, 7173 y 10527) aparecerá como un capítulo del tercer volumen de la trilogía dedicada a los consejos de guerra de periodistas y escritores. Al margen de las barbaridades jurídicas cometidas durante la instrucción del primero, también descubriremos en el segundo que las falsas denuncias no siempre tenían una motivación ideológica o política. Tiempo habrá para completar esta historia donde hasta una portera debió desmentir lo afirmado, de forma temeraria o interesada, por un capitán de los vencedores.

Pd.: El borrador del capítulo dedicado a Carlos Pérez Merino en el tercer volumen de la trilogía sobre los consejos de guerra de periodistas y escritores ya se puede consultar en el Repositorio de la Universidad de Alicante a la espera de posibles indicaciones o correcciones de otros especialistas:

http://hdl.handle.net/10045/154578

 

El Decreto 55 y el destino de las actuaciones de los juzgados instructores

 

Un acto judicial debe estar motivado y responder a una finalidad. A la vista de lo explicado en la entrada de este blog del 6 de septiembre, la instrucción de los sumarísimos de urgencia por parte de juzgados militares como el especializado en la prensa tenía un destino: su elevación mediante auto resumen a una vista previa que precede, casi siempre en el mismo día, al plenario del tribunal que ha de resolver en el consejo de guerra.

La posible duda, por razones terminológicas como las explicadas en la citada entrada, queda despejada gracias a la lógica. Si esa labor instructora no fuera destinada a los tribunales de los consejos de guerra, ¿cuál sería su destino? La simple circunstancia de imaginar a decenas de juzgados militares en Madrid instruyendo sumarísimos de urgencia sin un destino prefijado resulta absurda.

Las dudas, en cualquier caso, deben despejarse acudiendo a las fuentes documentales. Ayer comentábamos la necesidad de conocer el Código de Justicia Militar de 1890 para abordar estos temas, pero también -según lo indicado en otras entradas- cabe recordar la existencia de decretos y órdenes dictados por el bando sublevado contra la II República que modificaron parcialmente dicho código.

A principios de noviembre de 1936, la ocupación de Madrid parecía inminente, incluso para el gobierno republicano ya trasladado a Valencia. Las autoridades de los sublevados tenían preparado el armazón del funcionamiento de la jurisdicción militar encargada de castigar la resistencia de quienes permanecieron fieles a la legalidad. Así, establecieron por decreto un organismo militar con el revelador nombre de Auditoría del Ejército de Ocupación para aplicar la citada jurisdicción en el Madrid «liberado». Se trata del decreto 55 ya comentado en varias entradas de este blog.

El texto publicado en el BOE del 5 de noviembre de 1936 establece unas previsiones, finalmente desbordadas, en lo relacionado con los juzgados militares encargados de la instrucción de los sumarísimos de urgencia y los consejos de guerra permanentes, cuya competencia era dictar sentencia en los mismos. Como es lógico, el vínculo entre ambos órganos forma parte de la unidad jurídica y documental de cualquier sumarísimo de urgencia de aquellas fechas.

No obstante, y por si persistiera la duda, cabe leer el artículo 4 del citado decreto: «La preparación de las actuaciones que deban someterse a la resolución de los Consejos de Guerra Permanentes será conferida a los dieciséis juzgados militares que se constituyan, los que, dependiendo directamente de los presidentes de aquéllos, acomodarán su labor procesal a las normas que a continuación se indican».

Entre esas normas, la 4b refuerza la relación entre el órgano instructor y el sancionador: «Identificados los testigos y atendido el resultado de las actuaciones, con más la naturaleza del hecho enjuiciado, el juez dictará auto-resumen de las mismas, comprensivo del procedimiento, pasándolas inmediatamente al Tribunal, el cual designará día y hora para la celebración de la vista».

