Localizado el sumario del periodista y escritor Florentino Hernández Girbal

 Florentino Hernández Girbal en los años treinta. Fuente: Wikipedia

Entre 2014 y 2015, con motivo de la preparación de Nos vemos en Chicote, uno de mis objetivos frustrados fue la localización y el análisis del sumario instruido contra el periodista y escritor Florentino Hernández Girbal (1902-2002). Al margen de la significación del mismo, en especial como crítico e historiador cinematográfico, había otros motivos para justificar ese interés.

El natural de Béjar era el prologuista de las memorias de su íntimo amigo Diego San José, así como el autor de unas memorias que me ayudaron a culminar mi trabajo. También sabía que fue condenado a treinta años, probablemente tras la conmutación de una condena a muerte, y que en la cárcel había coincidido con Miguel Hernández, Ángel M.ª de Lera y el folklorista Agapito Marazuela.

Toda la bibliografía sobre Florentino Hernández Girbal cita estas circunstancias de su trayectoria en torno a la Guerra Civil, pero sin la base documental derivada de la consulta del sumario. La razón es muy simple: el documento no estaba localizable en el catálogo en línea del Archivo General e Histórico de Defensa.

Gracias al personal del mismo, hace unas semanas tuve la grata noticia de que habían localizado el sumario 3613, legajo 4592, cuyo procesado es Florentino Hernández Girbal. Tras varios años trabajando con los fondos de este archivo, sus responsables conocen el objetivo de mi investigación e inmediatamente se pusieron en contacto conmigo para comunicarme el hallazgo del documento.

El 17 del pasado mes de noviembre solicité el envío del correspondiente PDF y ahora estoy a la espera del mismo, que me permitirá conocer con las debidas garantías la peripecia judicial y carcelaria de uno de los mejores historiadores del cine español, aparte de excelente periodista y biógrafo.

El correspondiente capítulo aparecerá en el cuarto volumen dedicado a los consejos de guerra de periodistas y escritores, donde también intentaré completar la investigación de los analizados hasta el presente con la documentación que consta en el archivo de la Asociación de la Prensa de Madrid. Parte de la misma ya ha sido utilizada gracias a los trabajos de otros investigadores, en especial el de Rafael Cordero Avilés, pero con la ayuda del personal bibliotecario de la APM intentaremos completar la labor.

Manuel Izquierdo, taquimecanógrafo de Mundo Obrero

 Manuel Izquierdo Esteban. Foto obtenida del fondo del SBHAC

La represión franquista durante la Victoria responde a múltiples causas con un mismo objetivo: la eliminación o neutralización de un «enemigo» todavía considerado en términos militares. A lo largo de aquellos meses en Madrid, y en lo referente a los comunistas, algunas detenciones relacionadas con lo sucedido durante la guerra también vienen motivadas por una actuación en la clandestinidad. Su único fin por entonces era procurar la supervivencia de los camaradas o prestar ayuda a los presos y sus familias. Tanto por el pasado como por el presente, los detenidos formaban parte del «enemigo» y como tales fueron sometidos a los sumarísimos de urgencia.

La detención el 24 de agosto de 1939 del taquimecanógrafo y «vaciador» Manuel Izquierdo Esteban (1913-1992) en la madrileña calle de Embajadores ejemplifica esta doble circunstancia. El joven «agente colaborador» Roberto Conesa Escudero (1917-1994) estaba a punto de ingresar como «agente auxiliar provisional» en el Cuerpo General de Policía tras servir en la Quinta Columna y militar en FET y de las JONS, pero antes de ser funcionario por nombramiento directo -así se deduce de la consulta de su expediente en el Archivo General del Ministerio del Interior (expdte. 10856)- ya actuaba de hecho como si fuera un miembro de la Brigada Político Social. Durante el verano de 1939, quien destacaría por sus actuaciones policiales participó en la detención de «Las trece rosas», así como en el desmantelamiento de las células comunistas que intentaban reorganizarse.

Uno de los primeros objetivos de Roberto Conesa Escudero -según su expediente, la fecha del ingreso como agente auxiliar provisional en la Brigada Político Social fue el 25 de agosto de 1939, un día después de la detención (El Diario, 16-I-2020)- lo constituyó quien trabajó como taquimecanógrafo en Mundo Obrero desde el inicio de la guerra hasta su movilización en febrero de 1937. Tras la entrada de las tropas del general Franco, Manuel Izquierdo Esteban permaneció en Madrid junto a su esposa. Por razones obvias, había dejado atrás su actividad periodística en El Sol, La Voz o Estampa y solo era un «vaciador» en el taller de su suegro, donde fue detenido junto con la militante comunista Teresa Colomer.

