viernes, 14 de noviembre de 2025

La suerte del periodista y escritor Eduardo García Marcili


Eduardo García Marcili. Foto incluida en el volumen de Jaume Lloret i Esquerdo, Personajes de la escena alicantina (2002)

El 20 de abril de 1939, el abogado y periodista José M.ª Pérez Ruiz-Águila presentó ante las autoridades militares de Alicante una denuncia contra diversos colegas de la prensa republicana. El sumario instruido a partir de la misma ya lo hemos examinado en lo referente a José Ferrándiz Albors, José Ferrándiz Casares y Juan Sansano Benisa (véase fundamentalmente la entrada del 10 de octubre de 2025 en este mismo blog).

La citada denuncia del sumario 871 del AGHD también incluye al redactor-jefe del Diario de Alicante, Eduardo García Marcili (1878.1943), un veterano autor y crítico teatral que firmaba en la prensa local con el seudónimo de Aristarco. El 19 de julio de 1936, José M.ª Pérez Ruiz-Águila todavía era el director del citado diario, luego su nombre desapareció y presenta al colega como «traidor» porque se puso «sin condiciones al servicio de los rojos». Esta supuesta actitud de colaboración no se tradujo en artículos publicados en una cabecera claramente opuesta a los sublevados. La motivación de la denuncia pudo tener relación con otra circunstancia: el periodista era un testigo del pasado anticlerical del denunciante.

Eduardo García Marcili, aparte de una amplia trayectoria en la prensa alicantina, era autor de novelas y obras teatrales de carácter costumbrista que le habían dado popularidad en su ciudad natal. Su militancia en Izquierda Republicana parece probada (CDMH, DNSD, Fichero 24, G0095839), pero no me consta ninguna otra circunstancia que pruebe la veracidad de la acusación de quien le denunció.

El 21 de abril de 1939 el juez instructor mandó la captura de todos los denunciados por José M.ª Pérez Ruiz-Águila y el 3 de mayo los militares detuvieron a Eduardo García Marcili, que por entonces contaba con cincuenta y ocho años. Al día siguiente, el veterano escritor prestó declaración en el juzgado militar. Su defensa pasa por acusar al gobernador civil Valdés Casas como causante de su continuidad en el Diario de Alicante, aunque lo hiciera sin redactar un solo artículo. El declarante niega haber militado en partidos republicanos y las demás acusaciones de su denunciante, al tiempo que recuerda su comportamiento solidario cuando acogió en su domicilio a varias personas de derechas durante la Guerra Civil.

El informe del alcalde de Alicante sobre Eduardo García Marcili, fechado el 19 de mayo, le califica como una persona «fluctuante en política» que trabajó para El Luchador -su nombre no figura en la correspondiente ficha del catálogo editado por Francisco Moreno Sáez, pero pudo hacerlo con seudónimo o sin firma- y durante la guerra ocupó cargos en la Comisaría de Abastos. Tres días después, el periodista vuelve a declarar alegando que no redactó un solo artículo en contra del Glorioso Movimiento Nacional y que su permanencia en la cabecera de Diario de Alicante solo era una imposición del gobernador civil.

El 1 de junio de 1939, la jefatura policial de Alicante informa al juez instructor que Eduardo García Marcili había sido colaborador en La Voz de Alicante y El Luchador, así como en ABC y El Sol de Madrid. Esta última circunstancia no la he podido constatar en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional. El documento no precisa el carácter de estas supuestas colaboraciones y, para tranquilidad del acusado, se limita a señalar que durante la guerra «su conducta no ha sido mala».

A pesar de que el secretario del juzgado instructor recopila varios artículos de los acusados publicados en la prensa local, la prueba de cargo es obviada por el juez instructor. También prescinde de la reconocida colaboración del denunciado en la prensa republicana y, en el auto resumen del 2 de enero de 1940, absuelve a Eduardo García Marcili, junto con Francisco Soria Tirado, Víctor Viñes Serrano, Fernando Gadea, José Ferrándiz Casares, Juan Sansano Benisa, Juan Sansano Torregrosa y Pascual Rosser Guixot.

La absolución, a falta de una justificación explícita en la documentación sumarial, en el caso de Eduardo García Marcili pudo llegar gracias a los numerosos avales remitidos al juzgado en defensa de los procesados. El juez sabía que estaba ante un periodista con presencia como redactor-jefe en una cabecera favorable al gobierno durante la guerra y que, al mismo tiempo, había ocupado algunos cargos menores en el ámbito local. Ambas circunstancias, sobre todo la condición de redactor-jefe de un periódico republicano, en Madrid solían justificar una condena a treinta años. En Alicante, y gracias a los avales y otras posibles intermediaciones, podían terminar con una absolución, aunque tras pasar el susto correspondiente.

La vara de medir de la jurisdicción militar distaba de ser una constante en todo el ámbito nacional y, por los mismos cargos, las condenas iban desde lo tremendista hasta la absolución. El veterano Eduardo García Marcili agradecería haber pasado la guerra en Alicante, tan lejos de los dominios del Juzgado Militar de Prensa y tan cerca de los amigos que le ayudaron en unas penosas circunstancias que pronto le llevaron a la muerte y el posterior olvido.


 

miércoles, 12 de noviembre de 2025

«Si no tienes un 'hater'...»


 Miembros de la Generación del 27

El centenario de la Generación del 27 forma parte del futuro inmediato. Los preparativos para celebrarlo ya están en marcha. De hecho, cuento con tres invitaciones para participar en iniciativas relacionadas con la efeméride y, lo confieso, me ilusiona especialmente la experiencia de alojarme en la Residencia de Estudiantes, donde estuvieron los creadores a los que he dedicado tantas horas de estudio y docencia.

La «Generación del 27» es una denominación tan exitosa como discutible por múltiples razones. El centenario será una ocasión perfecta para someterla a crítica y analizar posibles alternativas acordes con la riqueza literaria de ese período de nuestras letras.

Así lo haremos, pero los historiadores somos conscientes de la inutilidad de pretender reemplazar una denominación exitosa en los medios de comunicación. Conviene, pues, aceptarla, aunque solo sea para matizarla o reivindicar otras posibilidades. El camino de esa revisión viene de largo y lo completaremos, tal vez, en el 27 sin olvidar el núcleo de los poetas imprescindibles para caracterizar la generación.

Los debates universitarios son intensos, pero permanecen alejados de la visceralidad habitual en los medios de comunicación. Las razones de este islote de racionalidad son múltiples. Yo destacaría que, llegados a un mínimo de conocimientos sobre una materia, la controversia permanece, aunque en unos términos donde también cabe hablar de un consenso en lo básico por obvio.

En este marco de preparativos, el pasado 26 de octubre leí una entrevista a Andrés Trapiello cuyo titular me sorprendió: «El 27 me parece un grupo de poetas sin demasiado recorrido» (Diario de Sevilla). El texto de las respuestas corrobora lo entrecomillado en el titular, de tal manera que el entrevistado considera a Federico García Lorca, Vicente Aleixandre y Rafael Alberti, por ejemplo, como «poetas sin demasiado recorrido».

