El periodista Enrique Meneses Puertas no fue condenado a muerte

 Foto de la boda de Enrique Meneses en 1928

El periodista, escritor y abogado Enrique Meneses Puertas no fue condenado a muerte en 1944 por haber sido gobernador civil de Segovia en representación del partido de Alejandro Lerroux, según aparece en la ficha biográfica de Ediciones del Viento y en la necrológica publicada en El País (26-XI-1987). El dato, así como los dos supuestos años pasados en las cárceles franquistas, forma parte de la leyenda probablemente creada por el propio protagonista.

Enrique Meneses Puertas heredó una fortuna familiar a los diecinueve años. Nunca destacó en los estudios realizados en centros educativos de élite, tampoco mostró apego al trabajo en la empresa Plata Meneses y, tras haber sido corresponsal en Hollywood y España del New York Herald Tribune, marchó pronto a París para ejercer de bon vivant. Allí, a la vista del desastre de Annual, tuvo la singularidad de presentarse voluntario, participar en la campaña como sargento y publicar un libro que denuncia aquella barbarie: La cruz de Monte Arruit (1922).

La obra testimonial la escribió en Úbeda, mientras se recuperaba de las heridas recibidas. Enrique Meneses Puertas publicó después unas novelas que pasaron desapercibidas, viajó por diversos países europeos y sudamericanos -llegó a visitar diecisiete, según sus declaraciones en el sumario-, ejerció de periodista, militó en las filas de Alejandro Lerroux y la guerra le pilló de vacaciones junto a su familia en Biarritz, un enclave acorde con su tren de vida. El millonario no regresó a España y, ante la drástica disminución de sus ingresos, en el París de 1938 fundó la agencia Prensa Mundial junto con el «príncipe Trubetskói», según la declaración con motivo de su detención en la DGS. La supuesta participación del insigne lingüista en la empresa del madrileño habría sido otra singularidad de una trayectoria biográfica donde los datos conviene ponerlos en cuarentena. Gracias a su hijo, sabemos que el mecenas fue «el príncipe Cirilo de Trubetskóy, uno de los muchos nobles rusos que residían en Francia».

La consulta del sumario 129173 del AGHD desmiente la posibilidad de que Enrique Meneses Puertas hubiera sido condenado a muerte en otro consejo de guerra. En la declaración del 22 de marzo de 1945 consta que «no ha sido procesado» anteriormente. El Registro Central de Penados y Rebeldes de la Dirección General de Prisiones, en informe fechado el 25 de mayo de 1945, certifica que el procesado carecía de antecedentes. Y, por otra parte, las búsquedas del supuesto sumario por el que fue condenado a muerte han resultado infructuosas. Por lo tanto, cabe decir que quien viviera durante la posguerra entre Argentina, Portugal, Francia y España nunca mereció tan drástica represalia, salvo en su imaginación, que fue fértil a tenor de otros datos.

Enrique Meneses Puertas pertenecía a una acaudalada familia y en 1928 emparentó con la nobleza tras casarse con Carmen Miniaty García de Castro. La circunstancia, en una justicia tan clasista como la militar de la época, se percibe en un detalle aportado por José Carreño España en su declaración del 16 de marzo de 1945. Preguntado acerca del periodista al que desconocía hasta su procesamiento, al republicano «le llamó la atención el trato privilegiado que se le concedía en la DGS, donde diariamente bajaba un funcionario a sacarle de la celda de incomunicados para que subiera a la inspección, donde se le servía el almuerzo y la cena». Extrañado, preguntó a su compañero de celda, y ambos convinieron estar ante «un estafador internacional». El también periodista Enrique Meneses Miniaty, por entonces un adolescente, recuerda haber visitado a su padre junto a su familia en las mismas dependencias de la DGS, siempre bajo la benevolente mirada de un comisario. Vistos otros muchos casos, la singularidad del trato resulta pasmosa.

José Carreño España detalla el papel fundamental de Enrique Meneses Puertas en la organización de la ANFD y cita algunos de los encuentros que mantuvo con sus responsables: «todo lo cual le hace suponer que, efectivamente, tiene gran intervención en esta causa». No obstante, la extrañeza aumentó cuando, ocho días antes de terminar el expediente, el periodista fue «puesto en libertad por la DGS sin pasar por la prisión como los demás encartados». En realidad, el madrileño quedó en arresto domiciliario en la calle Núñez de Balboa, n.º 14, pero el privilegio no fue menor y sorprende que Enrique Meneses Puertas no entrara en la cárcel a lo largo del proceso.

El periodista declaró en la DGS el 27 y 29 de diciembre de 1944, pero la primera declaración ante el instructor corresponde al 22 de marzo de 1945. Enrique Meneses Puertas manifiesta haber mantenido relaciones con las legaciones diplomáticas de los aliados desde el inicio de la II Guerra Mundial porque «sentía gran simpatía por los ideales democráticos de estos países». Al detenerle, le incautaron el original de un ensayo periodístico titulado Yo intenté ser amigo de Alemania, que había escondido en el domicilio de un sobrino. El autor explica que el mismo recoge sus experiencias viajeras por diecisiete países, donde celebró entrevistas con destacados políticos acerca de la situación internacional. En lo referente a España, solo reconoce la existencia de una entrevista a Gil Robles donde el líder se muestra contrario al franquismo. La acusación del fiscal se centró en este documento inédito por las supuestas injurias al Glorioso Movimiento Nacional y el Caudillo.

En la misma declaración, y con un desparpajo solo comprensible a la luz de su fortuna, Enrique Meneses Puertas aboga por el restablecimiento de la monarquía, mientras «se iba celebrando la reconciliación nacional» y «restableciendo al pueblo español las libertades democráticas». Esa era su «única preocupación», pues supone que el franquismo «no podía subsistir exactamente como en la actualidad está constituido». El seguidor de Alejandro Lerroux «considera importante para España que los monárquicos y los republicanos llegasen a una concordia, ya que los republicanos en su mayor parte reconocían que la salvación de España se hallaba en un restablecimiento de la monarquía con tendencia liberal y democrática lo antes que fuese posible».

A partir de esta conclusión, el declarante reconoce haberse entrevistado con Don Juan de Borbón y el general Aranda, entre otros, porque consideraba que el heredero «como rey de España podría representar la reconciliación nacional auténtica y salvar a España». El general Franco no sería un problema, pues el periodista creía que, para preservar la patria frente a los marxistas tras el final de la II Guerra Mundial, el Caudillo estaría dispuesto a ceder el poder al monarca con el respaldo de los aliados. 

Tres días después, Enrique Meneses Puertas escribe una extensa carta a quien también era marqués de Someruelos, marqués de Villa de Orellana, conde de Almodóvar, caballero de la Orden de Calatrava y de la Real Maestranza de Granada, así como «gentil hombre de cámara con ejercicio y servidumbre». El general instructor, por lo tanto, era un colega de la aristocracia al que presuponemos poco dispuesto a indagar acerca de las actividades de los monárquicos que contactaron con los republicanos para procurar un cambio de régimen. De hecho, ninguno fue condenado.

El encartado redacta la carta «bajo juramento como católico y palabra de honor como caballero y español que derramó su sangre por la patria». Esta última circunstancia se remite a 1922, pero el instructor sabría por entonces que el procesado no era precisamente «un rojo». Enrique Meneses Puertas explica que en sus «conversaciones» con otros miembros de la ANFD «solo ha existido una preocupación honda por el futuro próximo de España como reflejo de la situación internacional al acercarse el fin de la guerra». Ante esta coyuntura, Enrique Meneses Puertas aboga por una «monarquía revestida de máxima autoridad, pero de tendencia liberal y democrática». Para instaurarla, considera «apremiante» la realización de «una labor patriótica»: «limar asperezas y aunar voluntades entre monárquicos y republicanos, y luego entre elementos de derechas e izquierdas que antepusieran a todo otro sentimiento mezquino el de la propia responsabilidad, desinterés personal y amor a la patria para establecer un amplio frente nacional contra el posible enemigo común, o sea, el comunismo o el desorden, que encendieran una nueva guerra civil».

