Un nuevo dato acerca del alférez Baena Tocón

Fachada del Colegio de Abogados de Sevilla

A veces, cuando en mis clases explico las tareas relacionadas con la investigación en estudios literarios, utilizo la imagen del pescador que echa una y otra vez su caña a la espera de que algo pique. Si así lo hace, es porque confía en obtener una recompensa para su empeño, pero a menudo el resultado es nulo o insatisfactorio porque los documentos buscados no se encuentran o su valor es tan escaso como un pez minúsculo y poco sabroso. Sin embargo, hay que seguir probando, porque la investigación requiere paciencia y depara sorpresas.

Hace unos meses, supuse que el teniente Antonio Luis Baena Tocón, uno de los secretarios del Juzgado Militar de Prensa, podría haberse incorporado a algún colegio de abogados tras finalizar sus estudios de Derecho. La consulta al de Madrid resultó infructuosa, lo cual es una pena, puesto que su archivo histórico está digitalizado y proporciona una excelente información a los investigadores. Tampoco tuve suerte con el de Córdoba. El pasado 17 de junio me comunicaron que el citado oficial no había estado colegiado allí. Afortunadamente, la gestión fue positiva cuando contacté con el de Sevilla, donde Antonio Luis Baena Tocón estuvo colegiado desde 1950 hasta 1981 por la documentación remitida el pasado 6 de julio por parte de Francisco Javier Ramos Jiménez por reunir los requisitos establecidos en el art. 57.1.c de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Nacional.

A continuación, transcribo la solicitud de ingreso en el Colegio de Abogados de Sevilla presentada por Antonio Luis Baena Tocón el 11 de enero de 1950:

«Don Antonio Luis Baena Tocón, Licenciado en Derecho, con domicilio en la calle ---, 3, ante VE expone: Que deseando incorporarse a la Ilustre Corporación de su digna presidencia, presenta con esta solicitud los documentos que para el caso determinan los Estatutos, declarando al mismo tiempo que no ha pertenecido ni pertenece en la actualidad a ningún otro colegio. Por lo expuesto, suplica a VE sea servido ordenar que, una vez terminado de someter el expediente a la aprobación de la Junta de Gobierno, pues así procede en justicia que espera merecer de VE, cuya vida guarde Dios muchos años».

La solicitud fue aprobada por la Junta de Gobierno. Sin embargo, entre la documentación conservada en el archivo no figura la presentada por el solicitante, que no indica en la transcrita petición la universidad por la que se licenció, la Central de Madrid, ni la fecha del título de licenciado.

Antonio Luis Baena Tocón estuvo colegiado hasta el 5 de octubre de 1981, fecha en la que su hijo Antonio -según la firma- escribió al secretario del colegio en nombre de su padre para solicitar la baja de este a causa de su jubilación. Por entonces, figuraba «con el n.º 35 entre los colegiados sin ejercicio».

La documentación recopilada no la reproduzco porque, puesto en contacto con el Colegio de Abogados de Sevilla, no me aclararon si tenía la correspondiente autorización. No obstante, las copias digitalizadas están a disposición de quien las desee consultar por motivos de investigación o para completar la memoria familiar, tal y como siempre actúo cuando soy requerido en este sentido por un colega o puedo facilitar la documentación a los herederos de quienes aparecen en mis trabajos.

Por último, debo agradecer la colaboración de las familias de varias de las víctimas de los consejos de guerra de periodistas y escritores. En fechas recientes, me han remitido una documentación valiosa y completada con diferentes testimonios, que aparecerá en el cuarto y último volumen dedicado a estos procesos judiciales. 

Pdta. La presente entrada complementa la publicada el 8 de diciembre de 2024:

https://varietesyrepublica.blogspot.com/2024/12/el-expediente-academico-del-alferez.html

Las dos sentencias del escritor Antonio de Hoyos y Vinent

 Antonio de Hoyos y Vinent. Fuente: Wikipedia

Las grandes cifras de las panorámicas históricas tienen su razón de ser, pero diluyen el impacto en las conciencias de casos concretos que, a veces, resultan más elocuentes porque es imposible apartar la vista y obviarlos. Así sucede con el procesamiento del escritor Antonio de Hoyos y Vinent (1882-1940), que fue detenido en Madrid cuando había cumplido los cincuenta y seis años, era sordo desde niño y casi ciego, aparte de sufrir otros graves problemas de salud por la malnutrición durante la guerra. Pocos meses después falleció sin necesidad de que le ejecutaran.

