La venganza es una
constante entre las denuncias presentadas en los juzgados militares durante la
Victoria. Los historiadores han puesto de relieve esta circunstancia como uno
de los motores de la represión, pero en paralelo tal vez no se haya prestado la
debida atención a un conjunto de denuncias cuyo origen radica en el temor a
sufrir esa misma represión, tal y como vimos en el caso del poeta Rafael
González Castells (véase su ficha en consejosdeguerra.es).
El abogado, político y
publicista José M.ª Ruiz Pérez-Águila (1905-1982) fue «fluctuante» en su
militancia. Según explica mi colega Francisco Moreno Sáez en el perfil biográfico del Archivo de la Democracia (UA) que le
sitúa «entre dos fuegos», a principios de la etapa republicana el citado torrevejense
presidió en Alicante la Juventud Republicana Radical. En abril de 1931, figuró
en la lista municipal de la Conjunción Republicano-Socialista y salió elegido
concejal de la capital, mientras colaboraba en los periódicos Rebeldía y
Diario de Alicante.
José M.ª Ruiz
Pérez-Águila ejercía por entonces de furibundo anticlerical a tenor de algunas
de sus propuestas en el consistorio municipal, pero a partir de 1933 viró hacia
la derecha y salió elegido diputado por el Bloque Agrario Antimarxista. Esta
evolución le llevó a ser uno de los fundadores en Alicante del Partido
Republicano Independiente que encabezaba Joaquín Chapaprieta y poner al
servicio del mismo su trabajo como director del Diario de Alicante, puesto
que ocupaba el 18 de julio de 1936.
El apoyo de José M.ª Ruiz
Pérez-Águila al golpe de Estado provocó su marginación en un periódico
incautado por orden del gobernador civil Valdés Casas, la detención una semana
después y el ingreso en el Reformatorio de Alicante, de donde salió el 11 de
octubre de 1937. El resto de la guerra lo pasó en diversos campos de trabajo
hasta que el 28 de marzo de 1939 le liberaron en la localidad toledana de Ciruelos.
El currículo como víctima de los republicanos superaba al de muchos de los
vencedores que permanecieron en la capital levantina.
Ya de regreso en
Alicante, donde estaba casado con una hija de los condes de Altea, José M.ª
Ruiz Pérez-Águila se presentó como un «camisa vieja», pero tuvo bastantes
problemas con los vencedores. El 8 de mayo de 1939 un juzgado le instruyó un
sumario por incendio y, por otra parte, el abogado fue llevado a comisaría por
los jóvenes falangistas Juan Carreras Barceló y Mariano Soriano Lozano. Le
acusaban de «ser [un] conocido extremista», además de «agitador y promotor del
asalto a los conventos de religiosos en mayo de 1931». Otros testimonios
recopilados por Francisco Moreno Sáez apuntan en la misma dirección.
El Servicio de
Información e Investigación de FET y las JONS de Alicante envió un informe,
fechado el 9-V-1939, al juez militar encargado de examinar la denuncia de los
citados falangistas. El mismo le considera «incendiario e indeseable en todos
los órdenes» habiendo militado en diferentes partidos en búsqueda de «un mayor
beneficio para sus intereses y su posición política». El informe se resumía
así: «Conceptuación policial: indeseable. Conceptuación religiosa: ateo.
Conceptuación de su vida pública: hombre exaltado y de pocos escrúpulos.
Conceptuación de su vida privada: deja mucho que desear. Posición económica: la
de su posición [sic]».
José M.ª Ruiz
Pérez-Águila rebatió las acusaciones de los falangistas y solo se arrepintió
del «entusiasmo republicano» que a tantos «españoles de buena fe» engañó antes
del advenimiento de la II República. Los datos aportados por Francisco Moreno
Sáez prueban que semejante entusiasmo perduró hasta 1933.