El remitente alardea de sus conocimientos de política internacional y dictamina que «triunfando las democracias en todo el mundo es difícil quede islote alguno de tendencia dictatorial», es decir, España. Ante esta conclusión, Enrique Meneses Puertas reconoce haberse movilizado en un sentido patriótico hasta el punto de perder seiscientas mil pesetas en su empresa periodística. La cifra resulta tan inverosímil como carente de justificación, pero la retórica del encartado culmina cuando escribe acerca del original de Yo intenté ser amigo de Alemania. No lo concibió para buscar «el lucro», sino con la pretensión de «servir a España y a mis ideales de carácter universal». Llevado de tan noble propósito, el autor buscó la ayuda de las embajadas británica y norteamericana para su difusión internacional. En el caso de obtener esa colaboración, estaba dispuesto a «alistarse en la Legión Extranjera Francesa en Marruecos y marchar a combatir como simple soldado».

La singular contraprestación no debió tener respuesta de los diplomáticos británicos y norteamericanos, que dudarían de la aportación, de un «simple soldado» de cincuenta años dispuesto a combatir en no se sabe qué guerra. La carta, sin embargo, impresionaría al instructor, que también sabría de las relaciones familiares y la fortuna del procesado que en 1946 volvió a heredar, en esta ocasión cuarenta y seis millones de pesetas según su hijo. La cifra le permitiría trasladarse a Francia para superar el mal trago de la detención sin necesidad de compartir los sinsabores del exilio.

A pesar de la carta y demás circunstancias de un millonario en las dependencias de la DGS, el juez instructor en su auto resumen del 27 de abril de 1945 le acusa de «haber sostenido conversaciones con diferentes elementos» y fundar «una empresa periodística llamada Prensa Nacional», así como un diario hablado para Europa «pensando hacer propaganda monárquica». Además, el citado original sobre la frustrada amistad con Alemania incluye entrevistas donde «se vierten palabras injuriosas para el Régimen y el Caudillo».

El 16 de mayo, el auditor devuelve lo actuado al instructor, deja en libertad a varios procesados y mantiene a Enrique Meneses Puertas en vigilancia domiciliaria. Nueve días después, el marqués de Someruelos solicita los antecedentes del periodista que había trasladado la agencia a Madrid en colaboración con Gregorio Marañón Moya y Carlos Sentís. La fecha de la respuesta sorprende como en tantas otras ocasiones. El mismo día en que los pide, la Dirección General de Prisiones le comunica que el procesado carece de antecedentes. El instructor dicta el 26 de mayo una diligencia de procesamiento por la que le acusa de injurias en el original incautado, asistencia a reuniones políticas y propaganda contra el régimen por medio de la radio. Su hijo obvia estas razones y escribe acerca de la detención de un obispo en Segovia, que es materia más acorde con un lerrouxista (2006: 75).

El 12 de julio de 1945, Enrique Meneses Puertas salió de su arresto domiciliario -también disfrutó de permisos para visitar a familiares enfermos y hasta para trasladarse a casa de su suegra, la condesa viuda de Nimety- con el objetivo de ratificar ante el instructor lo declarado anteriormente. Los meses pasaron sin necesidad de pisar la cárcel como tantos otros procesados y el 26 de enero de 1946 el auditor le envía a un consejo de guerra con una petición del fiscal de seis años de reclusión. Su hijo lo recuerda de otra manera sin apoyos documentales: «El fiscal pedía la pena de muerte para la docena de acusados». El sumario dista mucho de corroborar semejante petición.

El plenario bajo la presidencia del teniente coronel José González Esteban tuvo lugar el 9 de enero de 1947. El fiscal volvió a acusarle, incluso le recordó alguna circunstancia comprometida, pero para entonces Enrique Meneses Puertas ya estaría más o menos tranquilo gracias a las probables influencias de su familia. La sentencia del mismo día le declara absuelto por considerar que «las reuniones mantenidas fueron por motivo de amistad», aunque su objetivo fuera impulsar un cambio de régimen, y que no había injurias en un original carente de difusión.

La sentencia del millonario llegaría a los demás procesados, sobre todo a los republicanos comprometidos con la ANFD, y verían con asombro que unas conversaciones eran actuaciones clandestinas y otras una cuestión de amistad, aunque el tema fuera idéntico: el cambio de régimen. También comprobaron que los documentos incautados, que nunca llegaron a ser difundidos, eran pruebas de cargo para las correspondientes sentencias, mientras que en el caso del compañero de proceso esa falta de difusión excusaba cualquier posible injuria en un original.

Hasta ahora hemos estudiado ejemplos del «derecho de autor» en los consejos de guerra de periodistas y escritores. A partir del caso protagonizado por Enrique Meneses Puertas habrá que recordar el componente clasista de ese mismo derecho. Los hechos probados tenían distintas respuestas judiciales según fuera la clase social del procesado. El heredero de Platas Meneses, con pasado de bon vivant, no fue «un estafador internacional», pero sí un distinguido caballero que no pisó la cárcel, resultó absuelto por intentar un cambio de régimen y, además, se inventó un pasado de condenado a muerte en 1944.

La operación de esta memoria transmitida hasta nuestros días parece redonda, pero los historiadores acudimos a los documentos y a veces nos convertimos en unos aguafiestas de esa moldeable materia que circula por las redes y las publicaciones periódicas. El problema es que seguirá circulando porque los académicos solemos predicar en el desierto y, a diferencia de Enrique Meneses, nunca mereceremos la llamada de periódicos como el New York Herald Tribune por haber descubierto que Rodolfo Valentino era un calvo con peluquín.

Pd.: el texto aparecerá ampliado y con las debidas referencias bibliográficas en el cuarto volumen dedicado a los consejos de guerra de periodistas y escritores.

 

La condena a muerte del periodista Francisco Ferrándiz Albors

 Francisco Ferrándiz Albors

La tarea del historiador está sujeta a sorpresas. Después de analizar más de cien sumarios de periodistas y escritores, el protagonizado por los hermanos Ferrándiz Albors (AGHD, 11348) me remite a un espacio próximo. El socialista Francisco Ferrándiz Albors (Planes, 1899-Montevideo, 1961) era el primogénito de un guardia civil de Alcoy. Su destino no parecía vinculado con un ámbito internacional, pero tras afiliarse al PSOE en 1917 y cursar Magisterio en Murcia completó su formación de autodidacta e, inquieto, cuatro años después abandonó Cocentaina para protagonizar la aventura de viajar por Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela…, dejando su huella en numerosas publicaciones periódicas de aquellas repúblicas.

El émulo viajero de otro alicantino de la época, Rafael Altamira, podría haber permanecido en un continente que amaba. Sin embargo, no terminó de afincarse en alguno de los citados países y, llegada la Guerra Civil, decidió volver a finales de marzo de 1937 procedente de El Ecuador para participar en la defensa de la II República.

La derrota llegó cuando acababa de ser nombrado director de El Socialista en marzo de 1939 y le obligó a buscar una salida de España. El fugaz responsable del órgano del PSOE emprendió un periplo por varias localidades que le llevó hasta Ceuta y Tánger, pero fracasó en el intento de exiliarse. El derrotado terminó escondido en una finca cercana a mi universidad. Allí, junto con su hermano Juan (1902-1993) y gracias a la ayuda de Amparo Ferrándiz Albors, el periodista permaneció como un topo hasta que fue localizado y detenido el 19 de diciembre de 1942.