El representante del decadentismo y aristócrata de postín no ofreció la resistencia de un héroe tras haber colaborado en la prensa del Madrid sitiado. El 12 de septiembre de 1939, ya detenido, declaró que «fue siempre y es católico, monárquico y siempre, siempre, español» (AGHD, 1442). Antonio de Hoyos y Vinent estaba dispuesto a renegar de su pasado en las filas de Ángel Pestaña o a justificarlo de acuerdo con las directrices de los vencedores, pero su intento de salvar el pellejo resultó en vano. El juez Manuel Martínez Gargallo nunca flaqueó en las tareas judiciales relacionadas con la represión del enemigo.

El caos de la desbordada jurisdicción militar de la época permite encontrar documentos sorprendentes. El primero del sumario 1442 revela una duda a la búsqueda de una explicación. El procesado cuenta con dos sentencias en la misma causa. El Juzgado Permanente n.º 3 le condenó a veinte años el 30 de octubre de 1939 y el n.º 5 aumentó la condena hasta los treinta el 20 de enero de 1940. La justificación la encontramos en el propio sumario, pero también en el talante de quienes trabajaban en el Juzgado Militar de Prensa.

Antonio de Hoyos y Vinent estaba dispuesto a renegar de su pasado para que la condena fuera benévola. El aristócrata, además, contó con numerosos avalistas que le ayudaron durante la instrucción. El perdón parecía imposible en aquel contexto, pero el sumario revela la intención de no cebarse con un marqués cuyo estado de salud era lamentable. La muerte estaba cerca y, en atención a su familia de vencedores, no merecía la pena llegar a los extremos de otros casos protagonizados por periodistas republicanos.

El fiscal Leopoldo Huidobro, hombre de letras, siempre optó por el tremendismo a la hora de calificar los «hechos probados» de sus colegas. Aparte de presentarle como «moralmente indeseable» por su condición de «invertido» y «perfectamente izquierdista», le acusa de «snobismo» por estar al servicio del sindicalismo. La pena de muerte fue su petición en la vista previa del 30 de octubre de 1939. La defensa solicitó seis años porque Antonio de Hoyos y Vinent tenía «un complejo de inferioridad» y contaba con la eximente de ser sordomudo.

El tribunal presidido por el comandante Pablo Alfaro, el responsable de la condena a Miguel Hernández, dictó una sentencia a veinte años por los artículos publicados siendo un noble de «alta alcurnia» dedicado a defender «los ideales insanos del pueblo».

El auditor rechazó la sentencia y devolvió el sumario al instructor Manuel Martínez Gargallo para que realizara nuevas diligencias de manera que la definitiva resultara más drástica. La tarea fue encargada al alférez Baena Tocón, que el 25 de diciembre de 1939 celebró las Navidades firmando un informe donde subraya la «inversión sexual» de un procesado a veces «embriagado». Lo fundamental, no obstante, es la aportación de una entrevista de Antonio Otero Seco al marqués snob publicada el 15 de febrero de 1937 en La Voz.

La citada entrevista agravó la situación del procesado. Aunque aparecieron nuevos testigos dispuestos a avalarle como persona de derechas y de orden, la sentencia del segundo tribunal fue más acorde con los deseos del auditor: treinta años por renegar de la «alta alcurnia» y ponerse al servicio de «los ideales insanos del pueblo».

El análisis completo del proceso de Antonio de Hoyos y Vinent aparecerá en el tercer tomo de la trilogía dedicada a los consejos de guerra de periodistas y escritores. Sus conclusiones desmontan las fantasías divulgadas por quienes novelan sin pisar un archivo militar, al igual que ocurre con los casos de Álvaro Retana y Pedro Luis Gálvez, que forman parte de Perder la guerra y la historia (Sevilla, Renacimiento-Universidad de Alicante, 2025).