AGHD, sumario 60352

El 24 de agosto de 1939, Roberto Conesa Escudero y otro agente presentan al detenido en la DGS bajo la acusación de pertenecer al PCE desde 1931, haber trabajado en Mundo Obrero como taquimecanógrafo y redactor e intentar la reconstrucción de la organización del partido en Madrid. Ese mismo día tuvo lugar la primera declaración del detenido. Manuel Izquierdo Esteban, de veintiséis años, reconoce su militancia en el PCE, solo desde agosto de 1936 porque antes su colaboración quedó limitada a ser taquimecanógrafo en los mítines. También admite su presencia en la redacción del órgano oficial de los comunistas, aunque «de manera accidental» y reducida a la redacción de «algunos sueltos». Esta actividad la completaba con el trabajo en el taller del suegro hasta la movilización y, conocedor del peligro que corría, negó la participación en la reconstrucción del PCE. Otros jóvenes camaradas suyos, y no solo «las trece rosas, fueron fusilados durante ese trágico verano bajo la misma acusación.

Las actuaciones sumariales hasta ese momento eran unas diligencias previas con el número 19886, pero las mismas pasaron a ser un sumarísimo de urgencia, el 60352 del AGHD, tras la orden del auditor fechada el 21 de febrero de 1940. Antes, el 14 de octubre de 1939, el detenido en Yeserías había ratificado lo declarado en la DGS, aunque también dio algunos nombres y negó que le hubieran ofrecido la secretaría de organización del PCE en Madrid. Asimismo, y de forma sorprendente, la declaración desmiente su vinculación con FET y de las JONS.

La primera declaración ante el juez instructor tiene lugar el 26 de enero de 1940, antes de la orden dada por el auditor, pero ya sabemos de la frecuente incoherencia cronológica de estos sumarios. Manuel Izquierdo Esteban solo reconoce la militancia en el PCE desde 1936, niega haber escrito «sueltos» o cualquier otro texto en Mundo Obrero -«pues se limitó únicamente a trabajar como taquígrafo siendo este cargo de carácter accidental y fuera de plantilla»-, obvia las referencias a otras publicaciones ya que nada de las mismas supieron los instructores y, sobre todo, rechaza la vinculación con las actividades clandestinas para la reconstrucción del partido. Tal vez fuera la primera declaración ajena a la posible tortura en la DGS y lo reconocido es menos grave para su futuro procesal.

El también poeta Manuel Izquierdo Esteban debía gozar de una positiva opinión en la vecindad porque, a lo largo de febrero de 1940, llegan al juzgado varios avales de conocidos suyos para probar que era una «buena persona», además de «trabajador consciente y de excelente honradez». El informe de la Guardia Civil fechado el 19 de abril de 1940 no lo desmiente, aunque le considera un comunista que escribía en Mundo Obrero «haciendo una propaganda grande». A diferencia de lo sucedido en estos casos cuando eran instruidos en el Juzgado Militar de Prensa, ningún secretario judicial acudió a la hemeroteca para comprobar la circunstancia y realizar el correspondiente informe con los artículos transcritos. La Guardia Civil, abrumada por la tarea represiva, escribía de oídas a la hora de presentar las pruebas de cargo y, por otra parte, el auditor obvió la posibilidad de remitir este sumario al juzgado del capitán Manuel Martínez Gargallo. La condición de militante clandestino del detenido prevaleció sobre la desconocida faceta como periodista y escritor o, al menos, colaborador en la prensa republicana.

A pesar de la supuesta urgencia del sumarísimo, los meses se suceden con el detenido ahora en la prisión de Torrijos. Así debemos esperar hasta el 29 de abril de 1940, cuando vuelve a declarar el agente Roberto Conesa Escudero. El policía especializado en el desmantelamiento de las organizaciones comunistas afirma que detuvo a Manuel Izquierdo Esteban en la calle Embajadores, justo cuando esperaba mantener una reunión con Teresa Colomer. Lo hizo porque, «según confidencias recibidas, era uno de los que estaban reorganizando el PCE de Madrid clandestinamente». Tanto era así que le habían elegido como secretario de organización. Por fortuna, los militares prestaron poca atención a esta acusación del policía o la desecharon sin mediar justificación.

El 12 de julio de 1940, casi un año después de la detención y sin que la instrucción hubiera avanzado, vuelve a declarar Manuel Izquierdo Esteban. El detenido ratifica las anteriores declaraciones y, sobre todo, niega la publicación de artículos en Mundo Obrero y su presencia en la reconstrucción del PCE. Tampoco aportan novedades los avalistas, que se presentan en el Juzgado militar permanente n.º 9 para validar lo escrito meses antes. El acto, dada la militancia del acusado, suponía un riesgo que los escritores falangistas supuestamente dispuestos a salvar a Miguel Hernández nunca corrieron.

Un año después, el 2 de agosto de 1941, llega el informe de la DGS, que repite lo recopilado en actuaciones anteriores y atribuye al taquimecanógrafo una militancia destacada en el PCE desde antes del Glorioso Movimiento Nacional. De hecho, Manuel Izquierdo Esteban «daba conferencias marxistas y cantaba La Internacional por todo el barrio». Ambas circunstancias, fruto de algún testimonio vecinal nunca explicitado, permiten a los policías considerar que el detenido «observaba una mala conducta tanto pública como privada». La falta de moralidad era propia de quien trabajaba en la redacción de Mundo Obrero e intentaba la reorganización del PCE.