Mientras tanto, en otro sumario (AGHD, 871), el instruido a raíz de una denuncia contra quienes colaboraron en la prensa republicana de Alicante, los instructores le andaban buscando por estar «en rebeldía procesal». Los militares nunca sospecharon de su cercanía y cuando estuvo en sus manos le condenaron a muerte en un segundo consejo de guerra celebrado el 5 de junio de 1944 bajo la presidencia del coronel Jesús Cirujeda Gayoso. Antes le habían sentenciado a treinta años de reclusión, pero al auditor le pareció un exceso de benevolencia para quien había colaborado en varias publicaciones republicanas al tiempo que ejercía de secretario de Santiago Martí, el alcalde de Alicante.

A tenor de las fechas conocidas, cabría la posibilidad de que la detención de Francisco y Juan Ferrándiz Albors no fuera el fruto de una investigación policial, sino de varias denuncias presentadas en Cocentaina el 20 de diciembre de 1942. La primera corresponde a Enrique Camallonga Gisbert, jefe local del Movimiento. El falangista acusa a los hermanos por su «significación izquierdista antes del Glorioso Movimiento Nacional» y sus actividades políticas o represivas durante la guerra como miembros del comité revolucionario de la localidad.

El mismo día comparece Elías Esteve Reig, alcalde de Cocentaina. La autoridad municipal solo tenía información sobre Juan, ya que Francisco permaneció lejos de la citada localidad. El testigo considera al hermano pequeño como «una persona de extrema izquierda, gran propagandista de su ideología, efectuándolo de palabra y por escrito». El alcalde añade que Juan formó parte del Comité Revolucionario de Defensa de Cocentaina y, sin aportar las pruebas, le acusa de publicar artículos contra el Glorioso Movimiento Nacional en un periódico de Gandía.

También el 20 de diciembre comparece Francisco Sanchis Vicent, secretario local del Servicio de Información e Investigación de FET y de las JONS. El falangista agravó las acusaciones, pues considera a Juan como responsable de saqueos. Incluso del asesinato de un vecino de Cocentaina llamado Vicente Cortés Figuerola. De Francisco tendría menos información, pero dice recordar que había sido el director de Bandera Roja en la capital alicantina -un dato erróneo-y que, en unión de otras personas, se presentó en Cocentaina para hacerse cargo de «cuantos objetos de valor y obras de arte había en el convento de las monjas clarisas».

Al día siguiente, Francisco Ferrándiz Albors amplía la declaración efectuada ante la policía militar cuando fue detenido el 19 de diciembre, según explica su hermana. La declaración debe estar incluida en los primeros folios del sumario, cuya lectura resulta dificultosa por el deterioro de la documentación. En cualquier caso, lo probable es que la detención tuviera lugar antes del 20 de diciembre y no el 21 del mismo mes, como se indica en la escasa bibliografía publicada hasta el presente. Las denuncias pasarían entonces a ser informes solicitados por los instructores del juzgado alicantino.

Francisco Ferrándiz Albors reconoce sus actividades políticas y propagandísticas, pero niega haber ejercido como director de Bandera Roja, cargo que atribuye al periodista Luis Caballero sin faltar a la verdad. El colega de las redacciones locales también le sustituyó al frente del diario socialista Avance cuando fue destinado al frente de Extremadura y, de manera sorprendente, quedó absuelto en el sumario 871 instruido contra varios periodistas alicantinos. El declarante solo admite la publicación en Bandera Roja de un artículo anticomunista, que estaría en la línea de sus reiterados ataques al PCE y sus militantes. Acerca de su presencia en Cocentaina junto con otras personas para hacerse cargo de objetos religiosos, niega que los robara. El objetivo era trasladarlos al museo de la Diputación Provincial porque corrían peligro, tal y como luego quedará atestiguado. La correspondiente denuncia de Francisco Sanchis Vicent estuvo inmotivada o fue calumniosa. Francisco Ferrándiz Albors también niega que su hermano Juan fuera el responsable local de las JSU y maltratara a derechistas de Cocentaina. Preguntado por el asesinato de Vicente Cortés Figuerola, el periodista desconoce a la víctima e ignora si su hermano tuvo alguna responsabilidad. La acusación vertida por Francisco Sanchis Vicent se diluiría a lo largo de la instrucción del sumario.

El mismo día 21 de diciembre también declara Juan, que trata de exculpar a su hermano cuando pretende hacer creer su presencia en América en octubre de 1941. Por entonces, el declarante fue detenido tras un registro en su domicilio. Juan Ferrándiz Albors reconoce la participación en el comité revolucionario de Cocentaina, pero niega haber sido el responsable de orden público. Asimismo, rebate la acusación relacionada con el asesinato de Vicente Cortés Figuerola, aunque al parecer -el párrafo se lee mal- admite la participación en su detención. Y, por último, Juan rechaza cualquier vinculación con los saqueos o los registros domiciliarios que tuvieron lugar en la citada localidad.

La declaración de Amparo el mismo día es menos tensa porque solo la acusan de amparar a sus hermanos, además de cultivar el naturismo. La dependienta de veintiséis años, empleada en una joyería, permanece en libertad provisional desde el mismo día en que Francisco y Juan ratifican lo anteriormente declarado, añadiendo que el primero fue procesado a principios de 1934 por publicar unas hojas clandestinas.

Tras estas actuaciones previas, el 28 de diciembre de 1942 el auditor manda instruir el sumario 11348 al titular del Juzgado Militar de Alicante, n.º 3, mientras Juan y Francisco permanecen en el Reformatorio de Adultos de la misma capital -el mayor fue el responsable del Cuadro Artístico del centro penitenciario- y los instructores recaban los habituales informes.

El 2 de enero de 1943, Enrique Camallonga remite al juzgado los informes de los hermanos. Amparo, según él, «estaba afecta al Partido Anarquista (sic) y servía para propagar estos ideales». El jefe local de FET y de las JONS considera que la joven es «una individua que, por su educación, por el ambiente que ha vivido y por la tendencia izquierdista de todos sus familiares, se ha manifestado y lo es en realidad muy peligrosa para nuestra Causa, y se sospecha sea enlace de elementos emboscados y muy probablemente del Socorro Rojo». Las acusaciones, a la vista de las actuaciones, quedaron en nada y permiten pensar en la inquina del enemigo político de los hermanos procesados.

Enrique Camallonga recuerda que Juan fue encarcelado en octubre de 1934 tras haber encontrado armas cortas en su domicilio, aunque el aludido lo negara posteriormente. También le vincula con el Comité Revolucionario de Cocentaina y, lo más grave, el asesinato de Vicente Cortés Figuerola sin aportar pruebas: «siendo el citado Ferrándiz el que entró violentamente en la expresada casa y al localizar debajo de una cama al Vicente Cortés disparó su pistola causándole la muerte». La acusación de asesinato no prosperó a lo largo de la instrucción.

El informe sobre el primogénito es el más extenso. Enrique Camallonga recuerda su paso por diferentes países latinoamericanos para hacer «propaganda verbal y escrita en favor de los programas marxistas». También le acusa de la realización de actividades políticas en Cocentaina y que, «al estallar el Glorioso Movimiento Nacional, era uno de los que patrocinaban a todos los elementos criminales». Ni siquiera estaba en España por entonces. Algo más atinada es la lista de cargos y empleos, aunque los dos primeros son falsos: director de Bandera Roja, vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante y director de Avance y El Socialista. A tenor de estos datos, le considera «individuo por todos sus antecedentes políticos y sociales de mucho cuidado y peligrosísimo para el Estado Nacional Sindicalista».

