viernes, 31 de diciembre de 2021

Nuevos datos sobre la testigo Emilia Marroquín

 


El peculiar y sorprendente papel desempeñado por la testigo Emilia Marroquín de Pedro en el consejo de guerra de Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido ya ha sido analizado en anteriores entradas de este blog. A la información facilitada, ahora habrá que añadir la documentación localizada en el Archivo General de la Administración:

- IDD (14)012.000, caja 36/13857, exp. s/n. Expediente personal de Emilia Marroquín de Pedro, funcionaria del Ministerio de Trabajo, años 1934-1963.

- RGE 1138, caja 71/19304, exp. 454. Expediente de depuración político-social de Emilia Marroquín de Pedro, auxiliar de Jurados Mixtos, años 1939-1943.

A la espera de recibir la documentación solicitada, de estas referencias se deduce que la testigo del consejo de guerra era funcionaria del Ministerio de Trabajo desde 1934. El dato entra en contradicción con su declarada condición de empleada de la Compañía Telefónica en los juicios contra ella celebrados en el Madrid de 1937.

Asimismo, como funcionaria de dicho ministerio, en concreto, como auxiliar de los Jurados Mixtos constituidos por la legislación republicana desde 1931, Emilia Marroquín de Pedro sufrió el consiguiente proceso de depuración, que tendría un resultado positivo puesto que su expediente personal llega hasta 1963, la fecha de su jubilación o fallecimiento. 

Apenas reciba la documentación, comunicaré los nuevos datos y completaré lo escrito en anteriores entradas de este blog. Toda esta información, junto con la relacionada con los consejos de guerra de los periodistas y escritores, aparecerá en un futuro libro que ya cuenta con título provisional: Sin olvido. Los consejos de guerra de periodistas, escritores y dibujantes.



jueves, 30 de diciembre de 2021

Un monográfico sobre Fernando Fernán-Gómez



La revista Don Galán, editada por el Centro de Documentación Teatral del Ministerio de Cultura, acaba de editar su número 11, cuya parte monográfica he coordinado para participar en el centenario del nacimiento de Fernando Fernán-Gómez. Os paso el correspondiente enlace, donde podréis encontrar un excelente conjunto de artículos escritos por los compañeros que me han ayudado a sacar adelante tan merecido homenaje al maestro en tantas facetas:

 https://www.teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum11/

martes, 28 de diciembre de 2021

Los testimonios judiciales de Emilia Marroquín


La funcionaria y excautiva Emilia Marroquín de Pedro testimonió a favor de Julián Zugazagoitia y, sobre todo, de Francisco Cruz Salido en el consejo de guerra de ambos celebrado en 1940. Sin embargo, su testimonio como excautiva entra en contradicción con el presentado en un juicio celebrado en 1937, cuando la madrileña se presentó ante el Juzgado n.º 8 como militante de Unión Republicana Femenina y partidaria de la II República. El análisis de tan contradictorios testimonios lo expongo en el borrador de un capítulo que se incluirá en mi próximo libro sobre los consejos de guerra de los periodistas republicanos:

viernes, 24 de diciembre de 2021

El fallecimiento de Agata Lys


La prensa acaba de dar la triste noticia del fallecimiento de Margarita García San Segundo, a la que todos conocíamos como Agata Lys desde los años setenta, cuando revolucionó una televisión todavía en blanco y negro con su aparición como azafata en Un, dos, tres... responda otra vez. Desde entonces se convirtió en una de las protagonistas del «destape» y su presencia fue abrumadora en una cultura que se abría de nuevo a una libertad donde la belleza y la sexualidad tenían un espacio destacado.
En 2016 publiqué Contemos cómo pasó. Imágenes y reflexiones de una cotidianidad (1958-1975) (Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante) donde dediqué un capítulo a «Margarita García San Segundo, agraciada actriz» (pp. 209-234). El trabajo lo he completado en Ofendidos y censores, un libro todavía en prensa que pretende, entre otros objetivos, homenajear a esas mujeres que con su aparente frivolidad afrontaron situaciones realmente duras en una España todavía demasiado intolerante y pacata.
Agata Lys ha fallecido en soledad y casi olvidada, pero quedará en el recuerdo de quienes vivimos aquellos años y tenemos motivos de sobra para agradecerle su valentía de mujer libre.

Una nueva edición de las memorias de Diego San José


La editorial Renacimiento me acaba de comunicar que va a publicar una segunda edición de las memorias carcelarias de Diego San José, De cárcel en cárcel, ya que están a punto de agotarse los ejemplares de la edición publicada en 2016. 
La noticia es una prueba del interés despertado por esta obra entre quienes pretenden conocer el terrible panorama carcelario al que se enfrentaron miles y miles de republicanos durante la posguerra.
Por otra parte, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publicará a lo largo de 2022 una biblioteca de autor dedicada a Diego San José, que permitirá tener acceso libre a una gran parte de su amplísima producción literaria.

lunes, 13 de diciembre de 2021

Fernando Fernán-Gómez, tertuliano


Fernando Fernán-Gómez fue un creador polifacético, pero siempre me ha interesado su faceta como tertuliano, que tuvo numerosas implicaciones en su obra creativa. Gracias a la revista Don Galán, editada por el Centro de Documentación Teatral del Ministerio de Cultura, he tenido la oportunidad de coordinar un monográfico (n.º 11) dedicado a su figura con motivo del centenario de su nacimiento. En el mismo, mi contribución está centrada en esa faceta de tertuliano, que tanta sabiduría destila. El preprint del artículo ya se encuentra disponible en el Repositorio de la Universidad de Alicante:


domingo, 12 de diciembre de 2021

Los contradictorios testimonios de Emilia Marroquín

 


El testimonio de Emilia Marroquín de Pedro en el consejo de guerra seguido contra los periodistas Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido -véase foto- cuenta con un documento firmado el 20 de octubre de 1940 en su calidad de ex cautiva con el carnet 5584. A lo largo del texto se presenta como una activa partidaria de los sublevados que fue encarcelada por los republicanos y recibió la ayuda humanitaria de los dos periodistas socialistas.

Esta circunstancia me ha llevado a la consulta de los expedientes n.º 110 y 330 instruidos en el Juzgado n.º 8 de Madrid por sendos delitos de desafección a la República supuestamente cometidos por la empleada de Telefónica Emilia Marroquín de Pedro. Ambos están digitalizados y se encuentran en acceso libre a través del portal de archivos PARES.

El primer juicio tuvo lugar el 9 de febrero de 1937 y el segundo el 14 de julio del mismo año. Emilia quedó absuelta en ambas ocasiones por falta de pruebas. Las acusaciones eran propalar bulos y mantener relaciones íntimas con un significado empleado de la misma empresa que había sido expulsado y detenido por su vinculación con los sublevados.

