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domingo, 1 de junio de 2025

El sumario del «comité rojo de ABC»

 


Portadas del ABC incautado y publicado en Madrid durante la Guerra Civil


El 26 de mayo de 1939, el mecánico Francisco Gallego Cano denuncia en el Juzgado de la Causa General de Madrid que su hijo Francisco, empleado de Prensa Española, estuvo escondido en su domicilio de la calle Fuencarral, n.º 30, por ser militante de Renovación Española. Allí, concretamente el 14 de agosto de 1936, fue localizado y detenido por unos milicianos de la FAI junto con un policía. El joven, que había formado parte de las milicias de la citada organización derechista, fue conducido a la comisaría de Buenavista, la Dirección General de Seguridad y, finalmente, a la cárcel de Las Ventas para terminar apareciendo su cadáver en una cuneta de la carretera de Andalucía. El padre sospecha que los responsables del asesinato son los miembros del «comité rojo de ABC», pero desconoce sus nombres y pide a la autoridad militar que abra la correspondiente investigación para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades (AGHD, 113451).

El texto abajo enlazado con su publicación en el Repositorio de la Universidad de Alicante es el borrador del capítulo dedicado a este episodio en La colmena, el tercer volumen de la trilogía sobre los consejos de guerra de periodistas y escritores durante el período 1939-1945. La publicación del mismo tendrá lugar en 2026. Mientras tanto, quedo a la espera de posibles observaciones de los colegas que investigan los temas relacionados con la represión a lo largo del citado período. La historia es una tarea colectiva y en permanente construcción:

http://hdl.handle.net/10045/154146



martes, 27 de mayo de 2025

El sumario de Corinto y Oro


 

El abulense Maximiliano Clavo de Santos (1879-1955), conocido en el mundo de los toros como Corinto y Oro porque obvió el atractivo de sus propios apellidos, ha pasado a los anales de lo menudo como crítico taurino, periodista, comediógrafo y charlista capaz de entretener al personal con el relato de las corridas más célebres (Heraldo de Madrid, 22-I-1936). La imagen pública de quien editara diversos tomos de temática taurina y en compañía de Francisco Serrano Anguita estrenara obras como La alegría de los otros, Corte y cortijo y Los sucesos de Madrid parece alejada de la órbita marxista, máxime después de verle en las redacciones de El Alcázar y Pueblo durante los años cuarenta, cuando utilizaba el seudónimo Un abonado de ayer para terminar de difuminar su pasado.

Sin embargo, Maximiliano Clavo de Santos desde 1932 fue miembro de la Agrupación Profesional de Periodistas, que terminaría adscrita a la UGT, y permaneció en Madrid durante toda la guerra. Su nombre aparece fichado como uno de los redactores del «ABC rojo» (Heraldo de Zamora y El Adelantado de Segovia, 7-VII-1937) y su destino en la capital de la Victoria debía pasar por un sumarísimo de urgencia, aunque fuera en compañía de Amparo, una portera acusada ante las autoridades militares como deslenguada y chivata.

El republicanismo de Maximiliano Clavo de Santos debió ser tibio, pero participó en cuestaciones a favor de las tropas leales (Hoja Oficial del Lunes, 14 y 27-IX-1936). Tras haber colaborado durante su época de gloria en periódicos como El Sol, La Voz y El Globo, el natural de Arévalo entró en la redacción del incautado ABC para ganarse la vida y no pasar demasiadas penurias cuando iba camino de los sesenta años. Incluso publicó con su nombre algunos artículos en Blanco y Negro tras su reaparición en abril de 1938. Ninguna de estas actividades periodísticas o de solidaridad republicana le pasó factura porque su caso, milagrosamente, quedó al margen de la instrucción en el Juzgado Militar de Prensa.

El problema de Maximiliano es que, estando domiciliado en Serrano, 57 como hombre de posibles, cometió el error de asistir a las tertulias que se celebraban en la portería de Serrano, 88, donde Amparo Ramos Sanz y su esposo Patricio Zamora Mateos, ambos porteros con ascendiente en el gremio, al parecer se dedicaban a la denuncia de personas de «probada solvencia moral». Terminada la guerra y restablecida la moralidad, vino la correspondiente denuncia de los denunciados. Así, el crítico taurino fue uno de los procesados de la posguerra (AGHD, 5456) antes de terminar ante el TERMC, donde desconocemos la suerte de los porteros incluidos en el referido sumario.

El 20 de abril de 1939, el auditor Ángel Manzaneque manda instruir el sumario 5456 al Juzgado Militar Permanente n.º 2. Los procesados son porteros, chóferes y sirvientes denunciados por sus señores en la comisaría de Buenavista. A esta lista de doce encausados se suma el periodista por haber asistido a la citada tertulia presidida por doña Amparo, portera de Montesquinza, 6 y mujer de carácter a tenor de sus declaraciones.

