Hasta siempre, Sol

 Soledad Gallego-Díaz

La periodista Soledad Gallego-Díaz (1951-2026), la primera directora de El País, ha fallecido tras culminar una dilatada y brillante trayectoria en el periodismo español. La prensa de hoy aborda con amplitud la triste noticia y poco podría añadir a las necrológicas o los perfiles humanos de una profesional que gozó del respeto y el cariño de los colegas.

Hace apenas tres meses, y gracias a la ayuda del novelista Sergio del Molino, pude entrar en contacto con Sol. El motivo era conocer mejor la historia de su padre, José Gallego-Díaz Moreno, un matemático con inquietudes literarias que fue procesado en un consejo de guerra por los franquistas. Le pregunté sobre el correspondiente sumario, pero la familia lo desconocía, así como otros pormenores de su trayectoria. Le dije que lo digitalizaría para ponerlo a disposición de ella y sus hermanos. Así lo hice y Sol me mandó un correo agradeciéndome la gestión.

El sumario de José Gallego-Díaz Moreno ya lo tengo digitalizado gracias a la colaboración del AGHD, así como otros documentos de su padre, pero por desgracia cuando se lo envié la enfermedad cortó la comunicación. El documento aporta importantes novedades acerca de un matemático verdaderamente singular por múltiples motivos. Nunca las pude comentar con una periodista que habría tenido la experiencia de una imprevista exclusiva familiar.

La investigación iniciada con la publicación de una entrada en este mismo blog el 13 de abril de 2026 ya está prácticamente terminada y aparecerá en el cuarto tomo de los dedicados a los consejos de guerra de periodistas y escritores. La enfermedad se ha interpuesto y no podré compartir la tarea con Sol a la búsqueda de sus testimonios, pero la culminaré en recuerdo de su padre y de ella misma, al tiempo que intentaré localizar a sus hermanos para que la memoria familiar se vea completada con la labor del historiador.

 

 

La trayectoria paralela de dos ingenieros

El ingeniero Cirilo Benítez Ayala con la novelista Carmen Laforet.

Foto de la familia Bosch publicada por El Día, el 2-X-2021.

El 6 de abril de 1950, el tren expreso n.º 1517 que cubría la línea Madrid-Gijón descarriló a las 9:25 horas de la mañana tres kilómetros después de pasar Pola de Lena, a la altura de Villallana. Además de los sesenta y nueve heridos, diecinueve personas murieron en el accidente, entre ellas cinco militares y un procurador en Cortes. También un ingeniero de la propia RENFE, Cirilo Benítez Ayala (Las Palmas, 1917), que desde su destino laboral en Astorga iba a la capital asturiana para contactar con una joven. En su maleta, abierta a resultas del accidente, llevaba ejemplares de Mundo Obrero, que habrían sido incautados por el agente Roberto Conesa Escudero en la estación de Gijón porque, probablemente, la destinataria era una infiltrada de la Brigada Político Social.

El funeral por las víctimas del accidente se celebró en un hangar de la madrileña Estación del Norte. El cineasta Juan Antonio Bardem (1922-2002) y el ingeniero José Gallego-Díaz Moreno (1913-1965) acudieron a despedir al amigo con quien compartieron ilusiones en unos tiempos difíciles. También al joven de personalidad fascinante y antecesor de Jorge Semprún en su labor de penetración en los círculos culturales. Ambos pronto percibieron que estaban rodeados de agentes de la citada brigada, que no procedieron a detenerles porque el momento era inoportuno.

El ingeniero José Gallego-Díaz Moreno.

Fuente: Historia Hispánica (RAH)

José Gallego-Díaz Moreno mostró inquietudes literarias a lo largo de una trayectoria con el denominador común de la brillantez en varias facetas. El ingeniero, que por entonces había culminado tres carreras universitarias, dedicó un poema al amigo fallecido. Lo publicó, gracias a los hermanos Miralles, en el séptimo número de la revista canaria Planas de poesía (1949-1951), que pronto fue prohibida por subversiva. La elegía constituyó una prueba de cargo en las posteriores diligencias para su procesamiento.

