jueves, 2 de diciembre de 2021

El consejo de guerra instruido en Orihuela, Elche y Alicante contra Miguel Hernández (3)

 


A partir de la documentación conservada en el sumario 4487 depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa (véase foto superior), los jueces instructores de Orihuela, Elche y Alicante siempre fueron conscientes de la existencia del sumario 21001 en el Juzgado Militar de Prensa. Los documentos que así lo prueban son numerosos.

El 23 de octubre de 1939, el juez Manuel Martínez Gargallo se dirigió al juzgado militar de Orihuela para que se inhibiera en el caso de Miguel Hernández, diera traslado de lo actuado y remitiera al preso a una cárcel de Madrid. Véase en este sentido el documento abajo reproducido, al que podríamos añadir otros para completar las referidas peticiones:


Las gestiones del juez Manuel Martínez Gargallo se multiplicaron durante las siguientes semanas hasta que, al menos, a principios de diciembre consiguió que Miguel Hernández volviera a Madrid para ser definitivamente llevado a la presencia del tribunal de su consejo de guerra. Sin embargo, el juzgado de Orihuela no se inhibió en el caso del poeta, continuó con sus actuaciones incluso después de remitir al procesado y, sobre todo, nunca dio traslado de lo actuado al Juzgado Militar de Prensa.

Manuel Martínez Gargallo y su secretario, vista la documentación, eran plenamente conscientes de esta irregularidad cometida por el juzgado militar de Orihuela, pero en enero de 1940 el juez firmó el definitivo auto resumen, que fue elevado al tribunal con más folios que en la primera ocasión -según se hace constar- sin tener en cuenta las circunstancias que justifican ese mayor número de documentos: las actuaciones derivadas de una instrucción paralela en Orihuela. 

La irregularidad de este comportamiento de los juzgados militares de Madrid y Orihuela es notable si tenemos en cuenta lo estipulado por el entonces vigente Código de Justicia Militar. Este motivo de nulidad legal ya fue señalado en la magnífica tesis doctoral de Ignacio Jaime Tébar Rubio-Manzanares y lo desarrollo con nuevos argumentos legales en el estudio que acompañará a la coedición de los consejos de guerra de Miguel Hernández por parte del Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante.

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