Los nietos de las víctimas

 Rodrigo Sorogoyen, nieto de Antonio del Amo

Lucy Marcos del Rey, nieta del periodista procesado Pío Marcos Cuadrado, hace unas semanas se puso en contacto conmigo porque desde Puebla (México) está recopilando información acerca de la trayectoria de su abuelo. El sumario de quien fuera censor de prensa durante la guerra lo analicé en La colmena (pp. 105-110), le mandé una copia de la documentación utilizada e iniciamos una colaboración para completar el relato de este periodista afiliado al PCE en junio de 1938.

El juez Manuel Martínez Gargallo y su secretario instruyeron el sumario de quien, por el escaso protagonismo alcanzado durante la guerra, creyó estar a salvo en la Victoria. Sin embargo, Pío Marcos Cuadrado fue denunciado por el industrial Manuel Carazo Jiménez y lo detuvieron el 24 de mayo de 1939. A partir de ese momento, y como preso en las abarrotadas cárceles de la época, se inicia una instrucción que finaliza el 17 de noviembre con un auto resumen, donde el titular del Juzgado Militar de Prensa propone el sobreseimiento de la causa.

No obstante, un izquierdista nunca salió indemne de aquel juzgado militar y Manuel Martínez Gargallo, tras los correspondientes informes de su secretario, añade una nota al auto resumen. El procesado podía quedar en libertad «sin perjuicio de que dada la filiación netamente izquierdista del mismo y la colaboración por él prestada a la causa roja se le imponga un correctivo de tipo disciplinario o gubernativo, siempre que no se estimara bastante la prisión preventiva que lleva sufriendo».

El auditor estimó que era suficiente con medio año en la cárcel por haber sido «muy rojo» y el 29 de noviembre de 1939 salió en libertad. Nada más se sabía acerca de su futuro, que suponía difícil con cuarenta y cinco años y después de la experiencia en unas cárceles donde la salud siempre corría peligro. Ahora, gracias a la información facilitada por Lucy Marcos del Rey, sabemos que la familia terminó en México y que el periodista falleció en Madrid el 3 de junio de 1943. Pío Marcos Cuadrado sobrevivió a la cárcel, pero no llegó a los cincuenta años.

Las estadísticas dan cuenta de un preso puesto en libertad tras el sobreseimiento de su causa judicial. La realidad revelada por estos trabajos de la microhistoria indica que Pío Marcos Cuadrado no solo padeció medio año de cárcel en unas condiciones inhumanas, sino que falleció poco después, como tantos otros republicanos que pasaron por una experiencia similar.

Luz Recuero Jiménez, la esposa del periodista que hizo todo lo posible para ayudarle durante la instrucción, también falleció en Madrid, pero le sobrevivió hasta el 21 de diciembre de 1972. La viuda no tuvo la oportunidad de contar en público lo sucedido con su marido. Ni siquiera en privado, supongo, por la escasa información que nos ha llegado. Ahora Lucy Marcos del Rey, como tantos familiares de las víctimas, intenta reconstruir la trayectoria de su abuelo y contará con nuestra colaboración en todo lo que sea preciso.

Mientras tanto, el cineasta Rodrigo Sorogoyen, que acaba de estrenar con gran éxito una película protagonizada por Javier Bardem, ya dispone del sumario de Antonio del Amo, su abuelo y también director de cine. Habrá que esperar algunos meses para completar la información, pero estará lista para la publicación de Final de trayecto en 2027, justo cuando Rodrigo Sorogoyen esté a punto de iniciar una nueva película, que en este caso estará centrada en la Guerra Civil en la que su abuelo fue un documentalista al servicio del ejército republicano. Ahora conoce mucho mejor su relato, gracias a una historia que alimenta la memoria con una información contrastada.

Hollywood en el penal de Ocaña: el sumario de Florentino Hernández Girbal

 Florentino Hernández Girbal

El paso por Hollywood en calidad de corresponsal de prensa, como hiciera Baltasar Fernández Cue, o el interés periodístico por aquellos españoles capaces de trabajar en la Meca del cine no contribuyeron a evitar la represión de la Victoria. Al contrario, para los vencedores estas muestras de la modernidad eran motivos de sospecha por las simpatías republicanas de algunas estrellas norteamericanas o, en el mejor de los casos, de indiferencia. Al fin y al cabo, los oficiales de la jurisdicción militar actuaban con un criterio mecanicista donde esas circunstancias del pasado nunca figuraban en la lista de las acusaciones porque relativizan o hacen inverosímil la imagen del procesado como responsable de una adhesión a la rebelión militar.

Florentino Hernández Girbal (1902-2002) tuvo la oportunidad de marchar a California como su colega Baltasar Fernández Cue, pero prefirió no correr esa aventura de la mano de su amigo Edgar Neville. Otras le esperaban en Madrid. Sin embargo, gracias a ser un periodista dedicado a los temas cinematográficos entrevistó a los españoles que respondieron a la llamada de Hollywood durante los inicios del sonoro. El conjunto de aquellas entrevistas publicadas en Cinegramas ahora es accesible por la labor de varios historiadores del cine, que han tenido en el salmantino una referencia para conocer la evolución de la cinematografía durante el período republicano. También para abordar otros temas relacionados con la música, el teatro o la historia, puesto que Florentino Hernández Girbal fue polifacético y prolífico como autor.

La bibliografía sobre su trayectoria, sin embargo, ignora que el periodista cinematográfico coincidió con su colega Baltasar Fernández Cue en el Juzgado Militar de Prensa. La razón es sencilla: hasta ahora nadie ha consultado el sumario 3613 depositado en el AGHD, donde esa documentación ha permanecido hasta hace poco sin figurar en el catálogo por un comprensible error. Una vez subsanado gracias al personal del archivo, que se puso en contacto conmigo para comunicármelo, ya podemos conocer los pormenores del proceso que desembocó en una condena a treinta años.

El 16 de abril de 1939, los agentes del SIPM Eduardo Belascoain y Nicolás Ciriza denunciaron a Florentino Hernández Girbal ante las autoridades militares porque, gracias a «las gestiones por ellos practicadas», supieron que era «uno de los mayores propagandistas de los rojos en Madrid». Aparte de facilitar su localización para la inmediata detención, señalan que era el responsable de Popular Films, una distribuidora dedicada a la propaganda soviética. Su tarea, según los agentes, iba más allá de la distribución, pues también le acusan de incorporar a las películas «los comentarios más canallescos y antinacionales», que el denunciado habría repetido en sus intervenciones radiofónicas.

Los agentes aportan los nombres del periodista Roque Sanz y del escritor Luis Gómez Mesa como referencias para ampliar su denuncia. Los militares nunca les consultaron porque ni siquiera les localizaron, a pesar de trabajar ambos en Madrid. No obstante, el mismo 16 de abril Florentino Hernández Girbal fue detenido en el domicilio paterno de la calle Trafalgar e ingresó en el establecimiento penitenciario de Porlier.

Allí permaneció en unas condiciones infrahumanas hasta que los juzgados permanentes número 4 y 12 realizaron las primeras actuaciones para instruir el sumario ordenado por el auditor Ángel Manzaneque Feltrer el 19 de abril de 1939. La masificación de la represión provocaba estas demoras, que en numerosas ocasiones acabaron con la salud de los procesados. Florentino Hernández Girbal, de treinta y seis años y soltero cuando fue detenido, afrontó las penurias carcelarias en San Antón, Ocaña y Alcalá de Henares gracias a amigos como Diego San José, Agapito Marazuela, Ángel M.ª de Lera y Miguel Hernández.

El periodista carecía de antecedentes penales y la Dirección General de Seguridad remite su informe el 9 de octubre. En el mismo Florentino Hernández Girbal, «siendo de ideología izquierdista», figura como afiliado a la UGT «habiéndose dedicado durante el dominio rojo a la propaganda de izquierdas, incluso por la radio».

Apenas dos días después, llega el preceptivo informe de Falange Española Tradicionalista. Sus responsables ignoran si el periodista había pertenecido a algún partido político, pero afirman que durante la guerra fue el gerente del madrileño cine Fígaro. Tras indagar en el entorno vecinal, los falangistas indican que la familia de Florentino Hernández Girbal «es de derechas y católica», una circunstancia que tal vez evitara la condena a muerte. En cuanto a su comportamiento, «en la casa no se ha metido con nadie y no tienen queja de él».

El 27 de octubre de 1939 tiene lugar la primera declaración del procesado, todavía ante el titular del juzgado número 4 o 12, pues el sumario no aclara esta circunstancia. Florentino Hernández Girbal opta por minimizar sus actividades políticas o propagandísticas confiando en que la información de los militares no las pudiese completar.