Andrés Trapiello piensa, por el contrario, que José Bergamín, Luis Cernuda y Rosa Chacel son autores de mayor recorrido y dignos de un interés preferente. La opción está justificada, pero lo sorprendente es que pase por la boutade de minimizar el alcance de un premio Nobel o un autor universal como Lorca.

A falta de explicaciones en la propia entrevista, supongo que lo buscado es un titular llamativo para marcar territorio. Si Andrés Trapiello se sumara a la corriente unánime del profesorado universitario, su protagonismo de cara a 2027 quedaría diluido y apenas cotizaría. Sin embargo, puestos a pensar que Lorca es un poeta «sin demasiado recorrido», su voz disidente sonará con fuerza y, al mismo tiempo, le permitirá cuestionar una unanimidad vinculada con los defectos que suele atribuir al mundo académico.

La respuesta argumentada es innecesaria porque no se trata de una polémica literaria, sino de una estrategia para situarse ante una celebración que acarreará múltiples y, a veces, bien pagadas colaboraciones. Quienes compartimos la suerte de no depender del «mercado», por nuestra condición de funcionarios. permanecemos lejos de estas salidas de tono. Apenas cabe criticarlas. Solo lamentar que, con tanta estrategia comunicativa, se pierda el tiempo para modular una voz crítica que merece ser escuchada.

El Andrés Trapiello de las «trifulcas periodísticas», cada vez más acentuadas, dista del autor de algunos libros que me han permitido conocer mejor las letras españolas. Con este último el debate merece la pena, mientras que con el de las columnas de El Mundo solo lamento un tono faltón donde otros, más ingeniosos, le superan.

Ahora, como un paso más en ese camino de los columnistas dispuestos a sobrevivir en la jauría periodística, me entero de que Andrés Trapiello es un hater de mi colega Ignacio Sánchez Cuenca (El País, 6-XI-2025). La respuesta del catedrático, cuyos artículos y libros leo con atención desde hace tiempo, supone un ejemplo de moderación analítica y buen humor. Lo agradezco, porque lo peor de un hater es la posibilidad de contagiar al «enemigo».

El historiador debe consultar las fuentes primarias. En este caso, me ha bastado leer los artículos «El dilema llega tarde» y «Tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla» (El Mundo, 13-IX-2025 y 25-X-2025) para comprobar la veracidad del análisis de Ignacio Sánchez Cuenca.

El resultado desalienta al lector porque el espacio privilegiado de una página en un medio de alcance nacional merecería otros contenidos. Sin embargo, visto el panorama de la prensa conservadora de Madrid, me temo que los mismos serían el primer paso para la sustitución del colaborador, que parece obligado a ser tan hater del «sanchismo» como sus colegas de El Mundo.

Una línea editorial siempre merece un respeto, pero caer en las prácticas de un hater, cuando alguien ha probado otras capacidades, es tan lamentable como la suma de trifulcas de tantos columnistas. La supervivencia resulta dura en unos medios precarios donde la independencia supone una quimera. Todos lo sabemos. La crítica paternalista desde la perspectiva de un catedrático no procede, pero sí la réplica bienhumorada. De lo contrario, al final solo oiríamos a los haters, hasta el punto de pensar que escribir es rebajarse a la condición del obsesionado que cree encarnar una lucha digna cuando en realidad procura su supervivencia.

 

 

 

 

 


sábado, 8 de noviembre de 2025

Procesado por taquimecanógrafo: José Ferrándiz Casares


 Montaje a partir de tres cabeceras de la prensa alicantina durante la Guerra Civil

La posibilidad de encontrar a un amigo entre los escritores y periodistas procesados durante la posguerra es remota por cuestiones de edad. Nací en 1958 y me debería remitir a la generación de mis padres, que vivieron aquellos años siendo unos adolescentes o unos jóvenes con esperanzas a menudo truncadas. Después el silencio fue absoluto para buscar un acomodo discreto explicado en libros como Contemos cómo pasó (2015).

A mediados de los ochenta, cuando lo callado empezaba a desvelarse con relativa normalidad, tuve la ocasión de charlar acerca de esa experiencia con quienes andaban cerca de la jubilación o la procuraban disfrutar. El encuentro fue tan breve como limitado. Poco a poco desaparecieron sin apenas ser escuchados y, ahora, cuando necesitamos de esa memoria, lamento no haberles prestado más atención para mantener vivos sus recuerdos.

Gracias a mi padre y otras personas de su edad que me ayudaron, sabía quienes tuvieron algún protagonismo en la vida cultural o académica de Alicante durante la II República. Los trataba en el caso de los vivos y, aunque por entonces era demasiado joven, procuré escuchar sus historias. No obstante, a menudo las conocí por vías indirectas, porque estos ancianos nunca fueron proclives a hablar. Los motivos del pasado resultaban tan obvios como tácitos.

José Ferrándiz Casares (1917-¿?), no se encontraba en esa lista de personas significadas durante la II República. Le conocía por su condición de crítico teatral en el diario Información desde mayo de 1973 y también por saludarle al verle, siempre con su esposa, en el Teatro Principal, donde era uno de los espectadores más fieles.



Foto obtenida del libro de Jaume Lloret, Personajes de la escena alicantina

Correcto, amable y elegante en todos los sentidos, tuve la ocasión de charlar con don José en varias ocasiones para que me contara otro tipo de batallas, las teatrales, de épocas que yo solo conocía a través de los libros. Me atendió con los modales de un caballero y se alegró de verme en tareas docentes, pues se ganó la vida como catedrático de inglés en la Escuela de Comercio de Alicante.

Ya jubilado y dueño de su tiempo, dedicó muchas horas a la escritura y la lectura, publicó libros de diferentes géneros y hasta se doctoró en 1995, cuando contaba con setenta y ocho años. Su vida fue una pasión por la cultura que durante décadas compartió con un reducido grupo de amigos, aquellos que crearon el teatro de cámara en el Alicante de los cincuenta y protagonizaron otras iniciativas para hacer más soportable «el tiempo de silencio».

Al analizar el sumario 871 del AGHD, el relacionado con los periodistas alicantinos que fueron denunciados por el abogado José M.ª Pérez Ruiz-Águila, tuve la sorpresa de encontrar a don José entre los procesados. Nunca lo hubiera sospechado, pero el alcalde de Alicante, en un informe fechado el 31 de mayo de 1939, escribió que el joven periodista «es militante del partido comunista y agente activo del mismo, propagandista de las ideas marxistas en el periódico Nuestra Bandera, órgano del partido comunista. Es de mala conducta y pésimos antecedentes que ha de reputársele como peligroso». De sobra conozco la barbarie de la época, pero enmudecí al observar en esta dramática tesitura a don José, que al parecer solo colaboró en El Luchador, una cabecera local vinculada con Izquierda Republicana.

