Gracias al trabajo de los periodistas Juanlu Sánchez, Marcos García y Alberto Pozas, hoy en El Diario hemos explicado la trascendencia de la sentencia del Tribunal Supremo que niega el derecho al olvido digital al alférez Antonio Luis Baena Tocón, secretario del juzgado que instruyó uno de los sumarios de Miguel Hernández.
Aunque todavía tenemos pendiente una macrocausa en Cádiz, donde nos piden 11.500.000 euros por la supuesta intromisión en el honor del citado oficial, el calvario de insultos, difamaciones y demandas de estos cinco años ha empezado a dar paso a una jurisprudencia que preserva el trabajo de los historiadores frente a las intenciones de quienes quieren construir una historia a su medida. Esa jurisprudencia ya existía en lo fundamental, pero gracias a la cruzada judicial de uno de los herederos del alférez ahora ha quedado reforzada. La paradoja es notable y debiera ser motivo de reflexión.
Desde el principio, cuando la Universidad de Alicante publicó la resolución concebida por la profesora Teresa Cantó y firmada por el gerente Rafael Pla, he tenido claro que el empeño era contra quienes querían censurar mis trabajos académicos. Desde el 19 de marzo de 2024 ambos tienen la sentencia del Tribunal Supremo. Ninguno ha reconocido su error y me ha pedido las correspondientes disculpas. Tampoco me las han pedido quienes buscaron las más insólitas razones para disimular o justificar la censura. Y fueron bastantes, sin que merezca la pena hacer el correspondiente listado. Frente a esta gente que nunca reconoce sus errores, ahora prefiero acordarme de las muchas personas que me han ayudado a superar estos cinco años de insultos, difamaciones y demandas.
Yo podría haberme ahorrado este calvario borrando el nombre de un personaje secundario de mis trabajos. La tarea era sencilla y nadie habría reparado en la misma. No lo hice por coherencia con la defensa de la libertad de expresión y de investigación, que no solo es mía, sino también de todos mis colegas.
El precio de esa coherencia ha sido muy caro, pero ha merecido la pena porque, si uno de nosotros cede, todos acabamos pagando las consecuencias. Ahora, después de pasar un verdadero calvario, empiezo a comprobar la satisfacción de quienes siempre me han apoyado. A ellos me debo y por esa misma razón culminaré la trilogía dedicada a los consejos de guerra de los periodistas y escritores. El primer volumen, Las armas contra las letras, ya ha sido editado y el segundo aparecerá a finales de este año. Seguimos adelante porque la libertad de expresión no es negociable y siempre merece un esfuerzo para preservarla.
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