RTVE me ha entrevistado sobre el proyecto de Ley de Información Clasificada que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. A tenor de lo difundido a través de los medios de comunicación y la rueda de prensa dada por el ministro Félix Bolaños, todavía hay dudas por resolver y confío en que durante la larga tramitación hasta convertirse en ley el texto mejore en dos aspectos fundamentales: el acortamiento de algunos de los plazos establecidos y, sobre todo, que la documentación susceptible de ser desclasificada lo sea de manera automática -sin mediar peticiones expresas de los interesados- y con la consiguiente catalogación. Así, en un plazo razonable, podrá ser puesta a disposición de los investigadores. La tramitación será larga y compleja, pero tengo la esperanza de que la manifestada voluntad negociadora del Gobierno permitirá llegar a un resultado positivo, como sucediera con la Ley de Memoria Democrática.
Dado que en las entrevistas ya editadas solo entresacan alguna frase de lo declarado, reproduzco aquí la literalidad de mis respuestas al cuestionario que me fue remitido por los servicios informativos de RTVE:
P.-Sobre su investigación del
proceso de Miguel Hernández: ¿Cómo ha sido de arduo enfrentarse a todo el
material clasificado con la legislación vigente? ¿En qué sentido la futura
norma podría facilitar una labor similar (si es que puede, tal y como está
planteada en la actual etapa de su tramitación)?
R.- La documentación
relacionada con la guerra y la posguerra, por razones cronológicas, no está
afectada por la ley de secretos oficiales de 1968. Los límites de acceso a la
documentación para los investigadores de este período vienen determinados por el
artículo 57 de la Ley de Patrimonio Histórico Nacional de 1985. En mi caso, los
periodos establecidos en el mismo me impidieron completar la información sobre
algunos de los oficiales presentes en los consejos de guerra. La futura norma,
necesariamente vinculada a la ley de 1985, todavía no ha aclarado si provocará
cambios en esta última para evitar situaciones paradójicas, como que una
materia reservada se desclasifique antes que se permita el acceso al expediente
de un funcionario.
P.- El límite se fijará en
cincuenta años prorrogable según la naturaleza de la materia clasificada. ¿Cómo
podemos valorar ese límite?
R.- En realidad, hay que
hablar de distintos límites según las cuatro categorías establecidas en el
proyecto de ley. El plazo de cincuenta años es discutible, pero yo haría
hincapié en las garantías para que, una vez superado el establecido, se ponga a
disposición de los investigadores las materias desclasificadas, lo cual
exigiría una importante labor de catalogación que no parece haberse previsto en
el actual proyecto.
P.- ¿Qué informaciones
relevantes se espera que puedan desclasificarse y cuáles, siendo de interés,
podrán permanecer ocultas?
R.- Al margen de algún caso
particular como el 23-F, la respuesta es una incógnita. La materia se clasificó
sin mediar informes o criterios explícitos que me consten, de ahí que los
historiadores solo podamos aventurar hipótesis a la espera de una hipotética
catalogación de esa documentación una vez desclasificada.
P.- Uno de los temores es que
esa información -«ingente», según el ministro Bolaños- no esté bien catalogada.
¿Por qué es importante que lo esté? ¿Puede implicar el que no esté bien una
barrera o una demora en su acceso?
R.- A tenor de lo publicado en
la prensa, ni siquiera está prevista esa catalogación, que sería imprescindible
para ponerla a disposición de los investigadores. En el actual anteproyecto, la
opción pasa por peticiones expresas y justificadas de los hipotéticos interesados
para acceder a esas materias una vez aceptadas por el Consejo de Ministros o el
Tribunal Supremo. Esta vía deja al margen a los historiadores, que necesitamos
de una completa catalogación de lo desclasificado por haber superado los plazos
previstos.
P.- ¿Qué dudas quedan con
respecto a lo anunciado (por ejemplo, sobre la ley de 1985 o el acceso a la
información de partes no directamente afectadas)?
R.- La incertidumbre en este
sentido es total y deberá ser despejada a lo largo de la tramitación del proyecto
de ley. La única esperanza es que, además de los partidos políticos, también se
tenga en cuenta el parecer de quienes nos dedicamos a la investigación
histórica de períodos como la Transición.
P.- En términos más generales,
¿qué reclaman los investigadores con respecto a esta normativa?
R.- No me consta que hasta
ahora los investigadores hayan sido consultados. Personalmente, reclamaría que,
una vez superado el límite para la desclasificación y sin necesidad de
peticiones cursadas por particulares interesados, esa documentación fuera
catalogada para quedar a disposición de los investigadores. El objetivo
requiere una labor considerable por parte de los archivos públicos, pero probablemente
merezca la pena.
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