El declarante afirma que se afilió a UGT «por necesidad», niega la militancia en algún partido político, reconoce haber sido el gerente de Film Popular limitándose a contratar películas para su distribución y desmiente la posibilidad de su participación en los films propagandísticos, pues desde Barcelona llegaban ya listos para su exhibición en la capital. Preguntado por sus intervenciones radiofónicas, las reconoce, pero vinculándolas con los temas cinematográficos. Por último, señala que fue movilizado en septiembre de 1938 permaneciendo en la comandancia general de Ingenieros y presenta como avalistas al cineasta Juan de Orduña y al perito industrial Francisco Benito Delgado.

Ambos se presentaron poco después en las dependencias militares. El perito señala que su amigo era un propagandista izquierdista, aunque ignora si había cometido delitos. Más gallarda fue la declaración del prestigioso director cinematográfico. Juan de Orduña reconoce su amistad con el procesado y «siempre le ha considerado como una persona de una conducta moral intachable», al tiempo que «le considera incapaz de hacer mal alguno» y persona dispuesta a prestar su ayuda a unas «gentes de derechas» a las que nunca molestó. Otros testimonios presentes en el sumario inciden en esta misma caracterización, pero fueron obviados en el auto resumen y en la sentencia. El límite era admitirlos, por imperativo legal, pero luego desaparecían gracias a la ausencia de abogados defensores o recursos judiciales.

El 15 de noviembre de 1939, el titular del Juzgado Militar de Prensa, Manuel Martínez Gargallo, se hace cargo del sumario sin que conste en la documentación la correspondiente orden del auditor. El traslado parece lógico dada la actividad profesional del procesado, aunque en otras ocasiones similares la instrucción permaneció en juzgados militares no especializados en «la gente de pluma». La primera actuación del juzgado instructor es recabar un informe de su secretario, que figura en el sumario con fecha del 18 de noviembre.

A partir de una información presente en fuentes nunca explicitadas, como sucede siempre, el secretario del Juzgado Militar de Prensa escribe que Florentino Hernández Girbal era un «individuo muy conocido en los medios literarios cinematográficos por sus antiguas ideas comunistas, a cuyo partido se encontraba afiliado». Nadie ha probado esa afiliación al PCE, en cuyo archivo histórico nada figura en relación con el salmantino, pero el secretario añade que el procesado era el responsable de la confiscación de la casa ECE, «que se dedica a la realización de películas católicas». Además, había colaborado en Estampa y Treball con artículos que incitaban a la resistencia armada e insultaban al ejército franquista. Florentino Hernández Girbal también dio conferencias propagandísticas, aparte de ser el gerente de Film Popular, «que se dedicaba a inundar los cinematógrafos de la zona roja de películas rusas y noticiarios hablados en los que se vertían feroces insultos contra el ejército».

El informe del secretario también recoge que el procesado era miembro de la madrileña Junta de Espectáculos y redactor de Mundo Obrero, «valiéndose generalmente de la crítica [cinematográfica] para excitar a la resistencia». Asimismo, formó parte de Altavoz del Frente y fue su delegado en el cine Salamanca. El dato desapareció posteriormente en las actuaciones judiciales porque era falso. El secretario solo supone que Florentino Hernández Girbal estuvo en la Alianza de Intelectuales Antifascistas, pero afirma con rotundidad su condición de masón sin aportar alguna prueba en este sentido.

A la luz del informe presentado por el secretario del Juzgado Militar de Prensa, el titular del mismo, Manuel Martínez Gargallo, llama de nuevo a declarar al procesado. El 30 de noviembre, Florentino Hernández Girbal reconoció su colaboración en Mundo Obrero y La Voz como crítico teatral y cinematográfico. Asimismo, que fue miembro de la Junta de Espectáculos entre marzo y junio de 1937. También trabajó como gerente de la distribuidora Film Popular desde 1937 hasta el final de la guerra, difundiendo algunas películas propagandísticas. El declarante niega su participación en la Alianza de Intelectuales Antifascistas y, en relación con la masonería, solo reconoce que «por una curiosidad literaria» a principios de 1936 solicitó el ingreso, aunque nunca le contestaron. La curiosidad le salió cara, según veremos más adelante. Por último, Florentino Hernández Girbal reconoce haber dado charlas sobre temas cinematográficos en emisoras de Barcelona y Madrid, así como la autoría de una entrevista periodística a Ernest Hemingway. Sin embargo, niega la participación en la incautación de la distribuidora de películas católicas arriba citada.

Dos días después, Manuel Martínez Gargallo dicta una providencia para completar la instrucción con nuevos testimonios y pruebas, mientras deja en prisión al periodista. Gracias a la labor del secretario judicial, los artículos publicados en Mundo Obrero y Estampa quedan incorporados al sumario, así como la transcripción literal de la entrevista al escritor norteamericano publicada el 23 de octubre de 1937 y una reseña del estreno en el teatro de La Zarzuela de Una tragedia optimista, de Vsevolod V. Vixnievski, que tuvo lugar el 16 de octubre de 1937 en el marco del homenaje a la URSS con motivo del vigésimo aniversario de la revolución soviética. La caracterización del propagandista Florentino Hernández Girbal como responsable del delito de adhesión a la rebelión quedaba así completada.

Las acusaciones se agravaron cuando el acomodador del cine Salamanca, Francisco del Río Martín, el 3 de diciembre declaró que el local fue explotado por Altavoz del Frente, siendo el procesado el responsable de una programación de carácter propagandístico. Por si faltaba algo, la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos informa desde Salamanca al instructor acerca de la localización de una solicitud del periodista, con fecha del 29 de febrero de 1932, para ingresar en la masonería; es decir, cuatro años antes de lo reconocido por un Florentino Hernández Girbal que a estas alturas temería una condena a muerte o, en el mejor de los casos, a treinta años.

El 3 de febrero de 1940, Manuel Martínez Gargallo dicta el auto resumen quedando procesado el periodista salmantino «por estimar plenamente acreditado que este individuo de filiación comunista tuvo, desde los primeros meses de iniciación del Movimiento Nacional, una actividad marcadamente en contra del mismo, formando parte de los organismos oficiales de propaganda al servicio del Gobierno rojo, dando conferencias, escribiendo múltiples artículos en los que se excitaba a la resistencia armada y siendo, además, persona que en la fecha gloriosa del 18 de julio de 1936 tenía solicitado su ingreso en la masonería».

El sesgo ideológico del auto resumen fue plenamente asumido por otro habitual de estos procesos contra periodistas y escritores, el fiscal Ramón de Orbe, que el 14 de febrero pide una condena de treinta años. Al día siguiente, tuvo lugar la vista previa y el consejo de guerra presidido por el comandante Antonio Blázquez, también presente en otros sumarios aquí analizados. Sin añadir una sola coma a lo expuesto en el auto resumen y asumido, como siempre, por la fiscalía, la condena es a treinta años. La notificación al periodista tuvo lugar el 23 de febrero y entonces sabría que la fecha prevista para su salida de la cárcel era el 15 de abril de 1969; es decir, a los sesenta y seis años para que con motivo de su jubilación descubriera el cine en color.

Ante esta perspectiva, la familia de Florentino Hernández Girbal se moviliza. El padre, José Hernández Domínguez, el 23 de febrero escribe al juez para negar los hechos imputados a su hijo. La religiosa Rosalía Guerrero Poveda le califica como «persona de orden» que le ayudó cuando escondió a tres monjas. El perito industrial Francisco Benito Delgado señala que estuvo «dedicado solamente a las actividades cinematográficas», aparte de comportarse siempre con «caballerosidad y exquisita corrección». Por último, el portero José Alberto Puche le avala porque «ha estado dedicado a sus asuntos de cine, guardando siempre una conducta intachable».

Estos avales presentados entre el 19 y el 23 de febrero no impidieron que el 29 de marzo Florentino Hernández Girbal fuera trasladado al temible penal de Ocaña. Desde allí pasaría al de Alcalá de Henares y, fruto de las actuaciones familiares, el 24 de junio de 1941 le conmutaron la pena pasando a ser de doce años y consiguió una temprana libertad el 19 de marzo de 1943, cuando estaba a punto de cumplir el cuarto año como encarcelado por sus actividades cinematográficas en el Madrid de la guerra.

Florentino Hernández Girbal y su esposa María Iglesias Clavero

El periodista sabía que su futuro no podía pasar por el cine. Ni siquiera por las letras, salvo que utilizara un seudónimo como el de Fernando Herce González. Para evitar nuevos problemas, el salmantino se trasladó a Barcelona, donde contraería matrimonio con María Iglesias Clavero montando un modesto negocio de floristería. Sin embargo, fue detenido de nuevo en 1944 y dos años después, aparte del proceso en el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas (CDMH, 75/00846), le juzgaron por masón (CDMH, sumario 97-45). De hecho, hasta 1963 tuvo problemas por aquella «curiosidad literaria».

Florentino Hernández Girbal es uno de los más destacados escritores y periodistas que resultaron procesados durante la Victoria. Su caso merece un extenso estudio, que aparecerá en Al final del trayecto, el cuarto y último volumen dedicado a estos procesos judiciales. Mientras tanto, el tercero, La colmena, ya está en imprenta para su publicación a finales del presente curso o en otoño.

