El proceso de un monárquico, republicano y falangista: José Tarí Navarro

 Sumario 871 del AGHD

La denuncia de José M.ª Ruiz Pérez-Águila fue tan preventiva como generalizada (véase la entrada del 10 de octubre de 2025). El abogado que temía ser procesado por su zigzagueante pasado político, incluido el anticlerical, no reparó en distingos a la hora de establecer responsabilidades entre los periodistas que habían permanecido en Alicante durante la Guerra Civil. Su objetivo fue extender la mancha, hasta el punto de abarcar los nombres de varios colegas de las cabeceras locales que con una cierta lógica se podían considerar entre los vencedores. Al margen del sorprendente caso de Justo Sansano Benisa, director del periódico El Día hasta el 18 de julio de 1936, también cabe recordar el del redactor ilicitano del mismo José Tarí Navarro (1890-¿?), que fue detenido el 6 de mayo de 1939, según consta en el sumario 871 del AGHD.

Encabezamiento de la denuncia presentada por José M.ª Ruiz Pérez-Águila. Sumario 871 del AGHD

José M.ª Ruiz Pérez-Águila le acusa en la denuncia del 20 de abril de 1939 de ponerse «sin condiciones al servicio de los rojos escribiendo [en El Día] crónicas en elogio de los milicianos y dándoles ánimos para luchar». Las habría publicado, según el denunciante, bajo el seudónimo de Jota Tene, que recuerda las iniciales de José Tarí Navarro, aunque este redactor solía utilizar en la prensa local y nacional el de UDA; es decir, «uno de Alicante», de acuerdo con lo declarado por él mismo y otros testigos del proceso. El sargento Adolfo Posada Ruiz, secretario del juzgado instructor Letra D de Alicante, el 20 de diciembre transcribió varias de estas crónicas en un extenso informe de veintiún folios que se convertiría en la única prueba de cargo para llevar al periodista ante un consejo de guerra. 

La primera declaración del periodista ante el juez instructor tiene lugar el 22 de mayo. El veterano José Tarí Navarro niega las acusaciones genéricas de la denuncia, acusa a su colega Emilio Costa como responsable de la incautación de El Día, desmiente la autoría de los artículos o crónicas y, sobre todo, aporta una significativa documentación para probar que era un «afecto al Glorioso Movimiento Nacional». Entre la misma, figura un aval de FET y de las JONS de Alicante fechado el 4 de abril de 1939 donde aparece como «persona de orden». Vista la nueva adscripción, por entonces habría dejado atrás un pasado político como concejal monárquico en 1931 para militar a continuación en el Partido Radical y el Partido Republicano Independiente, según la base de datos del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante.

El declarante también presenta el documento del 1 de abril de 1939 que prueba su temprana reincorporación como profesor a la Escuela de Comercio de la que había sido apartado por los republicanos. Asimismo, el 25 de abril había donado veinticinco pesetas en monedas de plata para «una suscripción nacional» promovida por los vencedores, según consta en el sumario. Al margen de otros futuros avales, incluida una carta de Justo Sansano Benisa fechada el 20 de febrero de 1940 para desmentir la acusación de José M.ª Ruiz Pérez-Águila, la documentación evidencia que el declarante ya sabría de la posibilidad de ser denunciado por su permanencia en zona republicana durante la Guerra Civil, aunque hubiera sido objeto de persecuciones de «los rojos» que le llevaron hasta la localidad alicantina de Hondón de las Nieves para esconderse.

Otros avales en el mismo sentido constan en la documentación sumarial. Entre ellos, un informe del Servicio Nacional de Seguridad con fecha del 11 de junio de 1939, donde José Tarí Navarro aparece como «persona destacadísima de derechas habiendo estado detenido varias veces por la policía roja». Nunca pasó a ser procesado por estas supuestas detenciones. A pesar de unas evidencias poco o nada sospechosas a los ojos de los vencedores, el periodista permanece encausado, aunque en prisión atenuada en atención a que no era un «rojo» hasta el punto de que, en agosto de 1939 y según consta en el AHN, ya tramitó el expediente de censura de una nueva publicación: Guía de Publicidad de Alicante.

Requisitoria publicada en la prensa local. Sumario 871 del AGHD

El auto resumen del 2 de enero de 1940 supone el sobreseimiento para Eduardo García Marcili, Francisco Soria Tirado, Víctor Viñes Serrano, Fernando Gadea, José Ferrándiz Casares, Juan Sansano Benisa, Juan Sansano Torregrosa y Pascual Rosser Guixot. Todas estas personas vinculadas a las cabeceras locales contaban con numerosos avales entre las autoridades de los vencedores y quienes se habían movilizado para evitar el procesamiento de unos periodistas que, por convencimiento o conveniencia tácita, estaban por entonces en la órbita del Glorioso Movimiento Nacional.

José Tarí Navarro se encuentra en la misma situación y debería haber corrido una suerte similar a tenor de la documentación sumarial. Sin embargo, el instructor le manda al plenario del consejo de guerra por el informe del secretario judicial acerca de las supuestas colaboraciones periodísticas firmadas con seudónimo. La condición de «afecto al Glorioso Movimiento Nacional» era evidente, pero no bastaba a los ojos de los militares. De hecho, el procesado, aparte de haber sido depurado el 12 de septiembre de 1936 como desafecto a la II República en su condición de profesor de la Escuela de Comercio de Alicante, fue redactor de El Día hasta el 18 de julio de 1936. A partir de ese momento, dejó de colaborar en el periódico incautado como muestra de solidaridad con Justo Sansano Benisa. Este, además de ratificarlo ante el juzgado instructor, había quedado absuelto y su solidario colega procesado.

El 29 de enero de 1940, el fiscal pide seis años de cárcel para José Tarí Navarro como «autor de numerosos artículos de propaganda marxista», así como para los otros dos procesados que llegaron al plenario. El marxismo del antiguo concejal monárquico es un misterio a resolver. El 21 de febrero, el tribunal presidido por el comandante Almansa Díaz condena a Emilio Claramunt López y Ernesto Cantó Soler a la pena de seis años de prisión, mientras que el tercero queda absuelto porque los oficiales consideran no probada la acusación del fiscal, que la retiró en el curso del propio consejo de guerra.

El almanseño Emilio Claramunt López (1907-¿?) era un antiguo militante del PSOE que pasó a engrosar las filas del PCE, sindicalista de UGT en Riegos de Levante -le acusaron de haber depurado a empleados de esta empresa- y administrador de Nuestra Bandera, según la declaración del 4 de mayo de 1939. Dada esta trayectoria y a pesar de los avales recabados en su defensa, quince días después el informe de la alcaldía alicantina le considera como una «persona abiertamente hostil al Movimiento Nacional». De hecho, le acusan de haberse desplazado a Madrid con el objetivo de comprar la maquinaria para editar Nuestra Bandera.

