La depuración profesional y el Registro Oficial de Periodistas (ROP)

 La profesora Alba Gómez García

La represión franquista vinculada a los consejos de guerra durante el período 1939-1945 solo es una parte de un sistema represivo con otros instrumentos de coerción. En lo referente a los periodistas, uno de los más eficaces y extendidos es la depuración profesional para ser admitido en el Registro Oficial de Periodistas (ROP). El requisito de una inquebrantable adhesión al Glorioso Movimiento Nacional se observó con inusitada rigidez y muchísimos periodistas quedaron fuera del ROP, de tal manera que no pudieron ejercer profesionalmente, al menos de manera oficial.

La documentación relacionada con el ROP se encuentra fundamentalmente en el Archivo General de la Administración, de Alcalá de Henares. Salvo en algunos casos donde mis colegas ya han aportado información sobre la inclusión o no de unos determinados periodistas en el registro, en nuestros trabajos hemos dejado al margen esta cuestión. Así sorteamos una documentación que, de otra manera, sería inabarcable para un solo investigador.

El historiador selecciona un objetivo y deja al margen otros tan coetáneos como próximos en todos los sentidos. Esta circunstancia, derivada de la necesidad de plantear una meta alcanzable, no supone el olvido de diferentes materias que conviene conocer en la medida de lo posible. Si no seleccionamos y delimitamos, procurando la coherencia del objetivo, estamos abocados a una tarea que por su amplitud en el mejor de los casos resulta abordada de manera superficial.

Los periodistas que no sufrieron consejos de guerra, pero quedaron fuera del ROP, son numerosos por el papel propagandístico encomendado a la prensa en la ley del 22 de abril de 1938, aprobada en plena guerra, que estuvo vigente hasta la llegada de Manuel Fraga al Ministerio de Información y Turismo. Mirta Núñez Díaz-Balart presentó un balance en este sentido, pero el alcance de la depuración se percibe con una especial nitidez cuando observamos un caso significativo.

La joven y brillante investigadora Alba Gómez García ya ha publicado varios libros sobre la historia del teatro español durante el siglo XX. El más reciente es el ensayo titulado La crítica teatral en el diario Nueva Rioja durante la posguerra (1939-1951). Estas investigaciones centradas en un ámbito local, alejado del centralismo madrileño o de unas pocas más ciudades, permiten matizar y hasta reconsiderar las conclusiones de los manuales al uso. Alba Gómez García lo demuestra con el rigor habitual en sus trabajos, pero en esta ocasión yo entresacaría un episodio de su citado libro por la relación con las entradas del presente blog.

Imagen de la portada del libro de Alba Gómez García

La investigadora escribe acerca de quienes ejercieron la crítica teatral en la prensa riojana durante el período acotado. Entre los mismos destaca la figura de Juan Cayetano Melguizo Celorrio (1893-1960), un empleado municipal de Logroño y veterano periodista con más de veinte años de experiencia cuando la guerra comenzó. La Rioja fue territorio de los sublevados desde el principio de la misma y el periodista, con una presencia notable en la vida cultural y social de la capital, sorteó la amenaza de los consejos de guerra porque nunca ejerció de «rojo».

No obstante, una vez finalizada la contienda, Juan Cayetano Melguizo Celorrio fue sometido a la depuración profesional como periodista tras haber sido apartado de su plaza de funcionario en el ayuntamiento de la capital. El 10 de octubre de 1940, el gobernador civil y el jefe provincial de Prensa y Propaganda enviaron a Madrid su expediente de depuración y el 27 de marzo del año siguiente la Delegación Provincial de Prensa resolvió la inhabilitación del veterano periodista.

El caso ya había sido estudiado exhaustivamente por M.ª del Pilar Salas Franco en un trabajo de 2006, pero lo he conocido a través de las páginas del citado libro sobre la crítica teatral durante la posguerra riojana. Al leer los textos de Juan Cayetano Melguizo Celorrio nadie tiene la impresión de estar ante una crítica de criterios avanzados o izquierdistas. El tono general es el previsible en un ámbito provinciano, pero siempre empleado con la seriedad de quien amó al teatro de manera incuestionable. Así fue, pero no bastó cuando el requisito era, además, mostrar entusiasmo por el Glorioso Movimiento Nacional. También al dar cuenta de lo visto en los escenarios de la época, tan obsesivamente controlados como pone de manifiesto el libro de Alba Gómez García.

El caso del periodista Juan Cayetano Melguizo Celorrio se suma a los protagonizados por otros muchos colegas que sufrieron una masiva exclusión profesional solo aliviada, a veces, al cabo de los años. El análisis detallado de esta actividad represiva queda pendiente a la espera de investigaciones capaces de abordar la ingente documentación. Sin embargo, cabe observar un detalle significativo: Alba Gómez García señala que uno de los acusadores presentes en el expediente de depuración de Juan Cayetano Melguizo Celorrio fue Ismael Serranos, que sucedería al acusado como cronista de espectáculos en la prensa riojana (p. 98). La estrategia del reemplazo mediante la denuncia es frecuente en la Victoria.

Los trabajos de M.ª del Pilar Salas Franco y de la propia Alba Gómez García aportan mucha más información al respecto. A ellos me remito para observar los necesarios matices, pero me quedo ahora con una circunstancia tantas veces observada en los sumarios judiciales y demás documentación relacionada con la represión de los periodistas y escritores: el denunciante o acusador era un posible beneficiario de la denuncia o acusación. La correspondiente perspectiva de futuro engrasó hasta extremos inimaginables los mecanismos de la represión durante la Victoria.