La declaración del empleado Antonio González Soler, fechada el 28 de junio de 1939, es bien diferente en su caracterización de José Ferrándiz Casares. El declarante recuerda que en 1935 su amigo marchó a Inglaterra para perfeccionar el inglés y que, de vuelta a su ciudad natal, le sorprendió la guerra. Trabajó entonces en una casa comercial y hasta su movilización completó el sueldo como taquimecanógrafo en Nuestra Bandera, aunque el citado empleado negara cualquier vinculación suya con los comunistas.

El profesor mercantil Francisco Sáez Garrido el 28 de junio también testimonia indicando que José Ferrándiz Casares estudió en la Escuela de Comercio y que su amigo era un «republicano moderado». Francisco Jerez La Marca el mismo día secunda esta caracterización e incluso le sitúa entre los simpatizantes de los sublevados. La delegación alicantina del Servicio Nacional de Seguridad una semana antes había informado que el joven era «persona de buena conducta». El documento firmado por el alcalde quedó como un nuevo ejemplo, aislado en esta ocasión, de la barbarie de la época.

Los militares tardaron algún tiempo en localizar a José Ferrándiz Casares. Incluso le declararon en rebeldía como a los denunciados ya exiliados. Finalmente, lo detuvieron y declaró el 24 de mayo de 1939. Taquígrafo y con veintidós años, reconoce que trabajó en Nuestra Bandera hasta ser movilizado en septiembre de 1937. Al igual que todos los trabajadores del momento se afilió a una central sindical, la UGT en su caso. «El deponente» recuerda sus problemas en la redacción por la negativa a ingresar en el PCE, pero permaneció en la misma porque su labor se reducía a la de un taquígrafo que, desde las once de la noche hasta las cuatro de la madrugada, tomaba nota de las conferencias telefónicas, sin redactar artículos o ponerles títulos, tarea que correspondía a otras personas de las que facilita nombres. El juez instructor le mantuvo en «prisión atenuada», que debería ser un arresto domiciliario.

Allí permanecería José Ferrándiz Casares hasta que el auto resumen del instructor, fechado el 2 de enero de 1940, consideró sobreseído su caso. Así pudo librarse del consejo de guerra celebrado el 21 de febrero, donde fueron condenados a seis años los periodistas Emilio Claramunt López y Ernesto Cantó Soler. Un tercer procesado, el profesor mercantil José Tarí Navarro, resultó absuelto por el tribunal que presidió el comandante Almansa Díaz. Una semana después el auditor ratificó la sentencia. A partir de ese momento, don José empezaría a respirar aliviado después de verse involucrado en unos sumarísimos como los que llevaron a la muerte a su admirado Miguel Hernández.

Ahora, cuando la figura del crítico teatral está diluida por los años transcurridos desde su fallecimiento, lamento no haberle preguntado por aquello que desconocía. Como tantos otros profesores, solo sabía de una genérica represión, pero carecía de información para concretarla en los consejos de guerra u otros instrumentos destinados a derrotar al «enemigo». Dudo que José Ferrándiz Casares pudiera ser el enemigo de alguien, pero en la Victoria y durante unos meses así le trataron hasta que prevaleció un mínimo de sentido común. Su admirado Miguel Hernández no disfrutó de esa suerte.


jueves, 6 de noviembre de 2025

José Fragero Pozuelo, falangista y confidente del SIM


 José Fragero Pozuelo. Fuente: Rafael Cordero Avilés, Héroes sin nombre, p. 532

El falangista José Fragero Pozuelo (1895-1965), «redactor comercial de ABC y Blanco y Negro» (Diario de Córdoba, 23-VI-1936) desde 1932 y procedente de La Nación, también era «agente de publicidad» de diferentes medios periodísticos (Guion, 14-IV-1936) de una capital donde, probablemente, fue detenido junto con otros dos individuos «por estafador en la compra venta de automóviles» (El Castellano, 11-III-1932).

La ausencia del segundo apellido en la nota de prensa impide confirmar con seguridad la circunstancia delictiva de quien hizo gala de habilidades para múltiples negocios, que a veces provocaron el recelo de las empresas. Así lo deducimos de la segunda referencia periodística. Analizada con atención como aviso preventivo para los lectores de Guion y posibles anunciantes, la literalidad deja entender que el agente de publicidad a veces actuaba por libre.

El andaluz afincado con su familia en Madrid quedó en paro tras el inicio de la Guerra Civil. A pesar de sus dotes para establecer relaciones amistosas con «ricos y pobres», que las mantuvo hasta el final de sus días de bohemia nocturna en Córdoba (Cordero Avilés, 2024: 532), la búsqueda de anunciantes resultaría un imposible más allá del verano de 1936. Al menos, si el destino de la publicidad eran unas publicaciones de Prensa Española que en Madrid siguieron rumbos nunca imaginados por los propietarios de una empresa confiscada. José Fragero Pozuelo presentó el despido como una represalia tras la primera detención en agosto de 1936 por su condición de «desafecto».

El supuesto pasado falangista del cordobés supone una incógnita de las tantas que rodean a este personaje del Madrid anónimo. La derechista en Renovación Española y el Partido Tradicionalista la probó en la ciudad natal gracias a los responsables falangistas, pero no en Madrid, donde solo contó con avales de quienes no ocupaban cargos en FET y de las JONS. Por otra parte, José Fragero Pozuelo dejó Córdoba antes del liderazgo de José Antonio Primo de Rivera y por las fechas sería un anacronismo su militancia en la capital andaluza. El documento allí fechado y aportado al sumario pudo ser fruto de la ayuda prestada por sus familiares para sacarle de la cárcel en 1939.

En cualquier caso, la subsistencia del «redactor comercial» junto con su familia en la capital sitiada sería complicada y requeriría habilidad para moverse en ambientes donde las fronteras políticas resultaban franqueables a conveniencia o necesidad. El antiguo óptico con empresa familiar radicada en Córdoba fue despedido del ABC tras la primera detención, según su declaración, y optó por ganarse la vida en un taller de óptica de la calle Villanueva regentado por la CNT, que lo cerró meses después cuando supo que los empleados eran unos emboscados.

El cordobés completó el pluriempleo como fotógrafo con el carnet 686, expedido gracias a la autorización de la Secretaría de Propaganda de la Junta Delegada de Defensa de Madrid (CDMH, PS-Madrid, 18701. 152). El antiguo empleado de Prensa Española también se afilió a la CNT en marzo de 1937 para evitar problemas con las autoridades republicanas, que vigilaron estrechamente a un colectivo de fotógrafos -ambulantes o al servicio de empresas periodísticas- que podía facilitar información a los sublevados, como vimos en el caso del fotoperiodista José M.ª Díez Casariego.

