El conocimiento de la
represión durante el franquismo requiere escuchar a las víctimas, pero también valorar
los testimonios que pudieran aportar los victimarios. Cualquier historiador
debería estar interesado en recopilarlos. Sin embargo, el propósito parece
abocado al fracaso. La mayoría de los protagonistas de esa represión ha
fallecido y sus descendientes, salvo honrosas excepciones, no quieren saber
nada del tema o se oponen a quienes lo abordan.
Los miembros del Cuerpo
Jurídico Militar durante la posguerra fueron numerosos y una parte
significativa de los mismos, según el magistrado Juan José del Águila,
alcanzaron puestos destacados en distintos ámbitos del poder franquista. Esas
trayectorias responden a una lógica previsible donde un clientelismo gradual
fue la norma, que actuó con probada eficacia como aglutinadora del bloque
social dispuesto a sustentar la dictadura.
La sorpresa viene cuando
comprobamos que en las biografías de estas personas desaparece cualquier
alusión a la pertenencia al Cuerpo Jurídico Militar durante la posguerra. El
silencio es la norma y así, si buscamos en la del ministro Tomás Garicano Goñi,
veremos sus aproximaciones al aperturismo durante el tardofranquismo, pero
nunca su presencia en el sistema represivo que permitió el asentamiento del
régimen franquista. Lo mismo cabe decir de Carlos Arias Navarro, cuyo «espíritu
del 12 de febrero» borró la etapa en Málaga que mereció un apodo taurino.
La reciente lectura del
volumen colectivo Checas. Miedo y odio en la España de la Guerra Civil (Gijón,
Trea, 2017) me ha devuelto el recuerdo de una de las presencias más inesperadas
en dicho cuerpo: la del abogado catalán Antonio Pedrol Rius (1910-1992), que
alcanzó un notable protagonismo durante la Transición siendo decano del Colegio
de Abogados de Madrid.
El brillante especialista
en Derecho Mercantil y exitoso empresario fue senador por designación real en
las cortes constituyentes, donde tuvo una intervención destacada por las
aportaciones en torno al poder judicial. Sin embargo, a efectos de la memoria
colectiva, su momento coincidió con la matanza de los abogados de Atocha en
enero de 1977.
Antonio Pedrol Rius
decidió que el velatorio de aquellas víctimas tuviera lugar en la sede del
colegio que presidía. Esta arriesgada y valiente postura le valió el respeto de
muchos demócratas, que también apreciaron su postura favorable a la amnistía y
que pusiera su prestigio profesional al servicio de la Transición.
El jurista pasó a la
historia por estos hechos elogiables, pero mucho antes, en su juventud, ejerció
de fiscal en el Cuerpo Jurídico Militar de la posguerra. El episodio ha
desaparecido de sus apuntes biográficos y, según cuenta Juan José del Águila,
ya en vida Antonio Pedrol Rius pretendió ocultarlo. La razón era sencilla: su
evocación perjudicaba la imagen de un hombre acorde con la evolución de los
tiempos.
El error parece notorio.
Si empezó siendo fiscal en los momentos más duros de la posguerra y terminó
pidiendo la amnistía para los presos políticos del franquismo solo cabe
apreciar su evolución. O dudar de la misma, que también es posible a tenor de
algunos datos que merecerían un estudio.
El tema es complejo y
requiere un desarrollo inabarcable en una entrada de blog. Cabe esperar que
Juan José del Águila finalice la investigación sobre la trayectoria de Antonio
Pedrol Rius y entonces opinaremos con fundamento. Mientras tanto, reproduzco
uno de los documentos oficiales que prueba la pertenencia del catalán al Cuerpo
Jurídico Militar. Se trata del Diario Oficial del Ministerio del Ejército, en
su número 293 del 31 de diciembre de 1942. Allí, en la página 1561, aparece
Antonio Pedrol Rius como oficial destinado en la Fiscalía Jurídico-Militar de
la I Región Militar:
En el mismo número de la
citada publicación oficial, concretamente en la página 1563, también aparece el
oficial Antonio Baena Tocón como destinado en la Auditoría de Guerra de
Marruecos, donde supongo que haría una labor similar a la realizada en el Juzgado
Militar de Prensa:
Los dos citados aparecen
en una relación de los oficiales del Cuerpo Jurídico Militar que debían
continuar hasta el 31 de mayo de 1943 como miembros de la escala honorífica,
«sin perjuicio de la resolución que para después de la citada fecha pueda
adoptarse en atención a las necesidades del servicio».
Las necesidades de la
represión disminuyeron con el paso del tiempo, pero debieron ser notables
todavía. Antonio Pedrol Rius quedó desmovilizado el 31 de enero de 1944. Su
colega apenas unos días antes siendo teniente. Sus trayectorias fueron tan disímiles
como sus responsabilidades en la jurisdicción militar. Sin embargo, ambos
tuvieron un rasgo común: el silencio público con respecto a esta etapa
biográfica. Las razones del mismo responden a lo hipotético y requieren más
argumentos a la espera de una investigación exhaustiva.
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