Pdta. El borrador del capítulo dedicado a Antonio de Hoyos y Vinent ya se puede consultar en el Repositorio de la Universidad de Alicante, donde permanecerá durante varios meses a la espera de posibles indicaciones facilitadas por otros historiadores o interesados en estos temas objeto de debate. Las mismas serán tenidas en cuenta de cara a la versión definitiva:

http://hdl.handle.net/10045/154690

Pdta. Según me informa mi colega Eduardo Pérez Rasilla, editor de La vejez de Heliogábalo en la editorial Amarillo, la verdadera fecha de nacimiento de Antonio Hoyos y Vinent es el 3 de mayo de 1882, según la documentación consultada en el Archivo Histórico Nacional.

 

 

Baltasar Fernández Cue: Desde Hollywood al Juzgado Militar de Prensa.

 

Baltasar Fernández Cue. Fuente: Fundación Pablo Iglesias

La posibilidad de dejar atrás Hollywood, en compañía de astros como Rodolfo Valentino, para terminar procesado en el Juzgado Militar de Prensa parece inverosímil. Al menos, si aceptamos los estereotipos de las víctimas causadas por la represión franquista. El volumen Las armas contra las letras (2023) evita el error de centrarse en un determinado tipo de víctima, el segundo volumen -ya en manos de la editorial- ahonda en la consiguiente diversidad y el tercero abarcará nuevos ejemplos como el del asturiano Baltasar Fernández Cue (1878-1966), condenado a muerte tras haber colaborado en las versiones hispanas rodadas a principios del sonoro en Hollywood.

La trayectoria biográfica de Baltasar Fernández Cue es digna de una recreación novelística. A los quince años abandonó su Llanes natal para trasladarse a Bayona, donde finalizó los estudios de bachiller. En Londres cursó la carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por imperativo paternal, aunque su pasión ya era la escritura. En 1901, el asturiano de familia potentada emigró a Méjico. Allí emprendió negocios y obtuvo un destino en el Ministerio de Fomento, aparte de dirigir El Rivero, órgano defensor de los llaniscos establecidos en aquel país.

Tras ser perseguido por el gobierno de Victoriano Huerta, el asturiano se convirtió en partidario y colaborador del encabezado por Venustiano Carranza, llegando en 1916 a dirigir Heraldo de Méjico. Su participación en la política mejicana terminó cuando fue expulsado del país, trasladándose entonces a la localidad norteamericana de El Paso, donde trabajó cuatro años como profesor de español.

Posteriormente, se afincó en Los Ángeles compaginando la docencia con el periodismo. Baltasar Fernández Cue escribió crónicas cinematográficas desde 1925 para periódicos norteamericanos y españoles. En 1929, fue contratado para adaptar películas del inglés al castellano, siendo también jefe de publicidad extranjera de la RKO Pictures y responsable del departamento de español de la Universal. Su trabajo más destacado es la versión hispana de Drácula (1931), de George Melford, con el protagonismo del cordobés Carlos Villarias en rivalidad con Bela Lugosi.

Carlos Villarias en el papel de Drácula

En 1933, cuando terminan las versiones hispanas por la aparición del doblaje, Baltasar Fernández Cue regresa a España y colabora en diversos periódicos de orientación conservadora. El 18 de julio de 1936 está en Madrid disfrutando de una situación acomodada como socio de la Unión Mercantil y sufre calamidades durante el dramático verano de aquella capital. Para evitarlas, y a invitación de Manuel Albar Catalán, se incorpora a la redacción de El Socialista escribiendo sobre política internacional y, poco después, pasa a ser traductor al servicio del SIM, donde tuvo enfrentamientos con Ángel Pedrero.

A pesar de las presiones para abandonar España, el asturiano permaneció en Madrid a la espera de las tropas del general Franco. La decisión era lógica, pues pensaba que, por su ideología y comportamiento durante la guerra, nada cabía temer con la llegada de los vencedores. De hecho, Baltasar Fernández Cue simpatizó con su causa desde el 18 de julio de 1936 a tenor de documentos inéditos y conservados en el sumario.

Las expectativas quedaron frustradas cuando el 11 de abril de 1939 fue detenido. La instrucción del sumarísimo de urgencia correspondió al juez Manuel Martínez Gargallo con el alférez Baena Tocón como secretario. El sumario 3094 del AGHD es un ejemplo estremecedor de la arbitrariedad judicial. A pesar de contar con avales de destacados falangistas y representantes de la Iglesia a quienes había salvado durante la guerra, incluso informes favorables de los servicios de información de FET y de las JONS, el periodista que había atacado duramente al Frente Popular antes de la guerra fue condenado a muerte.