Una semana después, la comandancia de la Guardia Civil de Cocentaina confirma que Juan llevaba pistola durante la guerra como responsable del orden público en el comité revolucionario, aunque no le implica en el asesinato de Vicente Cortés Figuerola. El informe ratifica las acusaciones con respecto a los otros dos hermanos, pero hay discordancia en lo relacionado con la militancia de Amparo. Si para el falangista era una militante del «Partido Anarquista», los beneméritos consideran que la naturista estaba «muy fanática por el socialismo».

El mismo 8 de enero de 1943, el alcalde de Cocentaina firma su informe sobre los hermanos. A Francisco le considera más peligroso que Juan, «a pesar de su apariencia de sensatez y mesura». A diferencia del jefe local de FET y de las JONS, el munícipe no implica al menor en el asesinato de Vicente Cortés Figuerola, «pero se le considera en esta localidad como uno de los hombres más peligrosos para nuestro Régimen Nacional Sindicalista». El informe remitido por la comandancia de la localidad de Villafranqueza, donde fueron detenidos los hermanos, ratifica los anteriores en lo fundamental.

Amparo declaró de nuevo el 1 de febrero de 1943 para explicar que escondió a sus hermanos en una finca del término de San Vicente, desde abril de 1939 hasta su detención el 19 de diciembre de 1942. El dato contradice lo expuesto acerca de los primeros meses de la Victoria por Francisco en La bestia contra España (1951). El escondite solo lo conocía la esposa de Juan y, según la declarante, les ayudó para evitarles el primer golpe.

La lógica de la actuación solidaria es evidente y, dado el tiempo transcurrido hasta la detención, Juan y Francisco esquivaron el paredón al que probablemente habrían ido en el caso de ser detenidos tras la finalización de la guerra. El milagro también fue económico, pues Amparo solo ganaba sesenta pesetas mensuales y, en total, las cuatro personas disponían de ciento cuarenta gracias a la pensión de viudedad de la madre. Los instructores nunca terminaron de creer la posibilidad de vivir con tan poco dinero.

El 10 de febrero de 1943, el instructor dictó el auto resumen por el que dejaba en libertad a Amparo, mientras pedía el procesamiento de sus hermanos. Concretamente, a Francisco, que por entonces contaba con cuarenta y tres años, le acusa de ser redactor de Claridad y Avance, así como director de Spartacus y El Socialista. A Juan le atribuye cargos menores y nada queda de la acusación de asesino de Vicente Cortés Figuerola. Tampoco persiste en la acusación por el robo de objetos religiosos, que quedó desmentida por el arquitecto Miguel López González y el escultor Vicente Bañuls Martínez en sus respectivas declaraciones del 3 de enero y el 4 de marzo. Asimismo, la acusación relacionada con el asesinato de Vicente Cortés Figuerola se diluye a partir del informe del Juzgado Municipal de Cocentaina del 31 de marzo de 1943.

A la vista de estos informes y distintos avales de personas agradecidas por la ayuda de Juan durante la guerra, el titular del juzgado instructor dicta un nuevo auto resumen el 20 de mayo de 1943 sin añadir algo significativo y un mes después lo eleva al plenario. El 19 de agosto tuvo lugar el mismo presidido por el comandante Joaquín González Martínez. La sentencia es de treinta años para Juan, veinte para Francisco y la absolución en el caso de Amparo. El auditor no la ratificó y el 9 de septiembre pide la condena a muerte para Juan y treinta años para Francisco. Dado que el proceso ya no era un sumarísimo de urgencia, el sumario se remite al Consejo Supremo de Justicia Militar, que el 20 de abril de 1944 ordena la celebración de un nuevo consejo de guerra.

El coronel Jesús Cirujeda Gayoso preside el plenario que tuvo lugar el 5 de junio de 1944. Sin aportar nuevos hechos probados o modificar los anteriores, la sentencia condena a muerte a Francisco y Juan. El auditor la ratifica en esta ocasión y la reacción en Cocentaina es inmediata. El 1 de julio unos cuarenta vecinos, todos ellos vencedores de la guerra, piden el indulto para los hermanos Ferrándiz Albors. El 22 de diciembre de 1944, el general Franco acepta la conmutación por sendas penas de treinta años. El momento más peligroso quedó atrás y Francisco solicita el indulto el 20 de febrero de 1946, a lo que accede el fiscal el 23 de agosto.

El sumario permanece incompleto en el AGHD, por lo que ignoramos los pasos posteriores hasta la excarcelación provisional en noviembre de 1945, cuando el periodista ya había sido trasladado al hospital Aunós, de Madrid, como medida de gracia por su estado de salud o  a causa de la presión exterior. La puesta en libertad fue más temprana de lo habitual gracias, probablemente, a los movimientos diplomáticos procedentes de los países en los que Francisco había vivido. Su hermano Juan salió en libertad provisional el 18 de julio de 1946 e intentó cruzar la frontera de Francia, pero fue detenido y encarcelado en Girona. Finalmente, regresó a Alcoy para trabajar en el textil y, una vez jubilado, vivió en Alicante hasta su fallecimiento en 1993.

Mientras tanto, Francisco, sabedor de la ausencia de futuro en su país y tras vivir dos años en la localidad alicantina de Villafranqueza, en 1948 marchó a Francia para trabajar con el socialista Rodolfo Llopis y posteriormente recalar en Montevideo, donde revivió su faceta como periodista y en 1951 publicó un libro testimonial: La bestia contra España: reportaje de los últimos días de la guerra española y los primeros de la bestia triunfante. Su bibliografía es más extensa, abarca distintos géneros y prueba sus inquietudes tanto literarias como periodísticas durante los años de un exilio cuya correspondencia ahora permanece catalogada en la Biblioteca Nacional.

A la luz de la experiencia de años escondido y otros en las cárceles franquistas, hasta ser condenado a muerte por sus trabajos periodísticos, Francisco Ferrándiz Albors sabía de lo que hablaba cuando se refería a «la bestia». El testimonio es valioso, pero como tantos otros derrotados el alicantino optó por la descalificación de quienes habían encarnado diferentes posturas en la defensa de la II República. Una pena, pues en el citado volumen su pluma calló acerca de lo sucedido en el consejo de guerra y la cárcel. Tampoco aclaró los motivos de su temprana excarcelación y cómo consiguió exilarse estando en libertad provisional. Un silencio que contrasta con la exposición de unas teorías acerca de la derrota que apenas van más allá de un «libro apasionado» (p. 5) y carecen de fundamento histórico. La condición de víctima debe propiciar el consiguiente respeto, pero no siempre presupone lucidez acerca de un pasado cercano todavía condicionado por los silencios. También los hubo, y muchos, entre los vencidos.

La tardía condena a muerte de un periodista conservador

 AGHD, sumario 48067

El periodista Victorino Tamayo Mayones era un veterano de cincuenta y cuatro años cuando acabó la Guerra Civil. Casado, padre de tres hijas emparentadas con familias de orden y de un hijo, Manuel, perseguido por su condición de requeté, la perspectiva del exilio suponía un imposible o un absurdo para quien también arrastraba problemas de salud.

El director de Hoja del lunes de Madrid en tres ocasiones -1931, 1933-34 y 1936- pronto abandonó las responsabilidades en la prensa republicana. La publicación auspiciada por la APM cesó el 24 de octubre de 1936 y Victorino Tamayo Mayones no encontró acomodo en otra cabecera. Procedente de las Milicias Gráficas por compromiso del cargo, el granadino y sobrino del ilustre dramaturgo Manuel Tamayo y Baus se trasladó a Valencia junto con su esposa. Allí tampoco dispuso de una oportunidad en las redacciones y, gracias a un amigo, a su avanzada edad el 12 de julio de 1937 pudo alistarse como voluntario.