Mientras tanto, según sus declaraciones en el sumario 63920 del AGHD, José Fragero Pozuelo por su supuesta condición de falangista perseguido entraba y salía de las más afamadas y temibles checas: Fomento, Bellas Artes, Atocha…. De ser cierta la circunstancia evocada en su defensa cuando fue procesado, la citada autorización como fotógrafo habría quedado anulada y alguna huella documental de esas detenciones constaría en los archivos.

La búsqueda en ese sentido ha resultado infructuosa porque -según lo visto en el sumario- las detenciones eran por indocumentado o un recurso del SIM para que José Fragero Pozuelo aparentara ser un perseguido y ganara así la confianza de quienes verdaderamente lo eran. Al menos, parece evidente que el fotógrafo no fue procesado por las autoridades republicanas, aunque resultara detenido con una asiduidad sorprendente para quien no me consta que figure en la documentación relacionada con la quinta columna. La citada táctica del SIM pudo ser la causa de esa frecuencia.

El reiterado paso por esos espacios de la represión republicana desembocaba casi siempre en un destino trágico o en un procesamiento. Los ejemplos menudean hasta la llegada del invierno de 1936, pero José Fragero Pozuelo nunca concretó en este sentido, dejó un reguero de incógnitas sobre sus actividades para ganarse la vida durante la guerra y el 2 de abril de 1939 se imaginaba a salvo entre los vencedores.

Así, el militante de la CNT ahora se presenta como «Jefe de Centuria de la 67 Bandera de Falange Española Tradicionalista y de las JONS» para avalar el comportamiento del «teniente coronel rojo» Juan Muñoz Pruneda, que «fue siempre de ayuda al perseguido» (Cordero Avilés, 2024: 533). El aval del redactor comercial debió resultar efectivo a tenor de la documentación conservada acerca del militar republicano. Ni siquiera nos consta su consejo de guerra en las fuentes consultadas.

El jefe de centuria no previó que sus correligionarios consultaran la abundante documentación incautada al finalizar la guerra, entre la que estaba el archivo de la Policía Militar de los republicanos. El testimonio documental fue demoledor y permite entender que los vecinos de José Fragero Pozuelo, preguntados por los miembros de la DGS acerca de sus actividades durante la guerra, dijeran desconocer si los familiares del cordobés acudían a las dependencias del SIM porque estaba allí detenido o por ser su destino laboral. Ambas circunstancias formaban parte de una misma realidad donde el equívoco o el juego de las apariencias resultaban fundamentales.

Detenido el 29 de julio de 1939 en Madrid bajo la acusación de ser un confidente del SIM, José Fragero Pozuelo no volvió a presentarse ante la Policía Militar como «jefe de centuria» de alguna bandera falangista. Pronto sabría de la compañía de quienes recelaban de su comportamiento y no estaban dispuestos a olvidar el pasado inmediato, a pesar del probable e impostado entusiasmo con que habría procedido tras la entrada de las tropas del general Franco en la capital.

Mientras permanecía en la prisión de Comendadoras, el 9 de octubre presta declaración en la Jefatura de la Policía Militar. José Fragero Pozuelo, de 43 años, se presenta como redactor comercial de ABC y militante falangista desde 1934; es decir, cuando ya se encontraba en Madrid y había dejado atrás su Córdoba natal.

A continuación, relata la persecución sufrida por parte de la Brigada Social de los republicanos sin aludir a sus relaciones con el SIM, obvia su condición de fotógrafo autorizado por la Secretaría de Propaganda de la Junta Delegada de Defensa y explica que, cansado de tantas detenciones, en diciembre de 1938 aceptó colaborar con el SIM a cambio de conservar la libertad.

La circunstancia es grave y se remonta a mucho antes, según la documentación incautada y obrante en el propio sumario. No obstante, el declarante la minimiza aclarando que por las tardías fechas de ese acuerdo no llegó a prestar servicios a la inteligencia republicana, colaboró con los falangistas de la quinta columna durante el golpe del coronel Casado y, finalmente, solo recibió «unas quinientas pesetas, algunos víveres y tabaco» a manos del SIM.

El mismo día y también en la Jefatura de la Policía Militar, declara José Luque López, «jefe del Negociado de Retaguardia e Ingenieros del SIM rojo». El declarante intenta ayudar al confidente sin caer en lo inverosímil. Así explica que José Fragero López fue detenido en diciembre de 1938 y puesto en libertad poco después tras haber aceptado trabajar como confidente del citado negociado.

El responsable del SIM le llegó a encargar varios servicios para localizar y detener a nuevos desafectos al régimen republicano, pero no completó ninguno por la cercanía del final de la guerra. A pesar de esta circunstancia, el SIM le pagó unas ochocientas pesetas, trescientas más que las reconocidas por el encausado, y le proporcionó víveres y tabaco.

La duda acerca de si hubo alguna contraprestación por parte del encausado permanece a tenor de esta declaración, a pesar de que la DGS el 4 de diciembre de 1939 informa que tiene conceptuado al supuesto confidente «como buena persona y de ideas muy derechistas, por cuyo motivo estuvo detenido varias veces por los rojos». Los policías, claro está, ignoraban la documentación incautada que fue utilizada por el capitán Luis Rodiles Monreal durante su instrucción del sumario.

El 18 de enero de 1940, el encausado que por entonces permanecía en la cárcel de Conde de Toreno, ratifica lo declarado ante la Policía Militar y el 13 de abril el auditor manda instruir el sumario 63920 al Juzgado Permanente de Policía Militar dedicado al contraespionaje. La instrucción resulta tan escueta como de costumbre por entonces.

A pesar de los avales de «personas de orden» que fueron ayudadas por José Fragero Pozuelo durante la guerra, en el auto resumen del 18 de junio de 1940 prevalece la acusación de haber facilitado al SIM la localización de más de cuarenta individuos que resultaron detenidos poco después. La lista de los mismos guarda relación con el caso de «los 195» y está encabezada por el capitán Atanasio Sáinz de la Torre y José Company Celda, uno de esos 195 procesados, que le había denunciado el 6 de junio de 1940 tras haber visto el nombre de José Fragero Pozuelo como la persona que a su vez le había delatado ante las autoridades republicanas.

Las ochocientas pesetas pagadas por el SIM, los víveres y el tabaco debieron representar solo una parte de lo recibido por José Fragero Pozuelo por aparentar la condición de perseguido y ganarse así la confianza de quienes verdaderamente lo eran. En cualquier caso, ese pago, según el auto resumen, tuvo una contraprestación, aunque afortunadamente los detenidos fueron puestos en libertad en las vísperas del final de la guerra.

El 19 de septiembre de 1940, el fiscal solicita una pena de treinta años para el encausado, pero el tribunal presidido por el omnipresente comandante Pablo Alfaro le condena a solo doce y de prisión menor. La sentencia admite las atenuantes de la militancia falangista -nunca avalada por los representantes del partido en Córdoba o Madrid- y las detenciones sufridas durante la guerra, hasta que «detenido por el SIM y amenazado se prestó a ser confidente del mismo en el Negociado de Retaguardia, dando lugar a la detención de dicho señor [Enrique Sáinz de la Torre León] y cuarenta y tres más, detención que no tuvo más consecuencias que la privación de libertad a los mismos».