El texto completo del Decreto 55 se puede descargar en el siguiente enlace de la web Justicia y Memoria histórica:

https://justiciaymemoriahistorica.umh.es/1936/11/01/1936-11-01-decreto-no-55-de-creacion-de-ocho-consejos-de-guerra-en-la-plaza-de-madrid/

La toma de Madrid se frustró en noviembre de 1936, pero el decreto 55 fue utilizado para aplicar la jurisdicción militar en otras plazas conforme las mismas pasaban a manos de los sublevados. Finalmente, en abril de 1939, comenzó a aplicarse en la capital, aunque con unos números desbordados por la realidad represiva de la posguerra.

Según Julius Ruiz, en diciembre de 1939, había cincuenta mil reclusos en las abarrotadas cárceles de Madrid. Todos debían ser sometidos a sumarísimos de urgencia, incluso a varios en el caso de bastantes procesados, y para emprender semejante labor fue necesario ampliar el número de juzgados instructores de la omnipresente jurisdicción militar

El resultado más dramático de estos procedimientos judiciales fue el fusilamiento de 2.936 personas en la capital, donde entre abril de 1939 y abril de 1944 hubo -según señala Julius Ruiz- una media de doce ejecutados cada semana. No obstante, la mayoría murió en el primer año de la Victoria tras la celebración de los correspondientes sumarísimos de urgencia.

Los casos de los periodistas Manuel Navarro Ballesteros y Javier Bueno evidencian que este destino era previsible para los procesados cuya instrucción recayó -por su profesión- en el Juzgado Militar de Prensa. Otros colegas también recordados en mis libros fueron condenados a muerte, treinta años, veinte, doce y demás sentencias, que prueban la dureza de un juzgado instructor que, de acuerdo con el citado artículo del decreto 55, trabajaba para los tribunales de los consejos de guerra permanentes.

La tarea de la represión se vio desbordada por la realidad de las cifras. Alberto Reig Tapia estableció la cifra de 270.219 reclusos a principios de 1940, atendiendo exclusivamente a las cifras oficiales. Las reales ascenderían a más de trescientos mil. Esta evidencia, y la necesidad de proceder rápidamente para conseguir el efecto paralizante en cualquier resto de oposición al régimen franquista, supuso un caos jurídico donde las garantías para los procesados eran una quimera.

Si atendemos a los testimonios recopilados por Mirta Díaz Balart, Antonio Rojas Friend, Fernando Hernández Holgado, Tomás Montero Aparicio, Gutmaro Gómez Bravo y otros colegas con quienes trabajo desde hace años, hubo plenarios de consejos de guerra en cuyas vistas previas llegó a figurar un solo defensor para casi cien procesados, tal y como testimonia Mercedes Núñez. José Leiva en sus memorias describe cómo, en menos de tres horas, once personas fueron condenadas a muerte y otras treinta sentenciadas con distintas penas. Los testimonios se repiten, pero el más recordado corresponde a «las trece rosas». El 5 de agosto de 1939, trece jóvenes con edades comprendidas entre los dieciocho y veintitrés años fueron ejecutadas junto con otras cincuenta y seis personas. El récord de esta barbarie, no obstante, llegó el 24 de junio de 1939, cuando hubo 102 ejecuciones en Madrid.

Estas víctimas pasaron por los juzgados militares destinados a la instrucción de sus sumarísimos de urgencia y, elevado el correspondiente auto resumen, fueron sentenciadas por los plenarios de los tribunales establecidos en los consejos de guerra permanentes. Todas tienen un número asignado e inalterable para su sumario y, por supuesto, la unidad documental y jurídica del mismo se ha preservado en los archivos militares.

La memoria personal o familiar puede negar la realidad documentada y basada en disposiciones legales. El historiador debe atender a la misma, aunque le incomode. En cualquier caso, antes de publicar el resultado de esa memoria cuya subjetividad es legítima convendría acudir a las fuentes documentales y bibliográficas. Las mismas a veces resultan complejas, pero ninguno de mis colegas dedicados a estos temas se negaría a resolver las dudas de quienes desean hacer efectivo ese derecho a la memoria personal o familiar.

Pd.: Como es lógico, lo aquí sintetizado tras las oportunas consultas bibliográficas está abierto al debate con los demás especialistas. Por desgracia, apenas contamos con textos que sinteticen estas cuestiones y sean accesibles. Espero contribuir a este objetivo con la presente serie de entradas, que parten de una bibliografía que expondré para facilitar nuevas consultas.