Las trayectorias militares entre los republicanos incluyen casos tan fulgurantes como carentes de rigor. Victorino Tamayo Mayones ascendió directamente a capitán, pero en la retaguardia como comisario de las estaciones ferroviarias de Villacañas, Utiel y Valencia. El periodista tampoco destacó como miembro del batallón Águilas de la Libertad durante los primeros meses de la guerra en la capital. Su objetivo era ampararse en sus filas como otros derechistas y contar con un plato de comida.

Consciente de no tener «las manos manchadas de sangre» y ajeno a cualquier simpatía republicana, Victorino Tamayo Mayones se entregó a los vencedores el 31 de marzo de 1939 en Valencia con el deseo de colaborar en la construcción de la renacida España del Glorioso Movimiento Nacional. El 26 de enero de 1942 fue condenado a muerte.

El sumario 48067 permanece incompleto en el AGHD y el deterioro de algunos documentos dificulta su lectura. Ambas circunstancias impiden comprender una parte de lo sucedido con un sumarísimo de urgencia de casi cuatro años, que pasó por distintos juzgados de instrucción sin mediar justificaciones con prueba documental.

El capitán Victorino Tamayo Mayones no debió parecer peligroso a los vencedores y le dejaron libre en Valencia como si fuera un soldado raso. Ya de regreso a la capital junto con su bien situada familia, el 19 de abril se presentó en los Servicios de Prensa de Madrid porque confiaría en sus relaciones con los vencedores. Desde allí, ante semejante prueba de buena voluntad, le mandarían al campo de concentración Miguel de Unamuno. En julio ya se encontraba en el penal de Ocaña, mientras el Juzgado Especial de Prisioneros, localizado en Aranjuez, instruía el correspondiente sumario sin que en la documentación conservada se encuentre la orden del auditor. Tal vez nunca existiera.

El 7 de septiembre de 1939, el auditor manda instruir el sumario 48067 al Juzgado Militar de Prensa. El documento no menciona la existencia de otro sumario anterior relacionado con el mismo procesado. Dos meses después, su titular, el capitán Manuel Martínez Gargallo, pide la inhibición del Juzgado Especial de Prisioneros en el proceso seguido contra el granadino. El 9 de noviembre su colega de Aranjuez remite a la plaza de Callao, 4, las actuaciones de una instrucción de la cual ignoramos el número y la correspondiente orden del auditor. La irregularidad parece notable.

Las citadas «actuaciones» son dos fichas clasificatorias del 20 de julio y el 26 de agosto de 1939, esta última fechada en el penal de Ocaña, y un informe de la DGS del 7 de octubre donde la policía manifiesta carecer de datos acerca del periodista. Las fichas indican el período durante el cual el encausado sirvió como voluntario hasta llegar a «comisario» de las citadas estaciones. El nombramiento no consta en las fuentes consultadas. Asimismo, Victoriano Tamayo Mayones alega que nunca publicó artículos sobre temas políticos en la prensa republicana. De hecho, su firma no aparece en los incluidos en Hoja del lunes.

Las declaraciones de las fichas fueron completadas por el periodista mediante dos extensos escritos del 20 de julio y seis días después. En realidad, ambos son similares y deducimos que el primero iría al juzgado de Aranjuez y, tras conocer su inhibición, el segundo lo remitió a Manuel Martínez Gargallo. El problema es la fecha: 26 de julio de 1939, un mes y medio antes de que el auditor mandara instruir el sumario 48067 al Juzgado Militar de Prensa.

Al margen de la incoherencia cronológica de la fecha, la misma permite suponer que Victorino Tamayo Mayones tendría en la APM, localizada en la sede del juzgado destinado a los periodistas, alguien que le informara de la marcha del proceso. La fuente para la posible filtración estaba cercana. De hecho, Rafael Cordero Avilés reproduce fragmentos de las cartas de Víctor Ruiz Albéniz, El Tebid, dirigidas a Manuel Martínez Gargallo interesándose por la suerte de un colega cuya familia recibió la modesta ayuda de la asociación para sobrevivir.

Victorino Tamayo Mayones en sus escritos reconoce que, gracias a la APM, fue director de la Hoja del lunes entre enero y octubre de 1936, pero añade que no publicó artículos durante «el dominio rojo». El periodista, «nunca estuvo compenetrado con la causa roja» y manifiesta su «repugnancia» por la «prensa marxista». El encausado afirma haber sido militante de Unión Republicana en 1935 y miembro de la Agrupación Profesional de Periodistas a lo largo de la guerra. También estuvo afiliado al Sindicato de Autores y Compositores por su relación con el teatro. Una vez cesado como director de la hoja semanal, Victorino Tamayo Mayones salió de Madrid, buscó suerte en Valencia y terminó en unas estaciones ferroviarias para sacar adelante su familia, pues carecía de cualquier otra fuente de ingresos.

Las cartas del procesado a los instructores son coherentes con la declaración efectuada en enero de 1940, pero resultan más explícitas en su deseo de congraciarse con los vencedores a la espera de una absolución. Victorino Tamayo Mayones rechaza la «política sectaria», alardea de tradicionalista y explica que sus artículos «se han consagrado totalmente al enaltecimiento de las glorias españolas de la literatura dramática y de la escena, rindiendo así culto a la tradición soberana de nuestra patria, que tanto nos honra y enaltece». El patriotismo al uso de la Victoria culmina con una frase inequívoca: «Para mí, siempre y por encima de todo, ¡España!».

La única prueba recabada durante la instrucción es un informe no fechado del alférez Baena Tocón. El secretario del Juzgado Militar de Prensa reproduce los «rótulos, titulares y entrefiletes» de una serie de artículos anónimos publicados en Hoja del lunes entre el 2 de agosto y el 27 de septiembre de 1936. Victorino Tamayo Mayones afirmaría después que esos textos venían impuestos por las directrices gubernativas de la censura. Al mismo tiempo, el sumario incluye avales y testimonios de destacados periodistas y literatos (Francisco Casares, Francisco Ramos de Castro…), que son positivos para el encausado.

Fruto de los mismos, y de manera sorprendente, el 18 de septiembre de 1940 le excarcelan del penal de Santa Rita, tres días antes del auto resumen que culminaba la instrucción. El mismo ya no fue firmado por Manuel Martínez Gargallo, en otro destino por entonces, sino por el juez accidental Eduardo del Moral, del que no consta el correspondiente nombramiento como sustituto.

El auto es positivo para el encausado. El juez considera que su presencia en el ejército republicano solo se debió a motivos económicos, prescinde del informe del alférez Baena Tocón y concluye, a partir de los testimonios, que el periodista es de «ideas religiosas y de estricto orden moral, sin que le crean capaz de cometer hecho delictivo alguno».

La documentación permite pensar en una pronta absolución del granadino, pero el 16 de noviembre de 1940 el fiscal Leopoldo Huidobro solicita la pena de muerte sin mediar nuevas acusaciones. A partir de este momento, se inicia un período en blanco porque, ante semejante petición, el auditor o el capitán general paralizarían la celebración del consejo de guerra. De hecho, el 7 de octubre de 1941 el primero devuelve el sumario al juzgado instructor para incorporar los avales favorables.

Victorino Tamayo Mayones regresa a la cárcel de Porlier y allí, en una especie de limbo jurídico, espera hasta que el 7 de enero de 1942 un nuevo fiscal pide para el granadino una condena de treinta años. La misma, sorprendentemente, se convierte a muerte en la sentencia del 26 de enero de 1942 dictada por el teniente coronel José Ortiz Gómez. La documentación sumarial no permite vislumbrar un nuevo motivo para este cambio.