Ya habrá tiempo de detallar cómo se realizó la instrucción hasta llegar a la condena del tribunal. Lo importante ahora es subrayar que la víctima era un periodista y escritor alineado con los vencedores, incluso dispuesto a publicar testimonios en este sentido, tal y como se observa en la documentación del sumario. Ninguna de estas circunstancias rebajó el rigor y la arbitrariedad del juez Manuel Martínez Gargallo, que en su auto resumen ocultó todo lo favorable al procesado y subrayó lo que podía conducirle a la pena máxima.

Tras pasar casi cinco años en diferentes penales (Yeserías, Toreno, Toledo, Ocaña, Isla de San Simón y Vigo), Baltasar Fernández Cue en septiembre de 1945 pudo escapar de España y, desde Lisboa, dirigirse de nuevo a Estados Unidos, donde fallecería sin dejar un testimonio completo, que sepamos, de una vida intensa. De haberlo hecho, el capítulo dedicado a Drácula recordaría el miedo causado entre el público, pero para hablar de un verdadero pánico le bastaría con recordar lo sucedido en el Juzgado Militar de Prensa. Lo explicaremos con detalle en el correspondiente capítulo del tercer volumen. Mientras tanto, conviene recordar que también los periodistas conservadores como Baltasar Fernández Cue fueron víctimas de la represión durante la posguerra. Su delito era haberse buscado la vida para sobrevivir en Madrid.

 

Pd.: El borrador del capítulo dedicado al proceso de Baltasar Fernández Cue, que aparecerá en el tercero tomo de la trilogía dedicada a los consejos de guerra de periodistas y escritores, ya está accesible en el Repositorio de la Universidad de Alicante, donde queda a la espera de posibles indicaciones o correcciones de los interesados en el tema:

http://hdl.handle.net/10045/154478

 

Antonio Pedrol Rius y el silencio de los victimarios

 Antonio Pedrol Rius. Fuente: Senado

El conocimiento de la represión durante el franquismo requiere escuchar a las víctimas, pero también valorar los testimonios que pudieran aportar los victimarios. Cualquier historiador debería estar interesado en recopilarlos. Sin embargo, el propósito parece abocado al fracaso. La mayoría de los protagonistas de esa represión ha fallecido y sus descendientes, salvo honrosas excepciones, no quieren saber nada del tema o se oponen a quienes lo abordan.

Los miembros del Cuerpo Jurídico Militar durante la posguerra fueron numerosos y una parte significativa de los mismos, según el magistrado Juan José del Águila, alcanzaron puestos destacados en distintos ámbitos del poder franquista. Esas trayectorias responden a una lógica previsible donde un clientelismo gradual fue la norma, que actuó con probada eficacia como aglutinadora del bloque social dispuesto a sustentar la dictadura.

La sorpresa viene cuando comprobamos que en las biografías de estas personas desaparece cualquier alusión a la pertenencia al Cuerpo Jurídico Militar durante la posguerra. El silencio es la norma y así, si buscamos en la del ministro Tomás Garicano Goñi, veremos sus aproximaciones al aperturismo durante el tardofranquismo, pero nunca su presencia en el sistema represivo que permitió el asentamiento del régimen franquista. Lo mismo cabe decir de Carlos Arias Navarro, cuyo «espíritu del 12 de febrero» borró la etapa en Málaga que mereció un apodo taurino.

La reciente lectura del volumen colectivo Checas. Miedo y odio en la España de la Guerra Civil (Gijón, Trea, 2017) me ha devuelto el recuerdo de una de las presencias más inesperadas en dicho cuerpo: la del abogado catalán Antonio Pedrol Rius (1910-1992), que alcanzó un notable protagonismo durante la Transición siendo decano del Colegio de Abogados de Madrid.

El brillante especialista en Derecho Mercantil y exitoso empresario fue senador por designación real en las cortes constituyentes, donde tuvo una intervención destacada por las aportaciones en torno al poder judicial. Sin embargo, a efectos de la memoria colectiva, su momento coincidió con la matanza de los abogados de Atocha en enero de 1977.