La detención del ingeniero llegó el 3 de febrero de 1953 a manos del infatigable Roberto Conesa Escudero, que nunca dejó pasar un poema sospechoso o una hoja clandestina. José Gallego-Díaz Moreno tenía experiencia en materia de procesos judiciales. Tras haber pasado la guerra en Madrid, colaborando en periódicos como El Sol, incautado por el PCE, y en las oficinas del Instituto de Reforma Agraria, el 10 de junio de 1940 fue absuelto en un sumarísimo de urgencia. La «buena conducta», los «antecedentes derechistas», la condición de «camisa vieja» y hasta el asesinato de su hermano Vicente, ejecutado por «las ordas marxistas» el 26 de agosto de 1936, le salvaron de una condena que por haber actuado en la órbita comunista habría sido dura en aquellas fechas.

La absolución no impidió la depuración profesional y, alejado momentáneamente de las aulas universitarias, el ingeniero agrónomo, licenciado en Ciencias Exactas y en Química, encontró acomodo en una academia montada en el domicilio de su madre, donde contó con Cirilo Benítez Ayala como profesor siendo alumnos el citado Juan Antonio Bardem y el novelista Juan Benet. Ambos evocaron esa experiencia con admiración, que también sería compartida por Luis García Berlanga.

Mientras tanto, el 5 de abril de 1943 le acusan de pertenecer al Socorro Rojo y «ser un rojo peligroso relacionado con guerrilleros». La denuncia no prosperó por falta de pruebas. El ubetense debió ser persona de arrestos al igual que su amigo Cirilo, pues junto con Juan Antonio Bardem acudía regularmente a una pequeña chocolatería en la calle San Bernardo esquina a San Hermenegildo. La regentaba el camarada Paulino García Moya, que acabaría procesado. Todos estaban en el punto de mira del agente Roberto Conesa Escudero.

Cirilo Benítez Ayala viajó a Francia en 1946 para formalizar su ingreso en el PCE tras convencer al comité central de su pretensión de constituir células en los ámbitos culturales y académicos. Su colega no le fue a la zaga, pues por esas fechas también se desplazó a París para publicar trabajos científicos y «casualmente» se encontró con sus amigos Pablo Neruda y Manuel Tuñón de Lara, «con los que mantuvo conversaciones, si bien bastante amplias, desprovistas de todo interés o matiz político», según su declaración en los locales de la Brigada Político Social de la Jefatura Superior de Policía efectuada el 3 de febrero de 1953, cuando le detuvieron a raíz del encarcelamiento de Manuel Suárez García, un «filósofo del comunismo» a quien había conocido dos años antes en una tertulia del café Zahara en la Gran Vía.

Roberto Conesa Escudero estaba al tanto de esas tertulias, que también se daban en el Gijón, el Nacional o en el Varela inmortalizado por Rafael Azcona. Incluso en el rincón existencialista del Sésamo, donde sería posible bailar con el paso de los años como vemos en El pisito (1958), de Marco Ferreri. El agente de la Brigada Político Social sabía que estos intelectuales eran menos peligrosos que los obreros organizados, pero nunca los dejó sueltos y detuvo a la mayoría porque en las dependencias policiales tenían un listado de «antecedentes», donde constaba desde una poesía elegiaca hasta folletos de agrupaciones un tanto fantasmales como el Centro de Intercambios Culturales Europeos (CICE). Las tapaderas nunca lo fueron para los responsables de una Brigada Político Social que conocía a «los habituales sospechosos» como firmantes en aquellos precarios espacios abiertos a un mínimo de libertad.