La pena máxima sorprende por la tardía fecha del consejo de guerra y la personalidad del procesado. Su dureza provocó una avalancha de testigos y avales para salvar al periodista granadino. Fruto de la misma, el 7 de marzo de 1942 el capitán general de la I Región Militar anuló la sentencia y un mes después el auditor dicta la orden de abrir una nueva instrucción para recabar los testimonios favorables al encausado. Ambas decisiones fueron amparadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar.

Tras incorporar los testimonios al sumario, el 11 de diciembre de 1943 Victorino Tamayo Mayones fue condenado a veinte años por los mismos hechos que antes le habían llevado a la pena máxima. El teniente coronel José Fernández Álvarez fue más benévolo con quien, con voluntad de incorporarse a la España del Glorioso Movimiento Nacional, se entregó en Valencia con la confianza de no tener «las manos manchadas de sangre» y poder servir a tan altos fines. La pena quedaría extinguida el 19 de julio de 1959. Mucho antes fallecería un periodista que dejó a su familia sin medios económicos para sobrevivir. Esta segunda condena no consta en el sumario. Tampoco el arrepentimiento de quienes estuvieron a punto de llevarle al paredón.

La depuración profesional y el Registro Oficial de Periodistas (ROP)

 La profesora Alba Gómez García

La represión franquista vinculada a los consejos de guerra durante el período 1939-1945 solo es una parte de un sistema represivo con otros instrumentos de coerción. En lo referente a los periodistas, uno de los más eficaces y extendidos es la depuración profesional para ser admitido en el Registro Oficial de Periodistas (ROP). El requisito de una inquebrantable adhesión al Glorioso Movimiento Nacional se observó con inusitada rigidez y muchísimos periodistas quedaron fuera del ROP, de tal manera que no pudieron ejercer profesionalmente, al menos de manera oficial.

La documentación relacionada con el ROP se encuentra fundamentalmente en el Archivo General de la Administración, de Alcalá de Henares. Salvo en algunos casos donde mis colegas ya han aportado información sobre la inclusión o no de unos determinados periodistas en el registro, en nuestros trabajos hemos dejado al margen esta cuestión. Así sorteamos una documentación que, de otra manera, sería inabarcable para un solo investigador.

El historiador selecciona un objetivo y deja al margen otros tan coetáneos como próximos en todos los sentidos. Esta circunstancia, derivada de la necesidad de plantear una meta alcanzable, no supone el olvido de diferentes materias que conviene conocer en la medida de lo posible. Si no seleccionamos y delimitamos, procurando la coherencia del objetivo, estamos abocados a una tarea que por su amplitud en el mejor de los casos resulta abordada de manera superficial.

Los periodistas que no sufrieron consejos de guerra, pero quedaron fuera del ROP, son numerosos por el papel propagandístico encomendado a la prensa en la ley del 22 de abril de 1938, aprobada en plena guerra, que estuvo vigente hasta la llegada de Manuel Fraga al Ministerio de Información y Turismo. Mirta Núñez Díaz-Balart presentó un balance en este sentido, pero el alcance de la depuración se percibe con una especial nitidez cuando observamos un caso significativo.

La joven y brillante investigadora Alba Gómez García ya ha publicado varios libros sobre la historia del teatro español durante el siglo XX. El más reciente es el ensayo titulado La crítica teatral en el diario Nueva Rioja durante la posguerra (1939-1951). Estas investigaciones centradas en un ámbito local, alejado del centralismo madrileño o de unas pocas más ciudades, permiten matizar y hasta reconsiderar las conclusiones de los manuales al uso. Alba Gómez García lo demuestra con el rigor habitual en sus trabajos, pero en esta ocasión yo entresacaría un episodio de su citado libro por la relación con las entradas del presente blog.

Imagen de la portada del libro de Alba Gómez García

La investigadora escribe acerca de quienes ejercieron la crítica teatral en la prensa riojana durante el período acotado. Entre los mismos destaca la figura de Juan Cayetano Melguizo Celorrio (1893-1960), un empleado municipal de Logroño y veterano periodista con más de veinte años de experiencia cuando la guerra comenzó. La Rioja fue territorio de los sublevados desde el principio de la misma y el periodista, con una presencia notable en la vida cultural y social de la capital, sorteó la amenaza de los consejos de guerra porque nunca ejerció de «rojo».

No obstante, una vez finalizada la contienda, Juan Cayetano Melguizo Celorrio fue sometido a la depuración profesional como periodista tras haber sido apartado de su plaza de funcionario en el ayuntamiento de la capital. El 10 de octubre de 1940, el gobernador civil y el jefe provincial de Prensa y Propaganda enviaron a Madrid su expediente de depuración y el 27 de marzo del año siguiente la Delegación Provincial de Prensa resolvió la inhabilitación del veterano periodista.

El caso ya había sido estudiado exhaustivamente por M.ª del Pilar Salas Franco en un trabajo de 2006, pero lo he conocido a través de las páginas del citado libro sobre la crítica teatral durante la posguerra riojana. Al leer los textos de Juan Cayetano Melguizo Celorrio nadie tiene la impresión de estar ante una crítica de criterios avanzados o izquierdistas. El tono general es el previsible en un ámbito provinciano, pero siempre empleado con la seriedad de quien amó al teatro de manera incuestionable. Así fue, pero no bastó cuando el requisito era, además, mostrar entusiasmo por el Glorioso Movimiento Nacional. También al dar cuenta de lo visto en los escenarios de la época, tan obsesivamente controlados como pone de manifiesto el libro de Alba Gómez García.

El caso del periodista Juan Cayetano Melguizo Celorrio se suma a los protagonizados por otros muchos colegas que sufrieron una masiva exclusión profesional solo aliviada, a veces, al cabo de los años. El análisis detallado de esta actividad represiva queda pendiente a la espera de investigaciones capaces de abordar la ingente documentación. Sin embargo, cabe observar un detalle significativo: Alba Gómez García señala que uno de los acusadores presentes en el expediente de depuración de Juan Cayetano Melguizo Celorrio fue Ismael Serranos, que sucedería al acusado como cronista de espectáculos en la prensa riojana (p. 98). La estrategia del reemplazo mediante la denuncia es frecuente en la Victoria.

Los trabajos de M.ª del Pilar Salas Franco y de la propia Alba Gómez García aportan mucha más información al respecto. A ellos me remito para observar los necesarios matices, pero me quedo ahora con una circunstancia tantas veces observada en los sumarios judiciales y demás documentación relacionada con la represión de los periodistas y escritores: el denunciante o acusador era un posible beneficiario de la denuncia o acusación. La correspondiente perspectiva de futuro engrasó hasta extremos inimaginables los mecanismos de la represión durante la Victoria.

¿Quién fue el cronista de guerra Fernando F. Revuelta?

 

El madrileño Julián Fernando Fernández Revuelta trabajaba en las oficinas de la compañía ferroviaria MZA. El destino no parecía augurarle aventuras notables. Su horizonte vital, sin embargo, iba más allá de la mesa de trabajo por ser un joven izquierdista con inquietudes literarias y periodísticas que culminó el bachillerato. A pesar de estar becado, no accedió a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras por el inicio de la guerra. Tras publicar «algunas cosillas en el periódico de la juventud [socialista]», gracias a su amistad con Julián Zugazagoitia colaboró en El Socialista entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, siempre bajo la firma de Fernando F. Revuelta. En esta cabecera aparecieron las crónicas de guerra, remitidas desde el frente de Andalucía donde estaba movilizado, que provocaron su procesamiento.