El 6 de abril, en la citada comisaría madrileña, Corinto y Oro presta declaración por primera vez. El charlista taurino reconoce haber estado afiliado a Unión Republicana desde 1937 como forma de asegurarse el trabajo en el periódico incautado. También admite haber colaborado en la redacción de ABC como redactor de noticias políticas recabadas en distintos centros oficiales y en el cuartel general de José Miaja, con quien presumía de haber comido en numerosas ocasiones. Ambas circunstancias habrían sido motivo de procesamiento como auxilio a la rebelión en el Juzgado Militar de Prensa, pero Corinto y Oro tuvo la suerte de caer en otro preocupado por las actividades de los porteros, los chóferes y los sirvientes en contra de sus señores. El cronista taurino, tal vez consciente de este empeño, se limitó a negar su participación en las denuncias de personas de derechas y no tuvo inconveniente en reconocer su trabajo en el ABC incautado. Detenido y a los cincuenta y nueve años, pasó a disposición de la autoridad militar, que por entonces buscaba unos alojamientos de consecuencias terroríficas para los encausados de edad avanzada. También para los jóvenes, claro está.

El 17 de abril de 1939 tiene lugar la primera declaración de Corinto y Oro ante el juez instructor. Tras nombrar diversos avalistas, el periodista manifiesta «que no ha hecho información política de ninguna clase». El dato es falso, pero el encausado ya debía estar avisado a diferencia de lo sucedido once días antes. Según su nueva versión, se limitó a recabar noticias en los centros oficiales y, en relación con su afiliación política, señala que solo pretendía no ser molestado «y, además, [lo hizo] porque le obligaron en el periódico». También explica que durante «la dominación roja» y «debido a haber vivido bien», fue acusado de derechista, «habiendo vivido en continua zozobra por su amistad con personas de orden». Estas circunstancias nunca fueron eximentes en el Juzgado Militar de Prensa, pero en el Permanente n.º 2 debió haber instructores más comprensivos con las personas capaces de vivir bien, por sus ingresos económicos, y nadie mandó que un secretario judicial recabara en la hemeroteca las pruebas del auxilio a la rebelión militar.

La declaración del funcionario Manuel M.ª Ruiz Zarco Faro pudo complicar la vida a Corinto y Oro. El 12 de julio de 1939, le incluye entre las personas que participaban en la tertulia de Serrano, 88, la investigada en el sumario. Tampoco le favoreció el informe elaborado por el Servicio de Investigación el 6 de julio de 1939, donde aparece como persona «de ideas izquierdistas» por su relación con IR y UGT. Los investigadores debían pensar que escribir comedias, publicar reseñas taurinas y evocar corridas célebres como charlista no era un trabajo, al menos serio: «Antes del Alzamiento Nacional no trabajaba». Sin embargo, se incorporó al ABC incautado como redactor en el Ayuntamiento de Madrid (Abastecimientos) y en la DGS. Recabado el testimonio anónimo de alguien que le conocería, el informe finaliza indicando que el periodista «se mostraba muy partidario del triunfo de la República».

Los escasos datos recabados durante la instrucción le condujeron a un consejo de guerra en el que Ramón del Orbe, el fiscal, pidió doce años de reclusión mayor. El 4 de diciembre de 1939 el tribunal devolvió el sumario al instructor para que recabara nuevas pruebas. Ninguna de las mismas afectó a Corinto y Oro y, aunque el 8 de marzo de 1940 la fiscalía vuelve a pedir los doce años, el tribunal que le juzgó bajo la presidencia del teniente coronel Pardo Velarde dictó su absolución. La sentencia no considera que haya intervenido en actos delictivos y, si trabajó en ABC, «lo fue solamente para recibir notas en la Delegación de Abastos del Ayuntamiento y otros centros oficiales, que transmitió a dicho periódico sin ningún comentario político ni personal». El 6 de abril de 1940 le comunicaron la absolución, un año después de su detención. El sexagenario salió libre, aunque lo suficientemente espantado como para dejar de ser Corinto y Oro. A partir de entonces, puestos a sobrevivir, había que buscar un nuevo seudónimo taurino.

Una misma actividad podía ser o no motivo de auxilio a la rebelión militar según el juzgado en que cayera el sumario. En el Permanente n.º 2 nadie recaló en la faceta periodística de Maximiliano Clavo de Santos y, lejos de dictar providencias para probarla, hasta le creyeron cuando el encausado alegó ser una especie de recadero. Estas coartadas nunca fueron admitidas en el Juzgado Militar de Prensa, donde cualquier colaboración con las cabeceras republicanas, por muy elemental que hubiera sido, era motivo de un procesamiento por auxilio a la rebelión militar. Corinto y Oro, persona «de orden» que había vivido bien por su desahogada posición económica, tuvo la suerte de no caer en las manos de Manuel Martínez Gargallo, pero pasó un año en la cárcel y terminó procesado por el TERMC porque nadie, absolutamente nadie, de quienes trabajaron en la prensa republicana se libraba de pasar las de Caín en la Victoria. Maximiliano pudo haber dado una charla sobre el tema, pero falleció en 1955 manteniendo un estricto silencio sobre este episodio desconocido hasta el presente.