Los dos años de instrucción con el detenido en prisión apenas sirvieron para acumular los imprecisos y parciales testimonios arriba indicados. Las pruebas para sustentarlos nunca aparecieron. Tampoco resultaban necesarias en el «derecho de autor» presente en la jurisdicción militar. El juez dictó el auto resumen el 14 de agosto de 1941. El auditor lo elevó al plenario del consejo de guerra el 2 de septiembre y, como novedad porque los sumarísimos de urgencia habían pasado a la historia poco antes, el acusado nombró a un oficial como defensor. Lo hizo el 2 de octubre y la tarea recayó en el teniente Enrique Castro Cardiel, que doce días después pidió la absolución para el militante comunista sin aportar argumentos jurídicos. Este tipo de peticiones formaban parte de un ritual donde los oficiales defensores apenas condicionaron las decisiones de sus superiores que formaban parte de los tribunales.

El consejo de guerra presidido por el teniente coronel José Guadalajara tuvo lugar el 14 de octubre de 1941. El fiscal pidió una condena de treinta años de reclusión mayor tras rebajar la petición del 18 de septiembre, que era de muerte. El mismo día, según lo habitual por entonces, el tribunal dictó sentencia. Manuel Izquierdo Esteban, con unos «hechos probados» limitados al testimonio del agente Roberto Conesa Escudero y los informes policiales que hablaban de la mala conducta de quien cantaba La Internacional «por todo el barrio», fue condenado a veinte años de reclusión mayor.

El auditor ratificó la sentencia el 30 de octubre de 1941. Según la documentación del sumario, la condena del periodista quedaría extinguida el 25 de agosto de 1959 para celebrar los planes de estabilización que dieron paso al período desarrollista. Las autoridades judiciales le aplicaron la Ley de Responsabilidades Políticas con el objetivo, nunca explícito, de evitar que el «vaciador» acumulara riquezas por el trabajo en el taller del suegro. Manuel Izquierdo Esteban pasó, además, por destinos tan duros como el destacamento penal de Fuencarral. Sin embargo, se impuso su juventud a la hora de sobrevivir y recobró la libertad, aunque condicional, en 1944 (BOE, 25-III-1944).

El madrileño apenas había cumplido los treinta años y su pasado era digno de un relato de la memoria. La preservó durante años en su exilio por varios países. Gracias a que vivió para regresar a España, ver la llegada de la democracia y ser amnistiado como periodista represaliado, ingresó en la Asociación de la Prensa de Madrid el 18 de noviembre de 1985 (Cordero Avilés, 2024: 204). Lo sufrido durante la Victoria junto con otros militantes comunistas lo relató en libros y artículos publicados entre 1982 y 1997 con la colaboración de la editorial Endimyon. Manuel Navarro Ballesteros, el ejecutado director de Mundo Obrero, protagoniza estos trabajos literarios, pero los mismos también hablan de un pasado donde trece rosas, y muchas decenas de compañeros, pagaron con sus vidas las consecuencias de una dictadura dispuesta a invertir en una represión despiadada. Estos libros andan descatalogados a la espera de algún lector. Los recuperaremos para incorporarlos al correspondiente capítulo de Manuel Izquierdo Esteban, que desde ahora empieza a contar con un relato como poeta, ensayista y cronista presente en la España de la Victoria. Nunca lo olvidó.

Pd. El presente texto es un embrión del capítulo mucho más extenso dedicado a la detención y el proceso de Manuel Izquierdo Esteban que aparecerá en el cuarto volumen dedicado a los consejos de guerra de periodistas y escritores. Asimismo, ampliaremos todo lo relacionado con la detención a partir de la consulta de varios documentos incluidos en el expediente del agente Roberto Conesa.

José Fragero Pozuelo, falangista y confidente del SIM

 José Fragero Pozuelo. Fuente: Rafael Cordero Avilés, Héroes sin nombre, p. 532

El falangista José Fragero Pozuelo (1895-1965), «redactor comercial de ABC y Blanco y Negro» (Diario de Córdoba, 23-VI-1936) desde 1932 y procedente de La Nación, también era «agente de publicidad» de diferentes medios periodísticos (Guion, 14-IV-1936) de una capital donde, probablemente, fue detenido junto con otros dos individuos «por estafador en la compra venta de automóviles» (El Castellano, 11-III-1932).

La ausencia del segundo apellido en la nota de prensa impide confirmar con seguridad la circunstancia delictiva de quien hizo gala de habilidades para múltiples negocios, que a veces provocaron el recelo de las empresas. Así lo deducimos de la segunda referencia periodística. Analizada con atención como aviso preventivo para los lectores de Guion y posibles anunciantes, la literalidad deja entender que el agente de publicidad a veces actuaba por libre.