¿Quién fue el cronista de guerra Fernando F. Revuelta?

 

El madrileño Julián Fernando Fernández Revuelta trabajaba en las oficinas de la compañía ferroviaria MZA. El destino no parecía augurarle aventuras notables. Su horizonte vital, sin embargo, iba más allá de la mesa de trabajo por ser un joven izquierdista con inquietudes literarias y periodísticas que culminó el bachillerato. A pesar de estar becado, no accedió a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras por el inicio de la guerra. Tras publicar «algunas cosillas en el periódico de la juventud [socialista]», gracias a su amistad con Julián Zugazagoitia colaboró en El Socialista entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, siempre bajo la firma de Fernando F. Revuelta. En esta cabecera aparecieron las crónicas de guerra, remitidas desde el frente de Andalucía donde estaba movilizado, que provocaron su procesamiento.

Tras incorporarse al Ejército Popular, Julián Fernando Fernández Revuelta alcanzó el grado de capitán, aunque no por méritos de combate según sus declaraciones en el Juzgado Militar n.º 3 de Madrid. En el mismo se instruyó su causa, el sumario n.º 5180 del AGHD, a raíz de la detención efectuada el 14 de abril de 1939. El aniversario de la II República le trajo mala suerte. El entonces comunista permaneció en la capital, intentaría reincorporarse a las oficinas de la MZA y allí le detendrían dos compañeros falangistas, convertidos en «agentes de investigación», que le condujeron a las dependencias de la policía militar en el distrito de Hospital.

Julián Fernando Fernández Revuelta reconoce en la declaración ante la policía que fue corresponsal de guerra de El Socialista durante el período arriba indicado y su ingreso voluntario en las Milicias Populares, que tuvo lugar en septiembre de 1936. Ambas circunstancias eran motivo de condena por el delito de adhesión a la rebelión en los sumarísimos de urgencia. El declarante sabría que los militares no disponían de pruebas y resta importancia a su trayectoria hasta alcanzar la condición de capitán tras pasar por una academia militar en Paterna, donde hizo un curso de tres meses (Diario Oficial del Ministerio de Defensa, 1937, n.º 136 y 141; 1938, n.º 37 y 136). También justifica el tono propagandístico de sus crónicas por el contexto entusiasta de las primeras semanas de la guerra. Leídas las incorporadas al sumario, su propagandismo carece de rasgos sobresalientes.

Sumario 5180 del AGHD

El comunista oculta su afiliación a los militares y permanece detenido durante varios meses en la calle Torrijos, n.º 65. El 6 de noviembre de 1939 declara por primera vez ante el juez instructor. Julián Fernando Fernández Revuelta niega haber insultado a los vencedores en sus crónicas, señala que en las mismas «se limitaba a describir los hechos bélicos con los comentarios propios del periodismo de su ideología» y que las publicaciones respondían a sus «aficiones literarias». Ajeno a la gravedad de las consecuencias, al acabar la guerra se presentó en su lugar de trabajo para reincorporarse y entregó la pistola de miliciano en un local de FET y de las JONS. El oficinista aspiraba así a un olvido de lo pasado, pero dos compañeros vieron la oportunidad de hacer méritos y le detuvieron. Sus nombres son Jesús Cano y Helenio Domínguez. Ambos carecen de otras huellas documentales.

A raíz de la detención y la declaración en sede policial, el 20 de abril de 1939 el auditor manda instruir el sumario 5180 del AGHD al Juzgado Permanente n.º 3. Los colegas del Juzgado Militar de Prensa todavía no estaban a pleno rendimiento para la represión de los periodistas. El personal adscrito al n.º 3 recopila por su cuenta los artículos de «Fernando F. Revuelta» en El Socialista. A diferencia de lo realizado por los secretarios a las órdenes del juez Manuel Martínez Gargallo, en esta ocasión el informe no cita, comenta o extracta los artículos como pruebas de cargo. Los localizados o seleccionados -no se explicita la circunstancia- quedan incorporados en su formato original, aunque con subrayados en rojo para indicar las frases susceptibles de justificar una condena de acuerdo con los parámetros de aquellos sumarísimos de urgencia.

La escueta instrucción del juez Ricardo Sánchez Elguero se completa con un aval firmado el 14 de abril de 1939 por Manuel López Hernández, compañero de trabajo del encausado y represaliado durante el período republicano. El avalista fue detenido por la tristemente famosa brigada de Agapito García Atadell. La intervención de Julián Fernando Fernández Revuelta resultó decisiva para que su amigo no engrosara la lista de los «paseados» durante el verano de 1936. Agradecido, Manuel López Hernández le avala en la misma fecha de la detención. La circunstancia indica la probabilidad de que el redactor de El Socialista previera su destino y hubiera gestionado los necesarios avales antes de la detención.

El instructor dicta el auto resumen del sumario el 8 de noviembre de 1939. La acusación es la actividad periodística del encausado, que «fue corresponsal de guerra del ejército rojo en el frente de Andalucía, vertiendo en sus crónicas frases injuriosas contra el Ejército Nacional y sus generales, acusándoles de cometer crímenes en zona por ellos controlada». Julián Fernando Fernández Revuelta actuó igual que los corresponsales del bando sublevado. La diferencia, notable en una jurisdicción atenta al «derecho de autor», es que el socialista perdió la guerra y pagó las consecuencias.