 

 

 

 

 

Manuel Izquierdo, taquimecanógrafo de Mundo Obrero

 Manuel Izquierdo Esteban. Foto obtenida del fondo del SBHAC

La represión franquista durante la Victoria responde a múltiples causas con un mismo objetivo: la eliminación o neutralización de un «enemigo» todavía considerado en términos militares. A lo largo de aquellos meses en Madrid, y en lo referente a los comunistas, algunas detenciones relacionadas con lo sucedido durante la guerra también vienen motivadas por una actuación en la clandestinidad. Su único fin por entonces era procurar la supervivencia de los camaradas o prestar ayuda a los presos y sus familias. Tanto por el pasado como por el presente, los detenidos formaban parte del «enemigo» y como tales fueron sometidos a los sumarísimos de urgencia.

La detención el 24 de agosto de 1939 del taquimecanógrafo y «vaciador» Manuel Izquierdo Esteban (1913-1992) en la madrileña calle de Embajadores ejemplifica esta doble circunstancia. El joven «agente colaborador» Roberto Conesa Escudero (1917-1994) estaba a punto de ingresar como «agente auxiliar provisional» en el Cuerpo General de Policía tras servir en la Quinta Columna y militar en FET y de las JONS, pero antes de ser funcionario por nombramiento directo -así se deduce de la consulta de su expediente en el Archivo General del Ministerio del Interior (expdte. 10856)- ya actuaba de hecho como si fuera un miembro de la Brigada Político Social. Durante el verano de 1939, quien destacaría por sus actuaciones policiales participó en la detención de «Las trece rosas», así como en el desmantelamiento de las células comunistas que intentaban reorganizarse.

Uno de los primeros objetivos de Roberto Conesa Escudero -según su expediente, la fecha del ingreso como agente auxiliar provisional en la Brigada Político Social fue el 25 de agosto de 1939, un día después de la detención (El Diario, 16-I-2020)- lo constituyó quien trabajó como taquimecanógrafo en Mundo Obrero desde el inicio de la guerra hasta su movilización en febrero de 1937. Tras la entrada de las tropas del general Franco, Manuel Izquierdo Esteban permaneció en Madrid junto a su esposa. Por razones obvias, había dejado atrás su actividad periodística en El Sol, La Voz o Estampa y solo era un «vaciador» en el taller de su suegro, donde fue detenido junto con la militante comunista Teresa Colomer.

AGHD, sumario 60352

El 24 de agosto de 1939, Roberto Conesa Escudero y otro agente presentan al detenido en la DGS bajo la acusación de pertenecer al PCE desde 1931, haber trabajado en Mundo Obrero como taquimecanógrafo y redactor e intentar la reconstrucción de la organización del partido en Madrid. Ese mismo día tuvo lugar la primera declaración del detenido. Manuel Izquierdo Esteban, de veintiséis años, reconoce su militancia en el PCE, solo desde agosto de 1936 porque antes su colaboración quedó limitada a ser taquimecanógrafo en los mítines. También admite su presencia en la redacción del órgano oficial de los comunistas, aunque «de manera accidental» y reducida a la redacción de «algunos sueltos». Esta actividad la completaba con el trabajo en el taller del suegro hasta la movilización y, conocedor del peligro que corría, negó la participación en la reconstrucción del PCE. Otros jóvenes camaradas suyos, y no solo «las trece rosas, fueron fusilados durante ese trágico verano bajo la misma acusación.

Las actuaciones sumariales hasta ese momento eran unas diligencias previas con el número 19886, pero las mismas pasaron a ser un sumarísimo de urgencia, el 60352 del AGHD, tras la orden del auditor fechada el 21 de febrero de 1940. Antes, el 14 de octubre de 1939, el detenido en Yeserías había ratificado lo declarado en la DGS, aunque también dio algunos nombres y negó que le hubieran ofrecido la secretaría de organización del PCE en Madrid. Asimismo, y de forma sorprendente, la declaración desmiente su vinculación con FET y de las JONS.

La primera declaración ante el juez instructor tiene lugar el 26 de enero de 1940, antes de la orden dada por el auditor, pero ya sabemos de la frecuente incoherencia cronológica de estos sumarios. Manuel Izquierdo Esteban solo reconoce la militancia en el PCE desde 1936, niega haber escrito «sueltos» o cualquier otro texto en Mundo Obrero -«pues se limitó únicamente a trabajar como taquígrafo siendo este cargo de carácter accidental y fuera de plantilla»-, obvia las referencias a otras publicaciones ya que nada de las mismas supieron los instructores y, sobre todo, rechaza la vinculación con las actividades clandestinas para la reconstrucción del partido. Tal vez fuera la primera declaración ajena a la posible tortura en la DGS y lo reconocido es menos grave para su futuro procesal.

El también poeta Manuel Izquierdo Esteban debía gozar de una positiva opinión en la vecindad porque, a lo largo de febrero de 1940, llegan al juzgado varios avales de conocidos suyos para probar que era una «buena persona», además de «trabajador consciente y de excelente honradez». El informe de la Guardia Civil fechado el 19 de abril de 1940 no lo desmiente, aunque le considera un comunista que escribía en Mundo Obrero «haciendo una propaganda grande». A diferencia de lo sucedido en estos casos cuando eran instruidos en el Juzgado Militar de Prensa, ningún secretario judicial acudió a la hemeroteca para comprobar la circunstancia y realizar el correspondiente informe con los artículos transcritos. La Guardia Civil, abrumada por la tarea represiva, escribía de oídas a la hora de presentar las pruebas de cargo y, por otra parte, el auditor obvió la posibilidad de remitir este sumario al juzgado del capitán Manuel Martínez Gargallo. La condición de militante clandestino del detenido prevaleció sobre la desconocida faceta como periodista y escritor o, al menos, colaborador en la prensa republicana.

A pesar de la supuesta urgencia del sumarísimo, los meses se suceden con el detenido ahora en la prisión de Torrijos. Así debemos esperar hasta el 29 de abril de 1940, cuando vuelve a declarar el agente Roberto Conesa Escudero. El policía especializado en el desmantelamiento de las organizaciones comunistas afirma que detuvo a Manuel Izquierdo Esteban en la calle Embajadores, justo cuando esperaba mantener una reunión con Teresa Colomer. Lo hizo porque, «según confidencias recibidas, era uno de los que estaban reorganizando el PCE de Madrid clandestinamente». Tanto era así que le habían elegido como secretario de organización. Por fortuna, los militares prestaron poca atención a esta acusación del policía o la desecharon sin mediar justificación.

El 12 de julio de 1940, casi un año después de la detención y sin que la instrucción hubiera avanzado, vuelve a declarar Manuel Izquierdo Esteban. El detenido ratifica las anteriores declaraciones y, sobre todo, niega la publicación de artículos en Mundo Obrero y su presencia en la reconstrucción del PCE. Tampoco aportan novedades los avalistas, que se presentan en el Juzgado militar permanente n.º 9 para validar lo escrito meses antes. El acto, dada la militancia del acusado, suponía un riesgo que los escritores falangistas supuestamente dispuestos a salvar a Miguel Hernández nunca corrieron.

Un año después, el 2 de agosto de 1941, llega el informe de la DGS, que repite lo recopilado en actuaciones anteriores y atribuye al taquimecanógrafo una militancia destacada en el PCE desde antes del Glorioso Movimiento Nacional. De hecho, Manuel Izquierdo Esteban «daba conferencias marxistas y cantaba La Internacional por todo el barrio». Ambas circunstancias, fruto de algún testimonio vecinal nunca explicitado, permiten a los policías considerar que el detenido «observaba una mala conducta tanto pública como privada». La falta de moralidad era propia de quien trabajaba en la redacción de Mundo Obrero e intentaba la reorganización del PCE.

Los dos años de instrucción con el detenido en prisión apenas sirvieron para acumular los imprecisos y parciales testimonios arriba indicados. Las pruebas para sustentarlos nunca aparecieron. Tampoco resultaban necesarias en el «derecho de autor» presente en la jurisdicción militar. El juez dictó el auto resumen el 14 de agosto de 1941. El auditor lo elevó al plenario del consejo de guerra el 2 de septiembre y, como novedad porque los sumarísimos de urgencia habían pasado a la historia poco antes, el acusado nombró a un oficial como defensor. Lo hizo el 2 de octubre y la tarea recayó en el teniente Enrique Castro Cardiel, que doce días después pidió la absolución para el militante comunista sin aportar argumentos jurídicos. Este tipo de peticiones formaban parte de un ritual donde los oficiales defensores apenas condicionaron las decisiones de sus superiores que formaban parte de los tribunales.