El relleuero Ernesto Cantó Soler (1906-¿?) era un agente de seguros de treinta y tres años que reconoce haber sido «redactor nocturno» de Bandera Roja, aunque solo por ganarse la vida limitándose a recoger las noticias y corregir las galeradas. Los datos conservados permiten asegurar que su implicación en la cabecera fue más importante. Varios testigos declaran para exculparle y, además, lo hacen con un lujo de detalles que permite darles credibilidad. Pesaba sobre él, no obstante, su pasado como militante del PCE en Madrid antes de la guerra que llegaría a colaborar como «asesor jurídico» en Frente Sur, editado en Jaén cuando por allí andaba Miguel Hernández.

Ernesto Cantó Soler fue detenido en la capital andaluza al finalizar la guerra y posteriormente trasladado a Alicante para procesarle. Puesto en libertad condicional el 22 de junio de 1941, la definitiva le llegó el 29 de abril de 1945, aunque regresó al Reformatorio alicantino en dos ocasiones para permanecer a disposición del gobernador civil. Le consideraban hombre de «gran cultura» y, por lo tanto, sospechoso de volver a las andadas. Finalmente, le dejaron trabajar como inspector de seguros, según la base de datos del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante.

Hasta cierto punto, y de acuerdo con los parámetros de la jurisdicción militar en tiempos de la Victoria, ambos por su relación con el PCE llegaron al consejo de guerra con muchas posibilidades de ser condenados. Sin embargo, José Tarí Navarro estaba en otra órbita ideológica y solo cabe justificar su presencia en el plenario como una consecuencia del informe presentado por el secretario judicial, que se convirtió en la única base de la acusación del fiscal.

El tribunal nunca valoró los significativos avales presentados por los finalmente condenados, mientras que creyó a José Tarí Navarro, a pesar de que el periodista era el único con una prueba de cargo en el sumario. La arbitrariedad fue la propia del derecho de autor seguido en la jurisdicción militar de la Victoria. La condena no venía motivada por los hechos probados, sino por la identidad de quienes pudieron haberlos realizado. Unos habían militado en el PCE y, en consecuencia, carecían de credibilidad a la hora de presentar pruebas de descargo y otro, por el contrario, era una «persona de orden» capaz de negar la única prueba documental que consta en el sumario.

Si José Tarí Navarro careció de vinculación con los partidos del Frente Popular, fue apartado de su puesto como profesor poco después de iniciada la guerra, cesó de colaborar en la prensa cuando su periódico fue incautado -así lo testifica Justo Sansano Benisa- y hasta salió de Alicante para evitar nuevos problemas, ¿qué motivo justifica su permanencia como acusado hasta el plenario del consejo de guerra? La respuesta está en el informe presentado por el secretario judicial, que podía documentar una prueba de cargo posteriormente utilizada por el fiscal para argumentar su acusación. La circunstancia recuerda lo visto de forma reiterada en el Juzgado Militar de Prensa.

Franco, chocolate y churros

 Franco rivalizando con los ases de la raqueta

Los 20 de noviembre eran días festivos en Alicante. Durante mi estancia en el colegio San Fernando (1964-1968), a pesar de que ya se habían celebrado los XXV años de Paz, las vísperas de esa señalada fecha la ocupábamos en una visita a la casa-prisión de José Antonio. Allí nuestros maestros, con la preceptiva camisa azul, evocaban la ejemplaridad del sacrificio de un líder cuya imagen nos resultaba tan familiar como las de Franco y el crucifijo. Juntos, en la pared del estrado de las aulas, formaban una especie de Santísima Trinidad.

La visita, como expliqué en Contemos cómo pasó (2015), terminaba con una discusión acerca de si el mendrugo de la celda de José Antonio era el original o lo cambiaban cada año. Los puristas creían en la conservación milagrosa del pan. Los escépticos apuntábamos la posibilidad de la renovación porque, de haber sido un mendrugo de treinta años, aquello debería haberse convertido en un resto arqueológico. Al final, todos juntos, jugábamos un improvisado partido de fútbol en el patio de aquel recinto para culminar una visita donde unos chavales convertían la pared de la ejecución en una portería. El acto era irrespetuoso, pero tampoco parecía respetuoso hablar de fusilamientos y sacrificios ejemplares a quienes llevábamos pantalones cortos por imperativo de la edad.

A lo largo del bachiller, la festividad del 20 de noviembre en Alicante fue cada vez más extemporánea. La conmemoración del fusilamiento era un acto militante con escasa presencia en la ciudad. Muchos aprovechaban la ocasión para desplazarse a otras localidades y hacer una especie de black Friday sin saber del mismo. Mi padre decidió que ir a Jumilla era una buena oportunidad de comprar vino. En otras ocasiones, el destino fue Jijona para proveernos de turrón a un precio especial porque los fabricantes eran «clientes del banco». Estos detalles de «los clientes» determinaron varios hitos gastronómicos hasta mi entrada en la universidad.

Bluff fue fusilado por dibujar caricaturas como la del general Franco

A la altura de 1975, y conocedor de las noticias, mi padre no programó un viaje en el «850» que sustituyó al «600» gracias a su condición de «apoderado del BV». La categoría laboral figuraba en sus tarjetas de visita guardadas en una cajita de plástico. La posesión de esa cajita la añoro, así como la entrega de la correspondiente tarjeta donde ahora figuraría una cualificación que habría enorgullecido al «apoderado», un término que me gustaba tanto como el de «perito».

El 20 de noviembre de 1975 mi padre madrugó como todos los días. El hábito lo he heredado. Aquella mañana vino a mi habitación, con su sempiterno batín granate, para decirme una sola palabra: «¡Ya!». El resto de la implícita frase lo entendí al instante. A partir de ese momento, el desconcierto en nuestras reacciones fue notable porque «no había costumbre» de que Franco hubiera fallecido.

El alivio era notable. Los partes del «equipo médico habitual», con su detallismo acerca de las «madejas sanguinolentas», habían preparado el camino, pero algo sonado debía hacerse. Mi padre sacó un billete de veinte duros y me mandó comprar una rueda de churros, toda una rueda, y chocolate. Así, mojando los churros sin temor a que se agotaran, contemplé al cariacontecido Arias Navarro en la tele o escuché las noticias por la radio. La duda permanece, pero lo bien que me sentaron esos churros es un dogma.

José Robledano fue procesado por caricaturizar al general Franco

La muerte ajena nunca debe ser un motivo de alegría, y menos después de la carnicería a la que fue sometido el general Franco para prolongar su vida, pero conviene reconocer que a veces supone un alivio. El galán del No-Do era por entonces un personaje patético que amenazaba con la inmortalidad. Los secundarios, al menos los procedentes de familias derrotadas en 1939, esperábamos que la productora contratara a un sustituto con mejor presencia. Valía cualquiera y así, con la resignación de haber padecido el pasado, aceptamos al «campechano», que ya sabría de las artes de un buen galán.