El 28 de noviembre de 1939 tienen lugar la vista previa y el plenario del consejo de guerra celebrado bajo la presidencia del comandante Pablo Alfaro. La sentencia se articula en torno a la afiliación del encausado en las JSU -no probada ni reconocida en el sumario-, la participación voluntaria del madrileño en el Ejército Popular y la condición de cronista de El Socialista. La pena dictada es de treinta años de reclusión por un delito de adhesión a la rebelión. El auditor la ratificó el 11 de diciembre de 1939 y Julián Fernando Fernández Revuelta se dispuso a pasar una larga temporada en prisión por haber escrito unas crónicas siendo un izquierdista.

El sumario conservado en el AGHD está incompleto porque no incluye la documentación relacionada con las conmutaciones y la salida de la cárcel, que debió ser a finales de 1942 tras la publicación de la orden (BOE, n.º 178 del 27-VI-1942). De manera sorprendente, cuando le llegó la conmutación de su pena firmada en una fecha no determinada de 1942, por el mal estado del original, Julián Fernando Fernández Revuelta se encontraba en libertad provisional después de trabajar en batallones disciplinarios y salir de la cárcel de Ocaña, donde coincidió con un Miguel Hernández al que conocía desde los tiempos de la toma del santuario de la Virgen de la Cabeza.

El represaliado optaría por alejarse de Madrid para evitar problemas y no volvió a presentarse en la compañía ferroviaria, donde permanecerían quienes le delataron. Tras algunas diligencias fallidas, el 8 de abril de 1943 los militares le localizan en Bermeo y cuatro meses después el izquierdista firma la recepción de la nueva condena, que le permitía seguir en libertad provisional. Su versión es que fue desterrado a la localidad vizcaína, donde trabajó como marinero (Gómez y Patiño, 1999: 478). El problema es que, de ser así, parece improbable que le intentaran localizar durante varias semanas.

A partir de este momento sabemos que Julián Fernando Fernández Revuelta volvió a ser procesado mientras trabajaba en Barcelona como corrector de estilo al servicio de varias editoriales con el seudónimo de Fernando Platero. En la capital catalana resultó condenado a seis años junto con otros diez detenidos por actividades clandestinas, «una nueva conspiración romántica», que los militares apenas pudieron probar (Tribunal Militar Territorial 3, sumario 73725).

En 1948, cuando fue condenado por segunda vez, Julián Fernando Fernández Revuelta tenía treinta y seis años. La perspectiva de volver a la cárcel debió ser terrorífica. El comunista con aires de aventurero cruzó los Pirineos para trasladarse a París y trabajar en la UNESCO, mientras descargaba naranjas en el mercado cada madrugada. El sueldo como corrector o traductor era escaso. Desde Francia pudo viajar a Guatemala, México y Cuba, donde el periodista colaboró en programas radiofónicos y dirigió la agencia Prensa Latina para terminar como corresponsal de la misma en los Balcanes durante varios años.

Finalmente, el general Franco falleció y Julián Fernando Fernández Revuelta regresó a España como tantos otros exiliados. Aquí pasó los últimos años con una pensión de militar y oficinista depurado. El cronista de guerra de El Socialista que se incorporó a las filas comunistas a mediados de la guerra no figura en los registros de la Fundación Pablo Iglesias. Tampoco en los del archivo histórico del PCE. No obstante, reaparece el 20 de octubre de 1994 con motivo de una entrevista testimonial acerca de Miguel Hernández: «Le teníamos mucho cariño. Era un hombre respetado y querido que sabía hacerse querer» (Gómez y Patiño, 1999: 477). También un represaliado cuya nombradía nos ha permitido trazar unos apuntes acerca de una biografía hasta ahora inédita. Fernando F. Revuelta ya tiene un relato, aunque sea fragmentario.

IV Congreso Internacional Literatura y franquismo

 Imagen de mi intervención junto con el profesor Diego Santos

José María Pou cuando recibió el premio José Estruch a la mejor interpretación de la anterior temporada me comento que, a sus ochenta años y después de más de medio siglo en los escenarios, era consciente de que había llegado el momento de cerrar puertas y ventanas. La frase quedó en mi memoria porque, con una sencilla imagen, sintetizaba la inevitable despedida en cualquier actividad.

Yo también he empezado a cerrar puertas y ventanas como catedrático en activo. Siempre he rechazado la actitud de los colegas aferrados hasta el último día a sus cargos o participando en cualquier actividad como si no hubiera un mañana. Semejante protagonismo suele ser un indicio de la negativa a dar el relevo, una circunstancia que no se estudia, pero nos define.

Esta semana he participado en uno de los últimos congresos a los que asistiré como investigador en activo. Los primeros tuvieron lugar en los años ochenta y, a estas alturas, son muchos los acumulados en una trayectoria donde esta actividad resulta imprescindible.

Los profesores Fernando Larraz y Diego Santos, de la Universidad de Alcalá, me invitaron a dar una ponencia plenaria en el IV Congreso Internacional Literatura y franquismo: Ortodoxias y heterodoxias. Acepté encantado porque la ocasión me permitía hacer un balance del trabajo desarrollado en torno a los consejos de guerra de periodistas y escritores durante el período 1939-1945 y, al mismo tiempo, contactar con la reciente promoción de investigadores de la literatura durante el período franquista.

