El periodista
Victorino Tamayo Mayones era un veterano de cincuenta y cuatro años cuando
acabó la Guerra Civil. Casado, padre de tres hijas emparentadas con familias de
orden y de un hijo, Manuel, perseguido por su condición de requeté, la
perspectiva del exilio suponía un imposible o un absurdo para quien también
arrastraba problemas de salud.
El director de Hoja
del lunes de Madrid en tres ocasiones -1931, 1933-34 y 1936- pronto
abandonó las responsabilidades en la prensa republicana. La publicación
auspiciada por la APM cesó el 24 de octubre de 1936 y Victorino Tamayo Mayones
no encontró acomodo en otra cabecera. Procedente de las Milicias Gráficas por
compromiso del cargo, el granadino y sobrino del ilustre dramaturgo Manuel
Tamayo y Baus se trasladó a Valencia junto con su esposa. Allí tampoco dispuso
de una oportunidad en las redacciones y, gracias a un amigo, a su avanzada edad
el 12 de julio de 1937 pudo alistarse como voluntario.
Las trayectorias
militares entre los republicanos incluyen casos tan fulgurantes como carentes
de rigor. Victorino Tamayo Mayones ascendió directamente a capitán, pero en la
retaguardia como comisario de las estaciones ferroviarias de Villacañas, Utiel
y Valencia. El periodista tampoco destacó como miembro del batallón Águilas de
la Libertad durante los primeros meses de la guerra en la capital. Su objetivo
era ampararse en sus filas como otros derechistas y contar con un plato de
comida.
Consciente de no
tener «las manos manchadas de sangre» y ajeno a cualquier simpatía republicana,
Victorino Tamayo Mayones se entregó a los vencedores el 31 de marzo de 1939 en
Valencia con el deseo de colaborar en la construcción de la renacida España del
Glorioso Movimiento Nacional. El 26 de enero de 1942 fue condenado a muerte.
El sumario 48067
permanece incompleto en el AGHD y el deterioro de algunos documentos dificulta
su lectura. Ambas circunstancias impiden comprender una parte de lo sucedido
con un sumarísimo de urgencia de casi cuatro años, que pasó por distintos
juzgados de instrucción sin mediar justificaciones con prueba documental.
El capitán
Victorino Tamayo Mayones no debió parecer peligroso a los vencedores y le
dejaron libre en Valencia como si fuera un soldado raso. Ya de regreso a la
capital junto con su bien situada familia, el 19 de abril se presentó en los
Servicios de Prensa de Madrid porque confiaría en sus relaciones con los
vencedores. Desde allí, ante semejante prueba de buena voluntad, le mandarían
al campo de concentración Miguel de Unamuno. En julio ya se encontraba en el
penal de Ocaña, mientras el Juzgado Especial de Prisioneros, localizado en
Aranjuez, instruía el correspondiente sumario sin que en la documentación
conservada se encuentre la orden del auditor. Tal vez nunca existiera.
El 7 de septiembre
de 1939, el auditor manda instruir el sumario 48067 al Juzgado Militar de
Prensa. El documento no menciona la existencia de otro sumario anterior
relacionado con el mismo procesado. Dos meses después, su titular, el capitán
Manuel Martínez Gargallo, pide la inhibición del Juzgado Especial de
Prisioneros en el proceso seguido contra el granadino. El 9 de noviembre su
colega de Aranjuez remite a la plaza de Callao, 4, las actuaciones de una
instrucción de la cual ignoramos el número y la correspondiente orden del
auditor. La irregularidad parece notable.
Las citadas
«actuaciones» son dos fichas clasificatorias del 20 de julio y el 26 de agosto
de 1939, esta última fechada en el penal de Ocaña, y un informe de la DGS del 7
de octubre donde la policía manifiesta carecer de datos acerca del periodista.
Las fichas indican el período durante el cual el encausado sirvió como
voluntario hasta llegar a «comisario» de las citadas estaciones. El
nombramiento no consta en las fuentes consultadas. Asimismo, Victoriano Tamayo
Mayones alega que nunca publicó artículos sobre temas políticos en la prensa
republicana. De hecho, su firma no aparece en los incluidos en Hoja del
lunes.
Las declaraciones
de las fichas fueron completadas por el periodista mediante dos extensos
escritos del 20 de julio y seis días después. En realidad, ambos son similares
y deducimos que el primero iría al juzgado de Aranjuez y, tras conocer su
inhibición, el segundo lo remitió a Manuel Martínez Gargallo. El problema es la
fecha: 26 de julio de 1939, un mes y medio antes de que el auditor mandara
instruir el sumario 48067 al Juzgado Militar de Prensa.
Al margen de la
incoherencia cronológica de la fecha, la misma permite suponer que Victorino
Tamayo Mayones tendría en la APM, localizada en la sede del juzgado destinado a
los periodistas, alguien que le informara de la marcha del proceso. La fuente
para la posible filtración estaba cercana. De hecho, Rafael Cordero Avilés
reproduce fragmentos de las cartas de Víctor Ruiz Albéniz, El Tebid, dirigidas
a Manuel Martínez Gargallo interesándose por la suerte de un colega cuya
familia recibió la modesta ayuda de la asociación para sobrevivir.