Aquella mañana del 20 de noviembre de 1975 en casa no hubo una celebración más allá de los churros con chocolate. Franco había fallecido, pero el franquismo seguía vivo. La comprobación era tan sencilla como salir a la calle. El problema es que esa mentalidad de un «régimen tenebroso de pícaros, patanes y meapilas» (Javier Cercas) no iba a desaparecer gracias al «hecho biológico». La tarea para convertirnos en un «país normal» (Iñaki Gabilondo) resultaba abrumadora y, sobre todo, no había un manual de instrucciones. Menos todavía un «gran timonel» que nos orientara. No obstante, la necesidad de ser «normales» permitió que la dictadura, a diferencia del dictador, fuera derrotada poco a poco en la calle.

El aprendizaje de la convivencia durante la Transición fue un empeño colectivo, pero nunca unánime. El franquismo estaba en cualquier esquina y, visto el presente, parece capaz de mutarse para que no podamos comer unos churros con chocolate sin temor de que se agoten o sin la mala conciencia de que engordan. Qué le vamos a hacer. Siempre tendremos a mano las galletas gracias a las pequeñas victorias en el empeño de ser «normales» para que nadie acabe como Bluff o José Robledano. Ni siquiera insultado o difamado, menos condenado, por pensar que las dictaduras donde mejor están es en el recuerdo de lo remoto.

 

 

Manuel Izquierdo, taquimecanógrafo de Mundo Obrero

 Manuel Izquierdo Esteban. Foto obtenida del fondo del SBHAC

La represión franquista durante la Victoria responde a múltiples causas con un mismo objetivo: la eliminación o neutralización de un «enemigo» todavía considerado en términos militares. A lo largo de aquellos meses en Madrid, y en lo referente a los comunistas, algunas detenciones relacionadas con lo sucedido durante la guerra también vienen motivadas por una actuación en la clandestinidad. Su único fin por entonces era procurar la supervivencia de los camaradas o prestar ayuda a los presos y sus familias. Tanto por el pasado como por el presente, los detenidos formaban parte del «enemigo» y como tales fueron sometidos a los sumarísimos de urgencia.

La detención el 24 de agosto de 1939 del taquimecanógrafo y «vaciador» Manuel Izquierdo Esteban (1913-1992) en la madrileña calle de Embajadores ejemplifica esta doble circunstancia. El joven «agente colaborador» Roberto Conesa Escudero (1917-1994) estaba a punto de ingresar como «agente auxiliar provisional» en el Cuerpo General de Policía tras servir en la Quinta Columna y militar en FET y de las JONS, pero antes de ser funcionario por nombramiento directo -así se deduce de la consulta de su expediente en el Archivo General del Ministerio del Interior (expdte. 10856)- ya actuaba de hecho como si fuera un miembro de la Brigada Político Social. Durante el verano de 1939, quien destacaría por sus actuaciones policiales participó en la detención de «Las trece rosas», así como en el desmantelamiento de las células comunistas que intentaban reorganizarse.

Uno de los primeros objetivos de Roberto Conesa Escudero -según su expediente, la fecha del ingreso como agente auxiliar provisional en la Brigada Político Social fue el 25 de agosto de 1939, un día después de la detención (El Diario, 16-I-2020)- lo constituyó quien trabajó como taquimecanógrafo en Mundo Obrero desde el inicio de la guerra hasta su movilización en febrero de 1937. Tras la entrada de las tropas del general Franco, Manuel Izquierdo Esteban permaneció en Madrid junto a su esposa. Por razones obvias, había dejado atrás su actividad periodística en El Sol, La Voz o Estampa y solo era un «vaciador» en el taller de su suegro, donde fue detenido junto con la militante comunista Teresa Colomer.

AGHD, sumario 60352

El 24 de agosto de 1939, Roberto Conesa Escudero y otro agente presentan al detenido en la DGS bajo la acusación de pertenecer al PCE desde 1931, haber trabajado en Mundo Obrero como taquimecanógrafo y redactor e intentar la reconstrucción de la organización del partido en Madrid. Ese mismo día tuvo lugar la primera declaración del detenido. Manuel Izquierdo Esteban, de veintiséis años, reconoce su militancia en el PCE, solo desde agosto de 1936 porque antes su colaboración quedó limitada a ser taquimecanógrafo en los mítines. También admite su presencia en la redacción del órgano oficial de los comunistas, aunque «de manera accidental» y reducida a la redacción de «algunos sueltos». Esta actividad la completaba con el trabajo en el taller del suegro hasta la movilización y, conocedor del peligro que corría, negó la participación en la reconstrucción del PCE. Otros jóvenes camaradas suyos, y no solo «las trece rosas, fueron fusilados durante ese trágico verano bajo la misma acusación.

Las actuaciones sumariales hasta ese momento eran unas diligencias previas con el número 19886, pero las mismas pasaron a ser un sumarísimo de urgencia, el 60352 del AGHD, tras la orden del auditor fechada el 21 de febrero de 1940. Antes, el 14 de octubre de 1939, el detenido en Yeserías había ratificado lo declarado en la DGS, aunque también dio algunos nombres y negó que le hubieran ofrecido la secretaría de organización del PCE en Madrid. Asimismo, y de forma sorprendente, la declaración desmiente su vinculación con FET y de las JONS.

La primera declaración ante el juez instructor tiene lugar el 26 de enero de 1940, antes de la orden dada por el auditor, pero ya sabemos de la frecuente incoherencia cronológica de estos sumarios. Manuel Izquierdo Esteban solo reconoce la militancia en el PCE desde 1936, niega haber escrito «sueltos» o cualquier otro texto en Mundo Obrero -«pues se limitó únicamente a trabajar como taquígrafo siendo este cargo de carácter accidental y fuera de plantilla»-, obvia las referencias a otras publicaciones ya que nada de las mismas supieron los instructores y, sobre todo, rechaza la vinculación con las actividades clandestinas para la reconstrucción del partido. Tal vez fuera la primera declaración ajena a la posible tortura en la DGS y lo reconocido es menos grave para su futuro procesal.

El también poeta Manuel Izquierdo Esteban debía gozar de una positiva opinión en la vecindad porque, a lo largo de febrero de 1940, llegan al juzgado varios avales de conocidos suyos para probar que era una «buena persona», además de «trabajador consciente y de excelente honradez». El informe de la Guardia Civil fechado el 19 de abril de 1940 no lo desmiente, aunque le considera un comunista que escribía en Mundo Obrero «haciendo una propaganda grande». A diferencia de lo sucedido en estos casos cuando eran instruidos en el Juzgado Militar de Prensa, ningún secretario judicial acudió a la hemeroteca para comprobar la circunstancia y realizar el correspondiente informe con los artículos transcritos. La Guardia Civil, abrumada por la tarea represiva, escribía de oídas a la hora de presentar las pruebas de cargo y, por otra parte, el auditor obvió la posibilidad de remitir este sumario al juzgado del capitán Manuel Martínez Gargallo. La condición de militante clandestino del detenido prevaleció sobre la desconocida faceta como periodista y escritor o, al menos, colaborador en la prensa republicana.

