El coronel Eymar tiene quien le escriba

 Coronel Enrique Eymar

La historia es una tarea colectiva. El aislamiento del historiador siempre supone una circunstancia negativa que puede invalidar sus aportaciones. De ahí la necesidad de formar equipos y favorecer al máximo la comunicación entre los profesionales de una historia hecha a base de consultas al compañero, intercambio de información y la imprescindible labor crítica para mejorar nuestros trabajos.

Tras una década dedicado al estudio de la represión franquista, he tenido la oportunidad de conocer a la práctica totalidad de quienes abordan este tema desde diferentes perspectivas. La dispersión geográfica es notable, pero por fortuna contamos con medios que permiten un contacto fluido e inmediato.

Al final, tras tantas consultas mutuas, surge una relación de amistad que va más allá de lo académico. Varios de mis colegas ya están jubilados, aunque siguen en activo porque comparten una indudable vocación investigadora. Mi primera pregunta cuando hablo con ellos es acerca de la salud, pues tengo constancia de sus achaques a veces resueltos a base de un trabajo que constituye una excelente medicina.

Juan José del Águila

Hace unas pocas semanas, Juan José del Águila, magistrado jubilado y excelente historiador en temas como el Tribunal de Orden Público, me comunicó el triste fallecimiento de su compañera tras cincuenta y cuatro años de convivencia. Ya sabía de su enfermedad y, al confirmarme el desenlace de la misma, percibí el previsible dolor de un hombre tan enamorado como nostálgico que busca reponerse en compañía del resto de su familia.

Juanjo es consciente de su edad y de la necesidad de pasar el testigo a las nuevas generaciones. De hecho, ha nombrado una albacea intelectual para que su labor tenga continuidad y toda la documentación recopilada tras años de investigación permanezca a buen recaudo, Ahora bien, duda que pueda culminar el libro que tantos lectores suyos esperamos acerca del coronel Enrique Eymar, un paradigmático protagonista de la represión ejercida desde el ámbito militar durante el franquismo.

Estos trabajos requieren superar una carrera de obstáculos. Un historiador dedicado a la represión sabe que nunca encontrará facilidades, pero estamos acostumbrados a lidiar con las correspondientes dificultades y, sobre todo, somos pacientes porque sabemos que el objetivo merece la pena.

La biografía del coronel Eymar alumbraría aspectos fundamentales de la represión franquista. Juanjo es la persona adecuada para culminarla y muchos de sus amigos sabemos que lo hará, a pesar de la soledad derivada del fallecimiento de la compañera de toda su vida. Y, si en algún momento le faltan las fuerzas, aquí estamos quienes le apreciamos para ayudarle en todo lo que sea preciso. Entre otros motivos porque la memoria de quienes nos acompañan y hacen posible nuestro trabajo, a menudo desde el silencio de una solidaridad basada en el amor, merece el homenaje de un trabajo final que ejemplifique lo mejor de nuestra aportación al conocimiento histórico.

Juanjo, un fuerte abrazo y mucho ánimo.

Para más información acerca de la labor de mi compañero, véase su imprescindible web Justicia y dictadura:

justiciaydictadura.com

Antonio Pedrol Rius y el silencio de los victimarios

 Antonio Pedrol Rius. Fuente: Senado

El conocimiento de la represión durante el franquismo requiere escuchar a las víctimas, pero también valorar los testimonios que pudieran aportar los victimarios. Cualquier historiador debería estar interesado en recopilarlos. Sin embargo, el propósito parece abocado al fracaso. La mayoría de los protagonistas de esa represión ha fallecido y sus descendientes, salvo honrosas excepciones, no quieren saber nada del tema o se oponen a quienes lo abordan.

Los miembros del Cuerpo Jurídico Militar durante la posguerra fueron numerosos y una parte significativa de los mismos, según el magistrado Juan José del Águila, alcanzaron puestos destacados en distintos ámbitos del poder franquista. Esas trayectorias responden a una lógica previsible donde un clientelismo gradual fue la norma, que actuó con probada eficacia como aglutinadora del bloque social dispuesto a sustentar la dictadura.