martes, 9 de abril de 2024

El consejo de guerra del ABC republicano


El segundo volumen dedicado a los consejos de guerra de periodistas y escritores ya está casi terminado a la espera de iniciar el largo proceso para su aprobación y, en su caso, posterior publicación. La investigación me ha permitido entrar en contacto con entidades como la SGAE y periódicos como ABC. Sus responsables se han mostrado interesados en conocer lo sucedido con los consejos de guerra protagonizados por los autores de la misma o los redactores de la citada cabecera. Fruto de ese interés es el artículo que Israel Viana hoy publica en ABC:


Israel Viana ha partido del texto que le remití con el borrador del capítulo dedicado al consejo de guerra donde fueron condenados cuatro periodistas vinculados con ABC y una entrevista por teléfono. Al final, se ha deslizado una imprecisión cuando me refiero a los alféreces. En realidad estoy hablando de los secretarios instructores. Es cierto que, a menudo, este cargo lo ocupaban alféreces con estudios universitarios, pero a lo largo de la investigación también he visto actuar como secretarios a tenientes, sargentos, cabos e, incluso, soldados. De la misma forma, en este sumario quien actúa de juez instructor es el secretario de otros instruidos en el propio Juzgado Militar de Prensa.

El borrador del capítulo tiene unos treinta folios donde detallo con la mayor precisión posible los pasos dados en este consejo de guerra cuyo sumario fue instruido en el Juzgado Militar de Prensa. La forzosa síntesis en un par de folios, como máximo, deja fuera numerosos detalles y siempre corre el riesgo de las imprecisiones. No obstante, lo fundamental queda resaltado porque le transmití al periodista la ausencia de garantías jurídicas de estos procesos cuyas sentencias son nulas desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Si algún lector necesita más información al respecto, pongo a su disposición el correspondiente archivo con el texto del capítulo y, como siempre, quedo a la espera de cualquier información que pudiera completar o matizar mi trabajo.

El titular está sacado de la conversación telefónica y queda matizado en el propio texto del artículo. Las condenas a muerte en serie se podían dictar en un tiempo breve que no necesariamente sería media hora. A menudo, en sumarios colectivos la vista previa y el plenario coincidían en el mismo día. Si tenemos en cuenta que, por los testimonios orales, las sesiones eran matinales o vespertinas, podemos suponer que la deliberación del tribunal no iría más allá de una hora de esa mañana o tarde donde se había celebrado la vista previa y el propio consejo de guerra. El caso de Miguel Hernández ejemplifica esta situación y hasta conocemos algunos pormenores de sus prisas gracias al testimonio de Eduardo de Guzmán.

Si el titular puede resultar un tanto llamativo por inexacto, conviene recordar algún ejemplo concreto. En el sumario 48310 del AGHD, el 5 de abril de 1940 el comandante Pablo Alfaro Alfaro señaló la vista previa para el día siguiente. En la misma se pidieron penas de muerte para el periodista Enrique Peinador Porrúa y más de cincuenta procesados. El consejo de guerra se celebró en una sesión única el 8 de abril de 1940 y la sentencia estableció cincuenta y cuatro penas de muerte. Cinco días después, el auditor ratificó la sentencia y el 27 de abril de 1940 fueron fusilados Benigno Mancebo Martín, Arturo Ledesma Sánchez, Agustín Aliaga de Miguel, José Delgado Prieto, Manuel Ramos Martínez, Fernando García Peña, Virgilio Escámez Mancebo, Leopoldo Carrillo Gómez, Juan Fidel Losa Petite, José Mª. Ovejero de Gante, Eloy de la Figuera González, Argimiro Giménez Hernández, Ángel del Río Herrera, Félix Huerto Tabernero, Federico Pérez Díaz, Mariano Cabo Pérez, Alberto Uriarte Presilla, Guillermo Fillola González, Luis Vázquez Tellez, Joaquín Valentín Pastrana, José Jurado Plaza, Mariano Albert Reigada, Mateo Castañar Canales, Salvador Aguado Cordón, José Sánchez Macías, Damián Sánchez Salguero, Juan de Dios Ríos Rosas, Antonio Ariño Ramis, Eleuterio Muñoz Alonso, Avelino Cabrejes Platero, Nicolás Hernández Macías, Cristóbal Pérez Cáceres, Juan Vera Vega, Juan Bernardo Martín, Juan de Dios García Paulino, Anastasio Fernández Moreno, Manuel Corchado Durán, Gonzalo Suárez Molino, Daniel Cuesta Cadalso, Florentino Gallastegui Gandarias, Pablo Gallastegui Gandarias, Luis García Llopis y Pablo Andújar García.


Si pongo los nombres de los fusilados y no la cifra total es por una simple cuestión de respeto a la memoria de estas personas, aquel que no tendría un tribunal capaz de dictar tantas sentencias de muerte en una misma mañana. Por cierto, el joven periodista y abogado Enrique Peinador Porrúa también fue fusilado. La acusación es una suma de contradicciones y falsedades, pero con las prisas nada se tuvo en cuenta. La historia, con todos los detalles, aparecerá en el segundo volumen de la trilogía dedicada a los consejos de guerra de periodistas y escritores.