A pesar de la supuesta urgencia del sumarísimo, los meses se suceden con el detenido ahora en la prisión de Torrijos. Así debemos esperar hasta el 29 de abril de 1940, cuando vuelve a declarar el agente Roberto Conesa Escudero. El policía especializado en el desmantelamiento de las organizaciones comunistas afirma que detuvo a Manuel Izquierdo Esteban en la calle Embajadores, justo cuando esperaba mantener una reunión con Teresa Colomer. Lo hizo porque, «según confidencias recibidas, era uno de los que estaban reorganizando el PCE de Madrid clandestinamente». Tanto era así que le habían elegido como secretario de organización. Por fortuna, los militares prestaron poca atención a esta acusación del policía o la desecharon sin mediar justificación.

El 12 de julio de 1940, casi un año después de la detención y sin que la instrucción hubiera avanzado, vuelve a declarar Manuel Izquierdo Esteban. El detenido ratifica las anteriores declaraciones y, sobre todo, niega la publicación de artículos en Mundo Obrero y su presencia en la reconstrucción del PCE. Tampoco aportan novedades los avalistas, que se presentan en el Juzgado militar permanente n.º 9 para validar lo escrito meses antes. El acto, dada la militancia del acusado, suponía un riesgo que los escritores falangistas supuestamente dispuestos a salvar a Miguel Hernández nunca corrieron.

Un año después, el 2 de agosto de 1941, llega el informe de la DGS, que repite lo recopilado en actuaciones anteriores y atribuye al taquimecanógrafo una militancia destacada en el PCE desde antes del Glorioso Movimiento Nacional. De hecho, Manuel Izquierdo Esteban «daba conferencias marxistas y cantaba La Internacional por todo el barrio». Ambas circunstancias, fruto de algún testimonio vecinal nunca explicitado, permiten a los policías considerar que el detenido «observaba una mala conducta tanto pública como privada». La falta de moralidad era propia de quien trabajaba en la redacción de Mundo Obrero e intentaba la reorganización del PCE.

Los dos años de instrucción con el detenido en prisión apenas sirvieron para acumular los imprecisos y parciales testimonios arriba indicados. Las pruebas para sustentarlos nunca aparecieron. Tampoco resultaban necesarias en el «derecho de autor» presente en la jurisdicción militar. El juez dictó el auto resumen el 14 de agosto de 1941. El auditor lo elevó al plenario del consejo de guerra el 2 de septiembre y, como novedad porque los sumarísimos de urgencia habían pasado a la historia poco antes, el acusado nombró a un oficial como defensor. Lo hizo el 2 de octubre y la tarea recayó en el teniente Enrique Castro Cardiel, que doce días después pidió la absolución para el militante comunista sin aportar argumentos jurídicos. Este tipo de peticiones formaban parte de un ritual donde los oficiales defensores apenas condicionaron las decisiones de sus superiores que formaban parte de los tribunales.

El consejo de guerra presidido por el teniente coronel José Guadalajara tuvo lugar el 14 de octubre de 1941. El fiscal pidió una condena de treinta años de reclusión mayor tras rebajar la petición del 18 de septiembre, que era de muerte. El mismo día, según lo habitual por entonces, el tribunal dictó sentencia. Manuel Izquierdo Esteban, con unos «hechos probados» limitados al testimonio del agente Roberto Conesa Escudero y los informes policiales que hablaban de la mala conducta de quien cantaba La Internacional «por todo el barrio», fue condenado a veinte años de reclusión mayor.

El auditor ratificó la sentencia el 30 de octubre de 1941. Según la documentación del sumario, la condena del periodista quedaría extinguida el 25 de agosto de 1959 para celebrar los planes de estabilización que dieron paso al período desarrollista. Las autoridades judiciales le aplicaron la Ley de Responsabilidades Políticas con el objetivo, nunca explícito, de evitar que el «vaciador» acumulara riquezas por el trabajo en el taller del suegro. Manuel Izquierdo Esteban pasó, además, por destinos tan duros como el destacamento penal de Fuencarral. Sin embargo, se impuso su juventud a la hora de sobrevivir y recobró la libertad, aunque condicional, en 1944 (BOE, 25-III-1944).

El madrileño apenas había cumplido los treinta años y su pasado era digno de un relato de la memoria. La preservó durante años en su exilio por varios países. Gracias a que vivió para regresar a España, ver la llegada de la democracia y ser amnistiado como periodista represaliado, ingresó en la Asociación de la Prensa de Madrid el 18 de noviembre de 1985 (Cordero Avilés, 2024: 204). Lo sufrido durante la Victoria junto con otros militantes comunistas lo relató en libros y artículos publicados entre 1982 y 1997 con la colaboración de la editorial Endimyon. Manuel Navarro Ballesteros, el ejecutado director de Mundo Obrero, protagoniza estos trabajos literarios, pero los mismos también hablan de un pasado donde trece rosas, y muchas decenas de compañeros, pagaron con sus vidas las consecuencias de una dictadura dispuesta a invertir en una represión despiadada. Estos libros andan descatalogados a la espera de algún lector. Los recuperaremos para incorporarlos al correspondiente capítulo de Manuel Izquierdo Esteban, que desde ahora empieza a contar con un relato como poeta, ensayista y cronista presente en la España de la Victoria. Nunca lo olvidó.

Pd. El presente texto es un embrión del capítulo mucho más extenso dedicado a la detención y el proceso de Manuel Izquierdo Esteban que aparecerá en el cuarto volumen dedicado a los consejos de guerra de periodistas y escritores. Asimismo, ampliaremos todo lo relacionado con la detención a partir de la consulta de varios documentos incluidos en el expediente del agente Roberto Conesa.

La suerte del periodista y escritor Eduardo García Marcili

Eduardo García Marcili. Foto incluida en el volumen de Jaume Lloret i Esquerdo, Personajes de la escena alicantina (2002)

El 20 de abril de 1939, el abogado y periodista José M.ª Pérez Ruiz-Águila presentó ante las autoridades militares de Alicante una denuncia contra diversos colegas de la prensa republicana. El sumario instruido a partir de la misma ya lo hemos examinado en lo referente a José Ferrándiz Albors, José Ferrándiz Casares y Juan Sansano Benisa (véase fundamentalmente la entrada del 10 de octubre de 2025 en este mismo blog).

La citada denuncia del sumario 871 del AGHD también incluye al redactor-jefe del Diario de Alicante, Eduardo García Marcili (1878.1943), un veterano autor y crítico teatral que firmaba en la prensa local con el seudónimo de Aristarco. El 19 de julio de 1936, José M.ª Pérez Ruiz-Águila todavía era el director del citado diario, luego su nombre desapareció y presenta al colega como «traidor» porque se puso «sin condiciones al servicio de los rojos». Esta supuesta actitud de colaboración no se tradujo en artículos publicados en una cabecera claramente opuesta a los sublevados. La motivación de la denuncia pudo tener relación con otra circunstancia: el periodista era un testigo del pasado anticlerical del denunciante.

Eduardo García Marcili, aparte de una amplia trayectoria en la prensa alicantina, era autor de novelas y obras teatrales de carácter costumbrista que le habían dado popularidad en su ciudad natal. Su militancia en Izquierda Republicana parece probada (CDMH, DNSD, Fichero 24, G0095839), pero no me consta ninguna otra circunstancia que pruebe la veracidad de la acusación de quien le denunció.