Antonio Pedrol Rius decidió que el velatorio de aquellas víctimas tuviera lugar en la sede del colegio que presidía. Esta arriesgada y valiente postura le valió el respeto de muchos demócratas, que también apreciaron su postura favorable a la amnistía y que pusiera su prestigio profesional al servicio de la Transición.

El jurista pasó a la historia por estos hechos elogiables, pero mucho antes, en su juventud, ejerció de fiscal en el Cuerpo Jurídico Militar de la posguerra. El episodio ha desaparecido de sus apuntes biográficos y, según cuenta Juan José del Águila, ya en vida Antonio Pedrol Rius pretendió ocultarlo. La razón era sencilla: su evocación perjudicaba la imagen de un hombre acorde con la evolución de los tiempos.

El error parece notorio. Si empezó siendo fiscal en los momentos más duros de la posguerra y terminó pidiendo la amnistía para los presos políticos del franquismo solo cabe apreciar su evolución. O dudar de la misma, que también es posible a tenor de algunos datos que merecerían un estudio.

El tema es complejo y requiere un desarrollo inabarcable en una entrada de blog. Cabe esperar que Juan José del Águila finalice la investigación sobre la trayectoria de Antonio Pedrol Rius y entonces opinaremos con fundamento. Mientras tanto, reproduzco uno de los documentos oficiales que prueba la pertenencia del catalán al Cuerpo Jurídico Militar. Se trata del Diario Oficial del Ministerio del Ejército, en su número 293 del 31 de diciembre de 1942. Allí, en la página 1561, aparece Antonio Pedrol Rius como oficial destinado en la Fiscalía Jurídico-Militar de la I Región Militar:

 

En el mismo número de la citada publicación oficial, concretamente en la página 1563, también aparece el oficial Antonio Baena Tocón como destinado en la Auditoría de Guerra de Marruecos, donde supongo que haría una labor similar a la realizada en el Juzgado Militar de Prensa:

 

Los dos citados aparecen en una relación de los oficiales del Cuerpo Jurídico Militar que debían continuar hasta el 31 de mayo de 1943 como miembros de la escala honorífica, «sin perjuicio de la resolución que para después de la citada fecha pueda adoptarse en atención a las necesidades del servicio».

Las necesidades de la represión disminuyeron con el paso del tiempo, pero debieron ser notables todavía. Antonio Pedrol Rius quedó desmovilizado el 31 de enero de 1944. Su colega apenas unos días antes siendo teniente. Sus trayectorias fueron tan disímiles como sus responsabilidades en la jurisdicción militar. Sin embargo, ambos tuvieron un rasgo común: el silencio público con respecto a esta etapa biográfica. Las razones del mismo responden a lo hipotético y requieren más argumentos a la espera de una investigación exhaustiva.

 

 

El testimonio del coronel Nicolás Benavides Moro y la solidaridad de Memorialistas de Jerez

 Foto: Nicolás Benavides Moro. Fuente: El Adelanto Bañezano, 23-XII-2011

El 8 de agosto de 1959, el vice interventor de la Diputación de Córdoba Antonio Luis Baena Tocón realizó una declaración jurada ante el notario Carlos Pando Muñiz con residencia en Porcuna, distrito notarial de Martos. La misma tenía como probable objeto la reelaboración de la hoja de servicios del citado como oficial del Ejército y reproduce el contenido de distintos documentos aportados por el declarante para justificar lo anotado en dicha hoja.

El documento notarial se encuentra depositado en el expediente personal del funcionario Antonio Luis Baena Tocón en el Archivo General de la Administración, que consta de 162 folios y es de libre acceso para los investigadores desde el 1 de enero de 2024, según lo establecido en el artículo 57.c de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Tal y como puse de manifiesto en una nota publicada en el Repositorio de la Universidad de Alicante (véase la entrada del pasado 17 de octubre), el documento, junto con otros del mismo expediente y una referencia bibliográfica, nos lleva a la conclusión de que el futuro secretario del Juzgado Militar de Prensa permaneció en Madrid durante la Guerra Civil. El hipotético exilio, a falta de evidencias que lo prueben, parece improbable a la luz de las que ya utilicé para la nota catalogada en el RUA:

http://hdl.handle.net/10045/147999

La declaración jurada incluye el testimonio del coronel Nicolás Benavides Moro (1883-1965), que cuando se hizo efectiva ante el citado notario ya era general de brigada, concretamente desde el 29 de abril de 1944 (dbe.rah.es). Mi colega Carlos Piriz, en su artículo «Decanos del humanitarismo y la perfidia. La colaboración de las misiones diplomáticas de Argentina y Chile con la causa franquista durante la Guerra Civil (y después), 1936-1969», publicado en Culture & History Digital Journal, analiza la colaboración de estas embajadas hispanoamericanas con los sublevados. En el marco de la misma, el coronel Nicolás Benavides Moro trabajó para la quinta columna en tareas de información no especificadas.