Victorino Tamayo
Mayones en sus escritos reconoce que, gracias a la APM, fue director de la Hoja
del lunes entre enero y octubre de 1936, pero añade que no publicó
artículos durante «el dominio rojo». El periodista, «nunca estuvo compenetrado
con la causa roja» y manifiesta su «repugnancia» por la «prensa marxista». El
encausado afirma haber sido militante de Unión Republicana en 1935 y miembro de
la Agrupación Profesional de Periodistas a lo largo de la guerra. También
estuvo afiliado al Sindicato de Autores y Compositores por su relación con el
teatro. Una vez cesado como director de la hoja semanal, Victorino Tamayo
Mayones salió de Madrid, buscó suerte en Valencia y terminó en unas estaciones
ferroviarias para sacar adelante su familia, pues carecía de cualquier otra
fuente de ingresos.
Las cartas del
procesado a los instructores son coherentes con la declaración efectuada en
enero de 1940, pero resultan más explícitas en su deseo de congraciarse con los
vencedores a la espera de una absolución. Victorino Tamayo Mayones rechaza la
«política sectaria», alardea de tradicionalista y explica que sus artículos «se
han consagrado totalmente al enaltecimiento de las glorias españolas de la
literatura dramática y de la escena, rindiendo así culto a la tradición
soberana de nuestra patria, que tanto nos honra y enaltece». El patriotismo al
uso de la Victoria culmina con una frase inequívoca: «Para mí, siempre y por
encima de todo, ¡España!».
La única prueba
recabada durante la instrucción es un informe no fechado del alférez Baena
Tocón. El secretario del Juzgado Militar de Prensa reproduce los «rótulos, titulares
y entrefiletes» de una serie de artículos anónimos publicados en Hoja del
lunes entre el 2 de agosto y el 27 de septiembre de 1936. Victorino Tamayo
Mayones afirmaría después que esos textos venían impuestos por las directrices
gubernativas de la censura. Al mismo tiempo, el sumario incluye avales y
testimonios de destacados periodistas y literatos (Francisco Casares, Francisco
Ramos de Castro…), que son positivos para el encausado.
Fruto de los
mismos, y de manera sorprendente, el 18 de septiembre de 1940 le excarcelan del
penal de Santa Rita, tres días antes del auto resumen que culminaba la
instrucción. El mismo ya no fue firmado por Manuel Martínez Gargallo, en otro
destino por entonces, sino por el juez accidental Eduardo del Moral, del que no
consta el correspondiente nombramiento como sustituto.
El auto es
positivo para el encausado. El juez considera que su presencia en el ejército
republicano solo se debió a motivos económicos, prescinde del informe del
alférez Baena Tocón y concluye, a partir de los testimonios, que el periodista
es de «ideas religiosas y de estricto orden moral, sin que le crean capaz de
cometer hecho delictivo alguno».
La documentación
permite pensar en una pronta absolución del granadino, pero el 16 de noviembre
de 1940 el fiscal Leopoldo Huidobro solicita la pena de muerte sin mediar
nuevas acusaciones. A partir de este momento, se inicia un período en blanco
porque, ante semejante petición, el auditor o el capitán general paralizarían
la celebración del consejo de guerra. De hecho, el 7 de octubre de 1941 el
primero devuelve el sumario al juzgado instructor para incorporar los avales
favorables.
Victorino Tamayo
Mayones regresa a la cárcel de Porlier y allí, en una especie de limbo
jurídico, espera hasta que el 7 de enero de 1942 un nuevo fiscal pide para el
granadino una condena de treinta años. La misma, sorprendentemente, se
convierte a muerte en la sentencia del 26 de enero de 1942 dictada por el
teniente coronel José Ortiz Gómez. La documentación sumarial no permite
vislumbrar un nuevo motivo para este cambio.
La pena máxima
sorprende por la tardía fecha del consejo de guerra y la personalidad del
procesado. Su dureza provocó una avalancha de testigos y avales para salvar al
periodista granadino. Fruto de la misma, el 7 de marzo de 1942 el capitán
general de la I Región Militar anuló la sentencia y un mes después el auditor
dicta la orden de abrir una nueva instrucción para recabar los testimonios
favorables al encausado. Ambas decisiones fueron amparadas por el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Tras incorporar
los testimonios al sumario, el 11 de diciembre de 1943 Victorino Tamayo Mayones
fue condenado a veinte años por los mismos hechos que antes le habían llevado a
la pena máxima. El teniente coronel José Fernández Álvarez fue más benévolo con
quien, con voluntad de incorporarse a la España del Glorioso Movimiento
Nacional, se entregó en Valencia con la confianza de no tener «las manos
manchadas de sangre» y poder servir a tan altos fines. La pena quedaría
extinguida el 19 de julio de 1959. Mucho antes fallecería un periodista que
dejó a su familia sin medios económicos para sobrevivir. Esta segunda condena
no consta en el sumario. Tampoco el arrepentimiento de quienes estuvieron a
punto de llevarle al paredón.
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