La sorpresa viene cuando comprobamos que en las biografías de estas personas desaparece cualquier alusión a la pertenencia al Cuerpo Jurídico Militar durante la posguerra. El silencio es la norma y así, si buscamos en la del ministro Tomás Garicano Goñi, veremos sus aproximaciones al aperturismo durante el tardofranquismo, pero nunca su presencia en el sistema represivo que permitió el asentamiento del régimen franquista. Lo mismo cabe decir de Carlos Arias Navarro, cuyo «espíritu del 12 de febrero» borró la etapa en Málaga que mereció un apodo taurino.

La reciente lectura del volumen colectivo Checas. Miedo y odio en la España de la Guerra Civil (Gijón, Trea, 2017) me ha devuelto el recuerdo de una de las presencias más inesperadas en dicho cuerpo: la del abogado catalán Antonio Pedrol Rius (1910-1992), que alcanzó un notable protagonismo durante la Transición siendo decano del Colegio de Abogados de Madrid.

El brillante especialista en Derecho Mercantil y exitoso empresario fue senador por designación real en las cortes constituyentes, donde tuvo una intervención destacada por las aportaciones en torno al poder judicial. Sin embargo, a efectos de la memoria colectiva, su momento coincidió con la matanza de los abogados de Atocha en enero de 1977.

Antonio Pedrol Rius decidió que el velatorio de aquellas víctimas tuviera lugar en la sede del colegio que presidía. Esta arriesgada y valiente postura le valió el respeto de muchos demócratas, que también apreciaron su postura favorable a la amnistía y que pusiera su prestigio profesional al servicio de la Transición.

El jurista pasó a la historia por estos hechos elogiables, pero mucho antes, en su juventud, ejerció de fiscal en el Cuerpo Jurídico Militar de la posguerra. El episodio ha desaparecido de sus apuntes biográficos y, según cuenta Juan José del Águila, ya en vida Antonio Pedrol Rius pretendió ocultarlo. La razón era sencilla: su evocación perjudicaba la imagen de un hombre acorde con la evolución de los tiempos.

El error parece notorio. Si empezó siendo fiscal en los momentos más duros de la posguerra y terminó pidiendo la amnistía para los presos políticos del franquismo solo cabe apreciar su evolución. O dudar de la misma, que también es posible a tenor de algunos datos que merecerían un estudio.

El tema es complejo y requiere un desarrollo inabarcable en una entrada de blog. Cabe esperar que Juan José del Águila finalice la investigación sobre la trayectoria de Antonio Pedrol Rius y entonces opinaremos con fundamento. Mientras tanto, reproduzco uno de los documentos oficiales que prueba la pertenencia del catalán al Cuerpo Jurídico Militar. Se trata del Diario Oficial del Ministerio del Ejército, en su número 293 del 31 de diciembre de 1942. Allí, en la página 1561, aparece Antonio Pedrol Rius como oficial destinado en la Fiscalía Jurídico-Militar de la I Región Militar:

 

En el mismo número de la citada publicación oficial, concretamente en la página 1563, también aparece el oficial Antonio Baena Tocón como destinado en la Auditoría de Guerra de Marruecos, donde supongo que haría una labor similar a la realizada en el Juzgado Militar de Prensa:

 

Los dos citados aparecen en una relación de los oficiales del Cuerpo Jurídico Militar que debían continuar hasta el 31 de mayo de 1943 como miembros de la escala honorífica, «sin perjuicio de la resolución que para después de la citada fecha pueda adoptarse en atención a las necesidades del servicio».

Las necesidades de la represión disminuyeron con el paso del tiempo, pero debieron ser notables todavía. Antonio Pedrol Rius quedó desmovilizado el 31 de enero de 1944. Su colega apenas unos días antes siendo teniente. Sus trayectorias fueron tan disímiles como sus responsabilidades en la jurisdicción militar. Sin embargo, ambos tuvieron un rasgo común: el silencio público con respecto a esta etapa biográfica. Las razones del mismo responden a lo hipotético y requieren más argumentos a la espera de una investigación exhaustiva.