Dado su interés para probar la tesis del citado artículo de Carlos Piriz, transcribo a continuación el testimonio certificado del coronel:

«Don Nicolás Benavides Moro, coronel de Estado Mayor y director del Servicio Histórico Militar, certifica: que estuvo refugiado durante la pasada guerra en Madrid en el consulado de Chile, en el edificio que esta embajada tenía en la plaza de Salamanca, y que durante bastantes meses (sin que pueda precisar cuántos), vivió en la misma habitación que don Antonio L. Baena Tocón, abogado, el cual mostró siempre el más elevado espíritu y la más grande devoción al Glorioso Movimiento, ofreciéndose siempre al que suscribe (que era el jefe más caracterizado de todos los militares refugiados de dicho edificio y reconocido por todos como jefe superior para caso de que hubiera que realizar alguna acción armada, a cuyo fin se estaba en relación con organizaciones nacionales de Madrid), para cuantas misiones quisiera confiarle, destacándose especialmente esta decidida actitud suya durante la semana llamada ‘comunista’, en la cual existió un grave riesgo para cuantos estábamos retenidos en las embajadas. También mostró gran amor a las cuestiones militares, sobre las que con frecuencia conversaba con el que suscribe, quien dedicó a dicho Sr. Baena un libro sobre la guerra moderna, del que es autor [Supervivencia de Napoleón I en la guerra moderna, 1933] y que el Sr. Baena leyó con la mayor atención y el más grande interés. Y para que conste a los efectos que procedan, expido el presente certificado en Madrid, a veintiocho de noviembre de mil novecientos cuarenta.- Nicolás Benavides -rubricado-. Hay un sello que dice: Estado Mayor del Ejército. Servicio Histórico Militar».

La «semana comunista» del 5 al 12 de marzo de 1939 corresponde a la del golpe de Estado encabezado por el coronel Casado. Así, pues, tanto el joven Baena Tocón como el propio coronel Benavides permanecerían probablemente en la legación diplomática «hasta la Liberación», tal y como figura en sus respectivas hojas de servicios.

Gracias a Carlos Piriz, he podido consultar la hoja de servicios del coronel, depositada en el Archivo General Militar de Segovia, como la del teniente Baena Tocón. Ambas están reconstruidas por una probable pérdida del documento original. De hecho, la primera se rehízo el 9 de abril de 1941. Supongo que a petición del interesado y con la información que el mismo facilitara.

A partir de esa hoja de servicios, el coronel Emilio Montero Herrero -que el 22 de junio de 2014 me facilitó el acceso a la del teniente- redactó la entrada del coronel Benavides en el Diccionario biográfico español de la RAH. En la misma, indica lo siguiente:

«Al comenzar la Guerra Civil española, tomó parte los días 18, 19 y 20 de julio en la sublevación de la Escuela Superior de Guerra contra el gobierno de la República y fue detenido e ingresado en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Una vez puesto en libertad el 28 de agosto, se refugió primero en la embajada de México y después en la de Chile, donde efectuó trabajos de información a favor del Movimiento Nacional. Continuó en esta situación hasta marzo de 1939, en que, liberado Madrid, se presentó en la Comandancia Militar al general jefe del primer cuerpo del Ejército, que le designó jefe de la Censura Militar de Comunicaciones».