El andaluz afincado con su familia en Madrid quedó en paro tras el inicio de la Guerra Civil. A pesar de sus dotes para establecer relaciones amistosas con «ricos y pobres», que las mantuvo hasta el final de sus días de bohemia nocturna en Córdoba (Cordero Avilés, 2024: 532), la búsqueda de anunciantes resultaría un imposible más allá del verano de 1936. Al menos, si el destino de la publicidad eran unas publicaciones de Prensa Española que en Madrid siguieron rumbos nunca imaginados por los propietarios de una empresa confiscada. José Fragero Pozuelo presentó el despido como una represalia tras la primera detención en agosto de 1936 por su condición de «desafecto».

El supuesto pasado falangista del cordobés supone una incógnita de las tantas que rodean a este personaje del Madrid anónimo. La derechista en Renovación Española y el Partido Tradicionalista la probó en la ciudad natal gracias a los responsables falangistas, pero no en Madrid, donde solo contó con avales de quienes no ocupaban cargos en FET y de las JONS. Por otra parte, José Fragero Pozuelo dejó Córdoba antes del liderazgo de José Antonio Primo de Rivera y por las fechas sería un anacronismo su militancia en la capital andaluza. El documento allí fechado y aportado al sumario pudo ser fruto de la ayuda prestada por sus familiares para sacarle de la cárcel en 1939.

En cualquier caso, la subsistencia del «redactor comercial» junto con su familia en la capital sitiada sería complicada y requeriría habilidad para moverse en ambientes donde las fronteras políticas resultaban franqueables a conveniencia o necesidad. El antiguo óptico con empresa familiar radicada en Córdoba fue despedido del ABC tras la primera detención, según su declaración, y optó por ganarse la vida en un taller de óptica de la calle Villanueva regentado por la CNT, que lo cerró meses después cuando supo que los empleados eran unos emboscados.

El cordobés completó el pluriempleo como fotógrafo con el carnet 686, expedido gracias a la autorización de la Secretaría de Propaganda de la Junta Delegada de Defensa de Madrid (CDMH, PS-Madrid, 18701. 152). El antiguo empleado de Prensa Española también se afilió a la CNT en marzo de 1937 para evitar problemas con las autoridades republicanas, que vigilaron estrechamente a un colectivo de fotógrafos -ambulantes o al servicio de empresas periodísticas- que podía facilitar información a los sublevados, como vimos en el caso del fotoperiodista José M.ª Díez Casariego.

Mientras tanto, según sus declaraciones en el sumario 63920 del AGHD, José Fragero Pozuelo por su supuesta condición de falangista perseguido entraba y salía de las más afamadas y temibles checas: Fomento, Bellas Artes, Atocha…. De ser cierta la circunstancia evocada en su defensa cuando fue procesado, la citada autorización como fotógrafo habría quedado anulada y alguna huella documental de esas detenciones constaría en los archivos.

La búsqueda en ese sentido ha resultado infructuosa porque -según lo visto en el sumario- las detenciones eran por indocumentado o un recurso del SIM para que José Fragero Pozuelo aparentara ser un perseguido y ganara así la confianza de quienes verdaderamente lo eran. Al menos, parece evidente que el fotógrafo no fue procesado por las autoridades republicanas, aunque resultara detenido con una asiduidad sorprendente para quien no me consta que figure en la documentación relacionada con la quinta columna. La citada táctica del SIM pudo ser la causa de esa frecuencia.

El reiterado paso por esos espacios de la represión republicana desembocaba casi siempre en un destino trágico o en un procesamiento. Los ejemplos menudean hasta la llegada del invierno de 1936, pero José Fragero Pozuelo nunca concretó en este sentido, dejó un reguero de incógnitas sobre sus actividades para ganarse la vida durante la guerra y el 2 de abril de 1939 se imaginaba a salvo entre los vencedores.

Así, el militante de la CNT ahora se presenta como «Jefe de Centuria de la 67 Bandera de Falange Española Tradicionalista y de las JONS» para avalar el comportamiento del «teniente coronel rojo» Juan Muñoz Pruneda, que «fue siempre de ayuda al perseguido» (Cordero Avilés, 2024: 533). El aval del redactor comercial debió resultar efectivo a tenor de la documentación conservada acerca del militar republicano. Ni siquiera nos consta su consejo de guerra en las fuentes consultadas.

El jefe de centuria no previó que sus correligionarios consultaran la abundante documentación incautada al finalizar la guerra, entre la que estaba el archivo de la Policía Militar de los republicanos. El testimonio documental fue demoledor y permite entender que los vecinos de José Fragero Pozuelo, preguntados por los miembros de la DGS acerca de sus actividades durante la guerra, dijeran desconocer si los familiares del cordobés acudían a las dependencias del SIM porque estaba allí detenido o por ser su destino laboral. Ambas circunstancias formaban parte de una misma realidad donde el equívoco o el juego de las apariencias resultaban fundamentales.