Emilia niega las acusaciones en las respectivas declaraciones y se presenta como militante de Unión Republicana Femenina que ha votado "a las izquierdas" en las elecciones de febrero de 1936. Como es obvio, este perfil entra en contradicción con lo manifestado en octubre de 1940.

El caso merece un estudio más sosegado y la consulta de diferentes archivos. En fechas próximas espero poder aportar unas primeras conclusiones sobre este perfil contradictorio que, por otra parte, tampoco resulta extraño en aquellas circunstancias.

sábado, 11 de diciembre de 2021

El misterio de la tumba de Zugazagoitia y Cruz Salido en la prensa

 


El misterio, parcialmente aclarado, de la tumba de Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido ha saltado a la prensa con la esperanza de que nuevas informaciones nos permitan desvelar por completo lo sucedido en torno a esta apasionante historia:

https://elpais.com/espana/2021-12-10/las-hermanas-de-derechas-que-pagaron-la-sepultura-de-dos-fusilados-por-el-franquismo.html

Al mismo tiempo, Tomás Montero me informa de que Emilia Marroquín fue acusada ante los tribunales populares por una posible venganza personal sin ser una persona partidaria de los sublevados. Esta circunstancia entra en abierta contradicción con su presentación ante el tribunal militar que juzgó a los periodistas. En tal caso, sería una paradoja que una mujer republicana, tras haber sido acusada por motivos de venganza personal, se hubiera convertido en una ex-cautiva a los ojos de los vencedores y, como tal, no solamente se hubiera librado de la represión, sino que también hubiera podido mostrar su solidaridad con los juzgados.

La historia debe ser completada con nuevas consultas documentales y, con lo ayuda de todos los interesados, lo intentaremos para desvelar mejor un misterio bastante significativo de unos tiempos revueltos.

viernes, 10 de diciembre de 2021

El consejo de guerra de Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido


Gracias al personal del Archivo General e Histórico de Defensa, he conseguido analizar el sumario del consejo de guerra de los periodistas Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido (n.º 100.159). Al igual que otros procesos contra los escritores, periodistas y dibujantes republicanos, el citado está repleto de irregularidades y carece de las mínimas garantías jurídicas. El análisis lo podéis consultar en el siguiente enlace:

Nota:
El correspondiente capítulo aparecerá en el ensayo Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores, 1939-1945, coeditado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante y la editorial Renacimiento.

jueves, 9 de diciembre de 2021

El testimonio de Emilia Marroquín de Pedro a favor de Zugazagoitia y Cruz Salido


El interés por sacar del anonimato a quien había comprado la sepultura y, posteriormente, puesto la lápida que nos permiten honrar la memoria de los periodistas Julián Zugazagoitia Mendieta y Francisco Cruz Salido surge al estudiar el sumario 100.159 depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa. En el mismo observé el valiente testimonio de Emilia Marroquín de Pedro y después consulté una noticia publicada en El País el 13 de febrero de 2014, donde el periodista Diego Barcala explica que un nieto del primero andaba en búsqueda de Sabina Marroquina, la persona que figura como propietaria de la sepultura tras haber abonado 760 pesetas el mismo día en que los periodistas socialistas fueron ejecutados en el madrileño cementerio del Este.
Las consultas en los archivos militares nos permiten observar múltiples errores en la transcripción de los apellidos y enseguida asocié Marroquín con Marroquina. Sin embargo, quedaba por saber de Sabina, que podía haber sido un nombre falso utilizado para evitar problemas tras comprar una sepultura destinada a honrar la memoria de dos fusilados. El enigma se solucionó, en colaboración con Tomás Montero, al consultar la hemeroteca digital de la BNE. En su catálogo figura el diario La Acción, en cuyo número del 16 de mayo de 1921, página, 4, aparece un listado de señoritas que participan en la Fiesta de La Flor. Allí estaban las hermanas Sabina y Emilia Marroquín de Pedro.
El testimonio de Emilia es excepcional por varias razones. Pocas mujeres testimoniaron a favor de los encausados en aquellos consejos de guerra, y menos siendo ex cautivas con carnet tras haber permanecido en las cárceles republicanas. Emilia lo hizo, por escrito y oralmente, con una sorprendente precisión en los datos, aunque no conmovió a los miembros del tribunal, que también hicieron caso omiso de testimonios tan elocuentes como el del novelista Wenceslao Fernández Flórez.





Una vez condenados sus salvadores, Emilia se desplazó a la cárcel de Porlier para ayudarles y, en compañía de su hermana, comprarían ambas la sepultura para terminar colocando una lápida que hasta ahora ha constituido un misterio.
Emilia no solo fue una mujer con coraje y dignidad en 1940. Aparte de haber participado en un grupo teatral de aficionados, en 1931 se presentó como taquimeca en unas pruebas organizadas por el Ayuntamiento de Madrid, no obtuvo la plaza por algún manejo, protestó en la prensa y, al final, le dieron la razón. Dos años después, participó en unas oposiciones del Ministerio de Obras Públicas y supongo que obtendría una plaza, pues en el consejo de guerra se presenta como funcionaria. En 1968, ya cerca de la jubilación, Emilia todavía tenía ánimos para reclamar sus trienios. Esta información de procedencia periodística permanece a la espera de su debida comprobación.
Apenas tenemos otros datos de Emilia -salvo los proporcionados por Cipriano Rivas Cherif- a la espera de poder consultar su expediente en el Archivo General de la Administración. En cualquier caso, una mujer taquimeca y funcionaria durante la II República que, tras una guerra, es capaz de declarar ante un tribunal presidido por un general para defender a quienes habían sido capturados por la Gestapo merece nuestro recuerdo y pequeño homenaje.
Quede aquí constancia de mi deseo de encontrar a sus descendientes para que mi colega José María Villarías Zugazagoitia y demás familiares de los periodistas fusilados puedan, si así lo consideran oportuno, darles las gracias por un gesto hermoso que prueba la bondad de algunas personas en las más adversas circunstancias.

miércoles, 8 de diciembre de 2021

Nuevas precisiones sobre el misterio de la tumba de Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido


Gracias a amigos como Tomás Montero, hoy mismo, tras publicar la anterior entrada, ya tenemos más datos acerca del misterio de la tumba con los restos de los periodistas Julián Zugazagoitia Mendieta y Francisco Cruz Salido. La compra de ambas sepulturas ascendió a 760 pesetas, según los recibos exhumados en un reciente volumen, Morir en Madrid, 1939-1944, publicado por la editorial Antonio Machado en 2020.
Emilia Marroquín de Pedro era en realidad Florencia Emilia, tal y como queda reflejado en un BOE de 1968, cuando la funcionaria ya estaría cerca de la jubilación y pleiteaba para el reconocimiento de todos sus trienios. Vista la prensa anterior a la guerra, Florencia Emilia tenía experiencia en mostrarse reivindicativa, pues también promovió una protesta contra la adjudicación de las plazas en unas oposiciones de mecanógrafas o taquimecas del Ayuntamiento de Madrid (La Nación, 28-II-1931). Aunque no todo sería cuestión de buscar trabajo, pues la muchacha también tuvo tiempo de intervenir como actriz aficionada en alguna representación oportunamente reseñada por la prensa (La Nación, 12-I-1926).
Y, por último, Sabina Marroquina no es un nombre completamente falso o inventado, ya que Florencia Emilia acudió a la Fiesta de la Flor celebrada en mayo de 1921 con su hermana Sabina Marroquín de Pedro. Allí ambas jóvenes compartirían una jornada benéfica con otras señoritas en una especie de fiesta de la Banderita de la época (La Acción, 16-V-1921).
Nada, en definitiva, les hacía esperar las trágicas experiencias vividas durante la guerra y, ni mucho menos, las de una posguerra donde ambas hermanas mostraron una insólita solidaridad con dos periodistas ejecutados.