El 21 de abril de 1939 el juez instructor mandó la captura de todos los denunciados por José M.ª Pérez Ruiz-Águila y el 3 de mayo los militares detuvieron a Eduardo García Marcili, que por entonces contaba con cincuenta y ocho años. Al día siguiente, el veterano escritor prestó declaración en el juzgado militar. Su defensa pasa por acusar al gobernador civil Valdés Casas como causante de su continuidad en el Diario de Alicante, aunque lo hiciera sin redactar un solo artículo. El declarante niega haber militado en partidos republicanos y las demás acusaciones de su denunciante, al tiempo que recuerda su comportamiento solidario cuando acogió en su domicilio a varias personas de derechas durante la Guerra Civil.

El informe del alcalde de Alicante sobre Eduardo García Marcili, fechado el 19 de mayo, le califica como una persona «fluctuante en política» que trabajó para El Luchador -su nombre no figura en la correspondiente ficha del catálogo editado por Francisco Moreno Sáez, pero pudo hacerlo con seudónimo o sin firma- y durante la guerra ocupó cargos en la Comisaría de Abastos. Tres días después, el periodista vuelve a declarar alegando que no redactó un solo artículo en contra del Glorioso Movimiento Nacional y que su permanencia en la cabecera de Diario de Alicante solo era una imposición del gobernador civil.

El 1 de junio de 1939, la jefatura policial de Alicante informa al juez instructor que Eduardo García Marcili había sido colaborador en La Voz de Alicante y El Luchador, así como en ABC y El Sol de Madrid. Esta última circunstancia no la he podido constatar en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional. El documento no precisa el carácter de estas supuestas colaboraciones y, para tranquilidad del acusado, se limita a señalar que durante la guerra «su conducta no ha sido mala».

A pesar de que el secretario del juzgado instructor recopila varios artículos de los acusados publicados en la prensa local, la prueba de cargo es obviada por el juez instructor. También prescinde de la reconocida colaboración del denunciado en la prensa republicana y, en el auto resumen del 2 de enero de 1940, absuelve a Eduardo García Marcili, junto con Francisco Soria Tirado, Víctor Viñes Serrano, Fernando Gadea, José Ferrándiz Casares, Juan Sansano Benisa, Juan Sansano Torregrosa y Pascual Rosser Guixot.

La absolución, a falta de una justificación explícita en la documentación sumarial, en el caso de Eduardo García Marcili pudo llegar gracias a los numerosos avales remitidos al juzgado en defensa de los procesados. El juez sabía que estaba ante un periodista con presencia como redactor-jefe en una cabecera favorable al gobierno durante la guerra y que, al mismo tiempo, había ocupado algunos cargos menores en el ámbito local. Ambas circunstancias, sobre todo la condición de redactor-jefe de un periódico republicano, en Madrid solían justificar una condena a treinta años. En Alicante, y gracias a los avales y otras posibles intermediaciones, podían terminar con una absolución, aunque tras pasar el susto correspondiente.

La vara de medir de la jurisdicción militar distaba de ser una constante en todo el ámbito nacional y, por los mismos cargos, las condenas iban desde lo tremendista hasta la absolución. El veterano Eduardo García Marcili agradecería haber pasado la guerra en Alicante, tan lejos de los dominios del Juzgado Militar de Prensa y tan cerca de los amigos que le ayudaron en unas penosas circunstancias que pronto le llevaron a la muerte y el posterior olvido.

 

«Si no tienes un 'hater'...»

 Miembros de la Generación del 27

El centenario de la Generación del 27 forma parte del futuro inmediato. Los preparativos para celebrarlo ya están en marcha. De hecho, cuento con tres invitaciones para participar en iniciativas relacionadas con la efeméride y, lo confieso, me ilusiona especialmente la experiencia de alojarme en la Residencia de Estudiantes, donde estuvieron los creadores a los que he dedicado tantas horas de estudio y docencia.

La «Generación del 27» es una denominación tan exitosa como discutible por múltiples razones. El centenario será una ocasión perfecta para someterla a crítica y analizar posibles alternativas acordes con la riqueza literaria de ese período de nuestras letras.

Así lo haremos, pero los historiadores somos conscientes de la inutilidad de pretender reemplazar una denominación exitosa en los medios de comunicación. Conviene, pues, aceptarla, aunque solo sea para matizarla o reivindicar otras posibilidades. El camino de esa revisión viene de largo y lo completaremos, tal vez, en el 27 sin olvidar el núcleo de los poetas imprescindibles para caracterizar la generación.

Los debates universitarios son intensos, pero permanecen alejados de la visceralidad habitual en los medios de comunicación. Las razones de este islote de racionalidad son múltiples. Yo destacaría que, llegados a un mínimo de conocimientos sobre una materia, la controversia permanece, aunque en unos términos donde también cabe hablar de un consenso en lo básico por obvio.

En este marco de preparativos, el pasado 26 de octubre leí una entrevista a Andrés Trapiello cuyo titular me sorprendió: «El 27 me parece un grupo de poetas sin demasiado recorrido» (Diario de Sevilla). El texto de las respuestas corrobora lo entrecomillado en el titular, de tal manera que el entrevistado considera a Federico García Lorca, Vicente Aleixandre y Rafael Alberti, por ejemplo, como «poetas sin demasiado recorrido».

Andrés Trapiello piensa, por el contrario, que José Bergamín, Luis Cernuda y Rosa Chacel son autores de mayor recorrido y dignos de un interés preferente. La opción está justificada, pero lo sorprendente es que pase por la boutade de minimizar el alcance de un premio Nobel o un autor universal como Lorca.

A falta de explicaciones en la propia entrevista, supongo que lo buscado es un titular llamativo para marcar territorio. Si Andrés Trapiello se sumara a la corriente unánime del profesorado universitario, su protagonismo de cara a 2027 quedaría diluido y apenas cotizaría. Sin embargo, puestos a pensar que Lorca es un poeta «sin demasiado recorrido», su voz disidente sonará con fuerza y, al mismo tiempo, le permitirá cuestionar una unanimidad vinculada con los defectos que suele atribuir al mundo académico.

La respuesta argumentada es innecesaria porque no se trata de una polémica literaria, sino de una estrategia para situarse ante una celebración que acarreará múltiples y, a veces, bien pagadas colaboraciones. Quienes compartimos la suerte de no depender del «mercado», por nuestra condición de funcionarios. permanecemos lejos de estas salidas de tono. Apenas cabe criticarlas. Solo lamentar que, con tanta estrategia comunicativa, se pierda el tiempo para modular una voz crítica que merece ser escuchada.

El Andrés Trapiello de las «trifulcas periodísticas», cada vez más acentuadas, dista del autor de algunos libros que me han permitido conocer mejor las letras españolas. Con este último el debate merece la pena, mientras que con el de las columnas de El Mundo solo lamento un tono faltón donde otros, más ingeniosos, le superan.

