La localización del
Juzgado Militar de Prensa en la Plaza de Callao, 4, de Madrid, no fue una
casualidad derivada del azar. Al contrario, el objetivo de la auditoría del
Ejército de Ocupación era buscar unas dependencias que facilitaran el
aprovechamiento de una documentación fundamental para el procesamiento de
escritores y periodistas. En el mismo edificio también se encontraba la
Asociación de la Prensa de Madrid durante la guerra. Tras la victoria del
general Franco, los fondos documentales allí depositados pasaron a depender de
la junta directiva nombrada en 1937, cuando tuvo lugar en San Sebastián una
reunión de los periodistas partidarios del bando franquista.
Víctor Ruiz Albéniz
(1885-1954) fue el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid desde esa
reunión en la capital vasca hasta 1944; es decir, durante los años más duros de
la represión de sus colegas republicanos. El médico, cronista y periodista era
un entusiasta del general Franco, su vinculación con el ala más dura del
régimen parece una obviedad y, por supuesto, puso los archivos de la asociación
a disposición de las autoridades militares que procesaron a los periodistas.
La circunstancia de la
localización ya aparece en mis libros para justificar la procedencia de la
información recogida en los informes sobre los procesados que, a modo de acta
de acusación, redactaban los tres secretarios del Juzgado Militar de Prensa al
principio de cada instrucción. Los responsables de la misma nunca citan la
procedencia de los datos, salvo genéricas referencias a personas de «probada
solvencia moral», pero parece verosímil que una parte significativa procediera
de los archivos de la Asociación de la Prensa de Madrid, donde cada asociado
tendría una ficha convertida por entonces en una probable prueba de cargo.
La colaboración de la
Asociación de la Prensa de Madrid con las autoridades militares no se limitaría
a los fondos documentales. También abarcaría las tareas de depuración para el
Registro Oficial de Periodistas (ROP), que estaban a cargo del titular del
citado Juzgado Militar de Prensa, el capitán Manuel Martínez Gargallo.
A diferencia de lo
sucedido en la SGAE, no me consta que la Asociación de la Prensa de Madrid, con
estudios publicados acerca de su trayectoria, haya promovido una investigación
para revelar el alcance de esa colaboración en las tareas represivas. El tema
es delicado y, como sucede en otras ocasiones, hasta ahora todo se ha resuelto con unas
genéricas valoraciones que evitan entrar en detalles de nombres y
responsabilidades.
La consulta de los
sumarios de periodistas permite encontrar algunas huellas de la colaboración
con los militares franquistas encargados de la represión. Una de ellas,
especialmente clarificadora, la observamos en el sumario 38819 del AGHD, que
corresponde al periodista Santiago de la Cruz Touchard.
El 3 de octubre de 1939,
Víctor Ruiz Albéniz, en su calidad de presidente de la asociación se dirige al responsable
de la Instrucción Depuradora de los Funcionarios Administrativos. La
circunstancia carece de lógica, pues no me consta que Santiago de la Cruz
disfrutara de una plaza dentro del colectivo funcionarial. Sin embargo, en el
procesamiento de este periodista y escritor todo es posible, como veremos con
detalle en el próximo volumen: Perder la guerra y la historia (Sevilla,
Renacimiento-UA, en prensa).
Víctor Ruiz Albéniz
carece de información precisa sobre las actividades periodísticas de Santiago
de la Cruz, pero comunica al instructor que el procesado había sido teniente
coronel de Caballería y «se distinguió por su exaltado fervor izquierdista». Es
decir, con ambos datos ya era previsible una condena a muerte como la que
efectivamente llegó el 16 de enero de 1940. De hecho, los instructores apenas
indagaron más allá de lo indicado por Víctor Ruiz Albéniz y lo declarado por el
propio procesado en los campos de concentración donde estuvo antes de ser
trasladado a Madrid el 26 de diciembre de 1939. La única diligencia documentada en el sumario fue la
recopilación de tres declaraciones de otros tantos falangistas protegidos por
el procesado durante la guerra. Según señala el auto resumen del 5 de enero de
1940, la circunstancia apenas debía ser valorada por el tribunal, pues la
adhesión a la rebelión del periodista «no se desvirtúa con los favores que haya
podido hacer».
La acusación contra
Santiago de la Cruz fue responsabilidad del fiscal, que el 11 de enero de 1940
solicitó treinta años de reclusión. La condena a muerte fue dictada por un
tribunal bajo la presidencia del coronel José Iglesias. Ellos fueron los
responsables directos de la actuación jurídica, pero solo pudieron actuar gracias a la colaboración de
informantes como Víctor Ruiz Albéniz. Nadie le obligó a presidir la Asociación
de la Prensa de Madrid y su identificación con la Victoria, que también
implicaba la represión de los colegas republicanos, parece total a falta de
estudios detallados sobre su trayectoria.
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