El misterio de la tumba de Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido

 


Los periodistas socialistas Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido fueron fusilados en las tapias del madrileño cementerio del Este a las 6 horas y 45 minutos del 9 de noviembre de 1940. El destino previsible era una fosa común, pero se les enterró localizando e identificando sus restos. Concretamente, el vasco fue enterrado «en sepultura perpetua de 2.ª, cuartel n.º 74, manzana n.º 20, letra D, cuerpo n.º 1». Su colega andaluz es el cuerpo n.º 2 de las mismas coordenadas.
Una tal Sabina Marroquina mandó colocar, probablemente en connivencia con algún empleado o funcionario del cementerio, una lápida en forma de libro abierto que identificaba a los dos periodistas fusilados. El hecho es insólito en el marco de la posguerra y ha llamado la atención de familiares, historiadores y periodistas, que consideraban imposible identificar a quien había utilizado un nombre falso para llevar a cabo su acto de reconocimiento y solidaridad.
La aclaración del misterio es sencilla a la vista del voluminoso sumario 100.159 depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa. En el mismo aparece la valiente intervención, como testigo de la defensa, de una joven funcionaria que se presenta ante los militares provista del carnet de ex cautiva: Emilia Marroquín de Pedro.
La mujer había sido encarcelada durante la guerra en Madrid bajo la acusación de fascista, pero salvó la vida gracias a la intervención de los dos periodistas, quienes -según su detallado testimonio escrito y firmado- también actuaron de manera similar con otros perseguidos.
El testimonio de la ex cautiva, que se suma a otros de destacadas personalidades del régimen, no fue tenido en cuenta por el tribunal militar, que el 21 de octubre de 1940 dictó cinco condenas a muerte y una a treinta años para unos republicanos que fueron, de hecho, «secuestrados» en Francia con la colaboración del ejército alemán para ser llevados a la frontera.
Emilia Marroquín de Pedro extendió su agradecimiento a los periodistas visitándoles en la cárcel de Porlier cuando estaban en capilla y haciéndose cargo de lo poco que dejaron: «las maletitas y la ropa de ambos». Emilia era desgarbada y nerviosa según el testimonio de Cipriano Rivas Cherif, pero también fue una mujer corajuda capaz de dar nombre a unos restos depositados en un cementerio donde tantas víctimas del franquismo permanecían anónimas.

lunes, 6 de diciembre de 2021

El fiscal Ramón de Orbe y Miguel Hernández

 


En el sumario 21001 depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa intervienen dos fiscales: Ramón de Orbe y Gómez Bustamente (1891-1983) y, por delegación de quien era fiscal jefe, posteriormente Leopoldo Huidobro Pardo. La intervención del primero pidiendo la pena de muerte para el poeta está fechada el 28 de septiembre de 1939, justo cuando el procesado había sido excarcelado por una falta de coordinación entre las autoridades judiciales y las carcelarias. La imagen abajo reproducida prueba esta intervención:


Algunas trabajos biográficos sobre Miguel Hernández recogen este nombre del fiscal, pero no me consta que se hayan interesado por su trayectoria. Veamos lo fundamental de la misma a la espera de ampliar los datos en futuros estudios.

Ramón de Orbe y Gómez Bustamante era abogado del Estado y coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar colegiado en Madrid (patrimoniodocumental.icam.es). Continuó su labor como fiscal en el Tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo antes de terminar su carrera como presidente del Tribunal Superior de Contrabando (BOE, 24-VI-1958), general (Diario de Burgos, 19-XII-1953) y visitante del Pardo para ser recibido por el Caudillo (Diario de Burgos, 14-I-1970). A lo largo de su brillante trayectoria en el franquismo, fue nombrado Auditor General (BOE, 29-IX-1947), auditor de la Capitanía General de la I Región Militar (BOE, 6-X-1947), jefe superior de primera del cuerpo de abogados del Estado (BOE, 4-II-1948), asesor jurídico del Ministerio del Ejército (BOE, 29-I-1950), director general de Aduanas (BOE, 23-VII-1953), consejero togado del Cuerpo Jurídico Militar (BOE, 18-XII-1953) y director general del Patrimonio del Estado (BOE, 13-V-1957) antes de pasar a la reserva (BOE, 9-XI-1959).

Consultada su hoja de servicios militares, cabe añadir que el 30 de agosto de 1939 (BOE, n.º 246) fue destinado a la Fiscalía Jurídico Militar de la I Región Militar, como Fiscal Jefe, a cuyo destino se incorporó en la plaza de Madrid. Según la misma fuente documental, permaneció en dicho destino hasta el 28 de febrero de 1940 y de ahí procede su intervención en el proceso seguido contra Miguel Hernández.

Los datos expuestos pueden contener algún error o ser completados con otros igualmente significativos. Los pongo a disposición de los historiadores para contrastar mi información con vistas a la coedición de los sumarios del poeta por parte del Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante que se publicará en marzo de 2022.

domingo, 5 de diciembre de 2021

El comandante Pablo Alfaro Alfaro y Miguel Hernández


Las biografías de Miguel Hernández publicadas durante la actual etapa democrática han divulgado en reiteradas ocasiones el nombre del presidente del tribunal que juzgó a Miguel Hernández y le condenó a muerte: el comandante Pablo Alfaro Alfaro. Sin embargo, poco o nada se sabe de este oficial al margen del nombre completo y de su firma en la sentencia del poeta. Una simple consulta a la hemeroteca digital de ABC nos permite descubrir un dato inédito hasta ahora: su fallecimiento el día 24 de marzo de 1966. La esquela publicada en la página 138 del número correspondiente al 27 de marzo de dicho diario así lo indica:

El dato queda corroborado en la necrológica del oficial del Ejército publicada en la Hoja Oficial del Lunes del 4 de abril de 1966. Este texto a su vez nos confirma que uno de sus hijos fue el prestigioso poeta falangista José M.ª Alfaro, que figura en varias de las biografías de Miguel Hernández como uno de los intelectuales afines al régimen que pretendieron ayudar al poeta condenado a muerte. El dato de esta relación familiar hasta ahora no me consta que haya sido publicado y, como es lógico, invita a la reflexión acerca del carácter de dicha ayuda.
Consultada su hoja de servicios como militar, el oficial Pablo Alfaro Alfaro nació en Burgos el 15 de enero de 1880 e ingresó en el Cuerpo de Infantería en 1898. Retirado como comandante a raíz de las reformas promovidas por los decretos de 25 y 29 de abril de 1931 -el resumen de esta normativa legal para regular el retiro voluntario de generales, jefes y oficiales se puede consultar en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del 11 de agosto de 1931, pp. 579-580-, Pablo Alfaro Alfaro tuvo que demostrar no haber colaborado con los republicanos ante el juez instructor del Juzgado Especial de Jefes y Oficiales en mayo de 1939. Ese mismo mes empezó a prestar sus servicios en la Auditoría de Guerra del Cuerpo de Ejército del Guadarrama y el 15 de junio de 1939 (BOE, n.º 158) fue nombrado presidente del Consejo de Guerra Permanente n.º 5.  Según su hoja de servicios depositada en el Archivo General Militar de Segovia, el oficial Pablo Alfaro Alfaro permaneció «reingresado y como Juez Permanente hasta fin de diciembre de 1940». El consejo de guerra de Miguel Hernández tuvo lugar en enero de dicho año. 
Estos datos, y los del resto de los oficiales que integraron el citado tribunal, quedarán ampliados en mi estudio de los sumarios 21001 y 4487 incluido en la coedición de los mismos a cargo del Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante.

jueves, 2 de diciembre de 2021

Agradecimiento al personal del Archivo General e Histórico de Defensa

 


La investigación culminada el 15 de noviembre de 2021 para la edición de los sumarios de Miguel Hernández ha sido intensa, pero habría resultado inviable sin la colaboración y la amabilidad del personal del Archivo General e Histórico de Defensa. Quede aquí constancia de mi agradecimiento por su decisiva ayuda, que seguirá siendo fundamental para culminar la investigación sobre todos los consejos de guerra seguidos contra escritores, periodistas y dibujantes. De hecho, ahora mismo estoy trabajando sobre los de Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido, dos periodistas socialistas que acabaron ante un pelotón de fusilamiento.

La Historia sería un imposible sin la ayuda de los archiveros, que custodian y ponen a disposición de los investigadores una documentación imprescindible para trabajar con el debido rigor. Muchas gracias y seguimos en el empeño común de desvelar lo sucedido durante aquella trágica posguerra.

El consejo de guerra instruido en Orihuela, Elche y Alicante contra Miguel Hernández (4)

 


El sumario 4487, depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa (véase foto superior) incluye hasta dobles personalidades, al menos aparentemente. En la declaración del procesado que tuvo lugar el 28 de septiembre de 1939, aparece un subinspector como presente en la misma. Véase el documento abajo reproducido:


El mismo Hermenegildo Riquelme García figura en una declaración como testigo de cargo que tuvo lugar en el juzgado militar de Orihuela el 12 de diciembre de 1939. Los policías que intervienen en las detenciones e interrogatorios remiten al juez sus informes o diligencias, pero no declaran como testigos durante la instrucción de los consejos de guerra. Sin embargo, en esta ocasión el también casado y vecino de Orihuela figura como "empleado". Tal vez bajo esta nueva personalidad se considerara lícita su declaración, que tuvo lugar cinco días después de remitido al tribunal el auto resumen del sumario 21001. El dislate jurídico merece una reflexión sobre el rigor procedimental de estos procesos.

La sorprendente transformación de quien acusó con dureza a Miguel Hernández fue puesta de relieve por Enrique Cerdán Tato en su edición del sumario 4487 (Elche, Ayuntamiento de Elche, 2010). Mi trabajo para el Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante es un intento de culminar lo investigado con empeño por Enrique y tantos otros amigos o colegas.


El consejo de guerra instruido en Orihuela, Elche y Alicante contra Miguel Hernández (3)

 


A partir de la documentación conservada en el sumario 4487 depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa (véase foto superior), los jueces instructores de Orihuela, Elche y Alicante siempre fueron conscientes de la existencia del sumario 21001 en el Juzgado Militar de Prensa. Los documentos que así lo prueban son numerosos.

El 23 de octubre de 1939, el juez Manuel Martínez Gargallo se dirigió al juzgado militar de Orihuela para que se inhibiera en el caso de Miguel Hernández, diera traslado de lo actuado y remitiera al preso a una cárcel de Madrid. Véase en este sentido el documento abajo reproducido, al que podríamos añadir otros para completar las referidas peticiones:


Las gestiones del juez Manuel Martínez Gargallo se multiplicaron durante las siguientes semanas hasta que, al menos, a principios de diciembre consiguió que Miguel Hernández volviera a Madrid para ser definitivamente llevado a la presencia del tribunal de su consejo de guerra. Sin embargo, el juzgado de Orihuela no se inhibió en el caso del poeta, continuó con sus actuaciones incluso después de remitir al procesado y, sobre todo, nunca dio traslado de lo actuado al Juzgado Militar de Prensa.

Manuel Martínez Gargallo y su secretario, vista la documentación, eran plenamente conscientes de esta irregularidad cometida por el juzgado militar de Orihuela, pero en enero de 1940 el juez firmó el definitivo auto resumen, que fue elevado al tribunal con más folios que en la primera ocasión -según se hace constar- sin tener en cuenta las circunstancias que justifican ese mayor número de documentos: las actuaciones derivadas de una instrucción paralela en Orihuela. 

La irregularidad de este comportamiento de los juzgados militares de Madrid y Orihuela es notable si tenemos en cuenta lo estipulado por el entonces vigente Código de Justicia Militar. Este motivo de nulidad legal ya fue señalado en la magnífica tesis doctoral de Ignacio Jaime Tébar Rubio-Manzanares y lo desarrollo con nuevos argumentos legales en el estudio que acompañará a la coedición de los consejos de guerra de Miguel Hernández por parte del Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante.

miércoles, 1 de diciembre de 2021

El consejo de guerra instruido en Orihuela, Elche y Alicante contra Miguel Hernández (2)

 


El sumario 4487, depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa, incluye entre sus documentos el aval en defensa de Miguel Hernández firmado por el falangista Juan Bellod Salmerón. El significativo documento está fechado, como se puede observar en la imagen abajo reproducida, el 24 de mayo de 1939, cuatro meses antes de que se iniciara la instrucción del citado sumario en Orihuela. 


Vista la fecha, es obvio que el aval del compañero de redacción de El Gallo Crisis en realidad venía motivado por la instrucción del sumario 21001 por parte del Juzgado Militar de Prensa, al que el juzgado oriolano debería haber remitido todas las actuaciones de su instrucción, según lo establecido en el entonces vigente Código de Justicia Militar. No se hizo así y la ausencia de este aval contribuyó a la indefensión del poeta ante el tribunal que le juzgó en Madrid.

