El segundo volumen dedicado a los consejos de guerra de periodistas y escritores ya está casi terminado a la espera de iniciar el largo proceso para su aprobación y, en su caso, posterior publicación. La investigación me ha permitido entrar en contacto con entidades como la SGAE y periódicos como ABC. Sus responsables se han mostrado interesados en conocer lo sucedido con los consejos de guerra protagonizados por los autores de la misma o los redactores de la citada cabecera. Fruto de ese interés es el artículo que Israel Viana hoy publica en ABC:
Israel Viana ha partido del texto que le remití con el borrador del capítulo dedicado al consejo de guerra donde fueron condenados cuatro periodistas vinculados con ABC y una entrevista por teléfono. Al final, se ha deslizado una imprecisión cuando me refiero a los alféreces. En realidad estoy hablando de los secretarios instructores. Es cierto que, a menudo, este cargo lo ocupaban alféreces con estudios universitarios, pero a lo largo de la investigación también he visto actuar como secretarios a tenientes, sargentos, cabos e, incluso, soldados. De la misma forma, en este sumario quien actúa de juez instructor es el secretario de otros instruidos en el propio Juzgado Militar de Prensa.
El borrador del capítulo tiene unos treinta folios donde detallo con la mayor precisión posible los pasos dados en este consejo de guerra cuyo sumario fue instruido en el Juzgado Militar de Prensa. La forzosa síntesis en un par de folios, como máximo, deja fuera numerosos detalles y siempre corre el riesgo de las imprecisiones. No obstante, lo fundamental queda resaltado porque le transmití al periodista la ausencia de garantías jurídicas de estos procesos cuyas sentencias son nulas desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Si algún lector necesita más información al respecto, pongo a su disposición el correspondiente archivo con el texto del capítulo y, como siempre, quedo a la espera de cualquier información que pudiera completar o matizar mi trabajo.
El titular está sacado de la conversación telefónica y queda matizado en el propio texto del artículo. Las condenas a muerte en serie se podían dictar en un tiempo breve que no necesariamente sería media hora. A menudo, en sumarios colectivos la vista previa y el plenario coincidían en el mismo día. Si tenemos en cuenta que, por los testimonios orales, las sesiones eran matinales o vespertinas, podemos suponer que la deliberación del tribunal no iría más allá de una hora de esa mañana o tarde donde se había celebrado la vista previa y el propio consejo de guerra. El caso de Miguel Hernández ejemplifica esta situación y hasta conocemos algunos pormenores de sus prisas gracias al testimonio de Eduardo de Guzmán.
Si el titular puede resultar un tanto llamativo por inexacto, conviene recordar algún ejemplo concreto. En el sumario 48310 del AGHD, el 5 de abril de 1940 el comandante Pablo Alfaro Alfaro señaló la vista previa para el día siguiente. En la misma se pidieron penas de muerte para el periodista Enrique Peinador Porrúa y más de cincuenta procesados. El consejo de guerra se celebró en una sesión única el 8 de abril de 1940 y la sentencia estableció cincuenta y cuatro penas de muerte. Cinco días después, el auditor ratificó la sentencia y el 27 de abril de 1940 fueron fusilados Benigno Mancebo Martín, Arturo Ledesma Sánchez, Agustín Aliaga de Miguel, José Delgado Prieto, Manuel Ramos Martínez, Fernando García Peña, Virgilio Escámez Mancebo, Leopoldo Carrillo Gómez, Juan Fidel Losa Petite, José Mª. Ovejero de Gante, Eloy de la Figuera González, Argimiro Giménez Hernández, Ángel del Río Herrera, Félix Huerto Tabernero, Federico Pérez Díaz, Mariano Cabo Pérez, Alberto Uriarte Presilla, Guillermo Fillola González, Luis Vázquez Tellez, Joaquín Valentín Pastrana, José Jurado Plaza, Mariano Albert Reigada, Mateo Castañar Canales, Salvador Aguado Cordón, José Sánchez Macías, Damián Sánchez Salguero, Juan de Dios Ríos Rosas, Antonio Ariño Ramis, Eleuterio Muñoz Alonso, Avelino Cabrejes Platero, Nicolás Hernández Macías, Cristóbal Pérez Cáceres, Juan Vera Vega, Juan Bernardo Martín, Juan de Dios García Paulino, Anastasio Fernández Moreno, Manuel Corchado Durán, Gonzalo Suárez Molino, Daniel Cuesta Cadalso, Florentino Gallastegui Gandarias, Pablo Gallastegui Gandarias, Luis García Llopis y Pablo Andújar García.
Si pongo los nombres de los fusilados y no la cifra total es por una simple cuestión de respeto a la memoria de estas personas, aquel que no tendría un tribunal capaz de dictar tantas sentencias de muerte en una misma mañana. Por cierto, el joven periodista y abogado Enrique Peinador Porrúa también fue fusilado. La acusación es una suma de contradicciones y falsedades, pero con las prisas nada se tuvo en cuenta. La historia, con todos los detalles, aparecerá en el segundo volumen de la trilogía dedicada a los consejos de guerra de periodistas y escritores.
Agradezco enormemente todos tus trabajos sobre la represión franquista. Si fue ejemplarizante con los redactores y colaboradores de Prensa Española, en mucha mayor medida lo fue con sus obreros y trabajadores que continuaron al servicio del ABC y Blanco y Negro republicanos. Cruzando los datos del informe detalladísimo que Tomás García Escudero remite, por Prensa Española, en 1940, a la causa general, y las ejecuciones en el cementerio del Este, fueron ejecutados por el franquismo seis trabajadores de dicha empresa: Manuel Fernández Torija (además, miembro del Consejo Obrero de Prensa Española), Antonio Fuertes Moreno Peñuelas (fotograbador), Faustino González Fernández (cierre y reparto), Francisco Juan López Martínez (huecograbador), Ramón Rodríguez Gómez (administración), y Antonio Sanz Sánchez (varios). Un séptimo, el cerrador Eduardo Villegas, fue condenado a muerte, aunque la sentencia no fuera ejecutada. El tributo que pagaron otros fue enorme: Félix Poza Pozo y Ángel Naranjo Sánchez-Pardo (decisivos en la incautación de la empresa, como también lo fue el administrador del diario "republicano", Francisco Lamoneda Gámez), murieron en combate. El propio Lamoneda, condenado a 30 años de prisión, y otros 47 trabajadores del viejo órgano monárquico, pasaron por el tribunal territorial nº 1, con condenas que desconozco, por no haber estudiado sus consejos de guerra. No menos de uno de cada cinco trabajadores del ABC republicano pasarían por las cárceles franquistas.
ResponderEliminarInjustamente olvidaba a un tercer obrero de ABC muerto en guerra, Manuel Muñoz Pérez, cajista, fallecido en 1938 en el frente de Levante, según detallaba el único número editado de La Fracción Socialista de Prensa Española.
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