El análisis de los
consejos de guerra de los periodistas y escritores me ha llevado a frecuentar
una bibliografía poco usual en los estudios literarios. El objetivo ha sido
evitar las generalizaciones de estos últimos a la hora de referirse a la
represión sufrida por los citados colectivos. Frente a los reiterados lugares comunes, cabe afrontar estos episodios con detalle para observar
lo peculiar de cada caso y reconsiderar algunas conclusiones ajenas a la
realidad documentable.
El objetivo de la
trilogía y otros trabajos simultáneos requiere un conocimiento tanto histórico
como jurídico de los consejos de guerra. Y, por supuesto, la colaboración de
juristas e historiadores a los que consultar en caso de duda. Por fortuna, a lo
largo de estos años he contado con la ayuda de juristas, magistrados y colegas
de diversas áreas para resolver las inevitables dudas sobre una documentación
todavía poco conocida.
La historia de la
represión franquista debe mucho a los estudios locales. Sin el
análisis exhaustivo de lo sucedido en ámbitos geográficos concretos habría sido
imposible avanzar con seguridad para cuestionar el relato propagandístico del
régimen, articulado a base de generalizaciones y tantas veces asumido por quienes hacen del revisionismo o el olvido
una cuestión de fe a prueba de evidencias.
Así, antes de analizar los sumarios, consulté trabajos sobre lo acontecido en comarcas remotas de las que nada sabía. El objetivo no era tanto conocer una historia local como contrastar mi metodología con la empleada por historiadores versados en la materia. Gracias a sus enseñanzas, he modificado algunos aspectos metodológicos, he ampliado la bibliografía para nuevas consultas y, por supuesto, he confrontado mis conclusiones con las de aportaciones que analizan lo sucedido con otros colectivos.
El historiador trabaja a
partir de muestreos más o menos limitados y, antes de sacar alguna conclusión,
debe contextualizar su análisis. La tarea es lenta, requiere muchas consultas y
los lectores no siempre son conscientes de su realización. Apenas importa, pues
la ética profesional del investigador debe prevalecer sobre el eco o
reconocimiento de sus aportaciones.
Mi amigo Antonio Barragán ha sido una de las referencias en esta tarea poco habitual
en un catedrático de literatura. Ya contacté con él cuando redacté Nos vemos
en Chicote (2015) para recabar las opiniones de Julio Anguita
sobre el secretario del Juzgado Militar de Prensa que acabó su trayectoria
profesional en el Ayuntamiento de Córdoba. Desde entonces sigo sus
publicaciones y, gracias a sus libros sobre la represión en aquella provincia
andaluza, he aprendido a afrontar el análisis de los sumarios de los consejos
de guerra.
Antonio Barragán acaba de publicar Culpable de todos los desmanes habidos… La aniquilación de
la democracia municipal republicana, Córdoba, 1936-1942 en la editorial
Utopia. Gracias al estudio de numerosos sumarios, la monografía alumbra lo
sucedido con los representantes municipales de aquella provincia. El relato
histórico todavía estremece, pero he procurado mantener la mirada fría para
anotar detalles, referencias, enfoques, valoraciones… que me ayudarán a culminar el tercer volumen de la trilogía dedicada a los consejos de guerra
de periodistas y escritores.
A raíz de la sentencia
dictada por un juzgado de Cádiz, Antonio me llamó preocupado y solidario porque, como escribió nuestro colega Antonio Cazorla, cualquier otro historiador podía ser igualmente condenado. Incluso quienes
utilizan títulos que, según el criterio establecido en la sentencia, serían
considerados “sensacionalistas” como La justicia del terror (Gutiérrez
Molina), La Victoria sangrienta (Moreno Gómez) o El holocausto
español (Paul Preston), entre otros muchos. Mención aparte merece un reciente libro titulado Los verdugos de Franco, de José Luis Garrot. La sentencia condena a siete medios de comunicación por utilizar ese término.
La reiterada solidaridad ha
dado pie a comunicados y artículos que procuro recoger en este blog con independencia de su valoración. A la
espera de que el recurso permita recuperar la libertad de expresión dispensada por el Tribunal Constitucional a la producción científica, solo cabe trabajar para desvelar
la represión franquista. En mi caso, no se trata de «no callar» como opción
voluntaria, sino de cumplir con mis obligaciones como funcionario de la
Universidad de Alicante.
El reciente libro de
Antonio Barragán es una muestra de esa voluntad compartida por tantos
colegas universitarios. Nuestras aportaciones tendrán mejores o peores
resultados, siempre susceptibles de modificación gracias al debate,
pero seguirán adelante con el objetivo de conocer sin olvidos ni eufemismos lo sucedido en aquellos años de represión y falta de libertades.
