La preparación de una
trilogía dedicada a los consejos de guerra de periodistas y escritores durante
el período 1939-1945 requiere la consulta de un conjunto de sumarios que apenas
representa una pequeñísima parte de los instruidos por entonces. El riesgo, a
partir de una muestra tan limitada, es llegar a conclusiones que no se
corresponden con las líneas fundamentales de la actividad represiva llevada a
cabo a través de la vía judicial.
La consulta de otras
investigaciones se impone para evitar, en la medida de lo posible, el riesgo de
tomar la parte por el todo. La bibliografía de mis libros da cuenta de esta
labor que amplío con diferentes lecturas que no aparecen referenciadas porque
tampoco las cito de manera explícita.
Gracias a los años de
investigación, cuento con la ayuda de bastantes colegas en las áreas de
historia, literatura y derecho. Les consulto a menudo y el intercambio siempre
es fructífero. Asimismo, ejerzo esa misma labor con jóvenes investigadores que
me plantean sus dudas o preguntas. Nunca lo explico, pero cada monografía
supone en mi caso cientos de mensajes remitidos por correo electrónico.
Sin embargo, a veces
tengo la suerte de la proximidad en mi propia facultad. Así sucede con Pedro
Payá López, un profesor de la UA que, tras la publicación de Violencia y
responsabilidad. La represión judicial franquista en el ámbito local (Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2017), es uno de los más destacados especialistas en
materia de consejos de guerra.
Su libro es un extenso
estudio de lo sucedido en el Juzgado Militar de Monóvar, uno de los veintidós
establecidos por entonces en la provincia de Alicante. Pedro Payá López analiza
numerosos sumarios, recopila testimonios y documentos de los familiares que
pretenden mantener viva la memoria de las víctimas y, en definitiva, aporta una
visión exhaustiva de la violencia y sus responsables en el marco de una comarca
que, como tantas otras, vivió uno de sus momentos más terribles durante la
posguerra.
La consulta del volumen
me ha permitido saber de los sumarios de Pascual Sánchez Martínez y Francisco
Ferrándiz Alborz, dos colaboradores de Claridad y El Socialista. Sus
nombres, como los de tantos otros colaboradores que vivían en provincias, deben
ser incorporados a la nómina de los periodistas represaliados durante la
posguerra.
No obstante, el objetivo
fundamental de la consulta ha sido tener la seguridad de que mis conclusiones
coinciden en lo fundamental con las de otro compañero. El resultado ha sido
positivo hasta tal punto que, más allá de los nombres y las circunstancias, las
coincidencias son muy notables.
En definitiva, estamos
ante la lógica de un mismo sistema represivo que utilizó los sumarísimos de
urgencia como un arma de guerra donde la venganza estuvo presente. No en balde,
su empleo se basa en el decreto 55 de la Junta Técnica del Estado publicado el
1 de noviembre de 1936 y estuvo vigente hasta que, cumplidos los objetivos
militares propios de una guerra, se volvió a los consejos de guerra previstos
en el Código de Justicia Militar.
El trabajo de Pedro Payá
López se suma así a una larga lista de consultas bibliográficas con el único
propósito de no equivocarme por partir de una muestra documental necesariamente
limitada. Solo cabe manifestar mi agradecimiento y la voluntad de seguir
trabajando conjuntamente para el conocimiento de una violencia y una
responsabilidad que -como bien explica Hannah Arendt en Responsabilidad y
juicio- en el segundo de los conceptos debe partir de la constatación de
que, tanto desde un punto de vista penal como moral, la responsabilidad siempre
es individual. De ahí la necesidad de aportar nombres y perfilarlos
biográficamente en la medida de lo posible. Así lo hace, con gran acierto, mi
compañero de facultad.
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