Ambos propósitos se cumplieron. De regreso a casa, tengo una lista de nuevos contactos, proyectos en los que colaboraré y, claro está, gestiones donde mi firma tal vez facilite la consecución de los objetivos (tribunales, informes, tesis, convenios…). La tarea me ocupará meses, pero la haré con agrado porque es una manera de ayudar a los jóvenes investigadores, dar el citado relevo y cerrar las puertas o las ventanas poniendo el protagonismo al servicio de los compañeros.

No obstante, y después de tantos congresos, el pasado jueves tuve una experiencia inédita. Al finalizar la ponencia, donde expliqué la tarea desarrollada en torno a los consejos de guerra como respuesta a quienes han intentado censurarla por distintas vías, incluida la descalificación profesional, los asistentes no solo aplaudieron, sino que se pusieron en pie para hacerlo como sucede en los teatros cuando una representación gusta mucho al público.

Los casi cien investigadores me dieron así una muestra de solidaridad que se suma a otras ya recibidas, pero con la novedad del directo, que convierte cualquier acto en un motivo de emoción. La sentí como nunca cuando vi la respuesta de los compañeros, que así agradecieron una lucha por la libertad de expresión y de cátedra compartida con la totalidad de quienes nos dedicamos a esta tarea.

El resultado de la ponencia fueron dos invitaciones de otras tantas editoriales para colaborar en sus catálogos, ofertas de participación en distintos proyectos, contactos para asesorar investigaciones…, pero sobre todo mucha solidaridad porque nadie, absolutamente nadie, comprende un acoso de seis años por realizar el trabajo que me corresponde como catedrático.

Ya de regreso en casa, y con nuevos sumarios por analizar remitidos por el Archivo General e Histórico de Defensa, me siento con energías renovadas y la confianza de que, puestos a cerrar las puertas y las ventanas de la actividad profesional, cuento con la solidaridad de quienes con sus investigaciones me enseñan a valorar aspectos inéditos de la cultura franquista. Nuestra labor pronto empezará a quedar obsoleta frente a la protagonizada por la nueva hornada de historiadores. Así, con la normalidad que debemos asumir, se habrá completado una cadena donde solo somos un eslabón. No hace falta ser un Antonio Machado para comprenderlo y actuar en consecuencia.

El poemario de un maestro encarcelado

 Víctor Pérez y Pérez

La experiencia más satisfactoria de estos años dedicados al estudio de los consejos de guerra de periodistas y escritores ha sido el encuentro con los descendientes de las víctimas. De hecho, el proyecto surgió de una entrevista con el abogado Diego San José, que me facilitó digitalizado el legado de su abuelo para que lo estudiara y difundiera. Así se hizo desde 2015 y, actualmente, el madrileño es un autor accesible para cualquier interesado en la historia literaria y periodística de su época.

A lo largo de estos años, los encuentros con los familiares se han ido sucediendo. A veces para pedirles datos o documentos. Otras con el deseo de contrastar la documentación localizada. Y, en algunas ocasiones, hasta para descubrirles facetas insospechadas de sus familiares. Las experiencias han sido diversas, pero siempre gratas y presididas por el deseo de recordar a quienes durante décadas estuvieron sometidos al silencio,

En este marco, el pasado mes de septiembre mi colega Fernando Miguel Pérez Herranz me mandó un ejemplar dedicado de una reciente edición del poemario de su abuelo titulado Gota a gota (1936-1938), editado con esmero por Páramo y con una excelente introducción de quien no solo recuerda al familiar, sino que también estudia su poesía con solvencia filológica.

El abulense Víctor Pérez y Pérez (1891-1963) fue uno de los muchos «maestros de la República», cuyo apostolado llegó hasta los más recónditos pueblos de la geografía española para alumbrar una modernidad y un espíritu de convivencia que parecían imposibles en unas estructuras sociales presididas por el caciquismo y el más rancio oscurantismo. Así lo hizo Víctor junto con su esposa Teófila, también «maestra nacional». Llegada la Guerra Civil, o (In)civil como escribe con acierto su nieto, ambos pagaron las consecuencias porque nunca debemos olvidar el sufrimiento de quienes vieron encarcelados a sus familiares.

El maestro fue apresado el 25 de agosto de 1936 por los sublevados contra la II República y pasó dos años en la cárcel sin mediar otra acusación que no fuera su condición de maestro republicano. Durante este período de reclusión, con momentos en los que temió por su vida, Víctor Pérez y Pérez fue escribiendo este poema «gota a gota», con la voluntad de «hacer palabra, escritura, lenguaje, esa experiencia del dolor, porque es la única tabla de salvación a la que el apresado puede agarrarse» (p. 13), según indica su nieto.

El sencillo poemario, en la popular línea del extremeño José M.ª Gabriel y Galán, nos remite a esa experiencia del dolor, pero siempre con una mirada serena y ajena a cualquier rencor. La agradecemos y nos emociona, como esas cartas dirigidas a la esposa en las que ajusta las cuentas domésticas, hasta la última peseta con una honestidad ejemplar, para evitar problemas a la familia cuando temía por su propia vida.