Ahora, como un paso más en ese camino de los columnistas dispuestos a sobrevivir en la jauría periodística, me entero de que Andrés Trapiello es un hater de mi colega Ignacio Sánchez Cuenca (El País, 6-XI-2025). La respuesta del catedrático, cuyos artículos y libros leo con atención desde hace tiempo, supone un ejemplo de moderación analítica y buen humor. Lo agradezco, porque lo peor de un hater es la posibilidad de contagiar al «enemigo».

El historiador debe consultar las fuentes primarias. En este caso, me ha bastado leer los artículos «El dilema llega tarde» y «Tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla» (El Mundo, 13-IX-2025 y 25-X-2025) para comprobar la veracidad del análisis de Ignacio Sánchez Cuenca.

El resultado desalienta al lector porque el espacio privilegiado de una página en un medio de alcance nacional merecería otros contenidos. Sin embargo, visto el panorama de la prensa conservadora de Madrid, me temo que los mismos serían el primer paso para la sustitución del colaborador, que parece obligado a ser tan hater del «sanchismo» como sus colegas de El Mundo.

Una línea editorial siempre merece un respeto, pero caer en las prácticas de un hater, cuando alguien ha probado otras capacidades, es tan lamentable como la suma de trifulcas de tantos columnistas. La supervivencia resulta dura en unos medios precarios donde la independencia supone una quimera. Todos lo sabemos. La crítica paternalista desde la perspectiva de un catedrático no procede, pero sí la réplica bienhumorada. De lo contrario, al final solo oiríamos a los haters, hasta el punto de pensar que escribir es rebajarse a la condición del obsesionado que cree encarnar una lucha digna cuando en realidad procura su supervivencia.

 

 

 

 

 

Procesado por taquimecanógrafo: José Ferrándiz Casares

 Montaje a partir de tres cabeceras de la prensa alicantina durante la Guerra Civil

La posibilidad de encontrar a un amigo entre los escritores y periodistas procesados durante la posguerra es remota por cuestiones de edad. Nací en 1958 y me debería remitir a la generación de mis padres, que vivieron aquellos años siendo unos adolescentes o unos jóvenes con esperanzas a menudo truncadas. Después el silencio fue absoluto para buscar un acomodo discreto explicado en libros como Contemos cómo pasó (2015).

A mediados de los ochenta, cuando lo callado empezaba a desvelarse con relativa normalidad, tuve la ocasión de charlar acerca de esa experiencia con quienes andaban cerca de la jubilación o la procuraban disfrutar. El encuentro fue tan breve como limitado. Poco a poco desaparecieron sin apenas ser escuchados y, ahora, cuando necesitamos de esa memoria, lamento no haberles prestado más atención para mantener vivos sus recuerdos.

Gracias a mi padre y otras personas de su edad que me ayudaron, sabía quienes tuvieron algún protagonismo en la vida cultural o académica de Alicante durante la II República. Los trataba en el caso de los vivos y, aunque por entonces era demasiado joven, procuré escuchar sus historias. No obstante, a menudo las conocí por vías indirectas, porque estos ancianos nunca fueron proclives a hablar. Los motivos del pasado resultaban tan obvios como tácitos.

José Ferrándiz Casares (1917-¿?), no se encontraba en esa lista de personas significadas durante la II República. Le conocía por su condición de crítico teatral en el diario Información desde mayo de 1973 y también por saludarle al verle, siempre con su esposa, en el Teatro Principal, donde era uno de los espectadores más fieles.

Foto obtenida del libro de Jaume Lloret, Personajes de la escena alicantina

Correcto, amable y elegante en todos los sentidos, tuve la ocasión de charlar con don José en varias ocasiones para que me contara otro tipo de batallas, las teatrales, de épocas que yo solo conocía a través de los libros. Me atendió con los modales de un caballero y se alegró de verme en tareas docentes, pues se ganó la vida como catedrático de inglés en la Escuela de Comercio de Alicante.

Ya jubilado y dueño de su tiempo, dedicó muchas horas a la escritura y la lectura, publicó libros de diferentes géneros y hasta se doctoró en 1995, cuando contaba con setenta y ocho años. Su vida fue una pasión por la cultura que durante décadas compartió con un reducido grupo de amigos, aquellos que crearon el teatro de cámara en el Alicante de los cincuenta y protagonizaron otras iniciativas para hacer más soportable «el tiempo de silencio».

Al analizar el sumario 871 del AGHD, el relacionado con los periodistas alicantinos que fueron denunciados por el abogado José M.ª Pérez Ruiz-Águila, tuve la sorpresa de encontrar a don José entre los procesados. Nunca lo hubiera sospechado, pero el alcalde de Alicante, en un informe fechado el 31 de mayo de 1939, escribió que el joven periodista «es militante del partido comunista y agente activo del mismo, propagandista de las ideas marxistas en el periódico Nuestra Bandera, órgano del partido comunista. Es de mala conducta y pésimos antecedentes que ha de reputársele como peligroso». De sobra conozco la barbarie de la época, pero enmudecí al observar en esta dramática tesitura a don José, que al parecer solo colaboró en El Luchador, una cabecera local vinculada con Izquierda Republicana.

La declaración del empleado Antonio González Soler, fechada el 28 de junio de 1939, es bien diferente en su caracterización de José Ferrándiz Casares. El declarante recuerda que en 1935 su amigo marchó a Inglaterra para perfeccionar el inglés y que, de vuelta a su ciudad natal, le sorprendió la guerra. Trabajó entonces en una casa comercial y hasta su movilización completó el sueldo como taquimecanógrafo en Nuestra Bandera, aunque el citado empleado negara cualquier vinculación suya con los comunistas.

El profesor mercantil Francisco Sáez Garrido el 28 de junio también testimonia indicando que José Ferrándiz Casares estudió en la Escuela de Comercio y que su amigo era un «republicano moderado». Francisco Jerez La Marca el mismo día secunda esta caracterización e incluso le sitúa entre los simpatizantes de los sublevados. La delegación alicantina del Servicio Nacional de Seguridad una semana antes había informado que el joven era «persona de buena conducta». El documento firmado por el alcalde quedó como un nuevo ejemplo, aislado en esta ocasión, de la barbarie de la época.

Los militares tardaron algún tiempo en localizar a José Ferrándiz Casares. Incluso le declararon en rebeldía como a los denunciados ya exiliados. Finalmente, lo detuvieron y declaró el 24 de mayo de 1939. Taquígrafo y con veintidós años, reconoce que trabajó en Nuestra Bandera hasta ser movilizado en septiembre de 1937. Al igual que todos los trabajadores del momento se afilió a una central sindical, la UGT en su caso. «El deponente» recuerda sus problemas en la redacción por la negativa a ingresar en el PCE, pero permaneció en la misma porque su labor se reducía a la de un taquígrafo que, desde las once de la noche hasta las cuatro de la madrugada, tomaba nota de las conferencias telefónicas, sin redactar artículos o ponerles títulos, tarea que correspondía a otras personas de las que facilita nombres. El juez instructor le mantuvo en «prisión atenuada», que debería ser un arresto domiciliario.

