El abogado Antonio
Gallego Carretero (1888-1941) mostró inquietudes periodísticas, políticas y
literarias. Miembro de una acomodada familia de Tarazona de la Mancha
(Albacete), estudió Derecho en la Universidad Central de Madrid (1908-1915) y
aprovechó la estancia en la capital para ser un asiduo del Ateneo y entablar
amistad con diversas personalidades del mundo de las letras. Aparte de publicar
dos libros -El marqués de Molins. Su vida y sus obras (Albacete, 1912)
y Películas (pendiente de consulta en el AHP de Albacete)-, tras
su vuelta a la localidad natal para hacerse cargo de las tierras familiares fundó
y dirigió el semanario liberal El Manchego, que llegó a los sesenta y
seis números entre el 1 de enero de 1913 y el 20 de junio de 1914. Allí firmó sus
artículos como Míster, pero su pluma también está presente en El Defensor de
Albacete mientras mostraba sus simpatías por líderes como Joaquín Costa y
Vicente Blasco Ibáñez.
En 1930, Antonio Gallego
Carretero fue uno de los fundadores del Círculo Republicano de Tarazona y, tras
el advenimiento de la II República, ejerció como juez municipal en la localidad
manchega hasta el movimiento revolucionario de octubre de 1934. Su fracaso le
condujo a la cárcel de Albacete durante dos meses como posible instigador. Finalmente,
no fue procesado y salió en libertad, a diferencia de algunos de sus compañeros
de prisión para los que se pidió pena de muerte en 1935. La correspondencia
incluida en el archivo familiar prueba que permaneció en contacto con ellos y
les prestó su ayuda con gestos solidarios.
La militancia en
Izquierda Republicana le llevó a formar parte del comité directivo del Frente
Popular en su pueblo natal. A lo largo de la guerra, fue delegado de abastos y
transporte en una localidad alterada por la presencia de las Brigadas
Internacionales, así como responsable de una incautada fábrica de harinas. Los
problemas se multiplicaron por aquel entonces. Tras abandonar en agosto de 1936
el citado comité por su desacuerdo con los actos de violencia, el abogado vio
partir a su hijo José, que moriría en la batalla del Ebro después de mandar a
su familia unas emotivas postales conservadas en el archivo arriba indicado. Antonio
Gallego Carretero permaneció en Tarazona con su esposa Isidra y el hijo
pequeño, Juan, hasta el final de la guerra, cuando intentó partir al exilio desde
el puerto de Alicante.
El empeño fue un
imposible que marcó el inicio de un trágico final. Tras volver a Tarazona con
un probable exceso de confianza o como única manera de salvar a su familia, el
9 de mayo de 1939, el albaceteño José Albuger Cuenca (1903-1980), director de
la banda municipal, le denunció ante la delegación provincial de información e
investigación de FET y de las JONS. El denunciante tuvo una larga trayectoria
como compositor, intérprete y director de diferentes bandas municipales.
Antonio Gallego Carretero
queda detenido el mismo día de la denuncia cuando llevaba consigo tres monedas
de oro y algo de azafrán para buscar su supervivencia. Nunca las recuperó. Tampoco
su hijo Juan, a pesar de las gestiones realizadas tras la llegada de la
democracia. Los militares del juzgado de Villarrobledo le acusan de ser un
«republicano de los malos», capaz de colaborar con «los más destacados
revolucionarios del partido socialista», y el auditor manda instruir el sumario
4712 del AGHD que le llevaría al paredón.
La acusación formulada el
21 de septiembre se basa en la actuación de Antonio Gallego Carretero como juez
municipal durante el período republicano, la militancia en el Frente Popular y,
sobre todo, en su supuesto papel como inductor del asesinato de Ignacio
Corrales Camacho, que en 1934 le había sucedido al frente del juzgado municipal.
Aparte de imponerle una multa de dos mil pesetas y mantener una relación de
enemistad, el encausado le negó un salvoconducto para salir de Tarazona junto a
su familia. Dos días después el solicitante apareció asesinado. La acusación
va más allá de este caso cuando los instructores le consideran la «persona que
capitaneaba a todo el elemento rojo» de la localidad manchega, hasta el punto
de que «por indicación suya fueron detenidas muchas personas de derechas».