José Gallego-Díaz Moreno permaneció en las dependencias de la brigada durante veinticinco días de declaraciones y careos, mientras recibía el apoyo de falangistas heterodoxos, aunque mejor colocados en el régimen, como el periodista Patricio González de Canales y el catedrático Santiago Montero Díaz. No obstante, lo decisivo sería el informe del coronel Enrique Eymar Fernández firmado el 12 de febrero de 1953.

El juez instructor para los delitos de espionaje y comunismo le considera un «hombre de gran valía», además de «excelente matemático» y abnegado padre de cinco hijos a los que sacaba adelante gracias al pluriempleo. En su debe solo consta que fuera «un hombre libre en sus manifestaciones y expansiones». Por lo tanto, el coronel propone al capitán general de la I Región Militar su puesta en libertad, que fue definitiva el 30 de marzo de 1953.

El ubetense no cambió entonces de amigos ni prescindió de sus inquietudes de «hombre libre». Así, entre tertulias, publicaciones científicas o literarias y manifiestos, llegó hasta febrero de 1956, cuando «los alborotadores y jaraneros» marcaron un punto de inflexión en la Universidad Complutense donde desde 1955 ejercía de catedrático de Física General de la Escuela Técnica de Ingenieros Agrónomos. Allí permaneció hasta 1959, cuando decidió buscar unos horizontes académicos acordes con su valía y ajenos a la mirada de agentes como Roberto Conesa Escudero.

José Gallego-Díaz Moreno visitó varias universidades norteamericanas y entre 1960 y 1964 fue profesor de la Universidad del Zulia en Maracaibo. Desde allí pasó a la Universidad Central de Caracas, donde le esperaba un porvenir brillante como catedrático y unas condiciones de trabajo ajenas a la precariedad vivida en España. Quienes tuvieron la dicha de conocerle le recuerdan como un sabio creador de ciencia y capaz de transmitirla a los demás. También como un humanista inquieto y alejado del alicorto mundo cultural o académico de la posguerra. En Caracas todo podía mejorar, pero un accidente automovilístico acabó con esa ilusión familiar el 16 de febrero de 1965.

Al cabo de los años y muy lejos, en aquella Venezuela con tantos españoles por distintos motivos, José Gallego-Díaz Moreno compartió el fatal destino de su amigo Cirilo. El paralelismo entre ambos va más allá, pues los dos ingenieros compartían sabiduría, entusiasmo y osadía en una España presidida por el miedo. Y lo hicieron desde unos orígenes poco habituales. Tal vez porque la historia carece de reglas de fácil explicación y está repleta de excepciones. Su análisis requiere investigación y reflexión. Las pondremos al servicio de un nuevo capítulo, el dedicado a Cirilo y Pepe, que aparecerá en el cuarto tomo dedicado a los consejos de guerra de periodistas y escritores.

 

 

 

 

 

Tres jornaleros condenados a muerte

 Imagen del establecimiento penitenciario de Porlier

El trabajo del historiador cuenta con la posibilidad de seguir una pista falsa, buscar una documentación que en realidad no guarda relación con la investigación y otras sorpresas incorporadas al anecdotario de una labor que requiere constancia. También suerte y humildad ante el error.

Cada vez que encuentro un periodista o escritor apellidado García, Gómez, Fernández, González… empiezo a preocuparme si el nombre o el otro apellido no es menos común. El listado de los procesados con esos apellidos tan frecuentes cuyos sumarios se encuentran en el Archivo General e Histórico de Defensa es abrumador y, si no se produce la referida circunstancia, la búsqueda del que nos interesa se convierte en la de una aguja en un pajar.

Hace unos días me llegó el sumario 6026 del AGHD cuyos procesados son Eleuterio Gallego Díaz, Luis González Blanco y José Gallego Díaz, tres jornaleros nacidos en El Hoyo de Pinares (Ávila). El nombre y apellidos del último coincide con los de José Gallego-Díaz Moreno (1913-1965), un matemático y escritor andaluz del que intento saber su suerte en los correspondientes consejos de guerra (AGHD, 64255 y 2407). La confusión de un colega a la hora de identificar a ambos, como si fueran la misma persona, me ha llevado a una nueva confusión que espero solucionar con la consulta de los referidos sumarios.