Allí permanecería José Ferrándiz Casares hasta que el auto resumen del instructor, fechado el 2 de enero de 1940, consideró sobreseído su caso. Así pudo librarse del consejo de guerra celebrado el 21 de febrero, donde fueron condenados a seis años los periodistas Emilio Claramunt López y Ernesto Cantó Soler. Un tercer procesado, el profesor mercantil José Tarí Navarro, resultó absuelto por el tribunal que presidió el comandante Almansa Díaz. Una semana después el auditor ratificó la sentencia. A partir de ese momento, don José empezaría a respirar aliviado después de verse involucrado en unos sumarísimos como los que llevaron a la muerte a su admirado Miguel Hernández.

Ahora, cuando la figura del crítico teatral está diluida por los años transcurridos desde su fallecimiento, lamento no haberle preguntado por aquello que desconocía. Como tantos otros profesores, solo sabía de una genérica represión, pero carecía de información para concretarla en los consejos de guerra u otros instrumentos destinados a derrotar al «enemigo». Dudo que José Ferrándiz Casares pudiera ser el enemigo de alguien, pero en la Victoria y durante unos meses así le trataron hasta que prevaleció un mínimo de sentido común. Su admirado Miguel Hernández no disfrutó de esa suerte.

José Fragero Pozuelo, falangista y confidente del SIM

 José Fragero Pozuelo. Fuente: Rafael Cordero Avilés, Héroes sin nombre, p. 532

El falangista José Fragero Pozuelo (1895-1965), «redactor comercial de ABC y Blanco y Negro» (Diario de Córdoba, 23-VI-1936) desde 1932 y procedente de La Nación, también era «agente de publicidad» de diferentes medios periodísticos (Guion, 14-IV-1936) de una capital donde, probablemente, fue detenido junto con otros dos individuos «por estafador en la compra venta de automóviles» (El Castellano, 11-III-1932).

La ausencia del segundo apellido en la nota de prensa impide confirmar con seguridad la circunstancia delictiva de quien hizo gala de habilidades para múltiples negocios, que a veces provocaron el recelo de las empresas. Así lo deducimos de la segunda referencia periodística. Analizada con atención como aviso preventivo para los lectores de Guion y posibles anunciantes, la literalidad deja entender que el agente de publicidad a veces actuaba por libre.

El andaluz afincado con su familia en Madrid quedó en paro tras el inicio de la Guerra Civil. A pesar de sus dotes para establecer relaciones amistosas con «ricos y pobres», que las mantuvo hasta el final de sus días de bohemia nocturna en Córdoba (Cordero Avilés, 2024: 532), la búsqueda de anunciantes resultaría un imposible más allá del verano de 1936. Al menos, si el destino de la publicidad eran unas publicaciones de Prensa Española que en Madrid siguieron rumbos nunca imaginados por los propietarios de una empresa confiscada. José Fragero Pozuelo presentó el despido como una represalia tras la primera detención en agosto de 1936 por su condición de «desafecto».

El supuesto pasado falangista del cordobés supone una incógnita de las tantas que rodean a este personaje del Madrid anónimo. La derechista en Renovación Española y el Partido Tradicionalista la probó en la ciudad natal gracias a los responsables falangistas, pero no en Madrid, donde solo contó con avales de quienes no ocupaban cargos en FET y de las JONS. Por otra parte, José Fragero Pozuelo dejó Córdoba antes del liderazgo de José Antonio Primo de Rivera y por las fechas sería un anacronismo su militancia en la capital andaluza. El documento allí fechado y aportado al sumario pudo ser fruto de la ayuda prestada por sus familiares para sacarle de la cárcel en 1939.

En cualquier caso, la subsistencia del «redactor comercial» junto con su familia en la capital sitiada sería complicada y requeriría habilidad para moverse en ambientes donde las fronteras políticas resultaban franqueables a conveniencia o necesidad. El antiguo óptico con empresa familiar radicada en Córdoba fue despedido del ABC tras la primera detención, según su declaración, y optó por ganarse la vida en un taller de óptica de la calle Villanueva regentado por la CNT, que lo cerró meses después cuando supo que los empleados eran unos emboscados.

El cordobés completó el pluriempleo como fotógrafo con el carnet 686, expedido gracias a la autorización de la Secretaría de Propaganda de la Junta Delegada de Defensa de Madrid (CDMH, PS-Madrid, 18701. 152). El antiguo empleado de Prensa Española también se afilió a la CNT en marzo de 1937 para evitar problemas con las autoridades republicanas, que vigilaron estrechamente a un colectivo de fotógrafos -ambulantes o al servicio de empresas periodísticas- que podía facilitar información a los sublevados, como vimos en el caso del fotoperiodista José M.ª Díez Casariego.

Mientras tanto, según sus declaraciones en el sumario 63920 del AGHD, José Fragero Pozuelo por su supuesta condición de falangista perseguido entraba y salía de las más afamadas y temibles checas: Fomento, Bellas Artes, Atocha…. De ser cierta la circunstancia evocada en su defensa cuando fue procesado, la citada autorización como fotógrafo habría quedado anulada y alguna huella documental de esas detenciones constaría en los archivos.

La búsqueda en ese sentido ha resultado infructuosa porque -según lo visto en el sumario- las detenciones eran por indocumentado o un recurso del SIM para que José Fragero Pozuelo aparentara ser un perseguido y ganara así la confianza de quienes verdaderamente lo eran. Al menos, parece evidente que el fotógrafo no fue procesado por las autoridades republicanas, aunque resultara detenido con una asiduidad sorprendente para quien no me consta que figure en la documentación relacionada con la quinta columna. La citada táctica del SIM pudo ser la causa de esa frecuencia.

El reiterado paso por esos espacios de la represión republicana desembocaba casi siempre en un destino trágico o en un procesamiento. Los ejemplos menudean hasta la llegada del invierno de 1936, pero José Fragero Pozuelo nunca concretó en este sentido, dejó un reguero de incógnitas sobre sus actividades para ganarse la vida durante la guerra y el 2 de abril de 1939 se imaginaba a salvo entre los vencedores.

Así, el militante de la CNT ahora se presenta como «Jefe de Centuria de la 67 Bandera de Falange Española Tradicionalista y de las JONS» para avalar el comportamiento del «teniente coronel rojo» Juan Muñoz Pruneda, que «fue siempre de ayuda al perseguido» (Cordero Avilés, 2024: 533). El aval del redactor comercial debió resultar efectivo a tenor de la documentación conservada acerca del militar republicano. Ni siquiera nos consta su consejo de guerra en las fuentes consultadas.

El jefe de centuria no previó que sus correligionarios consultaran la abundante documentación incautada al finalizar la guerra, entre la que estaba el archivo de la Policía Militar de los republicanos. El testimonio documental fue demoledor y permite entender que los vecinos de José Fragero Pozuelo, preguntados por los miembros de la DGS acerca de sus actividades durante la guerra, dijeran desconocer si los familiares del cordobés acudían a las dependencias del SIM porque estaba allí detenido o por ser su destino laboral. Ambas circunstancias formaban parte de una misma realidad donde el equívoco o el juego de las apariencias resultaban fundamentales.