 

 

La terminología de los consejos de guerra

 

El estudio de los consejos de guerra seguidos contra periodistas y escritores durante el período 1939-1945 requiere el conocimiento de las bases legislativas en las que se sustentaron estos procedimientos judiciales. En concreto, del Código de Justicia Militar (CJM) de 1890 -ya referenciado en anteriores entradas- y de las órdenes y decretos que aparecieron durante la guerra y lo modificaron. Dicho código estuvo vigente hasta la ley de 17 de julio de 1945 que lo derogó estableciendo uno nuevo. Por lo tanto, su vigencia abarca el período estudiado en la trilogía Las armas contra las letras, así como en anteriores libros que he dedicado a los consejos de guerra.

El CJM estableció dos tipos de procedimientos: el previo y el criminal. Dentro de este último encontramos el ordinario, el sumarísimo y el sumarísimo de urgencia (arts. 649-662), según explica Eusebio Rodríguez Padilla en «La justicia militar en el primer franquismo», Manuel Gutiérrez Nava y José Rivera Menéndez (eds.), Sociedad y política almeriense durante el régimen de Franco, Almería, Inst. de Estudios Almerienses, 2003, pp. 155-166.

La práctica totalidad de los procedimientos judiciales estudiados en mis libros son sumarísimos de urgencia. El decreto que así lo estableció data del 1 de noviembre de 1936 y estuvo vigente hasta el 12 de junio de 1940. Entonces se volvió al sumarísimo y, en menor medida, al ordinario, siempre con la posibilidad de recurrir a los sumarísimos de urgencia porque se amparaban en la vigencia del estado de guerra para todo el territorio nacional hasta julio de 1948.

El sumarísimo de urgencia es similar al sumarísimo en su constitución, si bien suprime algunas de sus partes para procurar una mayor agilidad, aunque a costa de las garantías procesales, tal y como ha puesto de manifiesto la bibliografía sobre esta legislación. La misma está disponible en el imprescindible volumen de Marc Carrillo titulado El derecho represivo de Franco (1936-1975), Madrid, Trotta, 2023.

Según las dos fuentes bibliográficas citadas y siempre de acuerdo con lo establecido en el CJM, el sumarísimo tiene dos momentos procesales: a) el sumario y b) el plenario. El primero es secreto y constituye la fase de instrucción en la que, básicamente, se realizan las siguientes actuaciones:

-          Ratificación de las denuncias y toma de declaraciones a los testigos.

-       Petición de informes acerca de la conducta política, social y moral de los procesados. Estos informes son considerados como pruebas documentales.

-          Auto de procesamiento.

-          Declaraciones indagatorias.

-          Auto resumen, que supone la conclusión de la fase sumarial y se lee en la vista previa (art. 654).

Una vez concluida la fase de sumario, el procedimiento se remite a la autoridad judicial y militar. La misma puede determinar: a) la ampliación del sumario, devolviéndolo al instructor y señalando las diligencias a practicar; b) el sobreseimiento provisional o definitivo y c) la elevación de la causa a plenario, de acuerdo con el art. 533 del CJM.

Si procede la elevación a plenario, en este momento se nombra el oficial que ejercerá como defensor. El conjunto de las actuaciones se entrega al fiscal y al defensor, que en apenas tres horas o menos tiempo deberán calificar los hechos y pedir la correspondiente condena o absolución (art. 656).

Para el acto de la vista previamente se ha constituido el consejo de guerra o tribunal militar, que -según lo establecido en el art. 42 del CJM, se compondrá de un presidente (un teniente coronel), un vocal jurídico como ponente y cinco vocales de la misma arma con el rango de capitanes (art. 45).

Esta composición de los tribunales era inviable en el marco de la avalancha de procedimientos que tuvo lugar durante el período bélico y la posguerra. Así, mediante el ya citado en anteriores entradas decreto 55, de 1 de noviembre de 1936, se crean para la plaza de Madrid ocho tribunales permanentes que debían sentenciar los sumarísimos de urgencia instruidos por un total de cuarenta y tres juzgados militares. La previsión finalmente se hizo realidad al finalizar la guerra. Los tribunales quedan reducidos a tres vocales que pueden tener el rango de tenientes, el ponente que no necesariamente pertenece al cuerpo jurídico y el presidente, que puede ser un comandante.