Afortunadamente, Víctor Pérez y Pérez no corrió la dramática suerte de tantos maestros procesados, depurados y hasta fusilados. El natural de Casas del Abab, un anexo del concejo abulense de Umbrías, pudo reincorporarse a la docencia para ejercerla en Navalmoral de la Sierra y El Barco de Ávila hasta su jubilación.

En esos pueblos, don Víctor tendría que olvidar lo enseñado durante la II República y explicar la doctrina del nacionalcatolicismo. La experiencia sería dura para un hombre de talante liberal, pero no me cabe la menor duda de que, por encima de cualquier retórica propagandística, prevalecería el sentido humanista heredado de la Institución Libre de Enseñanza y presente en el Juan de Mairena de Antonio Machado. Su alumnado, al cabo del tiempo, comprendería que en los años más oscuros tuvo la oportunidad de conocer una voz diferente, que era el eco de un tiempo donde la libertad y la convivencia fueron posibles.

Kafka en la jurisdicción militar de la Victoria

 Sumario 128.351 del AGHD

El periodista José de la Flor Ruiz no ha pasado a los anales de la historia por su trabajo durante el período republicano, cuando dirigió el Noticiero sevillano hasta su desaparición en 1933 y se trasladó a la capital para incorporarse a Diario de Madrid, pasando después como redactor a Ahora. Desde febrero de 1937 trabajó como confeccionador en Política, el órgano de Izquierda Republicana, y allí permaneció sin demasiado protagonismo hasta la finalización de la Guerra Civil.

José de la Flor Ruiz andaba cerca de los cincuenta años, era padre de cinco hijos y, dada la modestia de su labor periodística en periódicos republicanos, consideró que ante los vencedores prevalecería su condición de «hombre de orden» que había dirigido una publicación derechista en Sevilla.

Las primeras semanas de la Victoria parecieron darle la razón. El periodista permaneció algunos días en la pensión donde vivía a la espera de trasladar a su familia, refugiada en Denia durante la guerra, a Sevilla y buscar un futuro profesional. Mientras tanto, José de la Flor Ruiz tuvo la precaución de poner tierra por en medio y buscar una casa en Villalba del Rey para vivir con su esposa y cinco hijos. El periodista afrontaba la situación de paro forzoso gracias a la ayuda de un hermano, que le hacía periódicas transferencias.

Al parecer, y por razones difíciles de entender, el sevillano debía trasladarse a la localidad de Huete para hacer efectivas esas transferencias. Allí, el 27 de mayo de 1939 fue detenido por un falangista que conocía su condición de periodista y, sin mediar un interrogatorio, le trasladaron a la cárcel de la citada localidad conquense. El destino de las quinientas pesetas procedentes del hermano es un misterio a la luz del sumario 128351 del AGHD.

El 9 de enero de 1940, el sevillano fue trasladado a Uclés, también en la provincia de Cuenca. El centro penitenciario sería uno de los improvisados por entonces para acoger la avalancha de prisioneros republicanos y allí, con la excepción de un aislado interrogatorio, el periodista pasó meses y meses sin tener conocimiento de su procesamiento.

El 9 de noviembre de 1941, treinta meses después de su detención, el juzgado militar de Huete comunicó a la auditoría que el sumario del periodista había sido elevado a plenarios. El traslado de lo instruido al tribunal debió ser caótico. Al cabo de los años nadie sabía el número del sumario o la pena dictada. Ni siquiera si se había celebrado el correspondiente consejo de guerra. José de la Flor Ruiz era un prisionero que, desde el punto de vista documental, había quedado en el limbo.

El 22 de enero de 1942, sin la correspondiente documentación, le trasladaron al penal de Ocaña y, con un paso intermedio por la cárcel de Porlier, el periodista acabó en la de Santa Rita el 4 de marzo del citado año. Al menos, estaba en el limbo, pero en la capital y preso poco después en la prisión provincial de Madrid. Los responsables de las diferentes instituciones penitenciarias indagaron acerca del procesamiento sin aclarar la situación del procesado. En definitiva, el sevillano siguió en el limbo del silencio administrativo.

Camino del sexto año en las cárceles de la Victoria sin haber sido procesado, José de la Flor Ruiz el 28 de noviembre de 1944 se dirige por carta al capitán general de la I Región Militar. El motivo es comprensible: «desde la fecha en que fue detenido hasta hoy han transcurrido sesenta y seis meses sin que el compareciente haya sido juzgado ni sepa a disposición de qué autoridad se encuentra».

El capitán general dio traslado de la carta al auditor, quien el 15 de febrero de 1945 ordenó instruir «diligencias previas» (sic) «en averiguación de la situación de dicho recluso, al no haber sido localizado el procedimiento en el que fue encartado». El sumario 128351 del AGHD es el resultado de esta labor donde nunca hubo una justificación o una disculpa por un encarcelamiento de casi seis años sin mediar un «procedimiento».

El teniente coronel Pedro de Llorente Miralles fue el instructor como titular del Juzgado Militar Permanente n.º 22. La Dirección General de Seguridad le remite un informe sobre el sevillano fechado el 3 de marzo de 1945. La policía también iba a ciegas en este caso: «Se tienen referencias no confirmadas de que a la terminación de la pasada campaña fue detenido, juzgado y condenado a la última pena por hechos ocurridos en Denia (Alicante), donde tenía evacuada a su esposa y tres hijos menores».