Presentes, de Paco Cerdá, y los silencios del historiador

 

El historiador habla, pero también calla. La historia no deja de ser un relato acerca del pasado y, como tal, es el fruto de una selección de motivos que por su relevancia merecen ser rescatados. Otros no, al menos en una construcción narrativa que debe tener un objetivo capaz de determinar el contenido de lo expuesto.

La preparación de los trabajos dedicados a los consejos de guerra de periodistas y escritores me ha permitido acumular documentos y testimonios que finalmente no aparecen en lo publicado. Los motivos son diversos. A veces por su escasa relevancia para el objetivo del trabajo, en otras ocasiones por su carácter redundante y, claro está, también por la imposibilidad de demostrar documentalmente lo testimoniado.

Un testimonio puede tener validez con independencia de su correlato documental. No obstante, en un tema tan delicado como es la represión durante la posguerra, he preferido circunscribirme a lo documentado. Entre otros motivos, porque con este material ya tenemos de sobra para evidenciar la ausencia de garantías jurídicas de unos procesos concebidos como arma de guerra para el control o la eliminación del enemigo.

La mayoría de los testimonios orales que he conocido proceden de las familias de las víctimas. Algunas desconocen lo sucedido con sus familiares, incluso les he descubierto sus historias en ocasiones, pero otras guardan en la memoria los testimonios de quienes padecieron aquella represión.

Esos testimonios se sitúan en un marco histórico bien conocido y no suponen una sorpresa. La mayoría de las veces están relacionados con las vejaciones que sufrieron las víctimas de los consejos de guerra, especialmente durante los interrogatorios previos al inicio de la instrucción de los sumarios.

La violencia y la tortura fueron habituales en esos interrogatorios a manos de la policía militar o civil, los escuadrones falangistas y la Guardia Civil. Los testimonios publicados abundan y no merece la pena recordarlos aquí. Sin embargo, la lectura de Presentes (2024), de Paco Cerdá, me ha recordado el caso de Manuel Navarro Ballesteros, que pasó una dramática temporada en la calle Almagro, n.º 36, la sede de una barbarie conocida gracias a trabajos como los de Alejandro Pérez-Olivares García.

Manuel Navarro Ballesteros llegaría destrozado a la cárcel y así estaría cuando le interrogaron los responsables del juzgado donde se instruyó el sumario. Pero no fue el único, pues otro periodista finalmente ejecutado, Javier Bueno, ingresó en la prisión con la cara amoratada tras la paliza recibida cuando le sacaron de la embajada de Panamá donde intentó refugiarse. Ya antes estaba cojo a causa de una herida de guerra y, al final, lo debieron llevar a rastras hasta el pelotón de ejecución, aunque tuviera tiempo de departir con el sacristán de la prisión, según el testimonio de Juan Antonio Cabezas.

Este último caso lo recuerdo gracias a algunas fotos de Javier Bueno con las huellas de las torturas sufridas en 1934, con su bastón durante la guerra y otras que nunca veré, aunque imagino: las no tomadas durante el proceso. Sin embargo, en la documentación de su sumario queda una huella escrita: su firma, con un temblor imprevisible en quien se ganó la vida como periodista y estaba lejos de la vejez. Véanse los documentos de la entrada publicada el pasado 29 de agosto.

Esa caligrafía no determina la existencia de la tortura, pero si detectamos el previsible temblor en un hombre joven y culto sabiendo que el maltrato se había producido poco antes, cuando le detuvieron, parece lógico pensar en una relación de causa y efecto. No la subrayé en Las armas contra las letras. Ni siquiera la cité, pero cada vez que veo la firma pienso en los golpes que pudo recibir Javier Bueno.

Otras familias de las víctimas me han contado diferentes historias de aquellos momentos presididos por la violencia y la venganza. Algunas son estremecedoras, pero solo las he utilizado a la hora de imaginar el ambiente en que se desarrollaron los consejos de guerra. Su relato, de cara a un lector que ya conoce lo fundamental del mismo, resulta innecesario y apenas aportaría dramatismo a un trabajo que pretende circunscribirse a la frialdad de lo documentado.

