El
diario salmantino El Adelanto, en una nota de sociedad publicada el 18
de mayo de 1902, anuncia que el joven doctor en Ciencias Físico-Químicas
Aurelio Capelo y Téllez de Meneses ha contraído matrimonio con la bella
señorita María Luisa de la Riva Garzón. La pareja debió llevar una vida
tranquila, pues la consulta en la hemeroteca solo indica que el doctor natural
de Onil (Alicante) en 1928 era corresponsal en Madrid de El Pueblo Gallego. Alguna
otra actividad tendría en la prensa, pero sin destacar como periodista, pues su
trayectoria profesional le llevó a ocupar varios cargos en los ministerios de
Obras Públicas y Comunicaciones. Allí permaneció fiel a los republicanos,
incluso durante la guerra. Al finalizar la misma fue detenido en Madrid el 1 de
junio de 1939 por haber ocupado un cargo administrativo desde enero a marzo de
1935. La retroactividad del sistema represivo de la Victoria carecía de límites
y abarcó a los avejentados funcionarios que, puestos a ocupar un puesto en el
escalafón, nunca fueron motivo de una noticia publicable.
El
28 de junio de 1939, el auditor Ángel Manzaneque dicta la orden de instruir el
sumario 28269 al Juzgado Militar Permanente n.º 4. Al constatar la condición de
Aurelio Capelo como jefe de negociado de Obras Públicas, la instrucción
finalmente correspondió al Juzgado Especial de Funcionarios. El citado sumario
depositado en el AGHD está incompleto, pues del mismo han desaparecido las
declaraciones, los avales, los informes…, de tal manera que solo conocemos el
desenlace de un proceso carente de documentación.
El
14 de diciembre de 1939, el juez instructor redacta el auto resumen, que
suponemos deudor de algunas actuaciones judiciales realizadas mientras el
encausado permanecía en la cárcel con riesgo para su salud. El texto indica que
Aurelio Capelo, de sesenta y cuatro años, casado, funcionario y periodista era
«persona de confianza de los dirigentes rebeldes» y «ostentó cargo de alguna
importancia al servicio de los mismos», hasta tal punto que «ya por el año mil
novecientos treinta y cuatro fue enlace de comunistas y socialistas». El
misterio rodea a esa supuesta condición de «enlace» entre los dos grupos
políticos.
El
fiscal Ramón del Orbe, tras leer el citado auto resumen, el 22 de diciembre de
1939 pide doce años de prisión para el funcionario, al que considera afiliado
al PSOE y la UGT sin aportar pruebas. Tampoco están en las fichas de la
Fundación Pablo Iglesias, donde ni siquiera figura Aurelio Capelo. Asimismo, el
fiscal le acusa de ser «hombre de confianza de Portela Valladares», jefe de
negociado en Obras Públicas «durante la dominación roja» y jefe del Registro
General del Ministerio de Comunicaciones y Transporte. Dada su condición de
alto funcionario, el también periodista siguió los pasos del «ambulante
gobierno rojo» trasladándose a Valencia y Barcelona hasta finalizar la guerra.
A causa de su edad, tan alejada de los impulsos revolucionarios, y el escaso
relieve político de los cargos, Aurelio Capelo volvió a Madrid, aunque el
republicano y masón dejara de formalizar la declaración jurada como funcionario
«a efectos de la depuración». El olvidado protagonista de la historia se jugó
la jubilación, pero antes conoció la experiencia de afrontar un consejo de
guerra como paso previo para el procesamiento por parte del TERMC el 15 de
septiembre de 1942, según consta en su ficha del CDMH.
El
28 de diciembre de 1939 tiene lugar la vista previa del sumario 28269. El
defensor solicita la absolución y el mismo día el tribunal presidido por el
comandante Blázquez Jiménez señala que Aurelio Capelo, a pesar de sus
«antecedentes izquierdistas», «no parece de lo actuado que haya intervenido en
hechos delictivos». Por lo tanto, lo absuelve porque «solo pueden ser
castigados los hechos que la ley define como delitos o faltas».
La
obviedad de lo escrito en la sentencia no era tal en aquellos tiempos de la
Victoria, donde tantos hechos acabaron siendo delitos o faltas gracias a la
lógica del vencedor. En cualquier caso, y para que el funcionario no saliera de
rositas tras ocho meses en la cárcel de Comendadores, el tribunal «propone a la
superioridad la adopción de una medida gubernativa en relación con la avanzada
edad del procesado». Esta magnanimidad en atención a los años propios de la
jubilación se tradujo en un procesamiento por parte del TERMC. El periodista
Aurelio Capelo no pudo jubilarse con un mínimo de tranquilidad porque antaño
aceptó ser jefe de negociado y miembro de la logia madrileña Life. El citado
tribunal le condenó el 16 de septiembre de 1942 a un año de prisión conmutable
por seis meses. La sentencia quedó en el aire porque para entonces el
funcionario republicano y masón había fallecido. Su expediente siguió por los
cauces de la burocracia represiva hasta el 8 de febrero de 1945.