Al igual que en anteriores ocasiones, quedo a la espera de las oportunas observaciones de los especialistas para, en su caso, corregir posibles errores en mi interpretación de los documentos. Las implicaciones de esta notoria irregularidad procesal aparecerán desarrolladas en el estudio que acompañará la coedición de los sumarios por parte del Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante.

El consejo de guerra instruido en Orihuela, Elche y Alicante contra Miguel Hernández (1)


Miguel Hernández fue objeto de dos consejos de guerra paralelos y simultáneos: el 21001 y el 4487. Ambos sumarios se encuentran depositados en el Archivo General e Histórico de Defensa. En este último, iniciado en Orihuela, también hay datos que debieran hacer rectificar lo escrito hasta ahora sobre la detención del poeta en su ciudad natal, que la bibliografía hernandiana sitúa entre el 28 y el 29 de septiembre de 1939. Sin embargo, el auditor que manda instruir el sumario 4487 firma el correspondiente documento el día 26 de dicho mes, según se observa en el fragmento abajo reproducido:


En todos los sumarios hasta ahora analizados, he constatado que el auditor manda instruir un sumario solo cuando el procesado ya está preso y casi siempre a resultas de las primeras actuaciones de la policía militar o de agentes civiles. Nunca he visto hasta ahora que se mande instruir un sumario contra alguien que todavía está libre. Por lo tanto, cabe pensar que Miguel Hernández fuera detenido en Orihuela antes del 26 de septiembre de 1939 y no con posterioridad a esta fecha.

Al igual que en anteriores ocasiones, quedo a la espera de las observaciones que me puedan aportar los especialistas e historiadores para corregir posibles errores en mi trabajo que será coeditado por el Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante.

Errores e irregularidades en el proceso de Miguel Hernández (10)

 


Una vez ratificada por el auditor la sentencia del tribunal de un consejo de guerra, cuando la misma era la muerte del procesado se remitía al general Franco para el correspondiente "enterado" y mientras tanto se suspendía su ejecución. 

Al cabo de seis meses, el 25 de junio de 1940 el Caudillo decidió conmutar la pena de muerte dictada contra Miguel Hernández en el sumarísimo de urgencia 21001 (Archivo General e Histórico de Defensa) por la de inferior grado, es decir, por la de treinta años de reclusión. Así se indica en el fragmento abajo reproducido:


Sin embargo, el ministro de Educación Nacional José Ibáñez Martín, en carta a Dionisio Ridruejo fechada en Madrid el 7 de enero de 1940 y conservada como copia en su archivo personal, ya indica al líder falangista que la decisión de conmutar la pena de muerte del poeta estaba prácticamente adoptada por Franco a instancias de tres de sus ministros, incluso antes de que fuera dictada la sentencia condenatoria del consejo de guerra. 

Al margen de que el general Franco nunca era claro o explícito sobre estas cuestiones, ni sobre otras muchas, ¿por qué se retrasó seis meses la correspondiente comunicación al auditor? La explicación de este retraso, que también se da en otros procesos analizados, es uno de los hilos conductores de mi estudio, que cuestiona el papel decisivo supuestamente asumido por algunos intelectuales falangistas en la conmutación de la pena de muerte de Miguel Hernández.

Este tema es complejo porque recurre a hipótesis para su interpretación y requiere un desarrollo por extenso, No obstante, cabe subrayar aquí el antecedente de la citada carta, apenas tenida en cuenta por la bibliografía hernandiana, a la espera de la publicación de los sumarios de Miguel Hernández por parte del Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante, que incluye el estudio al que aludo. Mientras tanto, quedo a la espera de las observaciones de quienes son especialistas en el tema para corregir posibles errores.

martes, 30 de noviembre de 2021

Errores e imprecisiones en el proceso a Miguel Hernández (9)

 


El sumario 21001 (Archivo General e Histórico de Defensa) incluye algunos documentos que producen asombro o estupor al investigador. Uno de ellos, que no es precisamente un error o una imprecisión, es el referente a la definitiva conmutación de la pena de treinta años por otra de veinte años:


La fecha de esta conmutación es el 10 de diciembre de 1943. El poeta falleció el 28 de marzo de 1942. Si la condena inicial hubiera sido de esos mismos veinte años, su destino habría sido radicalmente distinto.

El proceso y la justificación legal de esa conmutación tan tardía como inútil han sido analizados en el estudio que aporto a la coedición de los sumarios, pero valga ahora como detalle para el estupor la contemplación de las fechas manejadas por una burocracia judicial absolutamente desbordada e insensible a la realidad de los procesados.

Errores e irregularidades en el proceso a Miguel Hernández (8)

 


El primer auto resumen firmado por el juez Manuel Martínez Gargallo y elevado a la sesión plenaria del consejo de guerra contiene imprecisiones con respecto a lo instruido por el propio juez en el sumario 21001 (Archivo General e Histórico de Defensa). La más llamativa aparece en el párrafo abajo reproducido:


A lo largo de la instrucción, Manuel Martínez Gargallo y su secretario solo localizan y adjuntan un manifiesto antifascista firmado por Miguel Hernández. Sin embargo, en el auto resumen -un documento fundamental para la posterior sentencia- se afirma que el poeta era «firmante de varios manifiestos destinados a sembrar en España y en el Extrangero [sic] la idea de que tan Glorioso Movimiento no era sino una vulgar invasión». 
El auto resumen no solo añade la existencia de otros manifiestos no localizados ni conocidos a lo largo de la instrucción, sino que pone en boca de Miguel Hernández la idea de la invasión como «vulgar», adjetivo que nunca utilizó el poeta a la hora de referirse a los alemanes o italianos que estuvieron presentes en el Glorioso Movimiento. Su crítica no era precisamente por una cuestión de vulgaridad.
Este punto, como los anteriores, aparecerá convenientemente desarrollado a la luz del Código de Justicia Militar de 1890 en el estudio histórico que acompaña a la coedición de los sumarios de Miguel Hernández por parte del Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante.


domingo, 28 de noviembre de 2021

Errores e irregularidades en el proceso a Miguel Hernández (7)