El silencio es conveniente en este caso, pero comprendo a un autor de no ficción literaria como Paco Cerdá, que afronta el problema de relatar la violencia del momento que se cebó en miles de víctimas. Presentes lo resuelve con el acierto de una pluma experimentada y lo agradecemos. Otros, ajenos a la no ficción literaria, optamos por callar sobre estos temas de las torturas porque sabemos que el lector entiende aquello de «convenientemente interrogado el procesado…». También el acta de la declaración que alude a sus «nervios». Al buen entendedor, con pocas palabras basta.

Presentes, de Paco Cerdá

La publicación de trabajos de investigación es un requisito para ser profesor universitario. Durante años, los añades a un currículo a menudo utilizado para superar oposiciones, ascender en el escalafón, obtener becas…, sin que las autoridades académicas te pidan una justificación menos utilitarista.

Al cabo del tiempo, conviene tenerla para evitar la sensación de lo absurdo. La observo en numerosas aportaciones destinadas a hinchar el CV y, por esa misma razón, cuando hablo con los doctorandos procuro preguntarles acerca del para qué de su labor, al margen de requisitos y obligaciones más o menos circunstanciales.

Una de esas razones consiste en aportar conocimiento para crear un relato acerca del pasado. Lo construimos con nuestros trabajos, donde la voluntad de relatar y comunicar debiera ser imprescindible, pero también ayudamos a que otros autores vinculados con las distintas modalidades de la ficción lo construyan gracias a obras que disfrutan de una mayor difusión.

La tarea es compleja y precisa de autores interesados en documentar con rigor sus obras, sobre todo si se desenvuelven en el ámbito de la no ficción literaria. Cuento con varios amigos dedicados a la misma, colaboro con ellos desde hace décadas y, cada vez que descubro la huella de algún trabajo académico en esas obras, siento la satisfacción del objetivo cumplido.

Paco Cerdá figura de manera destacada en este grupo. Le descubrí cuando supe que compartíamos el interés por un personaje tan olvidado como el ajedrecista Arturito Pomar, me deslumbró al mostrarme la complejidad de un 14 de abril de 1931 que solo conocía por el relato de unas imágenes mil veces repetidas de masas en las calles con banderas y, ahora, cuando todavía es un hombre joven me ha demostrado la madurez de un escritor gracias a su Presentes, que relata lo sucedido en torno a diez días de noviembre de 1936.

El traslado de los restos de José Antonio desde Alicante hasta El Escorial es una historia que siempre me ha interesado y a la que he dedicado algunas páginas. Incluso en Contemos cómo pasó (2016) comenté una leyenda en torno al traslado capaz de utilizar el humor como arma de resistencia. Paco Cerdá comparte ese mismo interés tras ver un documental de conocimiento obligatorio para saber de la voluntad de los vencedores durante la inmediata posguerra:

A partir de esas imágenes y con la ayuda de una considerable bibliografía, Paco Cerdá relata el traslado de aquellos restos mortales y, lejos de circunscribirse a esa siniestra épica de quienes hacían una demostración de fuerza como vencedores, también nos da muestras de la otra cara: la represión y la eliminación de los vencidos.

Once capítulos dedicados a las jornadas del traslado y veintidós a los retratos de sujetos, la mayoría anónimos, que protagonizan el dramatismo del momento. En total, treinta y tres, los años de un José Antonio que en vida fue un sujeto de relativo relieve y, fusilado, se convirtió en un protomártir del franquismo tras eliminar de su legado lo que resultaba inconveniente para la dictadura.

Así le conocí en las aulas, con el crucifijo en el centro y a la derecha el general Franco. También en las visitas escolares a su celda cada veinte de noviembre, que acabaron creando en mi imaginación numerosas dudas y pocas certidumbres. A las primeras acudo todavía y, de su mano, descubro el sentido de un personaje histórico tan abundante en retórica como cuestionable con la fría razón de quienes procuramos una dialéctica sin puños ni pistolas.