Los tres jornaleros nada tuvieron que ver con la prensa republicana, pero la lectura del sumario 6026 alumbra algunos aspectos abordados en mis publicaciones acerca de los consejos de guerra de periodistas y escritores. Puestos a trabajar por una confusión, al menos cabe sacar algunas conclusiones.

La primera guarda relación con las fechas de los documentos sumariales. Las imprecisiones en este apartado son tan frecuentes que, además de evidenciar el escaso rigor de quienes trabajaron en la jurisdicción militar durante la Victoria, a menudo permiten pensar en una «reconstrucción» del sumario a instancias del juez instructor.

AGHD, sumario 6026

Según el sumario 6026, el 3 de marzo de 1939 los tres procesados fueron entregados en las dependencias de la comisaría madrileña de La Guindalera-Prosperidad por los soldados Pedro Martín Fernández, Paulino Fernández Fernández y Leandro Ochendo Sánchez. Por entonces, las tropas del general Franco todavía no habían entrado en la capital y, por lo tanto, la fecha debe ser errónea.

Los detenidos son tres jornaleros de 28, 34 y 45 años acusados de militar en organizaciones izquierdistas y de haber asesinado a cuarenta y nueve personas en El Hoyo de Pinares. A primera vista, sorprende que unos soldados tuvieran esa cifra tan precisa y, desde luego, no aportan alguna prueba o testimonio para probar que la misma fuera verosímil en una población tan pequeña.

El día de la detención, que debió ser el 3 de abril, los jornaleros y milicianos declaran en la comisaría para negar la acusación relacionada con los asesinatos, al tiempo que trasladan la responsabilidad a un comité operante en el citado pueblo. Incluso dan los nombres de algunos de sus más destacados miembros. En el sumario no constan las posibles diligencias para localizarlos y procesarlos.

El 22 de abril, el auditor Ángel Manzaneque Feltrer ordena instruir el sumario 6026 al titular del Juzgado Permanente n.º 2 de Madrid. La acumulación de los detenidos retrasaría el proceso, puesto que hasta el 24 de octubre no se inician las declaraciones de los procesados que serían completadas con la de Eleuterio Gallego Díaz el 27 del citado mes. Los tres se limitan a negar la acusación de haber participado en los asesinatos ocurridos en El Hoyo de Pinares.

La única diligencia realizada por el juez instructor, el coronel Eladio Carnicero Herrero, es recabar los informes del comandante del puesto de la Guardia Civil en la citada localidad abulense. Los tres informes llegan el 30 de octubre y son acusatorios, aunque sin presentar prueba alguna más allá del testimonio de los propios informantes.

El juez instructor pensaría que la suerte procesal de tres jornaleros convertidos en milicianos no merecía otras diligencias. El 2 de noviembre de 1939 presenta el correspondiente auto resumen donde se limita a reproducir lo manifestado por la Guardia Civil como acusación.

El 11 de noviembre de 1939, el fiscal Leopoldo Huidobro, un oficial con presencia habitual en los consejos de guerra de periodistas y escritores, pide la pena de muerte para los tres procesados sin recabar prueba alguna y a partir exclusivamente de los informes remitidos por la Guardia Civil.

El 30 de noviembre tiene lugar la vista previa bajo la presidencia del comandante Pablo Alfaro, el firmante de la condena a muerte de Miguel Hernández. Ratificada la petición por parte de la fiscalía, ese mismo día el oficial dicta una sentencia de muerte para los tres jornaleros como militantes de izquierdas y asesinos, aunque sin precisar circunstancia alguna relacionada con los supuestos actos violentos.