El citado detenido, junto con su hermano Atanasio, ya había sido procesado en 1937 por desafección al régimen republicano, siendo finalmente absuelto en la sentencia del 29 de noviembre de 1937 (AHN, FC-Causa General, 109, Exp. 28). Asimismo, y a tenor de los avales recopilados durante la instrucción, la sentencia señala que José Fragero Pozuelo «favorecía y procuraba salvaguardar a personas de derechas no realizando su labor de confidente más que en casos como el citado en los que se veía en descubierto si no lo hacía». El tribunal sabía que no estaba ante un «rojo» y mostró una inhabitual actitud comprensiva con el encausado.

El auditor ratificó la sentencia el 30 de septiembre y hasta el presente nada sabemos acerca de la fecha de su puesta en libertad porque el sumario no incluye estos documentos. Dado que la condena de José Fragero Pozuelo era de doce años de prisión menor, la suponemos temprana y sin mayores consecuencias para quien, el 2 de abril de 1939, se había presentado como jefe de centuria de una bandera falangista.

Tal vez el afiliado a la CNT lo fuera ante el previsible desenlace de la guerra, pero la realidad de los años pasados en el Madrid sitiado fue muy dura, la necesidad de buscar dinero o víveres ablandaría cualquier conciencia y, puestos a sobrevivir, cabe imaginar que, en los últimos meses o desde antes, el fotógrafo, responsable de una óptica y redactor comercial denunciara a quienes tuviera cerca porque le consideraban «una persona muy derechista».

El precio de la subsistencia era caro en términos éticos o de coherencia política, pero tampoco cabe hablar de culpables cuando la verdadera responsabilidad fue la de quienes dieron un golpe de Estado el 18 de julio de 1936 e iniciaron un período donde la ética y la coherencia suponían un lujo al alcance de unos pocos. José Fragero Pozuelo llegó a saludar al exiliado Alfonso XIII en Fontainebleau, llevaba la bandera rojigualda en la cartera y terminó la guerra como jefe de centuria, pero antes debió subsistir, al igual que su familia.

 


domingo, 2 de noviembre de 2025

El periodista Enrique Meneses Puertas no fue condenado a muerte


 Foto de la boda de Enrique Meneses en 1928

El periodista, escritor y abogado Enrique Meneses Puertas no fue condenado a muerte en 1944 por haber sido gobernador civil de Segovia en representación del partido de Alejandro Lerroux, según aparece en la ficha biográfica de Ediciones del Viento y en la necrológica publicada en El País (26-XI-1987). El dato, así como los dos supuestos años pasados en las cárceles franquistas, forma parte de la leyenda probablemente creada por el propio protagonista.

Enrique Meneses Puertas heredó una fortuna familiar a los diecinueve años. Nunca destacó en los estudios realizados en centros educativos de élite, tampoco mostró apego al trabajo en la empresa Plata Meneses y, tras haber sido corresponsal en Hollywood y España del New York Herald Tribune, marchó pronto a París para ejercer de bon vivant. Allí, a la vista del desastre de Annual, tuvo la singularidad de presentarse voluntario, participar en la campaña como sargento y publicar un libro que denuncia aquella barbarie: La cruz de Monte Arruit (1922).




La obra testimonial la escribió en Úbeda, mientras se recuperaba de las heridas recibidas. Enrique Meneses Puertas publicó después unas novelas que pasaron desapercibidas, viajó por diversos países europeos y sudamericanos -llegó a visitar diecisiete, según sus declaraciones en el sumario-, ejerció de periodista, militó en las filas de Alejandro Lerroux y la guerra le pilló de vacaciones junto a su familia en Biarritz, un enclave acorde con su tren de vida. El millonario no regresó a España y, ante la drástica disminución de sus ingresos, en el París de 1938 fundó la agencia Prensa Mundial junto con el «príncipe Trubetskói», según la declaración con motivo de su detención en la DGS. La supuesta participación del insigne lingüista en la empresa del madrileño habría sido otra singularidad de una trayectoria biográfica donde los datos conviene ponerlos en cuarentena. Gracias a su hijo, sabemos que el mecenas fue «el príncipe Cirilo de Trubetskóy, uno de los muchos nobles rusos que residían en Francia».

La consulta del sumario 129173 del AGHD desmiente la posibilidad de que Enrique Meneses Puertas hubiera sido condenado a muerte en otro consejo de guerra. En la declaración del 22 de marzo de 1945 consta que «no ha sido procesado» anteriormente. El Registro Central de Penados y Rebeldes de la Dirección General de Prisiones, en informe fechado el 25 de mayo de 1945, certifica que el procesado carecía de antecedentes. Y, por otra parte, las búsquedas del supuesto sumario por el que fue condenado a muerte han resultado infructuosas. Por lo tanto, cabe decir que quien viviera durante la posguerra entre Argentina, Portugal, Francia y España nunca mereció tan drástica represalia, salvo en su imaginación, que fue fértil a tenor de otros datos.

Enrique Meneses Puertas pertenecía a una acaudalada familia y en 1928 emparentó con la nobleza tras casarse con Carmen Miniaty García de Castro. La circunstancia, en una justicia tan clasista como la militar de la época, se percibe en un detalle aportado por José Carreño España en su declaración del 16 de marzo de 1945. Preguntado acerca del periodista al que desconocía hasta su procesamiento, al republicano «le llamó la atención el trato privilegiado que se le concedía en la DGS, donde diariamente bajaba un funcionario a sacarle de la celda de incomunicados para que subiera a la inspección, donde se le servía el almuerzo y la cena». Extrañado, preguntó a su compañero de celda, y ambos convinieron estar ante «un estafador internacional». El también periodista Enrique Meneses Miniaty, por entonces un adolescente, recuerda haber visitado a su padre junto a su familia en las mismas dependencias de la DGS, siempre bajo la benevolente mirada de un comisario. Vistos otros muchos casos, la singularidad del trato resulta pasmosa.

José Carreño España detalla el papel fundamental de Enrique Meneses Puertas en la organización de la ANFD y cita algunos de los encuentros que mantuvo con sus responsables: «todo lo cual le hace suponer que, efectivamente, tiene gran intervención en esta causa». No obstante, la extrañeza aumentó cuando, ocho días antes de terminar el expediente, el periodista fue «puesto en libertad por la DGS sin pasar por la prisión como los demás encartados». En realidad, el madrileño quedó en arresto domiciliario en la calle Núñez de Balboa, n.º 14, pero el privilegio no fue menor y sorprende que Enrique Meneses Puertas no entrara en la cárcel a lo largo del proceso.