El 17 de noviembre de
1939, Antonio Gallego Carretero declara en el juzgado militar para negar las
citadas acusaciones, que fueron formuladas en el sumario sin aportar pruebas de
una participación directa en acciones violentas. De hecho, el informe de la
comandancia local de la Guardia Civil fechado el 25 de septiembre descarta que el
abogado interviniera en detenciones, asesinatos y requisas, pero le considera
un «elemento peligrosísimo para el Régimen, pues hacía mucha propaganda roja».
A tenor de lo observado
en el sumario, más decisiva fue la denuncia presentada el 18 de septiembre por
Celia Lobo Rodríguez, la viuda de Ignacio Corrales Camacho, que le considera
responsable del asesinato de su marido en la madrugada del 18 de septiembre de
1936. Lo reiteró en su declaración del 16 de noviembre porque «cree firmemente
y es de dominio público» dicha responsabilidad. La declarante la extrapola a
todos los actos violentos acaecidos en la localidad manchega durante la guerra,
porque Antonio Gallego Carretero «formaba parte de la pandilla que sembró el
terror en el pueblo de Tarazona por los muchos asesinatos cometidos». La
acusación es tan genérica como carente de pruebas más allá de un posible
enfrentamiento político entre el acusado y el asesinado.
Vista la acusación de la
viuda, la instrucción del sumario se limitó a buscar nuevos testimonios
acusatorios entre los vecinos de Tarazona afectados por la violencia de los
republicanos durante la guerra. Quienes podían contrarrestarlos con pruebas de
descargo u otros testimonios estaban muertos, exiliados, encarcelados o
procurando pasar lo más desapercibido posible para evitar la represión.
Ninguno, como era previsible, se presentó en el juzgado militar de
Villarrobledo, mientras que la esposa de Antonio Gallego Carretero, Isidra, era
detenida y maltratada sin que lo llegara a saber su encarcelado marido a tenor
de las cartas conservadas en el archivo familiar, que ha sido incorporado al
Archivo de la Democracia de la UA.
La instrucción del
sumarísimo de urgencia fue tan precaria como rápida. Entre el 15 y el 16 de
noviembre declararon varios vecinos de Tarazona afectados por la violencia
republicana. Todos formulan las mismas acusaciones en unos términos tan
similares que permiten suponer una previa puesta en común. El comerciante
Vicente Panadero Castillo, hermano del sindicalista Gaspar Panadero Castillo,
que acabó fusilado en Albacete el 20 de junio de 1942 (AGHD, 7879), tendría
razones de sobra para hacer méritos ante las autoridades militares que
terminaron deteniendo al fusilado el 11 de febrero de 1940.
El comerciante acusa a
Antonio Gallego Carretero de haber participado en la revuelta de octubre de
1934 provocando el asesinato de un guardia civil y tres agentes locales, a
pesar de que el abogado solo estuvo encarcelado durante un mes y ni siquiera
fue procesado. También sorprende que el declarante no formulara la acusación en
el citado mes de octubre y la recordara cinco años después para agravar la
denuncia. Asimismo, le considera «ateo de siempre y perseguidor implacable de
todo lo que signifique religión cristiana», por lo que le vincula con el
incendio de una parroquia de Tarazona, donde le vio vestido de miliciano y le
supone partícipe de asesinatos sin concretar.
Joaquina Jiménez Cuartero
en su declaración «no le cree ajeno a ninguna de las canalladas cometidas por
la horda roja en Tarazona durante todo el período de la revolución» y lanza una
acusación global contra Antonio Gallego Carretero al margen de cualquier prueba
o testimonio dotado de concreción. Otros declarantes del sumario, con
familiares asesinados, acusan al abogado de vivir «de manera extremadamente
lujosa durante el dominio de la rebelión roja» y «ser el dueño y señor de todo
el comité del Frente Popular de Tarazona», a pesar de que se apartara del mismo
en agosto de 1936. Nadie reparó en que el encartado pudo disfrutar de una
holgada situación económica porque era propietario de tierras en Tarazona y,
sobre todo, me sorprende que todavía no haya podido constatar estos testimonios
en la Causa General. No obstante, consultaré a otros colegas por si estuviera
en un error.
