La denuncia de José M.ª
Ruiz Pérez-Águila fue tan preventiva como generalizada (véase la entrada del 10
de octubre de 2025). El abogado que temía ser procesado por su zigzagueante
pasado político, incluido el anticlerical, no reparó en distingos a la hora de
establecer responsabilidades entre los periodistas que habían permanecido en
Alicante durante la Guerra Civil. Su objetivo fue extender la mancha, hasta el
punto de abarcar los nombres de varios colegas de las cabeceras locales que con
una cierta lógica se podían considerar entre los vencedores. Al margen del
sorprendente caso de Justo Sansano Benisa, director del periódico El Día hasta
el 18 de julio de 1936, también cabe recordar el del redactor ilicitano del
mismo José Tarí Navarro (1890-¿?), que fue detenido el 6 de mayo de 1939, según
consta en el sumario 871 del AGHD.
José M.ª Ruiz
Pérez-Águila le acusa en la denuncia del 20 de abril de 1939 de ponerse «sin
condiciones al servicio de los rojos escribiendo [en El Día] crónicas en
elogio de los milicianos y dándoles ánimos para luchar». Las habría publicado,
según el denunciante, bajo el seudónimo de Jota Tene, que recuerda las
iniciales de José Tarí Navarro, aunque este redactor solía utilizar en la
prensa local y nacional el de UDA; es decir, «uno de Alicante», de acuerdo con
lo declarado por él mismo y otros testigos del proceso. El sargento Adolfo
Posada Ruiz, secretario del juzgado instructor Letra D de Alicante, el 20 de
diciembre transcribió varias de estas crónicas en un extenso informe de
veintiún folios que se convertiría en la única prueba de cargo para llevar al
periodista ante un consejo de guerra.
La primera declaración
del periodista ante el juez instructor tiene lugar el 22 de mayo. El veterano
José Tarí Navarro niega las acusaciones genéricas de la denuncia, acusa a su
colega Emilio Costa como responsable de la incautación de El Día, desmiente
la autoría de los artículos o crónicas y, sobre todo, aporta una significativa
documentación para probar que era un «afecto al Glorioso Movimiento Nacional».
Entre la misma, figura un aval de FET y de las JONS de Alicante fechado el 4 de
abril de 1939 donde aparece como «persona de orden». Vista la nueva
adscripción, por entonces habría dejado atrás un pasado político como concejal
monárquico en 1931 para militar a continuación en el Partido Radical y el
Partido Republicano Independiente, según la base de datos del Archivo de la
Democracia de la Universidad de Alicante.
El declarante también
presenta el documento del 1 de abril de 1939 que prueba su temprana
reincorporación como profesor a la Escuela de Comercio de la que había sido
apartado por los republicanos. Asimismo, el 25 de abril había donado
veinticinco pesetas en monedas de plata para «una suscripción nacional»
promovida por los vencedores, según consta en el sumario. Al margen de otros
futuros avales, incluida una carta de Justo Sansano Benisa fechada el 20 de
febrero de 1940 para desmentir la acusación de José M.ª Ruiz Pérez-Águila, la
documentación evidencia que el declarante ya sabría de la posibilidad de ser
denunciado por su permanencia en zona republicana durante la Guerra Civil,
aunque hubiera sido objeto de persecuciones de «los rojos» que le llevaron hasta
la localidad alicantina de Hondón de las Nieves para esconderse.
Otros avales en el mismo
sentido constan en la documentación sumarial. Entre ellos, un informe del
Servicio Nacional de Seguridad con fecha del 11 de junio de 1939, donde José
Tarí Navarro aparece como «persona destacadísima de derechas habiendo estado
detenido varias veces por la policía roja». Nunca pasó a ser procesado por
estas supuestas detenciones. A pesar de unas evidencias poco o nada sospechosas
a los ojos de los vencedores, el periodista permanece encausado, aunque en
prisión atenuada en atención a que no era un «rojo» hasta el punto de que, en
agosto de 1939 y según consta en el AHN, ya tramitó el expediente de censura de
una nueva publicación: Guía de Publicidad de Alicante.
El auto resumen del 2 de
enero de 1940 supone el sobreseimiento para Eduardo García Marcili, Francisco
Soria Tirado, Víctor Viñes Serrano, Fernando Gadea, José Ferrándiz Casares,
Juan Sansano Benisa, Juan Sansano Torregrosa y Pascual Rosser Guixot. Todas
estas personas vinculadas a las cabeceras locales contaban con numerosos avales
entre las autoridades de los vencedores y quienes se habían movilizado para
evitar el procesamiento de unos periodistas que, por convencimiento o
conveniencia tácita, estaban por entonces en la órbita del Glorioso Movimiento Nacional.