Detenido el 29 de julio de 1939 en Madrid bajo la acusación de ser un confidente del SIM, José Fragero Pozuelo no volvió a presentarse ante la Policía Militar como «jefe de centuria» de alguna bandera falangista. Pronto sabría de la compañía de quienes recelaban de su comportamiento y no estaban dispuestos a olvidar el pasado inmediato, a pesar del probable e impostado entusiasmo con que habría procedido tras la entrada de las tropas del general Franco en la capital.

Mientras permanecía en la prisión de Comendadoras, el 9 de octubre presta declaración en la Jefatura de la Policía Militar. José Fragero Pozuelo, de 43 años, se presenta como redactor comercial de ABC y militante falangista desde 1934; es decir, cuando ya se encontraba en Madrid y había dejado atrás su Córdoba natal.

A continuación, relata la persecución sufrida por parte de la Brigada Social de los republicanos sin aludir a sus relaciones con el SIM, obvia su condición de fotógrafo autorizado por la Secretaría de Propaganda de la Junta Delegada de Defensa y explica que, cansado de tantas detenciones, en diciembre de 1938 aceptó colaborar con el SIM a cambio de conservar la libertad.

La circunstancia es grave y se remonta a mucho antes, según la documentación incautada y obrante en el propio sumario. No obstante, el declarante la minimiza aclarando que por las tardías fechas de ese acuerdo no llegó a prestar servicios a la inteligencia republicana, colaboró con los falangistas de la quinta columna durante el golpe del coronel Casado y, finalmente, solo recibió «unas quinientas pesetas, algunos víveres y tabaco» a manos del SIM.

El mismo día y también en la Jefatura de la Policía Militar, declara José Luque López, «jefe del Negociado de Retaguardia e Ingenieros del SIM rojo». El declarante intenta ayudar al confidente sin caer en lo inverosímil. Así explica que José Fragero López fue detenido en diciembre de 1938 y puesto en libertad poco después tras haber aceptado trabajar como confidente del citado negociado.

El responsable del SIM le llegó a encargar varios servicios para localizar y detener a nuevos desafectos al régimen republicano, pero no completó ninguno por la cercanía del final de la guerra. A pesar de esta circunstancia, el SIM le pagó unas ochocientas pesetas, trescientas más que las reconocidas por el encausado, y le proporcionó víveres y tabaco.

La duda acerca de si hubo alguna contraprestación por parte del encausado permanece a tenor de esta declaración, a pesar de que la DGS el 4 de diciembre de 1939 informa que tiene conceptuado al supuesto confidente «como buena persona y de ideas muy derechistas, por cuyo motivo estuvo detenido varias veces por los rojos». Los policías, claro está, ignoraban la documentación incautada que fue utilizada por el capitán Luis Rodiles Monreal durante su instrucción del sumario.

El 18 de enero de 1940, el encausado que por entonces permanecía en la cárcel de Conde de Toreno, ratifica lo declarado ante la Policía Militar y el 13 de abril el auditor manda instruir el sumario 63920 al Juzgado Permanente de Policía Militar dedicado al contraespionaje. La instrucción resulta tan escueta como de costumbre por entonces.

A pesar de los avales de «personas de orden» que fueron ayudadas por José Fragero Pozuelo durante la guerra, en el auto resumen del 18 de junio de 1940 prevalece la acusación de haber facilitado al SIM la localización de más de cuarenta individuos que resultaron detenidos poco después. La lista de los mismos guarda relación con el caso de «los 195» y está encabezada por el capitán Atanasio Sáinz de la Torre y José Company Celda, uno de esos 195 procesados, que le había denunciado el 6 de junio de 1940 tras haber visto el nombre de José Fragero Pozuelo como la persona que a su vez le había delatado ante las autoridades republicanas.

Las ochocientas pesetas pagadas por el SIM, los víveres y el tabaco debieron representar solo una parte de lo recibido por José Fragero Pozuelo por aparentar la condición de perseguido y ganarse así la confianza de quienes verdaderamente lo eran. En cualquier caso, ese pago, según el auto resumen, tuvo una contraprestación, aunque afortunadamente los detenidos fueron puestos en libertad en las vísperas del final de la guerra.

El 19 de septiembre de 1940, el fiscal solicita una pena de treinta años para el encausado, pero el tribunal presidido por el omnipresente comandante Pablo Alfaro le condena a solo doce y de prisión menor. La sentencia admite las atenuantes de la militancia falangista -nunca avalada por los representantes del partido en Córdoba o Madrid- y las detenciones sufridas durante la guerra, hasta que «detenido por el SIM y amenazado se prestó a ser confidente del mismo en el Negociado de Retaguardia, dando lugar a la detención de dicho señor [Enrique Sáinz de la Torre León] y cuarenta y tres más, detención que no tuvo más consecuencias que la privación de libertad a los mismos».