Consultada la reconstruida hoja de servicios, cabe añadir que el coronel solo estuvo en los calabozos de la DGS entre el 25 y el 28 de agosto de 1936, siendo esta última fecha la de su ingreso en la legación diplomática de México. Asimismo, el 4 de febrero de 1938, causó baja en el Ejército «por estar clasificado como desafecto al régimen, con pérdida de todos los derechos y ventajas inherentes a su empleo, incluso los pasivos». Por último, una vez terminada la guerra y al igual que el resto de los oficiales que permanecieron en la zona republicana, aunque fuera en calidad de refugiados, el coronel Benavides estuvo sometido a una investigación para descartar que hubiera colaborado con el gobierno republicano. La misma resultó satisfactoria para sus intereses con una resolución fechada el 24 de mayo de 1939. Por lo tanto, cabe matizar la imagen del refugiado que se presenta a los vencedores y los mismos inmediatamente le dan una responsabilidad, cuya denominación debemos precisar: Jefe de la Censura Militar de Prensa y de Comunicaciones, hasta el 3 de mayo de 1939. Es decir, el coronel censuraba la prensa mientras era investigado acerca de su trayectoria en Madrid durante la guerra.

En esta reconstruida hoja de servicios encontramos un dato sorprendente. Si el coronel Benavides participó en el golpe de Estado estando en Madrid y fue detenido, ¿cómo es posible que saliera en libertad tres días después y no fuera procesado? La suerte de los altos oficiales que participaron en los hechos madrileños del golpe de Estado no parece haber sido tan benévola y resulta difícil entender que las autoridades republicanas dejaran en libertad a un coronel partidario de los sublevados. Muchos de estos oficiales fueron encarcelados y fallecieron en las sacas que tuvieron lugar en Madrid hasta finales de 1936.

Las hipótesis quedan abiertas a la espera de la investigación iniciada con la colaboración de los colegas que se han ocupado del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, donde -a tenor de las primeras consultas- la participación del coronel Benavides debió ser discreta dada su edad y condición de profesor e historiador con vocación literaria tras haberse doctorado en Derecho (1926). Don Nicolás era un militar tan culto y polifacético como identificado con el franquismo. El resultado de la investigación aparecerá en el tercer tomo de la trilogía dedicada a los consejos de guerra de los periodistas y escritores, donde incluiré varios perfiles biográficos de quienes actuaron como victimarios. Ahora, justo esta semana, acabo de entregar el original del segundo volumen para su pronta publicación.

PD.: Lo indicado en esta entrada como aportación preliminar de una investigación en curso se publica con el deseo de someterlo a la consideración de otros especialistas que pudieran aportar datos para la ampliación, rectificación o matización de lo escrito.

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Por otra parte, hoy mismo he recibido un comunicado de apoyo de Memorialistas de Jerez, que se suma al del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cádiz, el de la Asociación de Historia Contemporánea y el de la Comisión Cívica de Memoria Histórica de Alicante. El próximo 12 de noviembre, la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante se pronunciará al respecto. Os paso el comunicado y, por supuesto, deseo manifestar mi agradecimiento por esta solidaridad cuyo objetivo es que ningún otro investigador deba pasar por una situación de acoso mediante insultos y difamaciones por realizar, con mejor o peor fortuna, su labor académica:

 

Los textos antifascistas de Miguel Hernández

A estas alturas, afirmar que Miguel Hernández fue un antifascista supone una obviedad. La bibliografía al respecto es abrumadora. No obstante, todavía cabía mostrar de manera accesible y ordenada los textos de ese antifascismo escritos por el poeta durante la Guerra Civil. La recopilación ha corrido a cargo de la escritora Elena Medel y la edición en una editorial como Seix Barral (Barcelona, noviembre de 2023) garantiza que el volumen llegará a todos los interesados.

La lectura de esta recopilación me ha permitido recordar algunos textos y descubrir otros, casi siempre aparecidos en las publicaciones antifascistas donde Miguel Hernández colaboró hasta que las circunstancias de su salud se lo permitieron. Las casi cuatrocientas páginas no deparan sorpresas de relieve, pero permiten calibrar la intensidad y la calidad de una obra donde vemos al poeta en su faceta  más comprometido con la suerte de la República.

Elena Medel acompaña los textos con las imprescindibles notas para que el lector pueda contextualizarlos y conocer algunos pormenores de los mismos. El empeño le ha llevado a consultar una bibliografía actualizada, entre la que figura mi edición de los consejos de guerra de Miguel Hernández (Madrid, Ministerio de Defensa-Universidad de Alicante, 2022). Si todo trabajo académico espera ser útil para el conocimiento compartido con otros colegas y los lectores, la citada edición ha vuelto a alcanzar su objetivo.