José Tarí Navarro se
encuentra en la misma situación y debería haber corrido una suerte similar a
tenor de la documentación sumarial. Sin embargo, el instructor le manda al
plenario del consejo de guerra por el informe del secretario judicial acerca de
las supuestas colaboraciones periodísticas firmadas con seudónimo. La condición
de «afecto al Glorioso Movimiento Nacional» era evidente, pero no bastaba a los
ojos de los militares. De hecho, el procesado, aparte de haber sido depurado el
12 de septiembre de 1936 como desafecto a la II República en su condición de
profesor de la Escuela de Comercio de Alicante, fue redactor de El Día hasta
el 18 de julio de 1936. A partir de ese momento, dejó de colaborar en el
periódico incautado como muestra de solidaridad con Justo Sansano Benisa. Este,
además de ratificarlo ante el juzgado instructor, había quedado absuelto y su
solidario colega procesado.
El 29 de enero de 1940,
el fiscal pide seis años de cárcel para José Tarí Navarro como «autor de
numerosos artículos de propaganda marxista», así como para los otros dos
procesados que llegaron al plenario. El marxismo del antiguo concejal
monárquico es un misterio a resolver. El 21 de febrero, el tribunal presidido
por el comandante Almansa Díaz condena a Emilio Claramunt López y Ernesto Cantó
Soler a la pena de seis años de prisión, mientras que el tercero queda absuelto
porque los oficiales consideran no probada la acusación del fiscal, que la retiró en el curso
del propio consejo de guerra.
El almanseño Emilio
Claramunt López (1907-¿?) era un antiguo militante del PSOE que pasó a engrosar
las filas del PCE, sindicalista de UGT en Riegos de Levante -le acusaron de
haber depurado a empleados de esta empresa- y administrador de Nuestra
Bandera, según la declaración del 4 de mayo de 1939. Dada esta trayectoria
y a pesar de los avales recabados en su defensa, quince días después el informe
de la alcaldía alicantina le considera como una «persona abiertamente hostil al
Movimiento Nacional». De hecho, le acusan de haberse desplazado a Madrid con el
objetivo de comprar la maquinaria para editar Nuestra Bandera.
El relleuero Ernesto
Cantó Soler (1906-¿?) era un agente de seguros de treinta y tres años que
reconoce haber sido «redactor nocturno» de Bandera Roja, aunque solo por
ganarse la vida limitándose a recoger las noticias y corregir las galeradas.
Los datos conservados permiten asegurar que su implicación en la cabecera fue
más importante. Varios testigos declaran para exculparle y, además, lo hacen
con un lujo de detalles que permite darles credibilidad. Pesaba sobre él, no
obstante, su pasado como militante del PCE en Madrid antes de la guerra que
llegaría a colaborar como «asesor jurídico» en Frente Sur, editado en Jaén cuando por allí
andaba Miguel Hernández.
Ernesto Cantó Soler fue
detenido en la capital andaluza al finalizar la guerra y posteriormente
trasladado a Alicante para procesarle. Puesto en libertad condicional el 22 de
junio de 1941, la definitiva le llegó el 29 de abril de 1945, aunque regresó al
Reformatorio alicantino en dos ocasiones para permanecer a disposición del
gobernador civil. Le consideraban hombre de «gran cultura» y, por lo tanto,
sospechoso de volver a las andadas. Finalmente, le dejaron trabajar como
inspector de seguros, según la base de datos del Archivo de la Democracia de la
Universidad de Alicante.
Hasta cierto punto, y de
acuerdo con los parámetros de la jurisdicción militar en tiempos de la
Victoria, ambos por su relación con el PCE llegaron al consejo de guerra con
muchas posibilidades de ser condenados. Sin embargo, José Tarí Navarro estaba
en otra órbita ideológica y solo cabe justificar su presencia en el plenario
como una consecuencia del informe presentado por el secretario judicial, que se
convirtió en la única base de la acusación del fiscal.
El tribunal nunca valoró
los significativos avales presentados por los finalmente condenados, mientras
que creyó a José Tarí Navarro, a pesar de que el periodista era el único con
una prueba de cargo en el sumario. La arbitrariedad fue la propia del derecho
de autor seguido en la jurisdicción militar de la Victoria. La condena no venía
motivada por los hechos probados, sino por la identidad de quienes pudieron
haberlos realizado. Unos habían militado en el PCE y, en consecuencia, carecían
de credibilidad a la hora de presentar pruebas de descargo y otro, por el
contrario, era una «persona de orden» capaz de negar la única prueba documental
que consta en el sumario.
Si José Tarí Navarro
careció de vinculación con los partidos del Frente Popular, fue apartado de su
puesto como profesor poco después de iniciada la guerra, cesó de colaborar en
la prensa cuando su periódico fue incautado -así lo testifica Justo Sansano Benisa-
y hasta salió de Alicante para evitar nuevos problemas, ¿qué motivo justifica su
permanencia como acusado hasta el plenario del consejo de guerra? La respuesta
está en el informe presentado por el secretario judicial, que podía documentar
una prueba de cargo posteriormente utilizada por el fiscal para argumentar su
acusación. La circunstancia recuerda lo visto de forma reiterada en el Juzgado
Militar de Prensa.