El periodista declaró en la DGS el 27 y 29 de diciembre de 1944, pero la primera declaración ante el instructor corresponde al 22 de marzo de 1945. Enrique Meneses Puertas manifiesta haber mantenido relaciones con las legaciones diplomáticas de los aliados desde el inicio de la II Guerra Mundial porque «sentía gran simpatía por los ideales democráticos de estos países». Al detenerle, le incautaron el original de un ensayo periodístico titulado Yo intenté ser amigo de Alemania, que había escondido en el domicilio de un sobrino. El autor explica que el mismo recoge sus experiencias viajeras por diecisiete países, donde celebró entrevistas con destacados políticos acerca de la situación internacional. En lo referente a España, solo reconoce la existencia de una entrevista a Gil Robles donde el líder se muestra contrario al franquismo. La acusación del fiscal se centró en este documento inédito por las supuestas injurias al Glorioso Movimiento Nacional y el Caudillo.

En la misma declaración, y con un desparpajo solo comprensible a la luz de su fortuna, Enrique Meneses Puertas aboga por el restablecimiento de la monarquía, mientras «se iba celebrando la reconciliación nacional» y «restableciendo al pueblo español las libertades democráticas». Esa era su «única preocupación», pues supone que el franquismo «no podía subsistir exactamente como en la actualidad está constituido». El seguidor de Alejandro Lerroux «considera importante para España que los monárquicos y los republicanos llegasen a una concordia, ya que los republicanos en su mayor parte reconocían que la salvación de España se hallaba en un restablecimiento de la monarquía con tendencia liberal y democrática lo antes que fuese posible».

A partir de esta conclusión, el declarante reconoce haberse entrevistado con Don Juan de Borbón y el general Aranda, entre otros, porque consideraba que el heredero «como rey de España podría representar la reconciliación nacional auténtica y salvar a España». El general Franco no sería un problema, pues el periodista creía que, para preservar la patria frente a los marxistas tras el final de la II Guerra Mundial, el Caudillo estaría dispuesto a ceder el poder al monarca con el respaldo de los aliados. 

Tres días después, Enrique Meneses Puertas escribe una extensa carta a quien también era marqués de Someruelos, marqués de Villa de Orellana, conde de Almodóvar, caballero de la Orden de Calatrava y de la Real Maestranza de Granada, así como «gentil hombre de cámara con ejercicio y servidumbre». El general instructor, por lo tanto, era un colega de la aristocracia al que presuponemos poco dispuesto a indagar acerca de las actividades de los monárquicos que contactaron con los republicanos para procurar un cambio de régimen. De hecho, ninguno fue condenado.

El encartado redacta la carta «bajo juramento como católico y palabra de honor como caballero y español que derramó su sangre por la patria». Esta última circunstancia se remite a 1922, pero el instructor sabría por entonces que el procesado no era precisamente «un rojo». Enrique Meneses Puertas explica que en sus «conversaciones» con otros miembros de la ANFD «solo ha existido una preocupación honda por el futuro próximo de España como reflejo de la situación internacional al acercarse el fin de la guerra». Ante esta coyuntura, Enrique Meneses Puertas aboga por una «monarquía revestida de máxima autoridad, pero de tendencia liberal y democrática». Para instaurarla, considera «apremiante» la realización de «una labor patriótica»: «limar asperezas y aunar voluntades entre monárquicos y republicanos, y luego entre elementos de derechas e izquierdas que antepusieran a todo otro sentimiento mezquino el de la propia responsabilidad, desinterés personal y amor a la patria para establecer un amplio frente nacional contra el posible enemigo común, o sea, el comunismo o el desorden, que encendieran una nueva guerra civil».

El remitente alardea de sus conocimientos de política internacional y dictamina que «triunfando las democracias en todo el mundo es difícil quede islote alguno de tendencia dictatorial», es decir, España. Ante esta conclusión, Enrique Meneses Puertas reconoce haberse movilizado en un sentido patriótico hasta el punto de perder seiscientas mil pesetas en su empresa periodística. La cifra resulta tan inverosímil como carente de justificación, pero la retórica del encartado culmina cuando escribe acerca del original de Yo intenté ser amigo de Alemania. No lo concibió para buscar «el lucro», sino con la pretensión de «servir a España y a mis ideales de carácter universal». Llevado de tan noble propósito, el autor buscó la ayuda de las embajadas británica y norteamericana para su difusión internacional. En el caso de obtener esa colaboración, estaba dispuesto a «alistarse en la Legión Extranjera Francesa en Marruecos y marchar a combatir como simple soldado».

La singular contraprestación no debió tener respuesta de los diplomáticos británicos y norteamericanos, que dudarían de la aportación, de un «simple soldado» de cincuenta años dispuesto a combatir en no se sabe qué guerra. La carta, sin embargo, impresionaría al instructor, que también sabría de las relaciones familiares y la fortuna del procesado que en 1946 volvió a heredar, en esta ocasión cuarenta y seis millones de pesetas según su hijo. La cifra le permitiría trasladarse a Francia para superar el mal trago de la detención sin necesidad de compartir los sinsabores del exilio.

A pesar de la carta y demás circunstancias de un millonario en las dependencias de la DGS, el juez instructor en su auto resumen del 27 de abril de 1945 le acusa de «haber sostenido conversaciones con diferentes elementos» y fundar «una empresa periodística llamada Prensa Nacional», así como un diario hablado para Europa «pensando hacer propaganda monárquica». Además, el citado original sobre la frustrada amistad con Alemania incluye entrevistas donde «se vierten palabras injuriosas para el Régimen y el Caudillo».

El 16 de mayo, el auditor devuelve lo actuado al instructor, deja en libertad a varios procesados y mantiene a Enrique Meneses Puertas en vigilancia domiciliaria. Nueve días después, el marqués de Someruelos solicita los antecedentes del periodista que había trasladado la agencia a Madrid en colaboración con Gregorio Marañón Moya y Carlos Sentís. La fecha de la respuesta sorprende como en tantas otras ocasiones. El mismo día en que los pide, la Dirección General de Prisiones le comunica que el procesado carece de antecedentes. El instructor dicta el 26 de mayo una diligencia de procesamiento por la que le acusa de injurias en el original incautado, asistencia a reuniones políticas y propaganda contra el régimen por medio de la radio. Su hijo obvia estas razones y escribe acerca de la detención de un obispo en Segovia, que es materia más acorde con un lerrouxista (2006: 75).

El 12 de julio de 1945, Enrique Meneses Puertas salió de su arresto domiciliario -también disfrutó de permisos para visitar a familiares enfermos y hasta para trasladarse a casa de su suegra, la condesa viuda de Nimety- con el objetivo de ratificar ante el instructor lo declarado anteriormente. Los meses pasaron sin necesidad de pisar la cárcel como tantos otros procesados y el 26 de enero de 1946 el auditor le envía a un consejo de guerra con una petición del fiscal de seis años de reclusión. Su hijo lo recuerda de otra manera sin apoyos documentales: «El fiscal pedía la pena de muerte para la docena de acusados». El sumario dista mucho de corroborar semejante petición.

