Una vez ratificada por el auditor la sentencia del tribunal de un consejo de guerra, cuando la misma era la muerte del procesado se remitía al general Franco para el correspondiente "enterado" y mientras tanto se suspendía su ejecución.
Al cabo de seis meses, el 25 de junio de 1940 el Caudillo decidió conmutar la pena de muerte dictada contra Miguel Hernández en el sumarísimo de urgencia 21001 (Archivo General e Histórico de Defensa) por la de inferior grado, es decir, por la de treinta años de reclusión. Así se indica en el fragmento abajo reproducido:
Sin embargo, el ministro de Educación Nacional José Ibáñez Martín, en carta a Dionisio Ridruejo fechada en Madrid el 7 de enero de 1940 y conservada como copia en su archivo personal, ya indica al líder falangista que la decisión de conmutar la pena de muerte del poeta estaba prácticamente adoptada por Franco a instancias de tres de sus ministros, incluso antes de que fuera dictada la sentencia condenatoria del consejo de guerra.
Al margen de que el general Franco nunca era claro o explícito sobre estas cuestiones, ni sobre otras muchas, ¿por qué se retrasó seis meses la correspondiente comunicación al auditor? La explicación de este retraso, que también se da en otros procesos analizados, es uno de los hilos conductores de mi estudio, que cuestiona el papel decisivo supuestamente asumido por algunos intelectuales falangistas en la conmutación de la pena de muerte de Miguel Hernández.
Este tema es complejo porque recurre a hipótesis para su interpretación y requiere un desarrollo por extenso, No obstante, cabe subrayar aquí el antecedente de la citada carta, apenas tenida en cuenta por la bibliografía hernandiana, a la espera de la publicación de los sumarios de Miguel Hernández por parte del Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante, que incluye el estudio al que aludo. Mientras tanto, quedo a la espera de las observaciones de quienes son especialistas en el tema para corregir posibles errores.
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