Al margen de que sería notable la desaparición de la documentación relacionada con una condena a muerte, es cierto que la esposa e hijos estuvieron en la localidad alicantina (CDMH, PS-Madrid, 2522.121). Sin embargo, no me constan esos «hechos ocurridos» y la detención tuvo lugar en Huete, mientras que la familia residía en Villalba del Rey.

El instructor debió hacer caso omiso de lo apuntado por la DGS en relación con la supuesta condena a muerte y prestaría más atención a los testimonios de quienes declararon a favor de José de la Flor Ruiz. Todos le consideraron como «una persona de orden», de ideología derechista y sin peligro para el Glorioso Movimiento Nacional.

El 16 de abril de 1945, el periodista se dirige al instructor «en súplica de que le sea concedida la libertad o en caso contrario sea juzgado por los tribunales competentes». El teniente coronel Pedro de Llorente Miralles no contestó al sevillano, pero trasladó la petición al auditor.

Sin mediar explicaciones, ni mucho menos un reconocimiento del error cometido para facilitar una compensación, el 22 de mayo de 1945 el auditor concede la libertad a quien fuera detenido el 27 de mayo de 1939. El 1 de junio de 1945, al cabo de seis años, José de la Flor Ruiz fue excarcelado y pudo reencontrarse con su esposa e hijos. Por entonces, ya había cumplido los cincuenta años y, después de la experiencia penitenciaria, dudo que disfrutara de una salud para afrontar el futuro.

Kafka recurrió a la imaginación para concebir situaciones kafkianas todavía inquietantes. Los historiadores de lo sucedido en la jurisdicción militar de la Victoria, que no la posguerra, sabemos que para encontrarlas no hace falta recurrir a castillos o conversiones monstruosas. Los sumarios prueban que todo era posible gracias a la mediocridad añadida a la violencia.

El sumario colectivo de los periodistas alicantinos

 José M.ª Ruiz Pérez-Águila es el segundo por la izquierda en la fila de quienes están de pie. Concejales del Ayuntamiento de Alicante en 1931

La venganza es una constante entre las denuncias presentadas en los juzgados militares durante la Victoria. Los historiadores han puesto de relieve esta circunstancia como uno de los motores de la represión, pero en paralelo tal vez no se haya prestado la debida atención a un conjunto de denuncias cuyo origen radica en el temor a sufrir esa misma represión, tal y como vimos en el caso del poeta Rafael González Castells (véase su ficha en consejosdeguerra.es).

El abogado, político y publicista José M.ª Ruiz Pérez-Águila (1905-1982) fue «fluctuante» en su militancia. Según explica mi colega Francisco Moreno Sáez en el perfil biográfico del Archivo de la Democracia (UA) que le sitúa «entre dos fuegos», a principios de la etapa republicana el citado torrevejense presidió en Alicante la Juventud Republicana Radical. En abril de 1931, figuró en la lista municipal de la Conjunción Republicano-Socialista y salió elegido concejal de la capital, mientras colaboraba en los periódicos Rebeldía y Diario de Alicante.

José M.ª Ruiz Pérez-Águila ejercía por entonces de furibundo anticlerical a tenor de algunas de sus propuestas en el consistorio municipal, pero a partir de 1933 viró hacia la derecha y salió elegido diputado por el Bloque Agrario Antimarxista. Esta evolución le llevó a ser uno de los fundadores en Alicante del Partido Republicano Independiente que encabezaba Joaquín Chapaprieta y poner al servicio del mismo su trabajo como director del Diario de Alicante, puesto que ocupaba el 18 de julio de 1936.

El apoyo de José M.ª Ruiz Pérez-Águila al golpe de Estado provocó su marginación en un periódico incautado por orden del gobernador civil Valdés Casas, la detención una semana después y el ingreso en el Reformatorio de Alicante, de donde salió el 11 de octubre de 1937. El resto de la guerra lo pasó en diversos campos de trabajo hasta que el 28 de marzo de 1939 le liberaron en la localidad toledana de Ciruelos. El currículo como víctima de los republicanos superaba al de muchos de los vencedores que permanecieron en la capital levantina.

Ya de regreso en Alicante, donde estaba casado con una hija de los condes de Altea, José M.ª Ruiz Pérez-Águila se presentó como un «camisa vieja», pero tuvo bastantes problemas con los vencedores. El 8 de mayo de 1939 un juzgado le instruyó un sumario por incendio y, por otra parte, el abogado fue llevado a comisaría por los jóvenes falangistas Juan Carreras Barceló y Mariano Soriano Lozano. Le acusaban de «ser [un] conocido extremista», además de «agitador y promotor del asalto a los conventos de religiosos en mayo de 1931». Otros testimonios recopilados por Francisco Moreno Sáez apuntan en la misma dirección.

El Servicio de Información e Investigación de FET y las JONS de Alicante envió un informe, fechado el 9-V-1939, al juez militar encargado de examinar la denuncia de los citados falangistas. El mismo le considera «incendiario e indeseable en todos los órdenes» habiendo militado en diferentes partidos en búsqueda de «un mayor beneficio para sus intereses y su posición política». El informe se resumía así: «Conceptuación policial: indeseable. Conceptuación religiosa: ateo. Conceptuación de su vida pública: hombre exaltado y de pocos escrúpulos. Conceptuación de su vida privada: deja mucho que desear. Posición económica: la de su posición [sic]».