El plenario bajo la presidencia del teniente coronel José González Esteban tuvo lugar el 9 de enero de 1947. El fiscal volvió a acusarle, incluso le recordó alguna circunstancia comprometida, pero para entonces Enrique Meneses Puertas ya estaría más o menos tranquilo gracias a las probables influencias de su familia. La sentencia del mismo día le declara absuelto por considerar que «las reuniones mantenidas fueron por motivo de amistad», aunque su objetivo fuera impulsar un cambio de régimen, y que no había injurias en un original carente de difusión.

La sentencia del millonario llegaría a los demás procesados, sobre todo a los republicanos comprometidos con la ANFD, y verían con asombro que unas conversaciones eran actuaciones clandestinas y otras una cuestión de amistad, aunque el tema fuera idéntico: el cambio de régimen. También comprobaron que los documentos incautados, que nunca llegaron a ser difundidos, eran pruebas de cargo para las correspondientes sentencias, mientras que en el caso del compañero de proceso esa falta de difusión excusaba cualquier posible injuria en un original.

Hasta ahora hemos estudiado ejemplos del «derecho de autor» en los consejos de guerra de periodistas y escritores. A partir del caso protagonizado por Enrique Meneses Puertas habrá que recordar el componente clasista de ese mismo derecho. Los hechos probados tenían distintas respuestas judiciales según fuera la clase social del procesado. El heredero de Platas Meneses, con pasado de bon vivant, no fue «un estafador internacional», pero sí un distinguido caballero que no pisó la cárcel, resultó absuelto por intentar un cambio de régimen y, además, se inventó un pasado de condenado a muerte en 1944.

La operación de esta memoria transmitida hasta nuestros días parece redonda, pero los historiadores acudimos a los documentos y a veces nos convertimos en unos aguafiestas de esa moldeable materia que circula por las redes y las publicaciones periódicas. El problema es que seguirá circulando porque los académicos solemos predicar en el desierto y, a diferencia de Enrique Meneses, nunca mereceremos la llamada de periódicos como el New York Herald Tribune por haber descubierto que Rodolfo Valentino era un calvo con peluquín.

Pd.: el texto aparecerá ampliado y con las debidas referencias bibliográficas en el cuarto volumen dedicado a los consejos de guerra de periodistas y escritores.

 


jueves, 30 de octubre de 2025

La condena a muerte del periodista Francisco Ferrándiz Albors


 Francisco Ferrándiz Albors

La tarea del historiador está sujeta a sorpresas. Después de analizar más de cien sumarios de periodistas y escritores, el protagonizado por los hermanos Ferrándiz Albors (AGHD, 11348) me remite a un espacio próximo. El socialista Francisco Ferrándiz Albors (Planes, 1899-Montevideo, 1961) era el primogénito de un guardia civil de Alcoy. Su destino no parecía vinculado con un ámbito internacional, pero tras afiliarse al PSOE en 1917 y cursar Magisterio en Murcia completó su formación de autodidacta e, inquieto, cuatro años después abandonó Cocentaina para protagonizar la aventura de viajar por Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela…, dejando su huella en numerosas publicaciones periódicas de aquellas repúblicas.

El émulo viajero de otro alicantino de la época, Rafael Altamira, podría haber permanecido en un continente que amaba. Sin embargo, no terminó de afincarse en alguno de los citados países y, llegada la Guerra Civil, decidió volver a finales de marzo de 1937 procedente de El Ecuador para participar en la defensa de la II República.

La derrota llegó cuando acababa de ser nombrado director de El Socialista en marzo de 1939 y le obligó a buscar una salida de España. El fugaz responsable del órgano del PSOE emprendió un periplo por varias localidades que le llevó hasta Ceuta y Tánger, pero fracasó en el intento de exiliarse. El derrotado terminó escondido en una finca cercana a mi universidad. Allí, junto con su hermano Juan (1902-1993) y gracias a la ayuda de Amparo Ferrándiz Albors, el periodista permaneció como un topo hasta que fue localizado y detenido el 19 de diciembre de 1942.

Mientras tanto, en otro sumario (AGHD, 871), el instruido a raíz de una denuncia contra quienes colaboraron en la prensa republicana de Alicante, los instructores le andaban buscando por estar «en rebeldía procesal». Los militares nunca sospecharon de su cercanía y cuando estuvo en sus manos le condenaron a muerte en un segundo consejo de guerra celebrado el 5 de junio de 1944 bajo la presidencia del coronel Jesús Cirujeda Gayoso. Antes le habían sentenciado a treinta años de reclusión, pero al auditor le pareció un exceso de benevolencia para quien había colaborado en varias publicaciones republicanas al tiempo que ejercía de secretario de Santiago Martí, el alcalde de Alicante.

A tenor de las fechas conocidas, cabría la posibilidad de que la detención de Francisco y Juan Ferrándiz Albors no fuera el fruto de una investigación policial, sino de varias denuncias presentadas en Cocentaina el 20 de diciembre de 1942. La primera corresponde a Enrique Camallonga Gisbert, jefe local del Movimiento. El falangista acusa a los hermanos por su «significación izquierdista antes del Glorioso Movimiento Nacional» y sus actividades políticas o represivas durante la guerra como miembros del comité revolucionario de la localidad.

El mismo día comparece Elías Esteve Reig, alcalde de Cocentaina. La autoridad municipal solo tenía información sobre Juan, ya que Francisco permaneció lejos de la citada localidad. El testigo considera al hermano pequeño como «una persona de extrema izquierda, gran propagandista de su ideología, efectuándolo de palabra y por escrito». El alcalde añade que Juan formó parte del Comité Revolucionario de Defensa de Cocentaina y, sin aportar las pruebas, le acusa de publicar artículos contra el Glorioso Movimiento Nacional en un periódico de Gandía.

También el 20 de diciembre comparece Francisco Sanchis Vicent, secretario local del Servicio de Información e Investigación de FET y de las JONS. El falangista agravó las acusaciones, pues considera a Juan como responsable de saqueos. Incluso del asesinato de un vecino de Cocentaina llamado Vicente Cortés Figuerola. De Francisco tendría menos información, pero dice recordar que había sido el director de Bandera Roja en la capital alicantina -un dato erróneo-y que, en unión de otras personas, se presentó en Cocentaina para hacerse cargo de «cuantos objetos de valor y obras de arte había en el convento de las monjas clarisas».

Al día siguiente, Francisco Ferrándiz Albors amplía la declaración efectuada ante la policía militar cuando fue detenido el 19 de diciembre, según explica su hermana. La declaración debe estar incluida en los primeros folios del sumario, cuya lectura resulta dificultosa por el deterioro de la documentación. En cualquier caso, lo probable es que la detención tuviera lugar antes del 20 de diciembre y no el 21 del mismo mes, como se indica en la escasa bibliografía publicada hasta el presente. Las denuncias pasarían entonces a ser informes solicitados por los instructores del juzgado alicantino.