El plenario tiene una fase pública (art. 576) donde, en los procedimientos ordinarios, se toman nuevas declaraciones, se aportan pruebas, se presenta la acusación por parte del ministerio fiscal y se establece la defensa. La realidad documentada de los sumarísimo de urgencia indica que esta fase apenas duraba unos pocos minutos para cada procedimiento -se acumulaban hasta más de diez para una misma sesión- y nunca hay constancia de nuevas declaraciones o pruebas. De hecho, las sentencias responden fundamentalmente a lo establecido en el auto resumen por el juez instructor.

Una vez concluida la fase pública, el tribunal delibera, vota y dicta la sentencia. La práctica documentada de los sumarísimos de urgencia permite saber que la misma llegaba casi siempre el mismo día y que apenas había una deliberación para los casos acumulados en una sola sesión.

Una vez dictada la sentencia, no cabe recurso en la práctica tras la circular del general presidente del Alto Tribunal de Justicia Militar fechada el 21 de noviembre de 1936. Solo cabía esperar la ratificación o no por parte del auditor de guerra, que manda el cumplimiento de la sentencia y da por finalizado el sumarísimo de urgencia. El mismo mantiene el número por el que es identificado desde el momento en que el auditor da la orden de instruirlo hasta su finalización. Y, por supuesto, esa inalterabilidad del número también responde a la unidad documental de todo el sumario cuando es archivado.

La denominación de estos procedimientos de la jurisdicción militar plantea algunos problemas para los lectores no avezados en la materia. En realidad, deberíamos hablar de sumarísimos de urgencia y no de consejos de guerra, pero hacerlo así provocaría incertidumbre a la hora de identificar el tema abordado. Un ejemplo lo tenemos en una fuente tan popular como Wikipedia, donde se afirma que un «consejo de guerra es un procedimiento judicial militar de carácter sumario o sumarísimo».

La lectura de los diferentes códigos de justicia militar vigentes a lo largo del siglo XX indica que la definición es incompleta y errónea. Sin embargo, responde a la realidad de que los lectores identifican estos procedimientos de la jurisdicción militar con los consejos de guerra, independientemente de sus distintas modalidades y fases.

Otro problema añadido es que la segunda fase, la del plenario, a menudo se conoce como consejo de guerra para simplificar la denominación. Así utilizamos la misma denominación para una parte del proceso y su totalidad. Las consiguientes dudas no lo son para los conocedores de este sistema legal, pero pueden darse en lectores que afrontan por primera vez la consulta de los procedimientos. Un ejemplo lo tenemos en los posibles pies para la imagen abajo reproducida:

Imagen de un consejo de guerra celebrado en Madrid

o

Imagen de la fase pública del plenario de un consejo de guerra celebrado en Madrid

Cualquier periodista seleccionaría la primera. Un afán de precisión puede llevar a títulos redundantes como el del excelente trabajo de José Luis Gutiérrez Molina: La justicia del terror. Los consejos de guerra sumarísimos de urgencia de 1937 en Cádiz (2014). Los sumarísimos de urgencia son, por definición, consejos de guerra y hasta cierto punto resulta innecesaria la redundancia.

Las dudas terminológicas, en cualquier caso, solo aparecen al margen del ámbito académico y cabría realizar una labor divulgativa para evitarlas. En este sentido, y aparte de las citadas referencias, se pueden consultar las webs Justicia y dictadura, del magistrado Juan José del Águila, y Justicia y Memoria histórica, al frente de la cual se encuentra José A. Pérez Juan, catedrático de la Universidad Miguel Hernández. Ambas me han resuelto múltiples dudas y sus responsables se encuentran a disposición de los investigadores o quienes se interesen por estos temas.

Pd.: Como siempre, mi aportación divulgativa está sujeta al posible debate y, en su caso, rectificación.

Un consejo de guerra por 2.50 pesetas

Juan José del Águila

En julio de 1961, mi amigo Juan José del Águila era un joven de dieciocho años que residía en Algeciras junto a su familia. Una de las pocas diversiones para sortear la canícula era asistir a alguno de los nueve cines de verano de la ciudad. Todos eran propiedad de una misma empresa, que aprovechó el monopolio para duplicar ese año el precio de las entradas. De las 2.50 pesetas se pasó al duro, que era un dispendio en aquella época.

La decisión empresarial provocó el malestar de los aficionados a ver cine a la fresca, una costumbre que añoro cada verano. Igual que los bocadillos de tortilla regados con gaseosa que me zampaba por aquel entonces. El ingenio hizo su aparición y pronto surgieron las protestas bajo el lema «si eres un buen ciudadano, no vayas a los cines de verano».