El consejo de guerra presidido por el teniente coronel José Guadalajara tuvo lugar el 14 de octubre de 1941. El fiscal pidió una condena de treinta años de reclusión mayor tras rebajar la petición del 18 de septiembre, que era de muerte. El mismo día, según lo habitual por entonces, el tribunal dictó sentencia. Manuel Izquierdo Esteban, con unos «hechos probados» limitados al testimonio del agente Roberto Conesa Escudero y los informes policiales que hablaban de la mala conducta de quien cantaba La Internacional «por todo el barrio», fue condenado a veinte años de reclusión mayor.

El auditor ratificó la sentencia el 30 de octubre de 1941. Según la documentación del sumario, la condena del periodista quedaría extinguida el 25 de agosto de 1959 para celebrar los planes de estabilización que dieron paso al período desarrollista. Las autoridades judiciales le aplicaron la Ley de Responsabilidades Políticas con el objetivo, nunca explícito, de evitar que el «vaciador» acumulara riquezas por el trabajo en el taller del suegro. Manuel Izquierdo Esteban pasó, además, por destinos tan duros como el destacamento penal de Fuencarral. Sin embargo, se impuso su juventud a la hora de sobrevivir y recobró la libertad, aunque condicional, en 1944 (BOE, 25-III-1944).

El madrileño apenas había cumplido los treinta años y su pasado era digno de un relato de la memoria. La preservó durante años en su exilio por varios países. Gracias a que vivió para regresar a España, ver la llegada de la democracia y ser amnistiado como periodista represaliado, ingresó en la Asociación de la Prensa de Madrid el 18 de noviembre de 1985 (Cordero Avilés, 2024: 204). Lo sufrido durante la Victoria junto con otros militantes comunistas lo relató en libros y artículos publicados entre 1982 y 1997 con la colaboración de la editorial Endimyon. Manuel Navarro Ballesteros, el ejecutado director de Mundo Obrero, protagoniza estos trabajos literarios, pero los mismos también hablan de un pasado donde trece rosas, y muchas decenas de compañeros, pagaron con sus vidas las consecuencias de una dictadura dispuesta a invertir en una represión despiadada. Estos libros andan descatalogados a la espera de algún lector. Los recuperaremos para incorporarlos al correspondiente capítulo de Manuel Izquierdo Esteban, que desde ahora empieza a contar con un relato como poeta, ensayista y cronista presente en la España de la Victoria. Nunca lo olvidó.

Pd. El presente texto es un embrión del capítulo mucho más extenso dedicado a la detención y el proceso de Manuel Izquierdo Esteban que aparecerá en el cuarto volumen dedicado a los consejos de guerra de periodistas y escritores. Asimismo, ampliaremos todo lo relacionado con la detención a partir de la consulta de varios documentos incluidos en el expediente del agente Roberto Conesa.

La tardía condena a muerte de un periodista conservador

 AGHD, sumario 48067

El periodista Victorino Tamayo Mayones era un veterano de cincuenta y cuatro años cuando acabó la Guerra Civil. Casado, padre de tres hijas emparentadas con familias de orden y de un hijo, Manuel, perseguido por su condición de requeté, la perspectiva del exilio suponía un imposible o un absurdo para quien también arrastraba problemas de salud.

El director de Hoja del lunes de Madrid en tres ocasiones -1931, 1933-34 y 1936- pronto abandonó las responsabilidades en la prensa republicana. La publicación auspiciada por la APM cesó el 24 de octubre de 1936 y Victorino Tamayo Mayones no encontró acomodo en otra cabecera. Procedente de las Milicias Gráficas por compromiso del cargo, el granadino y sobrino del ilustre dramaturgo Manuel Tamayo y Baus se trasladó a Valencia junto con su esposa. Allí tampoco dispuso de una oportunidad en las redacciones y, gracias a un amigo, a su avanzada edad el 12 de julio de 1937 pudo alistarse como voluntario.

Las trayectorias militares entre los republicanos incluyen casos tan fulgurantes como carentes de rigor. Victorino Tamayo Mayones ascendió directamente a capitán, pero en la retaguardia como comisario de las estaciones ferroviarias de Villacañas, Utiel y Valencia. El periodista tampoco destacó como miembro del batallón Águilas de la Libertad durante los primeros meses de la guerra en la capital. Su objetivo era ampararse en sus filas como otros derechistas y contar con un plato de comida.

Consciente de no tener «las manos manchadas de sangre» y ajeno a cualquier simpatía republicana, Victorino Tamayo Mayones se entregó a los vencedores el 31 de marzo de 1939 en Valencia con el deseo de colaborar en la construcción de la renacida España del Glorioso Movimiento Nacional. El 26 de enero de 1942 fue condenado a muerte.

El sumario 48067 permanece incompleto en el AGHD y el deterioro de algunos documentos dificulta su lectura. Ambas circunstancias impiden comprender una parte de lo sucedido con un sumarísimo de urgencia de casi cuatro años, que pasó por distintos juzgados de instrucción sin mediar justificaciones con prueba documental.

El capitán Victorino Tamayo Mayones no debió parecer peligroso a los vencedores y le dejaron libre en Valencia como si fuera un soldado raso. Ya de regreso a la capital junto con su bien situada familia, el 19 de abril se presentó en los Servicios de Prensa de Madrid porque confiaría en sus relaciones con los vencedores. Desde allí, ante semejante prueba de buena voluntad, le mandarían al campo de concentración Miguel de Unamuno. En julio ya se encontraba en el penal de Ocaña, mientras el Juzgado Especial de Prisioneros, localizado en Aranjuez, instruía el correspondiente sumario sin que en la documentación conservada se encuentre la orden del auditor. Tal vez nunca existiera.

El 7 de septiembre de 1939, el auditor manda instruir el sumario 48067 al Juzgado Militar de Prensa. El documento no menciona la existencia de otro sumario anterior relacionado con el mismo procesado. Dos meses después, su titular, el capitán Manuel Martínez Gargallo, pide la inhibición del Juzgado Especial de Prisioneros en el proceso seguido contra el granadino. El 9 de noviembre su colega de Aranjuez remite a la plaza de Callao, 4, las actuaciones de una instrucción de la cual ignoramos el número y la correspondiente orden del auditor. La irregularidad parece notable.

Las citadas «actuaciones» son dos fichas clasificatorias del 20 de julio y el 26 de agosto de 1939, esta última fechada en el penal de Ocaña, y un informe de la DGS del 7 de octubre donde la policía manifiesta carecer de datos acerca del periodista. Las fichas indican el período durante el cual el encausado sirvió como voluntario hasta llegar a «comisario» de las citadas estaciones. El nombramiento no consta en las fuentes consultadas. Asimismo, Victoriano Tamayo Mayones alega que nunca publicó artículos sobre temas políticos en la prensa republicana. De hecho, su firma no aparece en los incluidos en Hoja del lunes.

Las declaraciones de las fichas fueron completadas por el periodista mediante dos extensos escritos del 20 de julio y seis días después. En realidad, ambos son similares y deducimos que el primero iría al juzgado de Aranjuez y, tras conocer su inhibición, el segundo lo remitió a Manuel Martínez Gargallo. El problema es la fecha: 26 de julio de 1939, un mes y medio antes de que el auditor mandara instruir el sumario 48067 al Juzgado Militar de Prensa.

Al margen de la incoherencia cronológica de la fecha, la misma permite suponer que Victorino Tamayo Mayones tendría en la APM, localizada en la sede del juzgado destinado a los periodistas, alguien que le informara de la marcha del proceso. La fuente para la posible filtración estaba cercana. De hecho, Rafael Cordero Avilés reproduce fragmentos de las cartas de Víctor Ruiz Albéniz, El Tebid, dirigidas a Manuel Martínez Gargallo interesándose por la suerte de un colega cuya familia recibió la modesta ayuda de la asociación para sobrevivir.

Victorino Tamayo Mayones en sus escritos reconoce que, gracias a la APM, fue director de la Hoja del lunes entre enero y octubre de 1936, pero añade que no publicó artículos durante «el dominio rojo». El periodista, «nunca estuvo compenetrado con la causa roja» y manifiesta su «repugnancia» por la «prensa marxista». El encausado afirma haber sido militante de Unión Republicana en 1935 y miembro de la Agrupación Profesional de Periodistas a lo largo de la guerra. También estuvo afiliado al Sindicato de Autores y Compositores por su relación con el teatro. Una vez cesado como director de la hoja semanal, Victorino Tamayo Mayones salió de Madrid, buscó suerte en Valencia y terminó en unas estaciones ferroviarias para sacar adelante su familia, pues carecía de cualquier otra fuente de ingresos.

Las cartas del procesado a los instructores son coherentes con la declaración efectuada en enero de 1940, pero resultan más explícitas en su deseo de congraciarse con los vencedores a la espera de una absolución. Victorino Tamayo Mayones rechaza la «política sectaria», alardea de tradicionalista y explica que sus artículos «se han consagrado totalmente al enaltecimiento de las glorias españolas de la literatura dramática y de la escena, rindiendo así culto a la tradición soberana de nuestra patria, que tanto nos honra y enaltece». El patriotismo al uso de la Victoria culmina con una frase inequívoca: «Para mí, siempre y por encima de todo, ¡España!».

