El 20 de abril de 1939,
el abogado y periodista José M.ª Pérez Ruiz-Águila presentó ante las
autoridades militares de Alicante una denuncia contra diversos colegas de la
prensa republicana. El sumario instruido a partir de la misma ya lo hemos
examinado en lo referente a José Ferrándiz Albors, José Ferrándiz Casares y
Juan Sansano Benisa (véase fundamentalmente la entrada del 10 de octubre de
2025 en este mismo blog).
La citada denuncia del
sumario 871 del AGHD también incluye al redactor-jefe del Diario de
Alicante, Eduardo García Marcili (1878.1943), un veterano autor y crítico
teatral que firmaba en la prensa local con el seudónimo de Aristarco. El 19 de
julio de 1936, José M.ª Pérez Ruiz-Águila todavía era el director del citado
diario, luego su nombre desapareció y presenta al colega como «traidor» porque
se puso «sin condiciones al servicio de los rojos». Esta supuesta actitud de
colaboración no se tradujo en artículos publicados en una cabecera claramente
opuesta a los sublevados. La motivación de la denuncia pudo tener relación con
otra circunstancia: el periodista era un testigo del pasado anticlerical del
denunciante.
Eduardo García Marcili,
aparte de una amplia trayectoria en la prensa alicantina, era autor de novelas
y obras teatrales de carácter costumbrista que le habían dado popularidad en su
ciudad natal. Su militancia en Izquierda Republicana parece probada (CDMH,
DNSD, Fichero 24, G0095839), pero no me consta ninguna otra circunstancia que pruebe
la veracidad de la acusación de quien le denunció.
El 21 de abril de 1939 el
juez instructor mandó la captura de todos los denunciados por José M.ª Pérez
Ruiz-Águila y el 3 de mayo los militares detuvieron a Eduardo García Marcili,
que por entonces contaba con cincuenta y ocho años. Al día siguiente, el
veterano escritor prestó declaración en el juzgado militar. Su defensa pasa por
acusar al gobernador civil Valdés Casas como causante de su continuidad en el Diario
de Alicante, aunque lo hiciera sin redactar un solo artículo. El declarante
niega haber militado en partidos republicanos y las demás acusaciones de su
denunciante, al tiempo que recuerda su comportamiento solidario cuando acogió
en su domicilio a varias personas de derechas durante la Guerra Civil.
El informe del alcalde de
Alicante sobre Eduardo García Marcili, fechado el 19 de mayo, le califica como
una persona «fluctuante en política» que trabajó para El Luchador -su
nombre no figura en la correspondiente ficha del catálogo editado por Francisco
Moreno Sáez, pero pudo hacerlo con seudónimo o sin firma- y durante la guerra
ocupó cargos en la Comisaría de Abastos. Tres días después, el periodista
vuelve a declarar alegando que no redactó un solo artículo en contra del
Glorioso Movimiento Nacional y que su permanencia en la cabecera de Diario
de Alicante solo era una imposición del gobernador civil.
El 1 de junio de 1939, la
jefatura policial de Alicante informa al juez instructor que Eduardo García
Marcili había sido colaborador en La Voz de Alicante y El Luchador, así
como en ABC y El Sol de Madrid. Esta última circunstancia
no la he podido constatar en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional.
El documento no precisa el carácter de estas supuestas colaboraciones y,
para tranquilidad del acusado, se limita a señalar que durante la guerra «su
conducta no ha sido mala».
A pesar de que el
secretario del juzgado instructor recopila varios artículos de los acusados
publicados en la prensa local, la prueba de cargo es obviada por el juez
instructor. También prescinde de la reconocida colaboración del denunciado en
la prensa republicana y, en el auto resumen del 2 de enero de 1940, absuelve a
Eduardo García Marcili, junto con Francisco Soria Tirado, Víctor Viñes Serrano,
Fernando Gadea, José Ferrándiz Casares, Juan Sansano Benisa, Juan Sansano
Torregrosa y Pascual Rosser Guixot.
La absolución, a falta de
una justificación explícita en la documentación sumarial, en el caso de Eduardo
García Marcili pudo llegar gracias a los numerosos avales remitidos al juzgado
en defensa de los procesados. El juez sabía que estaba ante un periodista con
presencia como redactor-jefe en una cabecera favorable al gobierno durante la
guerra y que, al mismo tiempo, había ocupado algunos cargos menores en el
ámbito local. Ambas circunstancias, sobre todo la condición de redactor-jefe de
un periódico republicano, en Madrid solían justificar una condena a treinta
años. En Alicante, y gracias a los avales y otras posibles intermediaciones,
podían terminar con una absolución, aunque tras pasar el susto correspondiente.
La vara de medir de la
jurisdicción militar distaba de ser una constante en todo el ámbito nacional y,
por los mismos cargos, las condenas iban desde lo tremendista hasta la
absolución. El veterano Eduardo García Marcili agradecería haber pasado la
guerra en Alicante, tan lejos de los dominios del Juzgado Militar de Prensa y
tan cerca de los amigos que le ayudaron en unas penosas circunstancias que
pronto le llevaron a la muerte y el posterior olvido.