Tras incorporarse al Ejército Popular, Julián Fernando Fernández Revuelta alcanzó el grado de capitán, aunque no por méritos de combate según sus declaraciones en el Juzgado Militar n.º 3 de Madrid. En el mismo se instruyó su causa, el sumario n.º 5180 del AGHD, a raíz de la detención efectuada el 14 de abril de 1939. El aniversario de la II República le trajo mala suerte. El entonces comunista permaneció en la capital, intentaría reincorporarse a las oficinas de la MZA y allí le detendrían dos compañeros falangistas, convertidos en «agentes de investigación», que le condujeron a las dependencias de la policía militar en el distrito de Hospital.

Julián Fernando Fernández Revuelta reconoce en la declaración ante la policía que fue corresponsal de guerra de El Socialista durante el período arriba indicado y su ingreso voluntario en las Milicias Populares, que tuvo lugar en septiembre de 1936. Ambas circunstancias eran motivo de condena por el delito de adhesión a la rebelión en los sumarísimos de urgencia. El declarante sabría que los militares no disponían de pruebas y resta importancia a su trayectoria hasta alcanzar la condición de capitán tras pasar por una academia militar en Paterna, donde hizo un curso de tres meses (Diario Oficial del Ministerio de Defensa, 1937, n.º 136 y 141; 1938, n.º 37 y 136). También justifica el tono propagandístico de sus crónicas por el contexto entusiasta de las primeras semanas de la guerra. Leídas las incorporadas al sumario, su propagandismo carece de rasgos sobresalientes.

Sumario 5180 del AGHD

El comunista oculta su afiliación a los militares y permanece detenido durante varios meses en la calle Torrijos, n.º 65. El 6 de noviembre de 1939 declara por primera vez ante el juez instructor. Julián Fernando Fernández Revuelta niega haber insultado a los vencedores en sus crónicas, señala que en las mismas «se limitaba a describir los hechos bélicos con los comentarios propios del periodismo de su ideología» y que las publicaciones respondían a sus «aficiones literarias». Ajeno a la gravedad de las consecuencias, al acabar la guerra se presentó en su lugar de trabajo para reincorporarse y entregó la pistola de miliciano en un local de FET y de las JONS. El oficinista aspiraba así a un olvido de lo pasado, pero dos compañeros vieron la oportunidad de hacer méritos y le detuvieron. Sus nombres son Jesús Cano y Helenio Domínguez. Ambos carecen de otras huellas documentales.

A raíz de la detención y la declaración en sede policial, el 20 de abril de 1939 el auditor manda instruir el sumario 5180 del AGHD al Juzgado Permanente n.º 3. Los colegas del Juzgado Militar de Prensa todavía no estaban a pleno rendimiento para la represión de los periodistas. El personal adscrito al n.º 3 recopila por su cuenta los artículos de «Fernando F. Revuelta» en El Socialista. A diferencia de lo realizado por los secretarios a las órdenes del juez Manuel Martínez Gargallo, en esta ocasión el informe no cita, comenta o extracta los artículos como pruebas de cargo. Los localizados o seleccionados -no se explicita la circunstancia- quedan incorporados en su formato original, aunque con subrayados en rojo para indicar las frases susceptibles de justificar una condena de acuerdo con los parámetros de aquellos sumarísimos de urgencia.

La escueta instrucción del juez Ricardo Sánchez Elguero se completa con un aval firmado el 14 de abril de 1939 por Manuel López Hernández, compañero de trabajo del encausado y represaliado durante el período republicano. El avalista fue detenido por la tristemente famosa brigada de Agapito García Atadell. La intervención de Julián Fernando Fernández Revuelta resultó decisiva para que su amigo no engrosara la lista de los «paseados» durante el verano de 1936. Agradecido, Manuel López Hernández le avala en la misma fecha de la detención. La circunstancia indica la probabilidad de que el redactor de El Socialista previera su destino y hubiera gestionado los necesarios avales antes de la detención.

El instructor dicta el auto resumen del sumario el 8 de noviembre de 1939. La acusación es la actividad periodística del encausado, que «fue corresponsal de guerra del ejército rojo en el frente de Andalucía, vertiendo en sus crónicas frases injuriosas contra el Ejército Nacional y sus generales, acusándoles de cometer crímenes en zona por ellos controlada». Julián Fernando Fernández Revuelta actuó igual que los corresponsales del bando sublevado. La diferencia, notable en una jurisdicción atenta al «derecho de autor», es que el socialista perdió la guerra y pagó las consecuencias.

El 28 de noviembre de 1939 tienen lugar la vista previa y el plenario del consejo de guerra celebrado bajo la presidencia del comandante Pablo Alfaro. La sentencia se articula en torno a la afiliación del encausado en las JSU -no probada ni reconocida en el sumario-, la participación voluntaria del madrileño en el Ejército Popular y la condición de cronista de El Socialista. La pena dictada es de treinta años de reclusión por un delito de adhesión a la rebelión. El auditor la ratificó el 11 de diciembre de 1939 y Julián Fernando Fernández Revuelta se dispuso a pasar una larga temporada en prisión por haber escrito unas crónicas siendo un izquierdista.

El sumario conservado en el AGHD está incompleto porque no incluye la documentación relacionada con las conmutaciones y la salida de la cárcel, que debió ser a finales de 1942 tras la publicación de la orden (BOE, n.º 178 del 27-VI-1942). De manera sorprendente, cuando le llegó la conmutación de su pena firmada en una fecha no determinada de 1942, por el mal estado del original, Julián Fernando Fernández Revuelta se encontraba en libertad provisional después de trabajar en batallones disciplinarios y salir de la cárcel de Ocaña, donde coincidió con un Miguel Hernández al que conocía desde los tiempos de la toma del santuario de la Virgen de la Cabeza.

El represaliado optaría por alejarse de Madrid para evitar problemas y no volvió a presentarse en la compañía ferroviaria, donde permanecerían quienes le delataron. Tras algunas diligencias fallidas, el 8 de abril de 1943 los militares le localizan en Bermeo y cuatro meses después el izquierdista firma la recepción de la nueva condena, que le permitía seguir en libertad provisional. Su versión es que fue desterrado a la localidad vizcaína, donde trabajó como marinero (Gómez y Patiño, 1999: 478). El problema es que, de ser así, parece improbable que le intentaran localizar durante varias semanas.

A partir de este momento sabemos que Julián Fernando Fernández Revuelta volvió a ser procesado mientras trabajaba en Barcelona como corrector de estilo al servicio de varias editoriales con el seudónimo de Fernando Platero. En la capital catalana resultó condenado a seis años junto con otros diez detenidos por actividades clandestinas, «una nueva conspiración romántica», que los militares apenas pudieron probar (Tribunal Militar Territorial 3, sumario 73725).

En 1948, cuando fue condenado por segunda vez, Julián Fernando Fernández Revuelta tenía treinta y seis años. La perspectiva de volver a la cárcel debió ser terrorífica. El comunista con aires de aventurero cruzó los Pirineos para trasladarse a París y trabajar en la UNESCO, mientras descargaba naranjas en el mercado cada madrugada. El sueldo como corrector o traductor era escaso. Desde Francia pudo viajar a Guatemala, México y Cuba, donde el periodista colaboró en programas radiofónicos y dirigió la agencia Prensa Latina para terminar como corresponsal de la misma en los Balcanes durante varios años.

Finalmente, el general Franco falleció y Julián Fernando Fernández Revuelta regresó a España como tantos otros exiliados. Aquí pasó los últimos años con una pensión de militar y oficinista depurado. El cronista de guerra de El Socialista que se incorporó a las filas comunistas a mediados de la guerra no figura en los registros de la Fundación Pablo Iglesias. Tampoco en los del archivo histórico del PCE. No obstante, reaparece el 20 de octubre de 1994 con motivo de una entrevista testimonial acerca de Miguel Hernández: «Le teníamos mucho cariño. Era un hombre respetado y querido que sabía hacerse querer» (Gómez y Patiño, 1999: 477). También un represaliado cuya nombradía nos ha permitido trazar unos apuntes acerca de una biografía hasta ahora inédita. Fernando F. Revuelta ya tiene un relato, aunque sea fragmentario.