El 9 de junio de 1939, el
abogado salió del Reformatorio de Alicante, aunque sus problemas con los
vencedores continuarían hasta 1955, pasando por un confinamiento en 1942 y un
expediente en el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el
Comunismo. No en balde, la Guardia Civil en 1942 le conceptuaba como
«izquierdista recalcitrante, ateo, posible masón y no desafecto, sino enemigo
acérrimo de la Causa Nacional».
La sorpresa, tal y como
le comenté a Francisco Moreno Sáez, llegó al consultar el sumario 871 del AGHD,
donde el supuesto camisa vieja José M.ª Ruiz Pérez-Águila figura como
denunciante de veintiséis personas relacionadas con la prensa local durante la
Guerra Civil.
El 14 de abril de 1939,
cuando ya podía prever los problemas arriba indicados, el abogado redactó un
escrito «contra el director propietario de un periódico de la localidad y otros
significados izquierdistas». Una semana después el documento constaba en el
Juzgado Permanente del Ayuntamiento de Alicante y su titular inició la
instrucción de un sumario donde aparecen como procesados algunos periodistas ya
fallecidos, otros en el exilio y varios sin localizar a pesar de las
requisitorias publicadas.
Esta nómina no debería
sorprender. Lo peculiar del caso radica en que entre los procesados figuran
destacados vencedores de la guerra, incluso falangistas con cargos de relieve.
José M.ª Ruiz Pérez-Águila denuncia al periodista y escritor Justo Sansano
Benisa (1887-1955), que poco después sería delegado provincial de Prensa y
Propaganda, a su hijo Juan Sansano Torregrosa, que en 1937 se había pasado a
los sublevados para participar en el envío de armamento desde Alemania a los
nacionales, y otros periodistas y escritores cuya afiliación republicana supone
una incógnita.
La denuncia, utilizada
como recurso para defenderse de aquellas que le podían caer por su pasado
republicano, provocó una reacción entre los vencedores que se vieron en arresto
domiciliario tras pasar unos días en la cárcel. El sumario incluye numerosos
avales en su defensa, algunos procedentes de las autoridades y todos
coincidentes en su adhesión al Glorioso Movimiento Nacional.
Tras quedar sobreseída la
causa contra la mayoría de los denunciados, el consejo de guerra celebrado el 2
de enero de 1940 solo condenó a seis años a dos colaboradores de la prensa
local con militancia izquierdista: Emilio Claramunt López y Ernesto Cantó
Soler. Los restantes veinticuatro, incluidos los destacados falangistas,
respiraron tranquilos mientras veían al denunciante en el Reformatorio o en
arresto domiciliario a la espera de un confinamiento.
El fluctuante José M.ª
Ruiz Pérez-Águila perdió la partida porque no midió bien sus fuerzas a la hora
de presentar una denuncia para, supongo, resguardarse de los problemas con los
vencedores que no le admitieron entre los suyos. La historia se repite en otros
casos estudiados en consejosdeguerra.es. Lo sorprendente -por la
irregularidad jurídica que supone- radica en que el sumario 871 nunca indica
que el denunciante fuera un denunciado sometido a otro expediente judicial a
causa de una denuncia presentada por correligionarios de los denunciados. Así,
con semejante lógica, funcionaba el aparato represivo montado en torno a los
juzgados militares. Ni siquiera los «camisas viejas» estaban a salvo, aunque
callaron para no cuestionar el Glorioso Movimiento Nacional.
PD. La Asociación de Historia Contemporánea esta semana ha publicado un comunicado en relación con los procesos judiciales en los que están inmersos algunos de mis trabajos: https://ahistcon.org/. La solidaridad de mis compañeros siempre es un motivo de ánimo y agradecimiento que me ayuda a continuar con mi labor.
Por otra parte, el Patrimonio Cultural de Defensa me ha comunicado su voluntad de colaborar en la web https://consejosdeguerra.es/consejosdeguerra.es con la aportación de los sumarios de los periodistas y escritores que se encuentran en la Biblioteca Virtual de Defensa: https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/inicio/inicio.do. En próximas entradas daremos cuenta de estas aportaciones.