El libro de Paco Cerdá me ayuda en esta tarea porque recopila y sintetiza un enorme caudal de información contrastada, incluso inédita. Muchos de sus capítulos son descubrimientos que necesitan del lápiz para apuntar y subrayar. Otros completan lo parcialmente conocido con datos oportunos y relevantes. Y, sobre todo, el conjunto supone una invitación a la lectura por la calidad de una prosa cuidada, medida y precisa. También de paciente elaboración, como corresponde a las exigencias de un autor ajeno a las prisas de lo fácil.

Paco Cerdá no solo conoce lo sucedido en torno a aquel dramático noviembre de 1939, del I Año de la Victoria, sino que sus muchas horas de lectura y consultas le permiten recrear el ambiente de una época presidida por la violencia y la venganza. La guerra no había terminado. La nueva fase de la misma, superada la crónica de los enfrentamientos bélicos, requiere la reflexión de quien sabe que el estilo también es contenido.

Presentes se incorporará, sin duda, al caudal de la mejor no ficción literaria publicada en España. La respuesta de la crítica y de los lectores así lo confirma. Me alegra por la calidad de la obra de un autor joven al que sigo desde sus principios, pero también «me llena de orgullo y satisfacción» porque tuve la suerte de colaborar en el proceso de redacción.

Ahora, al cabo de los meses, veo que el capítulo dedicado al periodista ejecutado Manuel Navarro Ballesteros me devuelve enriquecido el sumario que facilité a Paco Cerdá. También me descubre matices de una personalidad poco conocida, pero que ejemplifica el dramatismo de un momento donde demasiadas personas vieron su vida truncada. Incluidos los jóvenes dispuestos a ilusionarse con la perspectiva de una vida más justa.

Rafael Azcona me enseñó a escribir sobre la derrota de quienes deambulan por los márgenes de la historia. Paco Cerdá habrá tenido otros maestros, pero comparte esa voluntad porque sabe que, literariamente, la derrota es mucho más rica que la victoria. Nadie se acuerda de quienes concibieron aquel fastuoso traslado de los restos mortales de José Antonio. Su mito ha caído en el olvido de lo artificioso y propagandístico, pero poco a poco, con la voluntad de quienes procuramos el rescate de las voces, emergen otros testimonios capaces de conmovernos.

La mirada del historiador de la posguerra acaba encallecida porque la barbarie es omnipresente en ese período. Sin embargo, gracias al criterio de Paco Cerdá en la selección, la fundamentación de su historia y, sobre todo, la brillantez de su escritura contamos con un conjunto de testimonios capaces de conmovernos, aunque tengamos esa mirada tras conocer otros similares.

Solo cabe, pues, agradecer a Paco Cerdá la oportunidad de haber colaborado con él y, de esa manera, hacer realidad el objetivo con que iniciaba este comentario. Si los años pasados en los archivos militares me han permitido ver las huellas de lo exhumado en una excelente creación de no ficción literaria, el esfuerzo está más que justificado.

El próximo día 10 de octubre, en una librería de Alicante, tendré la oportunidad de compartir esta satisfacción con el propio autor. Y, claro está, buscaremos nuevos motivos para futuros libros que respondan a los intereses comunes de quienes buceamos en la historia porque no paramos de hacernos preguntas.

Os dejo con la grabación de la presentación del libro en Madrid:

 

 

Las firmas del alférez Baena Tocón en el sumario de Manuel Navarro Ballesteros

 

Foto: Manuel Navarro Ballesteros

La participación del alférez Baena Tocón como secretario del Juzgado Militar de Prensa en los consejos de guerra instruidos contra periodistas y escritores durante el período 1939-1940 no se circunscribe al caso de Miguel Hernández.

La actividad del oficial honorífico a las órdenes del capitán Manuel Martínez Gargallo fue intensa y su firma aparece en distintos sumarios. Uno de los más destacados corresponde a Manuel Navarro Ballesteros (1908-1940), director de Mundo Obrero. El 11 de diciembre de 1939, el periodista manchego fue condenado a muerte. Poco después, el 1 de mayo de 1940, un pelotón le ejecutó en Madrid.