La única prueba recabada durante la instrucción es un informe no fechado del alférez Baena Tocón. El secretario del Juzgado Militar de Prensa reproduce los «rótulos, titulares y entrefiletes» de una serie de artículos anónimos publicados en Hoja del lunes entre el 2 de agosto y el 27 de septiembre de 1936. Victorino Tamayo Mayones afirmaría después que esos textos venían impuestos por las directrices gubernativas de la censura. Al mismo tiempo, el sumario incluye avales y testimonios de destacados periodistas y literatos (Francisco Casares, Francisco Ramos de Castro…), que son positivos para el encausado.

Fruto de los mismos, y de manera sorprendente, el 18 de septiembre de 1940 le excarcelan del penal de Santa Rita, tres días antes del auto resumen que culminaba la instrucción. El mismo ya no fue firmado por Manuel Martínez Gargallo, en otro destino por entonces, sino por el juez accidental Eduardo del Moral, del que no consta el correspondiente nombramiento como sustituto.

El auto es positivo para el encausado. El juez considera que su presencia en el ejército republicano solo se debió a motivos económicos, prescinde del informe del alférez Baena Tocón y concluye, a partir de los testimonios, que el periodista es de «ideas religiosas y de estricto orden moral, sin que le crean capaz de cometer hecho delictivo alguno».

La documentación permite pensar en una pronta absolución del granadino, pero el 16 de noviembre de 1940 el fiscal Leopoldo Huidobro solicita la pena de muerte sin mediar nuevas acusaciones. A partir de este momento, se inicia un período en blanco porque, ante semejante petición, el auditor o el capitán general paralizarían la celebración del consejo de guerra. De hecho, el 7 de octubre de 1941 el primero devuelve el sumario al juzgado instructor para incorporar los avales favorables.

Victorino Tamayo Mayones regresa a la cárcel de Porlier y allí, en una especie de limbo jurídico, espera hasta que el 7 de enero de 1942 un nuevo fiscal pide para el granadino una condena de treinta años. La misma, sorprendentemente, se convierte a muerte en la sentencia del 26 de enero de 1942 dictada por el teniente coronel José Ortiz Gómez. La documentación sumarial no permite vislumbrar un nuevo motivo para este cambio.

La pena máxima sorprende por la tardía fecha del consejo de guerra y la personalidad del procesado. Su dureza provocó una avalancha de testigos y avales para salvar al periodista granadino. Fruto de la misma, el 7 de marzo de 1942 el capitán general de la I Región Militar anuló la sentencia y un mes después el auditor dicta la orden de abrir una nueva instrucción para recabar los testimonios favorables al encausado. Ambas decisiones fueron amparadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar.

Tras incorporar los testimonios al sumario, el 11 de diciembre de 1943 Victorino Tamayo Mayones fue condenado a veinte años por los mismos hechos que antes le habían llevado a la pena máxima. El teniente coronel José Fernández Álvarez fue más benévolo con quien, con voluntad de incorporarse a la España del Glorioso Movimiento Nacional, se entregó en Valencia con la confianza de no tener «las manos manchadas de sangre» y poder servir a tan altos fines. La pena quedaría extinguida el 19 de julio de 1959. Mucho antes fallecería un periodista que dejó a su familia sin medios económicos para sobrevivir. Esta segunda condena no consta en el sumario. Tampoco el arrepentimiento de quienes estuvieron a punto de llevarle al paredón.

¿Quién fue el cronista de guerra Fernando F. Revuelta?

 

El madrileño Julián Fernando Fernández Revuelta trabajaba en las oficinas de la compañía ferroviaria MZA. El destino no parecía augurarle aventuras notables. Su horizonte vital, sin embargo, iba más allá de la mesa de trabajo por ser un joven izquierdista con inquietudes literarias y periodísticas que culminó el bachillerato. A pesar de estar becado, no accedió a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras por el inicio de la guerra. Tras publicar «algunas cosillas en el periódico de la juventud [socialista]», gracias a su amistad con Julián Zugazagoitia colaboró en El Socialista entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, siempre bajo la firma de Fernando F. Revuelta. En esta cabecera aparecieron las crónicas de guerra, remitidas desde el frente de Andalucía donde estaba movilizado, que provocaron su procesamiento.

Tras incorporarse al Ejército Popular, Julián Fernando Fernández Revuelta alcanzó el grado de capitán, aunque no por méritos de combate según sus declaraciones en el Juzgado Militar n.º 3 de Madrid. En el mismo se instruyó su causa, el sumario n.º 5180 del AGHD, a raíz de la detención efectuada el 14 de abril de 1939. El aniversario de la II República le trajo mala suerte. El entonces comunista permaneció en la capital, intentaría reincorporarse a las oficinas de la MZA y allí le detendrían dos compañeros falangistas, convertidos en «agentes de investigación», que le condujeron a las dependencias de la policía militar en el distrito de Hospital.

Julián Fernando Fernández Revuelta reconoce en la declaración ante la policía que fue corresponsal de guerra de El Socialista durante el período arriba indicado y su ingreso voluntario en las Milicias Populares, que tuvo lugar en septiembre de 1936. Ambas circunstancias eran motivo de condena por el delito de adhesión a la rebelión en los sumarísimos de urgencia. El declarante sabría que los militares no disponían de pruebas y resta importancia a su trayectoria hasta alcanzar la condición de capitán tras pasar por una academia militar en Paterna, donde hizo un curso de tres meses (Diario Oficial del Ministerio de Defensa, 1937, n.º 136 y 141; 1938, n.º 37 y 136). También justifica el tono propagandístico de sus crónicas por el contexto entusiasta de las primeras semanas de la guerra. Leídas las incorporadas al sumario, su propagandismo carece de rasgos sobresalientes.

Sumario 5180 del AGHD

El comunista oculta su afiliación a los militares y permanece detenido durante varios meses en la calle Torrijos, n.º 65. El 6 de noviembre de 1939 declara por primera vez ante el juez instructor. Julián Fernando Fernández Revuelta niega haber insultado a los vencedores en sus crónicas, señala que en las mismas «se limitaba a describir los hechos bélicos con los comentarios propios del periodismo de su ideología» y que las publicaciones respondían a sus «aficiones literarias». Ajeno a la gravedad de las consecuencias, al acabar la guerra se presentó en su lugar de trabajo para reincorporarse y entregó la pistola de miliciano en un local de FET y de las JONS. El oficinista aspiraba así a un olvido de lo pasado, pero dos compañeros vieron la oportunidad de hacer méritos y le detuvieron. Sus nombres son Jesús Cano y Helenio Domínguez. Ambos carecen de otras huellas documentales.

A raíz de la detención y la declaración en sede policial, el 20 de abril de 1939 el auditor manda instruir el sumario 5180 del AGHD al Juzgado Permanente n.º 3. Los colegas del Juzgado Militar de Prensa todavía no estaban a pleno rendimiento para la represión de los periodistas. El personal adscrito al n.º 3 recopila por su cuenta los artículos de «Fernando F. Revuelta» en El Socialista. A diferencia de lo realizado por los secretarios a las órdenes del juez Manuel Martínez Gargallo, en esta ocasión el informe no cita, comenta o extracta los artículos como pruebas de cargo. Los localizados o seleccionados -no se explicita la circunstancia- quedan incorporados en su formato original, aunque con subrayados en rojo para indicar las frases susceptibles de justificar una condena de acuerdo con los parámetros de aquellos sumarísimos de urgencia.

La escueta instrucción del juez Ricardo Sánchez Elguero se completa con un aval firmado el 14 de abril de 1939 por Manuel López Hernández, compañero de trabajo del encausado y represaliado durante el período republicano. El avalista fue detenido por la tristemente famosa brigada de Agapito García Atadell. La intervención de Julián Fernando Fernández Revuelta resultó decisiva para que su amigo no engrosara la lista de los «paseados» durante el verano de 1936. Agradecido, Manuel López Hernández le avala en la misma fecha de la detención. La circunstancia indica la probabilidad de que el redactor de El Socialista previera su destino y hubiera gestionado los necesarios avales antes de la detención.

El instructor dicta el auto resumen del sumario el 8 de noviembre de 1939. La acusación es la actividad periodística del encausado, que «fue corresponsal de guerra del ejército rojo en el frente de Andalucía, vertiendo en sus crónicas frases injuriosas contra el Ejército Nacional y sus generales, acusándoles de cometer crímenes en zona por ellos controlada». Julián Fernando Fernández Revuelta actuó igual que los corresponsales del bando sublevado. La diferencia, notable en una jurisdicción atenta al «derecho de autor», es que el socialista perdió la guerra y pagó las consecuencias.