El citado detenido, junto con su hermano Atanasio, ya había sido procesado en 1937 por desafección al régimen republicano, siendo finalmente absuelto en la sentencia del 29 de noviembre de 1937 (AHN, FC-Causa General, 109, Exp. 28). Asimismo, y a tenor de los avales recopilados durante la instrucción, la sentencia señala que José Fragero Pozuelo «favorecía y procuraba salvaguardar a personas de derechas no realizando su labor de confidente más que en casos como el citado en los que se veía en descubierto si no lo hacía». El tribunal sabía que no estaba ante un «rojo» y mostró una inhabitual actitud comprensiva con el encausado.

El auditor ratificó la sentencia el 30 de septiembre y hasta el presente nada sabemos acerca de la fecha de su puesta en libertad porque el sumario no incluye estos documentos. Dado que la condena de José Fragero Pozuelo era de doce años de prisión menor, la suponemos temprana y sin mayores consecuencias para quien, el 2 de abril de 1939, se había presentado como jefe de centuria de una bandera falangista.

Tal vez el afiliado a la CNT lo fuera ante el previsible desenlace de la guerra, pero la realidad de los años pasados en el Madrid sitiado fue muy dura, la necesidad de buscar dinero o víveres ablandaría cualquier conciencia y, puestos a sobrevivir, cabe imaginar que, en los últimos meses o desde antes, el fotógrafo, responsable de una óptica y redactor comercial denunciara a quienes tuviera cerca porque le consideraban «una persona muy derechista».

El precio de la subsistencia era caro en términos éticos o de coherencia política, pero tampoco cabe hablar de culpables cuando la verdadera responsabilidad fue la de quienes dieron un golpe de Estado el 18 de julio de 1936 e iniciaron un período donde la ética y la coherencia suponían un lujo al alcance de unos pocos. José Fragero Pozuelo llegó a saludar al exiliado Alfonso XIII en Fontainebleau, llevaba la bandera rojigualda en la cartera y terminó la guerra como jefe de centuria, pero antes debió subsistir, al igual que su familia.

 

La tardía condena a muerte de un periodista conservador

 AGHD, sumario 48067

El periodista Victorino Tamayo Mayones era un veterano de cincuenta y cuatro años cuando acabó la Guerra Civil. Casado, padre de tres hijas emparentadas con familias de orden y de un hijo, Manuel, perseguido por su condición de requeté, la perspectiva del exilio suponía un imposible o un absurdo para quien también arrastraba problemas de salud.

El director de Hoja del lunes de Madrid en tres ocasiones -1931, 1933-34 y 1936- pronto abandonó las responsabilidades en la prensa republicana. La publicación auspiciada por la APM cesó el 24 de octubre de 1936 y Victorino Tamayo Mayones no encontró acomodo en otra cabecera. Procedente de las Milicias Gráficas por compromiso del cargo, el granadino y sobrino del ilustre dramaturgo Manuel Tamayo y Baus se trasladó a Valencia junto con su esposa. Allí tampoco dispuso de una oportunidad en las redacciones y, gracias a un amigo, a su avanzada edad el 12 de julio de 1937 pudo alistarse como voluntario.

Las trayectorias militares entre los republicanos incluyen casos tan fulgurantes como carentes de rigor. Victorino Tamayo Mayones ascendió directamente a capitán, pero en la retaguardia como comisario de las estaciones ferroviarias de Villacañas, Utiel y Valencia. El periodista tampoco destacó como miembro del batallón Águilas de la Libertad durante los primeros meses de la guerra en la capital. Su objetivo era ampararse en sus filas como otros derechistas y contar con un plato de comida.

Consciente de no tener «las manos manchadas de sangre» y ajeno a cualquier simpatía republicana, Victorino Tamayo Mayones se entregó a los vencedores el 31 de marzo de 1939 en Valencia con el deseo de colaborar en la construcción de la renacida España del Glorioso Movimiento Nacional. El 26 de enero de 1942 fue condenado a muerte.

El sumario 48067 permanece incompleto en el AGHD y el deterioro de algunos documentos dificulta su lectura. Ambas circunstancias impiden comprender una parte de lo sucedido con un sumarísimo de urgencia de casi cuatro años, que pasó por distintos juzgados de instrucción sin mediar justificaciones con prueba documental.

El capitán Victorino Tamayo Mayones no debió parecer peligroso a los vencedores y le dejaron libre en Valencia como si fuera un soldado raso. Ya de regreso a la capital junto con su bien situada familia, el 19 de abril se presentó en los Servicios de Prensa de Madrid porque confiaría en sus relaciones con los vencedores. Desde allí, ante semejante prueba de buena voluntad, le mandarían al campo de concentración Miguel de Unamuno. En julio ya se encontraba en el penal de Ocaña, mientras el Juzgado Especial de Prisioneros, localizado en Aranjuez, instruía el correspondiente sumario sin que en la documentación conservada se encuentre la orden del auditor. Tal vez nunca existiera.