La web dedicada a la memoria del alférez obvia cualquier referencia a este caso, que analicé en Las armas contra las letras (Sevilla, Renacimiento-Universidad de Alicante, 2023, pp. 109-124).

A continuación, y solo como prueba de que escribo a partir de lo documentado, reproduzco las firmas del secretario instructor Baena Tocón presentes en el sumario 49328 de Manuel Navarro Ballesteros, actualmente depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa (Madrid), indicando su localización y la fecha del documento correspondiente:

AGHD, sumario 49328. Fol. 6/76. 20-IX-1939

AGHD, sumario 49328. Fol. 7/76. 30-X-1939

AGHD, sumario 49328. Fol. 9/76. 10-X-1939

AGHD, sumario 49328. Fol. 10/76. 14-X-1939

AGHD, sumario 49328. Fol. 23/76. 5-XI-1939

AGHD, sumario 49328. Fol. 27/76. ¿?-XI-1939

AGHD, sumario 49328. Fol. 31/76. 17-XI-1939

AGHD, sumario 49328. Fol. 32/76. 19-XI-1939

AGHD, sumario 49328. Fol. 35/76. ¿?-XI-1939

AGHD, sumario 49328. Fol. 62/76. 28-XI-1939

La publicación de estos documentos dista de justificarse porque la labor del alférez fuera muy relevante en el marco de los consejos de guerra. Los verdaderos protagonistas de esta actividad jurídica, actualmente considerada como ilegal e ilegítima, siendo las sentencias nulas, fueron otros oficiales de mayor graduación y con unas competencias más determinantes. El alférez, aparte de ser una víctima de la guerra por el asesinato de su padre y la permanencia en una embajada, tan solo desempeñó una actividad como «colaborador necesario», tal y como expliqué en Nos vemos en Chicote (2015).

Si reproduzco estos documentos acerca de su actividad, no es porque el alférez hiciera algo especial o peculiar en aquellos consejos de guerra. Otros cientos de instructores desempeñaron una función similar y permanecen en un olvido que, además de lógico, resulta deseable más allá de los trabajos propios de historiadores profesionales. 

La excepción de Baena Tocón es consecuencia de una web dedicada a desacreditar mi investigación en términos que exceden la legítima crítica para adentrarse en un ataque personal carente del mínimo respeto a mi condición de catedrático. Y, por supuesto, también es consecuencia de una voluntad de censurar mediante el olvido digital mis trabajos. Esta iniciativa, tan contraproducente para el propio olvido, cuenta con cuatro sentencias en contra.

Al margen de los trabajos académicos, y presente en una polémica pública donde cualquiera sienta cátedra, el nombre del alférez ha sido objeto de expresiones incorrectas que nada aportan al conocimiento histórico. Mi voluntad, como historiador es que tras la vista oral del próximo 14 de octubre ese nombre sea tan solo el de un protagonista más de un período de violencia y represión. 

El noble propósito de superarlo definitivamente pasa por el conocimiento de lo sucedido. No se puede pasar una página sin antes leerla. Sin embargo, tampoco cabe enfatizar la labor de un mero colaborador. Si en alguna medida lo hago, recurriendo a las pruebas y tras más de cuatro años de recibir insultos y descalificaciones, tan solo es por defender el rigor de mi tarea investigadora, siempre sujeta a la rectificación y la crítica, pero nunca al más desconsiderado desprecio.

Jamás he insultado al alférez. Tampoco he fabulado a la hora de describir sus actividades como secretario del Juzgado Militar de Prensa. Mi voluntad ha sido la propia de un investigador y, con el exclusivo propósito de probarla, seguiré aportando nuevos documentos en los próximos días. Espero y deseo que sirvan para que quien me ha descalificado como historiador reconsidere su postura y defienda sus legítimas conclusiones, así como su encomiable aspiración a preservar la memoria familiar, en unos términos de respeto y educación. Ahí nos entenderemos sin necesidad de coincidir en nuestras conclusiones.