José M.ª Ruiz Pérez-Águila rebatió las acusaciones de los falangistas y solo se arrepintió del «entusiasmo republicano» que a tantos «españoles de buena fe» engañó antes del advenimiento de la II República. Los datos aportados por Francisco Moreno Sáez prueban que semejante entusiasmo perduró hasta 1933.

El 9 de junio de 1939, el abogado salió del Reformatorio de Alicante, aunque sus problemas con los vencedores continuarían hasta 1955, pasando por un confinamiento en 1942 y un expediente en el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. No en balde, la Guardia Civil en 1942 le conceptuaba como «izquierdista recalcitrante, ateo, posible masón y no desafecto, sino enemigo acérrimo de la Causa Nacional».

La sorpresa, tal y como le comenté a Francisco Moreno Sáez, llegó al consultar el sumario 871 del AGHD, donde el supuesto camisa vieja José M.ª Ruiz Pérez-Águila figura como denunciante de veintiséis personas relacionadas con la prensa local durante la Guerra Civil.

El 14 de abril de 1939, cuando ya podía prever los problemas arriba indicados, el abogado redactó un escrito «contra el director propietario de un periódico de la localidad y otros significados izquierdistas». Una semana después el documento constaba en el Juzgado Permanente del Ayuntamiento de Alicante y su titular inició la instrucción de un sumario donde aparecen como procesados algunos periodistas ya fallecidos, otros en el exilio y varios sin localizar a pesar de las requisitorias publicadas.

Justo Sansano Benisa, poeta y periodista

Esta nómina no debería sorprender. Lo peculiar del caso radica en que entre los procesados figuran destacados vencedores de la guerra, incluso falangistas con cargos de relieve. José M.ª Ruiz Pérez-Águila denuncia al periodista y escritor Justo Sansano Benisa (1887-1955), que poco después sería delegado provincial de Prensa y Propaganda, a su hijo Juan Sansano Torregrosa, que en 1937 se había pasado a los sublevados para participar en el envío de armamento desde Alemania a los nacionales, y otros periodistas y escritores cuya afiliación republicana supone una incógnita.

La denuncia, utilizada como recurso para defenderse de aquellas que le podían caer por su pasado republicano, provocó una reacción entre los vencedores que se vieron en arresto domiciliario tras pasar unos días en la cárcel. El sumario incluye numerosos avales en su defensa, algunos procedentes de las autoridades y todos coincidentes en su adhesión al Glorioso Movimiento Nacional.

Tras quedar sobreseída la causa contra la mayoría de los denunciados, el consejo de guerra celebrado el 2 de enero de 1940 solo condenó a seis años a dos colaboradores de la prensa local con militancia izquierdista: Emilio Claramunt López y Ernesto Cantó Soler. Los restantes veinticuatro, incluidos los destacados falangistas, respiraron tranquilos mientras veían al denunciante en el Reformatorio o en arresto domiciliario a la espera de un confinamiento.

El fluctuante José M.ª Ruiz Pérez-Águila perdió la partida porque no midió bien sus fuerzas a la hora de presentar una denuncia para, supongo, resguardarse de los problemas con los vencedores que no le admitieron entre los suyos. La historia se repite en otros casos estudiados en consejosdeguerra.es. Lo sorprendente -por la irregularidad jurídica que supone- radica en que el sumario 871 nunca indica que el denunciante fuera un denunciado sometido a otro expediente judicial a causa de una denuncia presentada por correligionarios de los denunciados. Así, con semejante lógica, funcionaba el aparato represivo montado en torno a los juzgados militares. Ni siquiera los «camisas viejas» estaban a salvo, aunque callaron para no cuestionar el Glorioso Movimiento Nacional.

PD. La Asociación de Historia Contemporánea esta semana ha publicado un comunicado en relación con los procesos judiciales en los que están inmersos algunos de mis trabajos: https://ahistcon.org/. La solidaridad de mis compañeros siempre es un motivo de ánimo y agradecimiento que me ayuda a continuar con mi labor.

Por otra parte, el Patrimonio Cultural de Defensa me ha comunicado su voluntad de colaborar en la web https://consejosdeguerra.es/consejosdeguerra.es con la aportación de los sumarios de los periodistas y escritores que se encuentran en la Biblioteca Virtual de Defensa: https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/inicio/inicio.do. En próximas entradas daremos cuenta de estas aportaciones.

Los periodistas en la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD)

 Antonio Otero Seco

La perspectiva de una victoria aliada en la II Guerra Mundial alentó movimientos políticos en el interior de España y el exilio republicano. Todos los protagonistas, desde la oposición clandestina hasta la cúpula militar, querían posicionarse ante un desenlace bélico capaz de alterar la estabilidad de la dictadura. Unos ilusionados y otros temerosos, desde finales de 1944 movieron fichas para buscar una salida favorable a sus intereses.

En este contexto, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD) quedó constituida en octubre de 1944. Los republicanos, socialistas y libertarios del interior aunaron fuerzas para entablar contactos con los monárquicos y algunos representantes de la cúpula militar. El objetivo era aprovechar la presión de los aliados para restablecer la democracia, aunque por el camino debieran renunciar al régimen republicano y aislar a los comunistas de la Unión Nacional Española, que optaba por la vía armada con el apoyo -nunca concretado- de los vencedores de la II Guerra Mundial[1].