El 7 de septiembre de 1939, el auditor manda instruir el sumario 48067 al Juzgado Militar de Prensa. El documento no menciona la existencia de otro sumario anterior relacionado con el mismo procesado. Dos meses después, su titular, el capitán Manuel Martínez Gargallo, pide la inhibición del Juzgado Especial de Prisioneros en el proceso seguido contra el granadino. El 9 de noviembre su colega de Aranjuez remite a la plaza de Callao, 4, las actuaciones de una instrucción de la cual ignoramos el número y la correspondiente orden del auditor. La irregularidad parece notable.

Las citadas «actuaciones» son dos fichas clasificatorias del 20 de julio y el 26 de agosto de 1939, esta última fechada en el penal de Ocaña, y un informe de la DGS del 7 de octubre donde la policía manifiesta carecer de datos acerca del periodista. Las fichas indican el período durante el cual el encausado sirvió como voluntario hasta llegar a «comisario» de las citadas estaciones. El nombramiento no consta en las fuentes consultadas. Asimismo, Victoriano Tamayo Mayones alega que nunca publicó artículos sobre temas políticos en la prensa republicana. De hecho, su firma no aparece en los incluidos en Hoja del lunes.

Las declaraciones de las fichas fueron completadas por el periodista mediante dos extensos escritos del 20 de julio y seis días después. En realidad, ambos son similares y deducimos que el primero iría al juzgado de Aranjuez y, tras conocer su inhibición, el segundo lo remitió a Manuel Martínez Gargallo. El problema es la fecha: 26 de julio de 1939, un mes y medio antes de que el auditor mandara instruir el sumario 48067 al Juzgado Militar de Prensa.

Al margen de la incoherencia cronológica de la fecha, la misma permite suponer que Victorino Tamayo Mayones tendría en la APM, localizada en la sede del juzgado destinado a los periodistas, alguien que le informara de la marcha del proceso. La fuente para la posible filtración estaba cercana. De hecho, Rafael Cordero Avilés reproduce fragmentos de las cartas de Víctor Ruiz Albéniz, El Tebid, dirigidas a Manuel Martínez Gargallo interesándose por la suerte de un colega cuya familia recibió la modesta ayuda de la asociación para sobrevivir.

Victorino Tamayo Mayones en sus escritos reconoce que, gracias a la APM, fue director de la Hoja del lunes entre enero y octubre de 1936, pero añade que no publicó artículos durante «el dominio rojo». El periodista, «nunca estuvo compenetrado con la causa roja» y manifiesta su «repugnancia» por la «prensa marxista». El encausado afirma haber sido militante de Unión Republicana en 1935 y miembro de la Agrupación Profesional de Periodistas a lo largo de la guerra. También estuvo afiliado al Sindicato de Autores y Compositores por su relación con el teatro. Una vez cesado como director de la hoja semanal, Victorino Tamayo Mayones salió de Madrid, buscó suerte en Valencia y terminó en unas estaciones ferroviarias para sacar adelante su familia, pues carecía de cualquier otra fuente de ingresos.

Las cartas del procesado a los instructores son coherentes con la declaración efectuada en enero de 1940, pero resultan más explícitas en su deseo de congraciarse con los vencedores a la espera de una absolución. Victorino Tamayo Mayones rechaza la «política sectaria», alardea de tradicionalista y explica que sus artículos «se han consagrado totalmente al enaltecimiento de las glorias españolas de la literatura dramática y de la escena, rindiendo así culto a la tradición soberana de nuestra patria, que tanto nos honra y enaltece». El patriotismo al uso de la Victoria culmina con una frase inequívoca: «Para mí, siempre y por encima de todo, ¡España!».

La única prueba recabada durante la instrucción es un informe no fechado del alférez Baena Tocón. El secretario del Juzgado Militar de Prensa reproduce los «rótulos, titulares y entrefiletes» de una serie de artículos anónimos publicados en Hoja del lunes entre el 2 de agosto y el 27 de septiembre de 1936. Victorino Tamayo Mayones afirmaría después que esos textos venían impuestos por las directrices gubernativas de la censura. Al mismo tiempo, el sumario incluye avales y testimonios de destacados periodistas y literatos (Francisco Casares, Francisco Ramos de Castro…), que son positivos para el encausado.

Fruto de los mismos, y de manera sorprendente, el 18 de septiembre de 1940 le excarcelan del penal de Santa Rita, tres días antes del auto resumen que culminaba la instrucción. El mismo ya no fue firmado por Manuel Martínez Gargallo, en otro destino por entonces, sino por el juez accidental Eduardo del Moral, del que no consta el correspondiente nombramiento como sustituto.

El auto es positivo para el encausado. El juez considera que su presencia en el ejército republicano solo se debió a motivos económicos, prescinde del informe del alférez Baena Tocón y concluye, a partir de los testimonios, que el periodista es de «ideas religiosas y de estricto orden moral, sin que le crean capaz de cometer hecho delictivo alguno».