Con estos testimonios y
sin practicar otras diligencias para la instrucción del sumario, al que he
tenido acceso gracias a una copia facilitada por los herederos del encausado,
el 31 de enero de 1940 Antonio Gallego Carretero fue condenado a muerte por un
tribunal reunido en Villarrobledo bajo la presidencia del comandante Pedro
Llorente. Un año después, el general Franco dio el visto bueno a su ejecución,
que tuvo lugar el 1 de febrero de 1941 en las tapias del cementerio de
Albacete. La tardanza indica la posibilidad de gestiones para lograr la
conmutación, pero en cualquier caso resultaron infructuosas.
Durante estos últimos
meses en la cárcel, Antonio Gallego Carretero escribió varias cartas dirigidas
a su esposa y otros familiares. Su nieto José Miguel Gallego las conserva, así
como las mandadas por su tío José poco antes de caer muerto en la batalla del
Ebro. La lectura de esta correspondencia perfila una personalidad contraria a
la descrita en unas declaraciones donde las pruebas brillan por su ausencia.
Tampoco eran precisas en un sumarísimo de urgencia donde nadie trataba de
juzgar los hechos probados, sino la personalidad política del «enemigo», que lo
era desde los lejanos tiempos de estudiante de Derecho en Madrid y director de
un semanario tan liberal como anticlerical.
Todos los vencedores de
Tarazona conocían al abogado y, terminada la guerra, llegó el momento del
castigo nunca exento de una venganza acorde con los usos de la época. La misma fue especialmente dura para una
familia que perdió un hijo y el padre como antesala de años de marginación con
el consiguiente expolio de sus tierras, a pesar de que el 11 de octubre de 1946
quedara sobreseído el expediente derivado de la Ley de Responsabilidades
Políticas.
A esas alturas de la
Victoria, la familia se había quedado sin las tierras y Juan, el hijo
superviviente, acabó trabajando fuera de una Tarazona donde demasiada gente le
recordaba un pasado dramático para los suyos: «todos los que persiguieron a
republicanos o comunistas en aquellos tiempos, […], años después eran los que
más tierras tenían y los que en mejor posición estaban», según lo escrito en un
documento facilitado al Archivo de la Democracia por los herederos de Antonio
Gallego Carretero.
Juan Gallego Picazo peleó
durante años por recuperar la memoria de su padre y su hermano, superó
numerosas dificultades para acceder a la información del sumario instruido
contra el primero y, finalmente, el 29 de junio de 2009 obtuvo la declaración
de reparación y reconocimiento personal de su padre firmada por el entonces ministro
de Justicia, Francisco Caamaño Domínguez.
El deber de la memoria
estaba cumplido, pero sus palabras evidencian un dolor de difícil superación:
«Yo perdí a mi hermano, perdí a mi padre y mi madre murió totalmente perturbada
por las pérdidas sufridas y por las vejaciones y torturas a las que la sometieron
durante el corto espacio de tiempo que estuvo encarcelada. ¿Cómo voy a perdonar
eso? ¿Cómo puedo yo olvidarlo? ¿Cómo voy a encontrar la paz después de eso?».
Al cabo de tantos años, la paz empieza por disponer de una voz en el relato de la Historia para
recordar una trayectoria republicana y defenderse de unas acusaciones que no
precisaron de pruebas más allá de lo testimoniado por los declarantes. Esa voz requiere
la presencia de un coro ausente durante el sumarísimo de urgencia, el formado
por otros posibles testimonios con los correspondientes documentos, para
conocer en los términos más precisos lo ocurrido en Tarazona de la Mancha
durante la Guerra Civil.
La tarea de investigación
será completada en un próximo volumen, Al final de la trayectoria, que
se sumará a la trilogía culminada con otro actualmente en prensa: La
colmena. Mientras tanto, el archivo conservado por la familia de Antonio
Gallego Carretero ha quedado incorporado al Archivo de la Democracia para su
catalogación y preservación con el objetivo de que pueda ser consultado por los
investigadores.
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