La eficaz y competente labor desarrollada por los responsables del Archivo General e Histórico de Defensa me ha permitido la consulta de numerosos sumarios, entre los que se encuentra el 21001, que en marzo de 2022 aparecerá coeditado por el Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante. 
El estudio histórico que he preparado para la ocasión ha puesto de relieve errores e irregularidades en el proceso seguido contra Miguel Hernández. Uno de los más obvios, aunque de una importancia menor, es la ausencia del preceptivo nombramiento del secretario instructor, un documento que suele estar presente en los sumarios instruidos en diferentes juzgados, pero nunca en los del Juzgado Militar de Prensa. La razón la ignoro y, desde luego, esta posibilidad no está contemplada en el Código de Justicia Militar de 1890. 
No obstante, supongo que la carencia del correspondiente documento en cada sumario debe tener relación con la participación de oficiales fijos, tenientes y alféreces, que desempeñaban esa labor de manera continuada a las órdenes del juez Manuel Martínez Gargallo. Los tres hasta ahora conocidos estarían oficialmente destinados o «en plantilla» y cabe pensar que no se considerara preciso un nombramiento para cada caso.
Sin embargo, en el sumario de Miguel Hernández intervienen dos secretarios. Uno, que solo aparece en el documento abajo reproducido, y el habitual alférez, cuya firma figura en doce documentos distintos a lo largo del 21001. Lo sorprendente y nunca justificado es que el teniente que redacta este documento se presenta como «secretario para la sustanciación de la presente causa». Si así fuera, ¿qué papel desempeñaba el alférez cuya firma es una constante del proceso a Miguel Hernández? Supongo que, en realidad, tan solo se trata de una sustitución temporal de este último y que el verdadero secretario o, al menos, quien actúa como tal es el alférez andaluz de cuya competencia tendría sobradas pruebas Manuel Martínez Gargallo.






Este tema lo desarrollo en el citado estudio con la debida consulta de los artículos del Código Militar de Justicia que regulan la actuación de los secretarios, aunque la misma quedó a menudo alterada por la práctica en aquellos consejos de guerra sumarísimos de urgencia.
Por último, pido disculpas por un error cometido en la anterior entrega a la hora de atribuir una actuación judicial. El mismo fue corregido inmediatamente y, desde luego, quedo a la espera de cualquier observación que los demás historiadores me pudieran hacer llegar para mejorar mi investigación.

Virgilio de la Pascua, funcionario y periodista condenado a muerte

El funcionario del Tribunal de Cuentas y periodista Virgilio de la Pascua fue uno de los responsables de la incautación de ABC y de su conversión en un «diario republicano de izquierdas» durante el verano de 1936. Al finalizar la guerra se presentó voluntariamente en una comisaría de Madrid, pero el gesto no impidió que poco después fuera condenado a muerte en un consejo de guerra sumarísimo de urgencia. En el enlace abajo indicado, podéis encontrar provisonalmente el borrador del estudio de su proceso, cuyo sumario se encuentra depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa.
El objetivo de la publicación de estos borradores en el Repositorio de la Universidad de Alicante es permitir, como ya hemos indicado en ocasiones anteriores, su consulta a otros historiadores o a personas interesadas por estos temas, abrir la posibilidad de un debate y, sobre todo, corregir posibles errores que haya podido cometer antes de incluir estos capítulos en Las armas contra las letras, el libro dedicado a la represión sufrida por escritores, periodistas y dibujantes durante la posguerra:

 http://hdl.handle.net/10045/119785

jueves, 25 de noviembre de 2021

Un condenado a muerte en la redacción de La Codorniz: Fernando Perdiguero

                             

Rafael Azcona me habló en repetidas ocasiones de su agradecimiento por haber sido admitido en la redacción de La Codorniz, una de las pocas revistas donde se respiraba un cierto aire de libertad durante el franquismo. Esta singularidad se puede ejemplificar en la figura de Fernando Perdiguero, el redactor-jefe que había sido condenado a muerte en la posguerra. Su sumario, el n.º 8683 depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa, está incompleto, pero he tenido la oportunidad de analizarlo en el texto abajo enlazado provisionalmente. El mismo, una vez completado con las oportunas consultas bibliográficas, aparecerá como un nuevo capítulo del futuro libro, Las armas contra las letras, dedicado a la represión sufrida por escritores, periodistas y caricaturistas durante la posguerra. Quede constancia de mi agradecimiento por haber localizado en Internet la maravillosa «foto imposible» de aquella legendaria redacción. Ya es casualidad, o no, que el añorado Rafael Azcona aparezca junto con dos personas con quienes compartió muchos momentos presididos por la sonrisa: Antonio Mingote y Fernando Perdiguero. 

Errores e irregularidades en el proceso a Miguel Hernández (6)


En el segundo interrogatorio al que fue sometido en el Juzgado Militar de Prensa, Miguel Hernández debió responder acerca de un texto anónimo publicado en su edición de Teatro en la guerra (Valencia, 1937). El volumen había sido localizado por el secretario del juzgado a instancias de su titular y, leído lo erróneamente considerado como una introducción o un prólogo, el juez deduce la existencia de varios posibles delitos de los que debía responder el poeta. El titular del juzgado actúa en consecuencia durante la segunda indagatoria.
El texto anónimo, como ya demostrara Juan Guerrero Zamora en su edición del sumario 21001 depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa (Madrid), contiene errores notables. Algunos son tan obvios como la fecha de nacimiento del poeta. La prueba esgrimida por los instructores es anónima y carece de veracidad en algunas de sus afirmaciones. No obstante, y a pesar de ser negado su contenido por el propio poeta en lo referente a su condición de comisario de guerra, esa prueba fue utilizada para la elaboración del auto resumen remitido al plenario del consejo de guerra sin aportar nuevos elementos que fundamentaran la cuestionada veracidad.
Los detalles al respecto los explico en un artículo actualmente en prensa para la revista Nuestra historia y los desarrollo con nuevos datos en el estudio histórico que aparecerá en la coedición de los sumarios de Miguel Hernández por parte del Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante.

miércoles, 24 de noviembre de 2021

El periodista y novelista Alberto Marín Alcalde ante el Juzgado Militar de Prensa


 http://hdl.handle.net/10045/119700

En el enlace arriba indicado, podéis localizar provisionalmente el borrador, todavía incompleto, del trabajo dedicado al periodista, dramaturgo y novelista Alberto Marín Alcalde, que cuenta con tres sumarios distintos en el Archivo General e Histórico de Defensa. El texto enlazado se centra en el número 28830 a la espera de contar con la copia del 48757, que a partir de los datos ya conocidos fue instruido por el Juzgado Militar de Prensa. La sentencia de este último sumarísimo de urgencia fue una condena a muerte dictada el 13 de diciembre de 1939, que sería conmutada por otra de treinta años el 4 de junio de 1940.

Errores e irregularidades en el proceso a Miguel Hernández (5)

 


El 4 de julio de 1939, el juez Manuel Martínez Gargallo dictó una providencia, firmada también por el secretario del juzgado instructor, para pedir distintos informes acerca de Miguel Hernández. En el sumario 21001 (AGHD) solo consta el remitido por la alcaldía de Orihuela, pero no aparece el solicitado a la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad y de Información e Investigación de FET. Tampoco hay noticias de los supuestamente pedidos «a las personas que a este cite» (sic). Vista la documentación del sumario 21001, no tengo constancia de que el titular del juzgado o su secretario reclamaran estos informes o hicieran gestiones para conseguirlos.

Esta actuación incompleta repercutió negativamente en la posibilidad de que Miguel Hernández pudiera tener avales en su defensa durante la instrucción del sumario.