Los movimientos clandestinos de la ANFD pronto quedaron abortados por la policía franquista. A finales de 1944 se sucedieron las detenciones en Madrid, que no afectaron a los monárquicos y militares implicados en la trama. La plataforma unitaria quedó desarticulada. Fruto de esta acción policial fue la instrucción del sumario 129173 del AGHD, que correspondió a un juzgado especial donde el general Pedro Díez de Rivera ejerció de titular.

Sumario 129173 del AGHD

La lista de los procesados es extensa e incluye a dos republicanos cuyos sumarios han sido objeto de estudio en la trilogía dedicada a los consejos de guerra de periodistas y escritores: Antonio Otero Seco, que a sus treinta y nueve años aparece como empleado domiciliado en la calle Cáceres, y Natividad Adalia Cardillo, periodista vinculado al Partido Sindicalista que por entonces contaba con cuarenta y un años (véanse las correspondientes fichas en consejosdeguerra.es).

Ambos habían sido condenados por adhesión a la rebelión militar, así como José Carreño España, un destacado militante de Izquierda Republicana que, entre otros cargos, durante la guerra ocupó el de responsable de Prensa y Propaganda de la Junta Delegada de Defensa (véase la entrada del 21-XI-2024 en este blog). El veterano republicano, por sus antecedentes y una más decisiva participación en la ANFD, corrió la peor suerte en el sumario 129173.

Natividad Adalia, en el centro con los brazos cruzados, junto con otros militantes del Partido Sindicalista de Ángel Pestaña

El 24 de marzo de 1945 tiene lugar la declaración de Natividad Adalia Cardillo. A preguntas del instructor acerca de su relación con la ANFD, el sindicalista amigo de Ángel M.ª de Lera niega cualquier vínculo con la plataforma unitaria, aunque reconoce haber mantenido reuniones con José Carreño España en noviembre de 1944. Los instructores nunca probaron el citado vínculo y el director de El Sindicalista pronto sería excarcelado. Lo significativo de la declaración, que corrobora la voluntad del periodista de contactar con los franquistas a finales de la guerra, es la postura ante el desenlace de la II Guerra Mundial. Natividad Adalia Cardillo aboga por una transición presidida por Juan de Borbón en el caso de que Alemania sucumbiera. Quien terminara en la CNT, junto con otros «anarcomonárquicos» (Ángel Herrerín López), también era partidario de colaborar con representantes del Glorioso Movimiento Nacional para buscar una salida democrática que en algunas declaraciones del sumario se vislumbra con la participación del general Franco.

El 28 de marzo de 1945, tiene lugar la declaración de Antonio Otero Seco, que por entonces se encontraba en libertad después de haber sido condenado a treinta años que fueron conmutados por cuatro según el sumario. Los instructores solo le preguntan por su relación con José Carreño España. El escritor reconoce haber mantenido reuniones con el dirigente de Izquierda Republicana, aunque para abordar cuestiones ajenas a la ANFD. La falta de pruebas en este sentido posibilitó una pronta excarcelación.

El 30 de marzo de 1945, los instructores celebran un careo entre Antonio Otero Seco y José Carreño España. Este último asume su responsabilidad en las tareas de la ANFD y niega la participación del extremeño en la redacción del manifiesto de la alianza, que actualmente se puede consultar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Antonio Otero Seco sale de la cárcel el 3 de abril de 1945, aunque con la obligación de presentarse en el juzgado especial del general Pedro Díez de Rivera. La excarcelación definitiva le llegaría el 23 de mayo por orden del auditor general, que extendió la medida a Natividad Adalia Cardillo. Ambos quedaron excluidos de una instrucción iniciada el 28 de febrero y finalizada el 15 de enero de 1946. El instructor concluye que los procesados, con la previa exclusión de los monárquicos y militares, pretendían «un cambio de régimen». El mismo, «según se desprende de las diferentes publicaciones [intervenidas], querían [que] fuese pacífico y, a ser posible, de acuerdo con SE el Jefe del Estado para evitar el caos comunista».

El consejo de guerra presidido por el teniente coronel José González Esteban tuvo lugar el 9 de enero de 1947. José Carreño España, condenado a treinta años, ahora -por pretender «un cambio de régimen»- solo recibió una nueva condena a otros cuatro. La inversión en una violencia extrema durante la Victoria ya estaba consolidada y tampoco era preciso excederse en las nuevas condenas.

Antonio Otero Seco partió poco después a un exilio en Francia donde ejerció como profesor. Natividad Adalia Cardillo prosiguió en España vinculado con el movimiento libertario, siempre buscando la manera de pactar con el sindicato vertical del régimen. Queda la incógnita de Enrique Meneses Puertas (1894-1987), un republicano probablemente condenado a muerte y de apasionante trayectoria biográfica que durante la instrucción del sumario 129173 aparece como periodista -dirigió la revista Cosmópolis- y fue finalmente absuelto en la sentencia del 9 de enero de 1947. El dato, y la memoria no menos apasionante de su hijo, el reportero Enrique Meneses Miniaty, nos obliga a buscar el posible sumario, que no se encuentra en el AGHD, y documentar su tarea como periodista represaliado.

[1] Véanse Enrique Marco Nadal, Todos contra Franco: la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, 1944-1947, Madrid, Queimada, 1982; Hartmut Heine, La oposición política al franquismo, Barcelona, Crítica, 1983 y Ángel Herrerín López, «Los anarcomonárquicos. La opción monárquica en la CNT», Historia y Política, n.º 11 (2004), pp. 199-222.