El 28 de noviembre de 1939 tienen lugar la vista previa y el plenario del consejo de guerra celebrado bajo la presidencia del comandante Pablo Alfaro. La sentencia se articula en torno a la afiliación del encausado en las JSU -no probada ni reconocida en el sumario-, la participación voluntaria del madrileño en el Ejército Popular y la condición de cronista de El Socialista. La pena dictada es de treinta años de reclusión por un delito de adhesión a la rebelión. El auditor la ratificó el 11 de diciembre de 1939 y Julián Fernando Fernández Revuelta se dispuso a pasar una larga temporada en prisión por haber escrito unas crónicas siendo un izquierdista.

El sumario conservado en el AGHD está incompleto porque no incluye la documentación relacionada con las conmutaciones y la salida de la cárcel, que debió ser a finales de 1942 tras la publicación de la orden (BOE, n.º 178 del 27-VI-1942). De manera sorprendente, cuando le llegó la conmutación de su pena firmada en una fecha no determinada de 1942, por el mal estado del original, Julián Fernando Fernández Revuelta se encontraba en libertad provisional después de trabajar en batallones disciplinarios y salir de la cárcel de Ocaña, donde coincidió con un Miguel Hernández al que conocía desde los tiempos de la toma del santuario de la Virgen de la Cabeza.

El represaliado optaría por alejarse de Madrid para evitar problemas y no volvió a presentarse en la compañía ferroviaria, donde permanecerían quienes le delataron. Tras algunas diligencias fallidas, el 8 de abril de 1943 los militares le localizan en Bermeo y cuatro meses después el izquierdista firma la recepción de la nueva condena, que le permitía seguir en libertad provisional. Su versión es que fue desterrado a la localidad vizcaína, donde trabajó como marinero (Gómez y Patiño, 1999: 478). El problema es que, de ser así, parece improbable que le intentaran localizar durante varias semanas.

A partir de este momento sabemos que Julián Fernando Fernández Revuelta volvió a ser procesado mientras trabajaba en Barcelona como corrector de estilo al servicio de varias editoriales con el seudónimo de Fernando Platero. En la capital catalana resultó condenado a seis años junto con otros diez detenidos por actividades clandestinas, «una nueva conspiración romántica», que los militares apenas pudieron probar (Tribunal Militar Territorial 3, sumario 73725).

En 1948, cuando fue condenado por segunda vez, Julián Fernando Fernández Revuelta tenía treinta y seis años. La perspectiva de volver a la cárcel debió ser terrorífica. El comunista con aires de aventurero cruzó los Pirineos para trasladarse a París y trabajar en la UNESCO, mientras descargaba naranjas en el mercado cada madrugada. El sueldo como corrector o traductor era escaso. Desde Francia pudo viajar a Guatemala, México y Cuba, donde el periodista colaboró en programas radiofónicos y dirigió la agencia Prensa Latina para terminar como corresponsal de la misma en los Balcanes durante varios años.

Finalmente, el general Franco falleció y Julián Fernando Fernández Revuelta regresó a España como tantos otros exiliados. Aquí pasó los últimos años con una pensión de militar y oficinista depurado. El cronista de guerra de El Socialista que se incorporó a las filas comunistas a mediados de la guerra no figura en los registros de la Fundación Pablo Iglesias. Tampoco en los del archivo histórico del PCE. No obstante, reaparece el 20 de octubre de 1994 con motivo de una entrevista testimonial acerca de Miguel Hernández: «Le teníamos mucho cariño. Era un hombre respetado y querido que sabía hacerse querer» (Gómez y Patiño, 1999: 477). También un represaliado cuya nombradía nos ha permitido trazar unos apuntes acerca de una biografía hasta ahora inédita. Fernando F. Revuelta ya tiene un relato, aunque sea fragmentario.

Las fechas del Juzgado Militar de Prensa

Fachada del Ministerio del Interior, sobre proyecto de los arquitectos Manuel Ruiz de la Prada y José García Mesa, 1927 (AGMIR). Fuente: interior.gob.es

 

La historia es una tarea en permanente construcción y de autoría colectiva. La colaboración con los colegas supone un requisito asumido por quienes, a diferencia de los aficionados, nos dedicamos a la investigación en el ámbito universitario.

Hace unos días hablé con el periodista e historiador Víctor Úcar, que realiza su tesis doctoral bajo la dirección del catedrático Gutmaro Gómez Bravo (UCM). La misma guarda relación con los consejos de guerra de periodistas y escritores durante el período 1939-1945. Concretamente, se centra en la represión de quienes trabajaron en Unión Radio a lo largo de la guerra y, por su fidelidad a la II República, afrontaron problemas similares a los analizados en mis libros.

El intercambio de información se concretó en un dato que desconocía documentalmente: la fecha de la disolución del Juzgado Militar de Prensa. Hasta ahora había establecido un funcionamiento del mismo entre abril de 1939 y el verano de 1940. Me basaba en las hojas de servicios como oficiales del ejército del titular del juzgado, el capitán Manuel Martínez Gargallo, y de uno de los secretarios que actuaron en las dependencias de la plaza del Callao, 4.

La fecha del cierre no era errónea, pero ahora la podemos concretar gracias al trabajo de Víctor Úcar en el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI). El investigador ha localizado allí una copia de un documento cuya transcripción es la siguiente:

 

AUDITORIA DE GUERRA DEL EJÉRCITO DE OCUPACIÓN. JUZGADO MILITAR PERMANENTE N.º 18, PIAMONTE. N.º 28, segundo (Texto).

Por disposición del Excmo. Sr. Capitán General de la 1.ª Región Militar, en la orden correspondiente al 26 de julio ppd, el Juzgado Militar Permanente n.º 18 de mi cargo ha quedado constituido por el antiguo Especial de Prensa y el Permanente n.º 24, que tenía su domicilio en la Plaza del Callao, n.º 4. Lo que pongo en conocimiento a los efectos oportunos y la debida constancia en el expediente procesal de cuantos reclusos de esa prisión estuviesen a disposición de los desaparecidos Juzgados de Prensa y Permanente n.º 24, los que automáticamente pasan a mi disposición. Acúseme recibo. D.G. guarde a V. muchos años. Madrid 6 de agosto de 1940. El Juez Militar sin firma y sellado (Sr. Director de la Prisión de Conde de Toreno).

 

La transcripción de la comunicación del titular del Juzgado Permanente n.º 18 al director de la prisión de Conde de Toreno se enmarca en el intercambio de documentos sumariales entre los jueces y los responsables de los centros donde estaban recluidos quienes eran procesados y, posteriormente, permanecían en los mismos como condenados.

Lo significativo es la fecha: el Juzgado Militar de Prensa había dejado de estar operativo el 6 de agosto de 1940, al igual que el Permanente n.º 18, ambos localizados en la Plaza de Callao, n.º 4. Por lo tanto, la investigación sobre las actividades del capitán Manuel Martínez Gargallo y sus colaboradores debe circunscribirse al período comprendido entre la segunda quincena de abril de 1939 y finales de julio de 1940. Antes lo deduje por otra vía y ahora lo afirmo gracias a un documento del AGMI que prueba esta circunstancia.

La investigación de Víctor Úcar abre una nueva línea de trabajo. Dado el número de casos instruidos en el Juzgado Militar de Prensa, pocos en comparación con otros coetáneos de Madrid, cabe pensar que sus competencias fueran más allá de la instrucción de los sumarios protagonizados por escritores y periodistas.

Así lo hemos comprobado en la depuración de los miembros de la SGAE, donde el juez Manuel Martínez Gargallo estuvo presente, al igual que probablemente en las tareas relacionadas con la depuración de la APM y el Registro Oficial de Periodistas (ROP). Esta diversidad de destinos dentro del sistema represivo le obligaría a permanecer al margen de algunas tareas relacionadas con la instrucción sumarial. Lo hemos verificado gracias al análisis de más de veinte sumarios del Juzgado Militar de Prensa.

Víctor Olmos en su documentada historia de la APM publicada en 2006 indica que no hay pruebas de que la misma colaborara con el Juzgado Militar de Prensa en la instrucción de los sumarios. La prueba es que la asociación y el juzgado compartían las dependencias de Plaza de Callao y, como es lógico, no era preciso dictar una diligencia o providencia para que los archivos de la APM estuvieran al servicio de las citadas instrucciones.

Baste recordar que los secretarios del juzgado, en su informe inicial cuyo origen es un misterio, pudieron utilizar la documentación recopilada por la asociación para la depuración del colectivo periodístico. Esta documentación, supongo, desaparecería porque hubo décadas para que una entidad privada borrara las huellas de su colaboración en las tareas relacionadas con la represión del colectivo al que representa. La hipótesis, a falta de pruebas definitivas, parece plausible como punto de partida para la investigación.