IV Congreso Internacional Literatura y franquismo

 Imagen de mi intervención junto con el profesor Diego Santos

José María Pou cuando recibió el premio José Estruch a la mejor interpretación de la anterior temporada me comento que, a sus ochenta años y después de más de medio siglo en los escenarios, era consciente de que había llegado el momento de cerrar puertas y ventanas. La frase quedó en mi memoria porque, con una sencilla imagen, sintetizaba la inevitable despedida en cualquier actividad.

Yo también he empezado a cerrar puertas y ventanas como catedrático en activo. Siempre he rechazado la actitud de los colegas aferrados hasta el último día a sus cargos o participando en cualquier actividad como si no hubiera un mañana. Semejante protagonismo suele ser un indicio de la negativa a dar el relevo, una circunstancia que no se estudia, pero nos define.

Esta semana he participado en uno de los últimos congresos a los que asistiré como investigador en activo. Los primeros tuvieron lugar en los años ochenta y, a estas alturas, son muchos los acumulados en una trayectoria donde esta actividad resulta imprescindible.

Los profesores Fernando Larraz y Diego Santos, de la Universidad de Alcalá, me invitaron a dar una ponencia plenaria en el IV Congreso Internacional Literatura y franquismo: Ortodoxias y heterodoxias. Acepté encantado porque la ocasión me permitía hacer un balance del trabajo desarrollado en torno a los consejos de guerra de periodistas y escritores durante el período 1939-1945 y, al mismo tiempo, contactar con la reciente promoción de investigadores de la literatura durante el período franquista.

Ambos propósitos se cumplieron. De regreso a casa, tengo una lista de nuevos contactos, proyectos en los que colaboraré y, claro está, gestiones donde mi firma tal vez facilite la consecución de los objetivos (tribunales, informes, tesis, convenios…). La tarea me ocupará meses, pero la haré con agrado porque es una manera de ayudar a los jóvenes investigadores, dar el citado relevo y cerrar las puertas o las ventanas poniendo el protagonismo al servicio de los compañeros.

No obstante, y después de tantos congresos, el pasado jueves tuve una experiencia inédita. Al finalizar la ponencia, donde expliqué la tarea desarrollada en torno a los consejos de guerra como respuesta a quienes han intentado censurarla por distintas vías, incluida la descalificación profesional, los asistentes no solo aplaudieron, sino que se pusieron en pie para hacerlo como sucede en los teatros cuando una representación gusta mucho al público.

Los casi cien investigadores me dieron así una muestra de solidaridad que se suma a otras ya recibidas, pero con la novedad del directo, que convierte cualquier acto en un motivo de emoción. La sentí como nunca cuando vi la respuesta de los compañeros, que así agradecieron una lucha por la libertad de expresión y de cátedra compartida con la totalidad de quienes nos dedicamos a esta tarea.

El resultado de la ponencia fueron dos invitaciones de otras tantas editoriales para colaborar en sus catálogos, ofertas de participación en distintos proyectos, contactos para asesorar investigaciones…, pero sobre todo mucha solidaridad porque nadie, absolutamente nadie, comprende un acoso de seis años por realizar el trabajo que me corresponde como catedrático.

Ya de regreso en casa, y con nuevos sumarios por analizar remitidos por el Archivo General e Histórico de Defensa, me siento con energías renovadas y la confianza de que, puestos a cerrar las puertas y las ventanas de la actividad profesional, cuento con la solidaridad de quienes con sus investigaciones me enseñan a valorar aspectos inéditos de la cultura franquista. Nuestra labor pronto empezará a quedar obsoleta frente a la protagonizada por la nueva hornada de historiadores. Así, con la normalidad que debemos asumir, se habrá completado una cadena donde solo somos un eslabón. No hace falta ser un Antonio Machado para comprenderlo y actuar en consecuencia.

El poemario de un maestro encarcelado

 Víctor Pérez y Pérez

La experiencia más satisfactoria de estos años dedicados al estudio de los consejos de guerra de periodistas y escritores ha sido el encuentro con los descendientes de las víctimas. De hecho, el proyecto surgió de una entrevista con el abogado Diego San José, que me facilitó digitalizado el legado de su abuelo para que lo estudiara y difundiera. Así se hizo desde 2015 y, actualmente, el madrileño es un autor accesible para cualquier interesado en la historia literaria y periodística de su época.

A lo largo de estos años, los encuentros con los familiares se han ido sucediendo. A veces para pedirles datos o documentos. Otras con el deseo de contrastar la documentación localizada. Y, en algunas ocasiones, hasta para descubrirles facetas insospechadas de sus familiares. Las experiencias han sido diversas, pero siempre gratas y presididas por el deseo de recordar a quienes durante décadas estuvieron sometidos al silencio,

En este marco, el pasado mes de septiembre mi colega Fernando Miguel Pérez Herranz me mandó un ejemplar dedicado de una reciente edición del poemario de su abuelo titulado Gota a gota (1936-1938), editado con esmero por Páramo y con una excelente introducción de quien no solo recuerda al familiar, sino que también estudia su poesía con solvencia filológica.

El abulense Víctor Pérez y Pérez (1891-1963) fue uno de los muchos «maestros de la República», cuyo apostolado llegó hasta los más recónditos pueblos de la geografía española para alumbrar una modernidad y un espíritu de convivencia que parecían imposibles en unas estructuras sociales presididas por el caciquismo y el más rancio oscurantismo. Así lo hizo Víctor junto con su esposa Teófila, también «maestra nacional». Llegada la Guerra Civil, o (In)civil como escribe con acierto su nieto, ambos pagaron las consecuencias porque nunca debemos olvidar el sufrimiento de quienes vieron encarcelados a sus familiares.

El maestro fue apresado el 25 de agosto de 1936 por los sublevados contra la II República y pasó dos años en la cárcel sin mediar otra acusación que no fuera su condición de maestro republicano. Durante este período de reclusión, con momentos en los que temió por su vida, Víctor Pérez y Pérez fue escribiendo este poema «gota a gota», con la voluntad de «hacer palabra, escritura, lenguaje, esa experiencia del dolor, porque es la única tabla de salvación a la que el apresado puede agarrarse» (p. 13), según indica su nieto.

El sencillo poemario, en la popular línea del extremeño José M.ª Gabriel y Galán, nos remite a esa experiencia del dolor, pero siempre con una mirada serena y ajena a cualquier rencor. La agradecemos y nos emociona, como esas cartas dirigidas a la esposa en las que ajusta las cuentas domésticas, hasta la última peseta con una honestidad ejemplar, para evitar problemas a la familia cuando temía por su propia vida.

Afortunadamente, Víctor Pérez y Pérez no corrió la dramática suerte de tantos maestros procesados, depurados y hasta fusilados. El natural de Casas del Abab, un anexo del concejo abulense de Umbrías, pudo reincorporarse a la docencia para ejercerla en Navalmoral de la Sierra y El Barco de Ávila hasta su jubilación.

En esos pueblos, don Víctor tendría que olvidar lo enseñado durante la II República y explicar la doctrina del nacionalcatolicismo. La experiencia sería dura para un hombre de talante liberal, pero no me cabe la menor duda de que, por encima de cualquier retórica propagandística, prevalecería el sentido humanista heredado de la Institución Libre de Enseñanza y presente en el Juan de Mairena de Antonio Machado. Su alumnado, al cabo del tiempo, comprendería que en los años más oscuros tuvo la oportunidad de conocer una voz diferente, que era el eco de un tiempo donde la libertad y la convivencia fueron posibles.