Al igual que en las demás entradas, quedo a la disposición de los lectores e interesados para aclarar lo expuesto y, en su caso, corregir los posibles errores cometidos en mi estudio sobre los procesos seguidos contra Miguel Hernández.

Errores e irregularidades en el proceso a Miguel Hernández (4)


Tal y como se observa en la imagen arriba reproducida, el 9 de junio de 1939 el auditor Ángel Manzaneque Feltrer se dirige al juez militar permanente número 5 para que inicie las diligencias del sumarísimo de urgencia número 21001 (AGHD). Sin embargo, y dada la condición del procesado como periodista y escritor, poco después dicho juez se inhibió en favor del Juzgado Militar de Prensa. Esta actuación, acorde con lo establecido en el Código de Justicia Militar, entra en contradicción con las actuaciones posteriores de los juzgados militares de Orihuela, Elche y Alicante, que finalmente no se inhibieron a favor del juzgado de Manuel Martínez Gargallo a pesar de los requerimientos recibidos en tal sentido.
Volveremos a comentar esta irregularidad en próximas entregas. La argumentación legal la desarrollo en mi estudio histórico sobre los procesos seguidos contra Miguel Hernández, que serán coeditados por el Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante en marzo de 2022.

lunes, 22 de noviembre de 2021

Errores e irregularidades en el proceso a Miguel Hernández (3)


El titular del Juzgado Militar de Prensa se dirigió a Espasa-Calpe para recabar el informe de José M.ª de Cossío, uno de los avalistas citados por Miguel Hernández en su primera declaración. A tenor de la bibliografía consultada, es probable que el responsable de Los toros ya se encontrara por entonces en su residencia de Tudanca. En ausencia del «jefe», el 8 de julio de 1939 un empleado de la editorial envía el correspondiente informe sobre el poeta al juzgado. 
No obstante, y de acuerdo con el documento arriba reproducido a partir del sumario 21001 depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa, había un compromiso explícito de localizar a José M.ª de Cossío para que atendiera el requerimiento del juzgado. Nunca se actuó en consecuencia, ni por parte del requerido ni por la de un juzgado que jamás reclamó el informe. 
A lo largo de los cinco meses siguientes hubo tiempo de sobra para completar la diligencia, pero no se hizo. Tal vez, y es una hipótesis que defiendo en mi estudio, porque el amigo de Miguel Hernández tenía motivos para alejarse de cualquier juzgado militar, ya que había permanecido en Madrid durante la guerra y esa circunstancia le convertía en sujeto procesable en aquellos sumarísimos de urgencia. Recuérdese, en este sentido, lo escrito en la entrada dedicada a Ramón Goy de Silva, que se encuentra en este mismo blog.

Análisis de La Jauría, de Jordi Casanovas


Con motivo de la próxima jubilación de un colega y amigo, mi contribución al correspondiente libro homenaje ha versado sobre La Jauría, de Jordi Casanovas. En el enlace siguiente, los interesados pueden consultar el preprint de mi estudio sobre esta magnífica obra que nos recuerda, con toda su crudeza, la gravedad de la violencia de género:

http://hdl.handle.net/10045/119604

sábado, 20 de noviembre de 2021

Errores e irregularidades en el proceso a Miguel Hernández (2)



Tal y como quedó reflejado en el acta de la primera declaración de Miguel Hernández ante el Juzgado Militar de Prensa (AGHD, Sumario 21001), el poeta facilitó al juez y su secretario una serie de nombres de posibles avalistas para que testimoniaran a su favor: José M.ª de Cossío, Juan Bellod Salmerón, Luis Almarcha, Ernesto Giménez Caballero y Rafael Sánchez Mazas. La obligación de los instructores del consejo de guerra era recabar estos testimonios para incluirlos en el sumario. Así sucede en otros procesos instruidos en el mismo juzgado. Vista la documentación incluida en el 21001, no consta diligencia alguna para conseguirlos y, en ausencia de José M.ª de Cossío, lo más parecido a un aval es el testimonio de Espasa Calpe, la editorial donde Miguel Hernández estaba colaborando para la redacción de Los toros. 
El aval de Juan Bellod Salmerón apareció finalmente en el sumarísimo de urgencia instruido en Orihuela, que también se encuentra depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa. A pesar de las dos solicitudes cursadas por el juez Manuel Martínez Gargallo para que se le remitiera todo lo actuado en la localidad alicantina, el texto del falangista amigo de Miguel Hernández desde los tiempos de El Gallo Crisis nunca fue enviado a Madrid. Tampoco apareció en el sumario 21001 el aval firmado por el vicario Luis Almarcha, aunque el mismo llegó a manos del propio poeta, según se atestigua en su epistolario con Josefina Manresa. El resultado de estas circunstancias es obvio: Miguel Hernández fue juzgado en la fase plenaria del consejo de guerra sin ningún testimonio en su defensa, a pesar de los nombres facilitados en sede judicial y que, al menos, dos de ellos accedieron a firmar sendos avales.
La posible irregularidad con respecto a lo establecido en el Código de Justicia Militar de 1890, por entonces vigente con varias modificaciones, la detallo en mi estudio histórico sobre los consejos de guerra de Miguel Hernández, que será coeditado por el Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante el próximo 28 de marzo de 2022 con motivo del ochenta aniversario de su fallecimiento. Presento ahora este apunte para el debate y la posible corrección de errores en colaboración con otros historiadores.

sábado, 13 de noviembre de 2021

El proceso y fusilamiento del periodista Augusto Vivero


 

Augusto Vivero fue uno de los primeros periodistas detenidos tras la toma de Madrid por parte de las tropas del general Franco. Su consejo de guerra fue verdaderamente un sumarísimo de urgencia por la celeridad con que se dieron las actuaciones hasta el fusilamiento de quien había publicado numerosos textos anticlericales. La razón parece obvia: desde la etapa anterior al 18 de julio de 1936, el librepensador nacido en Cuba se había convertido en un personaje a batir por los sectores conservadores o reaccionarios. Durante el consejo de guerra no se le llegó a acusar por sus artículos o textos literarios, pero la incautación del local de ABC para dirigir el periódico durante unas semanas del verano de 1936 fue la primera de las acusaciones vertidas contra quien también participó en la toma del cuartel de la Montaña. Una vez fusilado, la represión de extendió a su familia. En el siguiente enlace encontraremos provisionalmente el borrador del capítulo que le dedicaré en un próximo libro, Las armas contra las letras, sobre la represión ejercida contra los periodistas durante la posguerra, aunque en esta ocasión no intervino el Juzgado Militar de Prensa:

http://hdl.handle.net/10045/119381

Errores e irregularidades en el proceso a Miguel Hernández (1)