Detenido el 29 de julio de 1939 en Madrid bajo la acusación de ser un confidente del SIM, José Fragero Pozuelo no volvió a presentarse ante la Policía Militar como «jefe de centuria» de alguna bandera falangista. Pronto sabría de la compañía de quienes recelaban de su comportamiento y no estaban dispuestos a olvidar el pasado inmediato, a pesar del probable e impostado entusiasmo con que habría procedido tras la entrada de las tropas del general Franco en la capital.

Mientras permanecía en la prisión de Comendadoras, el 9 de octubre presta declaración en la Jefatura de la Policía Militar. José Fragero Pozuelo, de 43 años, se presenta como redactor comercial de ABC y militante falangista desde 1934; es decir, cuando ya se encontraba en Madrid y había dejado atrás su Córdoba natal.

A continuación, relata la persecución sufrida por parte de la Brigada Social de los republicanos sin aludir a sus relaciones con el SIM, obvia su condición de fotógrafo autorizado por la Secretaría de Propaganda de la Junta Delegada de Defensa y explica que, cansado de tantas detenciones, en diciembre de 1938 aceptó colaborar con el SIM a cambio de conservar la libertad.

La circunstancia es grave y se remonta a mucho antes, según la documentación incautada y obrante en el propio sumario. No obstante, el declarante la minimiza aclarando que por las tardías fechas de ese acuerdo no llegó a prestar servicios a la inteligencia republicana, colaboró con los falangistas de la quinta columna durante el golpe del coronel Casado y, finalmente, solo recibió «unas quinientas pesetas, algunos víveres y tabaco» a manos del SIM.

El mismo día y también en la Jefatura de la Policía Militar, declara José Luque López, «jefe del Negociado de Retaguardia e Ingenieros del SIM rojo». El declarante intenta ayudar al confidente sin caer en lo inverosímil. Así explica que José Fragero López fue detenido en diciembre de 1938 y puesto en libertad poco después tras haber aceptado trabajar como confidente del citado negociado.

El responsable del SIM le llegó a encargar varios servicios para localizar y detener a nuevos desafectos al régimen republicano, pero no completó ninguno por la cercanía del final de la guerra. A pesar de esta circunstancia, el SIM le pagó unas ochocientas pesetas, trescientas más que las reconocidas por el encausado, y le proporcionó víveres y tabaco.

La duda acerca de si hubo alguna contraprestación por parte del encausado permanece a tenor de esta declaración, a pesar de que la DGS el 4 de diciembre de 1939 informa que tiene conceptuado al supuesto confidente «como buena persona y de ideas muy derechistas, por cuyo motivo estuvo detenido varias veces por los rojos». Los policías, claro está, ignoraban la documentación incautada que fue utilizada por el capitán Luis Rodiles Monreal durante su instrucción del sumario.

El 18 de enero de 1940, el encausado que por entonces permanecía en la cárcel de Conde de Toreno, ratifica lo declarado ante la Policía Militar y el 13 de abril el auditor manda instruir el sumario 63920 al Juzgado Permanente de Policía Militar dedicado al contraespionaje. La instrucción resulta tan escueta como de costumbre por entonces.

A pesar de los avales de «personas de orden» que fueron ayudadas por José Fragero Pozuelo durante la guerra, en el auto resumen del 18 de junio de 1940 prevalece la acusación de haber facilitado al SIM la localización de más de cuarenta individuos que resultaron detenidos poco después. La lista de los mismos guarda relación con el caso de «los 195» y está encabezada por el capitán Atanasio Sáinz de la Torre y José Company Celda, uno de esos 195 procesados, que le había denunciado el 6 de junio de 1940 tras haber visto el nombre de José Fragero Pozuelo como la persona que a su vez le había delatado ante las autoridades republicanas.

Las ochocientas pesetas pagadas por el SIM, los víveres y el tabaco debieron representar solo una parte de lo recibido por José Fragero Pozuelo por aparentar la condición de perseguido y ganarse así la confianza de quienes verdaderamente lo eran. En cualquier caso, ese pago, según el auto resumen, tuvo una contraprestación, aunque afortunadamente los detenidos fueron puestos en libertad en las vísperas del final de la guerra.

El 19 de septiembre de 1940, el fiscal solicita una pena de treinta años para el encausado, pero el tribunal presidido por el omnipresente comandante Pablo Alfaro le condena a solo doce y de prisión menor. La sentencia admite las atenuantes de la militancia falangista -nunca avalada por los representantes del partido en Córdoba o Madrid- y las detenciones sufridas durante la guerra, hasta que «detenido por el SIM y amenazado se prestó a ser confidente del mismo en el Negociado de Retaguardia, dando lugar a la detención de dicho señor [Enrique Sáinz de la Torre León] y cuarenta y tres más, detención que no tuvo más consecuencias que la privación de libertad a los mismos».

El citado detenido, junto con su hermano Atanasio, ya había sido procesado en 1937 por desafección al régimen republicano, siendo finalmente absuelto en la sentencia del 29 de noviembre de 1937 (AHN, FC-Causa General, 109, Exp. 28). Asimismo, y a tenor de los avales recopilados durante la instrucción, la sentencia señala que José Fragero Pozuelo «favorecía y procuraba salvaguardar a personas de derechas no realizando su labor de confidente más que en casos como el citado en los que se veía en descubierto si no lo hacía». El tribunal sabía que no estaba ante un «rojo» y mostró una inhabitual actitud comprensiva con el encausado.

El auditor ratificó la sentencia el 30 de septiembre y hasta el presente nada sabemos acerca de la fecha de su puesta en libertad porque el sumario no incluye estos documentos. Dado que la condena de José Fragero Pozuelo era de doce años de prisión menor, la suponemos temprana y sin mayores consecuencias para quien, el 2 de abril de 1939, se había presentado como jefe de centuria de una bandera falangista.

Tal vez el afiliado a la CNT lo fuera ante el previsible desenlace de la guerra, pero la realidad de los años pasados en el Madrid sitiado fue muy dura, la necesidad de buscar dinero o víveres ablandaría cualquier conciencia y, puestos a sobrevivir, cabe imaginar que, en los últimos meses o desde antes, el fotógrafo, responsable de una óptica y redactor comercial denunciara a quienes tuviera cerca porque le consideraban «una persona muy derechista».

El precio de la subsistencia era caro en términos éticos o de coherencia política, pero tampoco cabe hablar de culpables cuando la verdadera responsabilidad fue la de quienes dieron un golpe de Estado el 18 de julio de 1936 e iniciaron un período donde la ética y la coherencia suponían un lujo al alcance de unos pocos. José Fragero Pozuelo llegó a saludar al exiliado Alfonso XIII en Fontainebleau, llevaba la bandera rojigualda en la cartera y terminó la guerra como jefe de centuria, pero antes debió subsistir, al igual que su familia.