Juanjo junto a su hermano Jorge, menor de edad, se apostaron en la puerta de uno de los cines para boicotear la entrada al mismo mediante el abucheo, que no suponía peligro alguno. Un «gris» introdujo a Jorge en el interior del local y su hermano, asustado, se dirigió a la farmacia que regentaba el padre de ambos y que esa noche estaba precisamente de guardia.

El farmacéutico se presentó en el cine para interesarse por la situación de su hijo. Unos instantes después, el padre recibió una sonora bofetada a manos de un policía. Los hermanos intervinieron y, como era costumbre, también fueron golpeados, esta vez con las reglamentarias porras.

El incidente, uno de los innumerables testimonios recopilados acerca del autoritarismo que reinaba por entonces, desembocó nada menos que en un consejo de guerra por la acusación de «insultos a fuerzas armadas». La pena solicitada para el padre era de seis meses y multa. Quedó rebajada y Juanjo fue absuelto, pero ahí nació un espíritu rebelde contra la dictadura que pronto se hizo abogado y terminó su carrera de jurista como magistrado.

Hoy Juanjo conserva el mismo espíritu cuando ya ha superado la frontera de los ochenta y me cuenta que empieza a tener algún problema con la memoria. Gracias a la ayuda de sus nietos, ha conseguido consultar el sumario de aquel consejo de guerra y en su blog, tan imprescindible para quienes nos ocupamos de estos temas, ha contado la experiencia:

https://justiciaydictadura.com/no-161-boicot-a-los-cines-de-verano-el-25-de-julio-de-1961-en-algeciras-y-algunas-de-sus-consecuencias-consejo-de-guerra-contra-juan-del-aguila-lozano-y-juan-jose-del-aguila-torres-primera-parte/

Justicia y dictadura me ha ayudado a resolver dudas acerca de mis trabajos sobre la jurisdicción militar durante el franquismo. Ya conocía el imprescindible libro de Juanjo sobre el Tribunal de Orden Público y, con la confianza en un doctor que también ejerció de magistrado, me introduje en las numerosas entradas y artículos dedicados a la jurisdicción militar.

Y, si la duda persiste, Juanjo siempre está dispuesto a aclararla para quien, procedente de la historia de la literatura, debe someter sus trabajos a la supervisión de los expertos en Derecho. Así lo he hecho y ahora, al cabo de los años, cuento con un nutrido grupo de amigos entre los colegas de esa especialidad. También entre magistrados que aúnan su actividad profesional con el interés por cuestiones históricas. El intercambio de publicaciones y la resolución de consultas me han permitido avanzar en mis estudios al tiempo que las relaciones de amistad se han consolidado.

Si cito el caso de Juanjo, es por un motivo añadido: su generosa solidaridad. Tengo la fortuna de contar con un grupo de colegas jubilados que siguen investigando y publicando con una voluntad encomiable. También cuidan a los nietos, pero siempre hay un tiempo para la vocación que les define. Ángel Viñas, Francisco Espinosa, Antonio Barragán, Glicerio Sánchez… son ejemplares en este sentido y coherentes con unas trayectorias de décadas al servicio de la investigación histórica. Ya alejados de las aulas, hablar con ellos, consultarles y someter los propios trabajos a su consideración siempre es un placer.

Juanjo, además, se adelanta a las posibles peticiones llevado por la solidaridad y el espíritu de colaboración. Solo me queda agradecerle la ayuda, seguir leyendo sus aportaciones con el objetivo de aprender de su mano y, sobre todo, desear que la salud le respete para disfrutar de su presencia de indómito ciudadano que se rebela contra la injusticia.

Mientras tanto, quienes blanquean el tardofranquismo generalizando y sobrevolando una realidad histórica para evitar mancharse, debieran atender a esas pequeñas historias como la relatada por Juanjo con motivo del consejo de guerra de 1961. Ahí, sin necesidad de teorizar, reside la esencia de una dictadura violenta desde su nacimiento hasta su final. El correspondiente relato supone una obligación profesional y ética que, junto a mis buenos amigos jubilados, asumo cada vez que emprendo la redacción de un trabajo académico.