La documentación permite pensar en una pronta absolución del granadino, pero el 16 de noviembre de 1940 el fiscal Leopoldo Huidobro solicita la pena de muerte sin mediar nuevas acusaciones. A partir de este momento, se inicia un período en blanco porque, ante semejante petición, el auditor o el capitán general paralizarían la celebración del consejo de guerra. De hecho, el 7 de octubre de 1941 el primero devuelve el sumario al juzgado instructor para incorporar los avales favorables.

Victorino Tamayo Mayones regresa a la cárcel de Porlier y allí, en una especie de limbo jurídico, espera hasta que el 7 de enero de 1942 un nuevo fiscal pide para el granadino una condena de treinta años. La misma, sorprendentemente, se convierte a muerte en la sentencia del 26 de enero de 1942 dictada por el teniente coronel José Ortiz Gómez. La documentación sumarial no permite vislumbrar un nuevo motivo para este cambio.

La pena máxima sorprende por la tardía fecha del consejo de guerra y la personalidad del procesado. Su dureza provocó una avalancha de testigos y avales para salvar al periodista granadino. Fruto de la misma, el 7 de marzo de 1942 el capitán general de la I Región Militar anuló la sentencia y un mes después el auditor dicta la orden de abrir una nueva instrucción para recabar los testimonios favorables al encausado. Ambas decisiones fueron amparadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar.

Tras incorporar los testimonios al sumario, el 11 de diciembre de 1943 Victorino Tamayo Mayones fue condenado a veinte años por los mismos hechos que antes le habían llevado a la pena máxima. El teniente coronel José Fernández Álvarez fue más benévolo con quien, con voluntad de incorporarse a la España del Glorioso Movimiento Nacional, se entregó en Valencia con la confianza de no tener «las manos manchadas de sangre» y poder servir a tan altos fines. La pena quedaría extinguida el 19 de julio de 1959. Mucho antes fallecería un periodista que dejó a su familia sin medios económicos para sobrevivir. Esta segunda condena no consta en el sumario. Tampoco el arrepentimiento de quienes estuvieron a punto de llevarle al paredón.

Periodistas represaliados: la necesidad de completar la tarea

La investigación en solitario es un empeño carente de sentido. El historiador siempre depende del trabajo de otros colegas y el intercambio de información o experiencias resulta imprescindible para evitar descubrimientos como el del Mediterráneo.

Una vez redactado el tercer volumen de la trilogía dedicada a los consejos de guerra de periodistas y escritores, me llega la publicación de la segunda parte de la tesis doctoral de Rafael Cordero Avilés (Héroes sin nombre. La prensa republicana en el Madrid de la Guerra Civil, Madrid, Fragua, 2025), que a lo largo de estos años me ha servido como fuente de información y consulta.

Gracias a los datos aportados por Rafael Cordero Avilés, he constatado la existencia de otros periodistas que fueron procesados durante la posguerra y que no han aparecido en los tres volúmenes ya redactados. La lista de estos represaliados es la siguiente: Amós Acero Pérez, Federico Augusto Vázquez, Valentín Gutiérrez de Miguel, Francisco Fernández Albors, Fernando Fernández Revuelta, Marcelo Edmundo Ogier Preteceille, Juan Falces Elorza, Ángel Edmundo Ogier Preteceille, José Ponce Bernal, Diego Alba Cortina, Francisco Bateriola Arroyo, Emilio Rodríguez Delgado, José Gallego Díaz, Concepción Santalla Nistal, Leandro Antonio Sanz Aguinaga, Manuel Izquierdo Esteban, Enrique Sánchez Cabeza Earle, Juan Antonio Cabezas Cantelli, Victoriano Tamayo Mayones, Felipe Camarero Ruanova Maldonado, Rafael Sánchez Guerra Sainz, Benigno Mancebo Martín, Joaquín Fernández Fernández-Vega, José Fragero Pozuelo, David Antona Domínguez y José Expósito Leiva.

Los periodistas y escritores estudiados en la trilogía superan el centenar y, junto a los arriba citados, tengo la esperanza de completar el listado de los procesados. El trabajo pendiente me llevará un mínimo de un año y medio de consultas a partir de octubre, cuando haya entregado el original del tercer volumen. El destino de este trabajo depende de la entidad de lo localizado. Tal vez deba redactar un cuarto volumen de lo que pasaría a ser una tetralogía, pero lo más previsible es que los correspondientes análisis de los sumarios aparezcan en otro marco del que daré noticias este próximo otoño.

Mientras tanto, el verano estará repleto de gestiones, correos, búsquedas, consultas... para poner en marcha una nueva tanda de capítulos que permitan completar el objetivo de lo emprendido hace más de diez años: aportar un relato y una voz a todos y cada uno de los autores represaliados.