A la espera de su paso por el Senado y su publicación en el BOE, la aprobación por parte del Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Memoria Democrática ha supuesto un importante paso adelante para quienes, desde las instituciones académicas, intentamos conocer con el mayor rigor posible lo sucedido durante la dictadura franquista.
Mi propia actividad investigadora se verá favorablemente influida por distintos artículos, pero quisiera centrarme en uno, el 5.1., cuya literalidad dice así: «Se declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, a partir del golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones».
Los historiadores llevamos décadas demostrando la barbarie cometida en los consejos de guerra, en especial en los sumarísimos de urgencia celebrados durante la inmediata posguerra. Yo mismo he publicado estudios sobre los seguidos contra Miguel Hernández, Diego San José y una larga lista de escritores, periodistas y dibujantes. El trabajo de estos años tendrá su culminación con la aparición del volumen titulado Sin olvido, que está prevista para mediados del curso próximo.
A partir de ahora, y con respaldo legal, ya podré afirmar que estos actos de persecución política e ideológica son «ilegales» y sus resoluciones «nulas». La conclusión ya estaba más que aceptada entre los historiadores universitarios, pero es importante contar con ese respaldo legal para erradicar definitivamente los obstáculos que el colectivo académico ha sufrido en sus trabajos sobre la represión franquista.
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