Ahora, a la luz de la tesis doctoral de Víctor Úcar, cabe comprobar si el juez Manuel Martínez Gargallo y sus colaboradores estuvieron presentes en los sumarios instruidos contra quienes trabajaron en Unión Radio. Todavía es pronto para sacar conclusiones al respecto, pero esta línea de trabajo se enmarca en las previstas para la segunda fase del proyecto de investigación, que comenzará con el curso 25-26 tras la publicación de la trilogía dedicada a los consejos de guerra de periodistas y escritores. En fechas próximas, explicaré los objetivos de esa fase, cuya autoría será colectiva para procurar su continuidad tras mi jubilación en junio de 2028.

Pd.: Pido disculpas a mis lectores por haberme equivocado en la elección, precipitada, de la foto que inicialmente ilustraba esta entrada. Ya ha sido reemplazada por otra cuya fuente es la web del propio Ministerio. Agradezco que los lectores me hagan saber cualquier error que cometa para su corrección, pero lamento que se haga desde el anonimato y la falta de respeto. Yo nunca contestaré en estos términos. Y todavía me parece más absurdo que alguien abra una cuenta en Blogger exclusivamente para estos menesteres amparándose en un anonimato que, me temo, no es tal.

Los sumarios de Heliodoro Fernández Evangelista

 

La vida da sorpresas. La noche del 17 al 18 de julio de 1936 no parecía abocada a registrar grandes sucesos. El redactor dedicado a los mismos en La Libertad, Heliodoro Fernández Evangelista (1892-1966), se disponía a pasarla en la DGS a la espera de que hubiera algo notable para comunicarlo a la redacción. Al cabo del tiempo, comentó con su colega Eduardo de Guzmán que aquella fue una de las noches más tranquilas de las muchas pasadas a la espera de la noticia .

El foco de atención estaba todavía lejos de la capital, en el territorio de los generales africanistas, pero no tardaría en llegar a un Madrid donde el miembro de la APM desde 1925 ya era un veterano redactor de La Libertad, un periódico republicano del que sería redactor-jefe en una fecha que auguraba un difícil futuro: el 25 de enero de 1939. Pocas semanas después fue detenido y, de haber caído su caso en el Juzgado Militar de Prensa, la pena de muerte o de treinta años suponía una posibilidad, al igual que sucediera con otros directores y redactores-jefe de las cabeceras republicanas. El escalafón periodístico era determinante para las condenas.

La trayectoria de Heliodoro Fernández Evangelista durante la guerra incluía otros hitos que habrían sido graves en el baremo del citado juzgado. El 15 de enero de 1937 fue nombrado representante de La Libertad en la APP y, en septiembre de ese año, su nombre figura como vocal segundo en la candidatura del Frente Popular para la junta directiva de la misma. Estos datos, conocidos en las dependencias del Juzgado Militar de Prensa, auguraban una instrucción abocada a un duro auto resumen. Sin embargo, Heliodoro Fernández Evangelista tuvo la suerte de que le detuvieran en relación con un asunto de porteras encabezadas por Engracia García Belmonte y que nadie le recordara su trabajo como periodista. Ni siquiera para comunicar la detención a Manuel Martínez Gargallo, que nunca perdió el tiempo interrogando a serenos, porteras y sirvientas. Su especialización era la gente de pluma y solo ahí fue inflexible.

El 7 de abril de 1939, Matilde Serrano Monera, su esposo el funcionario Joaquín Sáinz de Baranda y Gorostegui y el también funcionario Eustaquio Castresana Guinea, todos ellos de probada solvencia moral y vecinos de la calle Príncipe de Vergara, 4, denunciaron a la portera Engracia García Belmonte, su hija Elvira Blanes García, su yerno Julio Valenciano Pérez y el sereno Baldomero Marrón Álvarez. Los cuatro miembros del Madrid sainetesco son los encausados del sumario 2861 del AGHD. También figura Heliodoro Fernández Evangelista, que tardaría algunas semanas en aparecer porque su denuncia en el SIPM, cursada el 11 de abril por el delineante Ignacio Teresa Marquina, pasó por unas diligencias previas hasta que el sumario desembocó en el Juzgado Permanente n.º 4. Allí el periodista debió declarar acerca de lo sucedido en Príncipe de Vergara, 4, pero nadie se interesó por su trabajo en La Libertad. Ni siquiera en la redacción de Mundo Obrero, según la entusiasta denuncia del delineante que le consideraba como «elemento destacado de izquierdas». El motivo estaba alejado de las redacciones: mientras Ignacio penaba en las cárceles republicanas, Heliodoro ocupó su domicilio y, al finalizar la guerra, los muebles del piso confiscado habían desaparecido.

El periodista queda recluido en Porlier a la espera de que el sumario avanzara. El 9 de septiembre de 1939, llega el informe de la Guardia Civil acerca de Heliodoro Fernández Evangelista, al que considera vinculado con el PSOE. También cita su trabajo en La Libertad, «dedicándose desde el citado periódico a revolucionar al público en sentido extremista». Justo en ese momento el caso debiera haber pasado al Juzgado Militar de Prensa, máxime cuando la Guardia Civil añade que publicó «toda clase de injurias para el Glorioso Ejército Nacional, animando al ejército rojo a que resistiera hasta que no quedara un hombre en pie de guerra, y animándolos a hacer toda clase de salvajadas». La acusación habría sido constitutiva de un delito de rebelión militar en el juzgado del capitán Manuel Martínez Gargallo, pero Heliodoro tuvo suerte en un reparto que prueba la arbitrariedad con que se actuó.

El 4 de marzo de 1940 llega el informe de los servicios de investigación de FET y de las JONS. Los falangistas no averiguan nada acerca de las actividades periodísticas de Heliodoro Fernández Evangelista, pero señalan que durante la guerra convivía con una mujer soltera y ambos disfrutaban de una «magnífica» situación económica, dejando entrever algún manejo complementario al de ocupar el domicilio del delineante que finalmente les denunciaría. Los meses pasan, con el periodista en Porlier sin ser interrogado, y el 2 de septiembre de 1940 la Brigada de Investigación recuerda que Heliodoro era de «ideas extremistas», «vivió con toda clase de comodidades» y se dedicó a «la propaganda roja». Sin embargo, la policía fue incapaz de ver el nombre del encausado en la prensa y piensa que no formó parte de algún comité. El trabajo de la citada brigada fue precario para fortuna del redactor-jefe de La Libertad.

Los servicios de investigación de FET y de las JONS vuelven a redactar un informe el 5 de septiembre de 1940. Los falangistas afirman que durante la guerra el periodista ocupó el piso de Príncipe de Vergara, 4, gracias a la intervención de Encarna García Belmonte, la portera del edificio. Aparte de convivir en pecado con la amante, Heliodoro amuebló lujosamente el domicilio con enseres requisados al tiempo que, mediante artes que cabe suponer ilegales, disponía de otros tres pisos en Madrid.

El informe parece contradictorio con la denuncia, pues el primero afirma que el periodista trajo muebles requisados y el segundo que desaparecieron los originales. En cualquier caso, resulta evidente que el encausado era un sospechoso merecedor de un proceso para dilucidar sus responsabilidades en materia de incautaciones. Así lo dicta la lógica represiva de aquella jurisdicción militar. Sin embargo, el 9 de septiembre de 1940, cuatro días después de tan preocupante informe, Heliodoro Fernández Evangelista sale de la cárcel sin mediar alguna justificación u orden. El milagro se produjo. Mientras tanto, la portera Encarna García Belmonte, que lo negó todo, tuvo más complicaciones, pues en su caso el sobreseimiento no llegó hasta enero de 1944.

El paso por las cárceles de la Victoria o los consejos de guerra imprimía un carácter indeleble. El zamorano Heliodoro Fernández Evangelista salió bien parado por razones que no constan en el sumario 2861, pero el masón acabaría procesado por el TERMC de Madrid, que el 19 de octubre de 1943 le condenó a doce años conmutados por seis de confinamiento en Salamanca. El periodista no los cumpliría por una probable falta de control de la policía y se convertiría en un sospechoso habitual que, antes o después, volvería a pisar las comisarías.

Así sucedió el 27 de marzo de 1946, cuando Heliodoro Fernández Evangelista estaba tomando unos vinos en el bar La Perla de la calle Bravo Murillo en compañía de unos amigos. Uno de ellos, al parecer, entregó un manifiesto de IR a Joaquín Ruiz del Río, antiguo policía durante la guerra que había pasado veintidós meses en la cárcel hasta salir absuelto. Leído el texto, «en cuyo contenido se atenta contra los principios fundamentales del Estado español», el republicano arrepentido se presentó al día siguiente en la comisaría para denunciar a Francisco Fernández Romero «por actividades de tipo comunista» (AGHD, 135277).