Tal vez alarmado ante la rapidez y la precariedad de la instrucción, que contrasta con la gravedad de las condenas, el 11 de diciembre de 1939 el auditor devuelve el sumario al instructor para que realice más diligencias. Las mismas se reducen a recopilar los testimonios de algunos vecinos que, mediante avales escritos y firmados, se ponen en contacto con el juzgado militar. Todos los testimonios son favorables a los jornaleros, en especial los relacionados con José Gallego Díaz.

La circunstancia prueba de nuevo las diferencias entre la jurisdicción militar de la Victoria, inflexible en la mayoría de las ocasiones, y «las personas de orden», que con cierta frecuencia avalaron a los procesados y reclamaron piedad o perdón para los mismos. Si la labor de represión hubiera recaído en la jurisdicción civil, casi desaparecida por entonces, el resultado habría sido probablemente distinto en lo relacionado con la gravedad de las cifras.

El consejo de guerra de los tres jornaleros tuvo lugar el 5 de agosto de 1943, aunque durante los casi cuatro años transcurridos desde el inicial auto resumen las autoridades militares se limitaron a recopilar los citados testimonios de los vecinos sin realizar otras diligencias para averiguar los hechos violentos acaecidos en El Hoyo de Pinares. Tal vez haya más información al respecto en la Causa General, pero sin reflejo en el sumario 6026 del AGHD.

El tribunal presidido por el teniente coronel José Ortiz Gómez condena a muerte a Eleuterio Gallego Díaz y Luis González Blanco, mientras que José Gallego Díaz es condenado a treinta años gracias a los avales recopilados. El jornalero saldría en libertad con el indulto general promulgado el 9 de octubre de 1945, pero sus dos compañeros acabaron ante un pelotón de fusilamiento tras la aprobación de la sentencia por parte del capitán general de la I Región Militar el 19 de octubre de 1943 y el correspondiente «enterado» remitido el 2 de marzo de 1944.

La ejecución de Luis y Eleuterio tuvo lugar en la madrugada del 14 de marzo de 1944, falleciendo a causa de una «hemorragia producida por herida de bala». El anonimato de los pelotones permitía estos eufemismos. Ambos jornaleros murieron por un informe de la Guardia Civil que no incluía prueba alguna y sin que, a lo largo de cuatro años, las autoridades militares hicieran diligencias que consten en el sumario 6026 para aclarar lo sucedido en la localidad abulense.

Al menos, con los escritores y periodistas había un mínimo de base documental para la instrucción. Los jornaleros convertidos en milicianos no merecían semejante atención y José, aliviado por el testimonio de algunos vecinos, agradeció que en la jurisdicción militar hubiera oficiales como el auditor, todavía capaces de alarmarse ante la rapidez y la contundencia de quienes instruyeron el sumario y dictaron la primera condena. Su hermano no pudo compartir ese agradecimiento.

Ahora bien, los historiadores que no cultivan la microhistoria cuando escriben acerca de esta represión aluden al citado indulto de 1945 y el lector presupone una libertad casi inmediata. La realidad matiza esta impresión. El 6 de diciembre de 1945, cuando José Gallego Díaz ya tenía 41 años y estaba recluido en un penal de Valdemoro, solicitó el indulto. Nadie le contestó. El 18 de febrero de 1946 lo vuelve a pedir con el mismo resultado. Cuatro meses después, el 16 de junio, la solicitante fue su madre, que alegó una penosa situación económica porque su hijo llevaba casi siete años encarcelado.

La madre tuvo más predicamento ante las autoridades militares. El 10 de enero de 1947 la fiscalía se opuso a la concesión del indulto, como hacía casi siempre, pero una semana después el auditor lo concede y el 30 de ese mismo mes lo ratifica el capitán general de la I Región Militar. El 5 de febrero de 1947, el director del destacamento penal de Valdemoro informa al juzgado militar que José Gallego Díaz había sido puesto en libertad, quince meses después de solicitarlo. Algunos colegas, pocos, hablan de una excarcelación masiva e inmediata porque suponen que los decretos obraban un efecto inmediato.