Por otra parte, al leer esta recopilación, es inevitable una reflexión sobre la labor realizada por el juez Manuel Martínez Gargallo y el secretario Antonio Luis Baena Tocón en la instrucción del sumario que desembocó en la condena del poeta. Al margen de que estos procesos hayan quedado anulados por ilegítimos, su trabajo incluyó errores ya puestos de relieve en la edición y, sobre todo, fue tremendamente incompleto. Ambos oficiales apenas aportaron unas muestras aisladas y no siempre significativas de la labor antifascista del poeta. 

Apenas importaba, pues en el «derecho de autor» seguido en estos sumarísimos de urgencia lo primordial no era el hecho probado, sino quién lo había protagonizado. En aquel Juzgado Militar de Prensa, por donde tantos escritores pasaron, ignoraron la realidad de lo realizado por el oriolano como antifascista, pero les bastó saber que fuera un antifascista para instruir un sumario abocado a la posterior condena por parte del tribunal que presidiera el comandante Pablo Alfaro.

Los Miguel Hernández nunca volverán a ser censurados

 

https://www.eldiario.es/blog/al-dia/podcast-miguel-hernandez-memoria-enlaces-internet_132_11244114.html

Gracias al trabajo de los periodistas Juanlu Sánchez, Marcos García y Alberto Pozas, hoy en El Diario hemos explicado la trascendencia de la sentencia del Tribunal Supremo que niega el derecho al olvido digital al alférez Antonio Luis Baena Tocón, secretario del juzgado que instruyó uno de los sumarios de Miguel Hernández.

Aunque todavía tenemos pendiente una macrocausa en Cádiz, donde nos piden 11.500.000 euros por la supuesta intromisión en el honor del citado oficial, el calvario de insultos, difamaciones y demandas de estos cinco años ha empezado a dar paso a una jurisprudencia que preserva el trabajo de los historiadores frente a las intenciones de quienes quieren construir una historia a su medida. Esa jurisprudencia ya existía en lo fundamental, pero gracias a la cruzada judicial de uno de los herederos del alférez ahora ha quedado reforzada. La paradoja es notable y debiera ser motivo de reflexión.

Desde el principio, cuando la Universidad de Alicante publicó la resolución concebida por la profesora Teresa Cantó y firmada por el gerente Rafael Pla, he tenido claro que el empeño era contra quienes querían censurar mis trabajos académicos. Desde el 19 de marzo de 2024 ambos tienen la sentencia del Tribunal Supremo. Ninguno ha reconocido su error y me ha pedido las correspondientes disculpas. Tampoco me las han pedido quienes buscaron las más insólitas razones para disimular o justificar la censura. Y fueron bastantes, sin que merezca la pena hacer el correspondiente listado. Frente a esta gente que nunca reconoce sus errores, ahora prefiero acordarme de las muchas personas que me han ayudado a superar estos cinco años de insultos, difamaciones y demandas.

Yo podría haberme ahorrado este calvario borrando el nombre de un personaje secundario de mis trabajos. La tarea era sencilla y nadie habría reparado en la misma. No lo hice por coherencia con la defensa de la libertad de expresión y de investigación, que no solo es mía, sino también de todos mis colegas. 

El precio de esa coherencia ha sido muy caro, pero ha merecido la pena porque, si uno de nosotros cede, todos acabamos pagando las consecuencias. Ahora, después de pasar un verdadero calvario, empiezo a comprobar la satisfacción de quienes siempre me han apoyado. A ellos me debo y por esa misma razón culminaré la trilogía dedicada a los consejos de guerra de los periodistas y escritores. El primer volumen, Las armas contra las letras, ya ha sido editado y el segundo aparecerá a finales de este año. Seguimos adelante porque la libertad de expresión no es negociable y siempre merece un esfuerzo para preservarla.

Dos trabajos revisados

 

Durante el pasado mes de diciembre, revisé toda la documentación utilizada para una investigación realizada en 2014 y la amplié con nuevos y numerosos documentos gracias a los fondos de diversos archivos públicos. Uno de los frutos de este trabajo es la publicación en el RUA de dos textos donde incluyo notas a pie de página que corrigen o matizan lo ya publicado:

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/52995/5/2015_Rios_ALEC_preprint.pdf

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/111779/3/Rios-Carratala_Nota-Nos-vemos-en-Chicote.pdf