La Brigada Político-Social actuaba rápido en estas ocasiones. El mismo día 28 detiene al denunciado, un empleado de cuarenta años, casado y natural de Linares. Francisco Fernández Romero reconoce su paso por la cárcel tras un consejo de guerra celebrado en Albacete, donde estuvo destinado como policía al servicio de los republicanos. De ahí vendría su amistad con el denunciante, pero declara que el manifiesto no era suyo, sino del periodista Heliodoro Fernández Romero, que ese mismo día es detenido y presta declaración en comisaría. Aparte de reconocer su afiliación a Unión Republicana antes de la guerra y su trabajo en la redacción de La Libertad, sin ocupar ningún cargo sindical o político, explica que recibió en su buzón el manifiesto por su condición de periodista, «con el único objeto de que lo conociera estando conceptuado entre sus amistades como un represaliado y, por lo tanto, como persona de izquierdas». De hecho, por entonces se encontraba confinado en Madrid a resultas de una condena del TERMC.

Los tiempos de la represión eran más llevaderos por entonces, siempre que los detenidos no estuvieran vinculados con grupos comunistas o anarquistas. Ambos interrogados, Francisco y Heliodoro, quedan en libertad condicional y a disposición del Juez Especial de Masonería y Comunismo, que recibe las declaraciones junto con un ejemplar del manifiesto A la opinión pública española, firmado por la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de Izquierda Republicana.

El 5 de junio de 1946, la DGS emite un informe sobre Francisco Fernández Romero. Por entonces había vuelto a trabajar en Unión Eléctrica Madrileña tras superar sus reiterados problemas con las autoridades militares, que le detuvieron en más de una ocasión por su condición de policía al servicio de los republicanos. Sin embargo, a esas alturas de la posguerra Francisco parecía arrepentido y la valoración de su conducta es positiva, como corrobora la Guardia Civil en su informe del 14 de junio de 1946.

La declaración de Francisco ante el juez instructor tiene lugar el 8 de abril de aquel año y, como es previsible, niega cualquier relación con los grupos clandestinos. De hecho, se limitó a recibir el manifiesto de mano de Heliodoro y, sin leerlo siquiera, lo entregó a los falangistas Joaquín Ruiz del Río y Antonio Pérez. El primero, como converso al falangismo, se apresuró a denunciarlo.

El protagonismo pasa entonces a Heliodoro, del cual la Guardia Civil emite un informe fechado el 15 de junio de 1946 que repite los redactados con motivo del primer consejo de guerra. La declaración ante el implacable coronel Enrique Eymar Fernández tiene lugar el 9 de abril. Heliodoro Fernández Evangelista todavía se consideraba periodista y, por esa condición añadida a la de represaliado, le conocerían quienes mandaban por Correos textos como el citado manifiesto. El declarante dice haberlos quemado «sin concederles importancia». Si en esta ocasión entregó el firmado por el Consejo Nacional de Izquierda Republicana a su amigo Francisco solo fue por suponerle, a esas alturas, policía en activo.

El coronel Enrique Eymar Fernández no creería semejante declaración de quien suponía estar en el bar La Perla junto con un policía de confianza. La coartada resulta inverosímil, pero también es cierto que aquellos republicanos le debieron parecer inofensivos a quien debía perseguir a enemigos de mayor altura. El coronel redacta un detallado auto resumen el 20 de mayo de 1947, lo eleva al auditor y este dicta el sobreseimiento once días después.

Heliodoro y Francisco eran unos derrotados, su voluntad de mantener los rescoldos del republicanismo no suponía problema alguno para el régimen y ambos salieron en libertad, aunque sin volver a Salamanca en el caso del periodista sobre el que pesaba una orden de confinamiento como antiguo masón. Al fin y al cabo, toda España era una prisión y, como le sucediera en la ficción a Martín Marco, estos derrotados siempre estarían bajo el temor de un edicto publicado en la prensa, una llamada a declarar o un amigo que, después de tomar unos vinos, acudiera presto a presentar la denuncia porque nunca eran suficientes los méritos contraídos ante «las jerarquías» del régimen franquista. Visto el panorama, era de agradecer permanecer fuera de la cárcel, aunque con la posibilidad de volver por cualquier vino tomado en compañía poco fiable

El sumario del periodista Carlos Rivera Gómez

 Carlos Rivera, a la derecha, en Mundo Gráfico, 13-I-1937

El Archivo General e Histórico de Defensa me ha remitido el sumario del periodista onubense Carlos Rivera Gómez (AGHD, 3151). Hace meses, al ver las dos fotografías reproducidas en el blog, me llamó la atención el aspecto de este olvidado redactor de Informaciones que durante la Guerra Civil publicó crónicas y entrevistas, al tiempo que intervino en mítines de afirmación republicana. Nada se ha escrito sobre el joven de veinticuatro años procedente de Ayamonte que llegó a Madrid para triunfar como literato y acabó procesado en un consejo de guerra. El 14 de agosto de 1939 le condenaron a muerte.

Carlos Rivera, a la derecha, en Mundo Gráfico, 27-I-1937

El 31 de marzo de 1939, los falangistas Julián Martínez Odriozola y Regino Cuevas de la Calle le detuvieron para conducirle a una comisaría madrileña acusado de ser un periodista republicano. Allí mismo Carlos Rivera Gómez hizo la primera declaración, pasó a una improvisada prisión en Ronda de Atocha y el auditor ordenó instruir el correspondiente sumario al Juzgado Permanente n.º 2.

Dada la condición de periodista del encartado, el 17 de junio de 1939 el sumario pasó al Juzgado Militar de Prensa por orden del auditor de guerra. El 21 de julio, un mes después, el juez Manuel Martínez Gargallo inicia la instrucción con la colaboración del alférez Baena Tocón como secretario.

El joven y apuesto Carlos Rivera Gómez debió entrar en pánico por razones obvias y sus declaraciones suponen una retractación como republicano. La compasión no estaba prevista para estos casos durante la inmediata posguerra. La instrucción solo duró cinco días hasta la elaboración del auto resumen fechado el 3 de agosto de 1939.

Este documento, fundamental para el plenario del consejo de guerra, pide el procesamiento de Carlos Rivera Gómez por haber sido teniente de carabineros, aunque nunca participó en acciones militares, y autor de artículos publicados en Informaciones, «en los que no solo alienta a la resistencia contra el Ejército Nacional, sino que son un continuo insulto y ultraje para él».

El tribunal presidido por el comandante Félix Navajas García le condenó a muerte reiterando lo fundamental de lo dictado por el juez Manuel Martínez Gargallo. Así se solía hacer en los sumarísimos de urgencia. De ahí la importancia de los auto resúmenes, que solían ser la clave de la sentencia a falta de otros elementos de juicio o ponderación.

La petición de procesamiento formulada en el auto resumen incluye dos acusaciones: la condición de teniente del «ejército rojo» y los artículos publicados en Informaciones. Con el objetivo de conseguir los mismos, el juez Manuel Martínez Gargallo el 30 de julio de 1939 dictó una providencia que cuenta con la firma del alférez Baena Tocón como secretario:

El citado alférez se personó en la Hemeroteca Municipal de Madrid para realizar la «investigación» y, en solo dos días, elaboró un informe donde hay cinco folios dedicados a transcribir un artículo de Carlos Rivera Gómez y otros cuatro a resumir diferentes crónicas del mismo. A partir de esta base documental y con el acompañamiento de las declaraciones efectuadas, el juez redactó el auto resumen que, examinado por el plenario del consejo de guerra, derivaría en la citada condena a muerte.

El procedimiento se repite en otros sumarios examinados en mis libros, al igual que en los de diferentes colegas especializados en la represión franquista. Baste recordar en este sentido el sumario de Javier Bueno, otro condenado a muerte. A raíz de la sentencia del juzgado gaditano, tengo dudas sobre cómo proceder en el tercer volumen de la trilogía, donde aparecerá el capítulo dedicado a Carlos Rivera Gómez.

¿Debo atender a lo documentado en los archivos militares o, de acuerdo con el sentido exculpatorio de la sentencia, debería hacer caso omiso de esa documentación para relativizar la trascendencia del papel desempeñado por el secretario durante la fase de instrucción? 

A la espera de la respuesta de las autoridades judiciales, traslado la pregunta a otros historiadores con los que estoy en permanente contacto para corregir mis trabajos y sigo recopilando documentación con el deseo de que el joven y apuesto Carlos Rivera Gómez, al menos, tenga el testimonio de sus actividades periodísticas al servicio de la II República.

Pdta. El borrador del capítulo dedicado a Carlos Rivera Gómez en el tercer volumen de la trilogía sobre los consejos de guerra de periodistas y escritores ya se puede consultar en el Repositorio de la Universidad de Alicante, donde permanecerá a la espera de posibles indicaciones o correcciones de los especialistas interesados por estos temas:

http://hdl.handle.net/10045/154677

Mientras tanto, sigo a la espera de saber cómo proceder cuando encuentre una documentación que contradiga lo manifestado en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Cádiz.