La investigación histórica realizada con el objetivo de preparar la próxima edición de los sumarios donde se recopila la documentación de los consejos de guerra de Miguel Hernández ha permitido alumbrar varios errores, irregularidades que justifican la nulidad de ambos sumarísimos de urgencia e interpretaciones erróneas o revisables por parte de la bibliografía que se ocupa de la biografía del poeta. El trabajo ya ha sido entregado a la Universidad de Alicante y el Ministerio de Defensa para su publicación. Iniciamos con esta entrega una serie para dar cuenta de algunas circunstancias llamativas puestas de relieve en la investigación realizada.
Uno de los secretarios judiciales que actuaron en la instrucción del sumario 21001 dio fe y testimonio de una supuesta documentación acerca de Miguel Hernández que, siendo de fuentes anónimas y nunca contrastadas, permitía la elaboración de un informe que resultó decisivo para la acusación. El mismo comienza con el fragmento abajo reproducido, donde se indica que el oriolano fue poco conocido del público porque «hasta julio de mil novecientos treinta y nueve no se había destacado en el terreno político ni sindical». De haber sido así, el resto del informe carece de sentido y, desde luego, no se comprende la detención del poeta antes de que hubiera destacado en el terreno político. Habría sido una detención preventiva a la espera de que el futuro justificara su pertinencia:


El otro secretario que intervino en la instrucción tampoco acertó a la hora de datar uno de los documentos fundamentales del sumario: el auto resumen firmado por el juez Manuel Martínez Gargallo que justificó el enjuiciamiento del poeta. En vez de fecharlo en enero de 1940, lo hace en el cinco de enero de mil novecientos treinta y nueve, como se observa en la imagen abajo reproducida. Es decir, antes de finalizar la guerra y, por supuesto, antes de haber detenido al encausado para el que poco después se pediría la pena de muerte.

                             

Algunos podrán pensar que son unas erratas sin trascendencia, pero cabe subrayar la importancia de ambos documentos y que, de acuerdo con los pasos dados en el proceso, debieron haber sido leídos y analizados por el tribunal que juzgó a Miguel Hernández y el auditor que ratificó la sentencia. Por otra parte, el Código de Justicia Militar de 1890 indica explícitamente cómo actuar en el caso de detectarse un error de estas características, un requisito legal que fue obviado por quienes intervinieron en el proceso a Miguel Hernández. Los detalles y las responsabilidades aparecerán en el citado estudio histórico.

viernes, 12 de noviembre de 2021

El procesamiento del periodista Eduardo Haro Delage


Eduardo Haro Tecglen -véase foto- contó en distintas ocasiones lo sucedido con su padre, el comediógrafo y periodista Eduardo Haro Delage, que fue condenado en un consejo de guerra sumarísimo de urgencia durante la inmediata posguerra. En el texto abajo provisionalmente enlazado analizo el sumario del mismo depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa como borrador de un trabajo histórico que aparecerá en el volumen Las armas contra las letras y, al mismo tiempo, pequeño homenaje a la memoria de quien penó en las cárceles del franquismo por ser un espíritu libre:

jueves, 11 de noviembre de 2021

Ricardo Ruiz Ferry, periodista deportivo y condenado en Consejo de Guerra


El periodista deportivo Ricardo Ruiz Ferry (1879-1956), que llegó a ser miembro del Comité Olímpico Español, fue uno de los numerosos periodistas represaliados durante la posguerra por su participación en la prensa republicana, aunque su caso no fuera instruido en el Juzgado Militar de Prensa al prevalecer otra condición profesional. El sumario 3828 del Archivo General e Histórico de Defensa alumbra algunas de las circunstancias que le llevaron a esa situación y lo analizo en el siguiente enlace provisional, donde también se aporta información sobre la incautación del local y los bienes de la Editorial Católica en julio de 1936:

 http://hdl.handle.net/10045/119337

El texto definitivo será un capítulo de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores, 1939-1945 (Sevilla, Renacimiento-Publicaciones de la Universidad de Alicante, en prensa).

martes, 9 de noviembre de 2021

Manuel Navarro Ballesteros ante el Juzgado Militar de Prensa


El periodista Manuel Navarro Ballesteros fue fusilado el 1 de mayo de 1940 tras ser detenido en el puerto de Alicante y condenado a muerte en un consejo de guerra sumarísimo de urgencia cuya instrucción corrió a cargo del Juzgado Militar de Prensa. En el enlace abajo indicado se puede localizar provisionalmente el análisis histórico de dicho proceso, cuyo borrador se somete a la consideración de los especialistas con vistas a su publicación en el futuro libro sobre las actividades de dicho juzgado durante la posguerra:


El texto definitivo será un capítulo de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores, 1939-1945 (Sevilla, Renacimiento-Publicaciones de la Universidad de Alicante, en prensa).

lunes, 8 de noviembre de 2021

Las memorias del fiscal Leopoldo Huidobro

El fiscal Leopoldo Huidobro intervino en la fase final del consejo de guerra de Miguel Hernández y, probablemente, en otros muchos de aquella época dado su destino. Durante la guerra y, después de unos seis meses de permanencia en la Audiencia Provincial de Madrid, se refugió en la embajada de Finlandia y allí mismo redactó el libro del que aportamos la portada (Memorias de un finlandés, Madrid, Ediciones Españolas, 1939). La lectura de este texto propagandístico es recomendable para entender la mentalidad desde la que se actuó en aquellos consejos de guerra y, concretamente, en el del citado poeta, cuyo análisis con notables novedades pronto lo daré a conocer.




Nota añadida:
El resultado de la investigación se puede consultar en Los consejos de guerra de Miguel Hernández (Madrid, Ministerio de Defensa-Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2022).

Postdata:
El fiscal Leopoldo Huidobro también intervino en el consejo de guerra que condenó a muerte al dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Se trata del sumario 48924 del AGHD. Su intervención fue especialmente dura en un escrito de acusación cuyo preámbulo da rienda suelta a su estilo propagandístico:
«La victoria de las armas nacionales, que cerró gloriosamente la primera etapa de la Revolución Nacional Sindicalista con un inapelable fallo de la Providencia y de la Historia, sobre fundamentos de razón y de fuerza prodigiosamente hermanados en esta ocasión, no fue admitida como definitiva por algunos elementos díscolos y contumaces que pertenecieron a aquella fracción política a la que cabe precisamente la máxima responsabilidad tanto de la situación caótica prerrevolucionaria, que hizo inevitable, como una necesidad física, el Alzamiento nacional, como de la resistencia criminal que prolongó artificialmente la vida del Régimen rojo y la agonía de la población residente en esta zona, todo ello sin otra finalidad que la de servir consignas extrañas de Poderes [sic] que nada perdían con nuestra desunión y nuestro luto».
El análisis de la intervención de Leopoldo Huidobro en el citado consejo de guerra, que terminó con cuatro fusilados, aparecerá en el segundo volumen de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores, 1939-1945, coeditado por Renacimiento y Publicaciones de la Universidad de Alicante.