Francisco Ferrándiz Albors reconoce sus actividades políticas y propagandísticas, pero niega haber ejercido como director de Bandera Roja, cargo que atribuye al periodista Luis Caballero sin faltar a la verdad. El colega de las redacciones locales también le sustituyó al frente del diario socialista Avance cuando fue destinado al frente de Extremadura y, de manera sorprendente, quedó absuelto en el sumario 871 instruido contra varios periodistas alicantinos. El declarante solo admite la publicación en Bandera Roja de un artículo anticomunista, que estaría en la línea de sus reiterados ataques al PCE y sus militantes. Acerca de su presencia en Cocentaina junto con otras personas para hacerse cargo de objetos religiosos, niega que los robara. El objetivo era trasladarlos al museo de la Diputación Provincial porque corrían peligro, tal y como luego quedará atestiguado. La correspondiente denuncia de Francisco Sanchis Vicent estuvo inmotivada o fue calumniosa. Francisco Ferrándiz Albors también niega que su hermano Juan fuera el responsable local de las JSU y maltratara a derechistas de Cocentaina. Preguntado por el asesinato de Vicente Cortés Figuerola, el periodista desconoce a la víctima e ignora si su hermano tuvo alguna responsabilidad. La acusación vertida por Francisco Sanchis Vicent se diluiría a lo largo de la instrucción del sumario.

El mismo día 21 de diciembre también declara Juan, que trata de exculpar a su hermano cuando pretende hacer creer su presencia en América en octubre de 1941. Por entonces, el declarante fue detenido tras un registro en su domicilio. Juan Ferrándiz Albors reconoce la participación en el comité revolucionario de Cocentaina, pero niega haber sido el responsable de orden público. Asimismo, rebate la acusación relacionada con el asesinato de Vicente Cortés Figuerola, aunque al parecer -el párrafo se lee mal- admite la participación en su detención. Y, por último, Juan rechaza cualquier vinculación con los saqueos o los registros domiciliarios que tuvieron lugar en la citada localidad.

La declaración de Amparo el mismo día es menos tensa porque solo la acusan de amparar a sus hermanos, además de cultivar el naturismo. La dependienta de veintiséis años, empleada en una joyería, permanece en libertad provisional desde el mismo día en que Francisco y Juan ratifican lo anteriormente declarado, añadiendo que el primero fue procesado a principios de 1934 por publicar unas hojas clandestinas.

Tras estas actuaciones previas, el 28 de diciembre de 1942 el auditor manda instruir el sumario 11348 al titular del Juzgado Militar de Alicante, n.º 3, mientras Juan y Francisco permanecen en el Reformatorio de Adultos de la misma capital -el mayor fue el responsable del Cuadro Artístico del centro penitenciario- y los instructores recaban los habituales informes.

El 2 de enero de 1943, Enrique Camallonga remite al juzgado los informes de los hermanos. Amparo, según él, «estaba afecta al Partido Anarquista (sic) y servía para propagar estos ideales». El jefe local de FET y de las JONS considera que la joven es «una individua que, por su educación, por el ambiente que ha vivido y por la tendencia izquierdista de todos sus familiares, se ha manifestado y lo es en realidad muy peligrosa para nuestra Causa, y se sospecha sea enlace de elementos emboscados y muy probablemente del Socorro Rojo». Las acusaciones, a la vista de las actuaciones, quedaron en nada y permiten pensar en la inquina del enemigo político de los hermanos procesados.

Enrique Camallonga recuerda que Juan fue encarcelado en octubre de 1934 tras haber encontrado armas cortas en su domicilio, aunque el aludido lo negara posteriormente. También le vincula con el Comité Revolucionario de Cocentaina y, lo más grave, el asesinato de Vicente Cortés Figuerola sin aportar pruebas: «siendo el citado Ferrándiz el que entró violentamente en la expresada casa y al localizar debajo de una cama al Vicente Cortés disparó su pistola causándole la muerte». La acusación de asesinato no prosperó a lo largo de la instrucción.

El informe sobre el primogénito es el más extenso. Enrique Camallonga recuerda su paso por diferentes países latinoamericanos para hacer «propaganda verbal y escrita en favor de los programas marxistas». También le acusa de la realización de actividades políticas en Cocentaina y que, «al estallar el Glorioso Movimiento Nacional, era uno de los que patrocinaban a todos los elementos criminales». Ni siquiera estaba en España por entonces. Algo más atinada es la lista de cargos y empleos, aunque los dos primeros son falsos: director de Bandera Roja, vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante y director de Avance y El Socialista. A tenor de estos datos, le considera «individuo por todos sus antecedentes políticos y sociales de mucho cuidado y peligrosísimo para el Estado Nacional Sindicalista».

Una semana después, la comandancia de la Guardia Civil de Cocentaina confirma que Juan llevaba pistola durante la guerra como responsable del orden público en el comité revolucionario, aunque no le implica en el asesinato de Vicente Cortés Figuerola. El informe ratifica las acusaciones con respecto a los otros dos hermanos, pero hay discordancia en lo relacionado con la militancia de Amparo. Si para el falangista era una militante del «Partido Anarquista», los beneméritos consideran que la naturista estaba «muy fanática por el socialismo».

El mismo 8 de enero de 1943, el alcalde de Cocentaina firma su informe sobre los hermanos. A Francisco le considera más peligroso que Juan, «a pesar de su apariencia de sensatez y mesura». A diferencia del jefe local de FET y de las JONS, el munícipe no implica al menor en el asesinato de Vicente Cortés Figuerola, «pero se le considera en esta localidad como uno de los hombres más peligrosos para nuestro Régimen Nacional Sindicalista». El informe remitido por la comandancia de la localidad de Villafranqueza, donde fueron detenidos los hermanos, ratifica los anteriores en lo fundamental.

Amparo declaró de nuevo el 1 de febrero de 1943 para explicar que escondió a sus hermanos en una finca del término de San Vicente, desde abril de 1939 hasta su detención el 19 de diciembre de 1942. El dato contradice lo expuesto acerca de los primeros meses de la Victoria por Francisco en La bestia contra España (1951). El escondite solo lo conocía la esposa de Juan y, según la declarante, les ayudó para evitarles el primer golpe.

La lógica de la actuación solidaria es evidente y, dado el tiempo transcurrido hasta la detención, Juan y Francisco esquivaron el paredón al que probablemente habrían ido en el caso de ser detenidos tras la finalización de la guerra. El milagro también fue económico, pues Amparo solo ganaba sesenta pesetas mensuales y, en total, las cuatro personas disponían de ciento cuarenta gracias a la pensión de viudedad de la madre. Los instructores nunca terminaron de creer la posibilidad de vivir con tan poco dinero.

El 10 de febrero de 1943, el instructor dictó el auto resumen por el que dejaba en libertad a Amparo, mientras pedía el procesamiento de sus hermanos. Concretamente, a Francisco, que por entonces contaba con cuarenta y tres años, le acusa de ser redactor de Claridad y Avance, así como director de Spartacus y El Socialista. A Juan le atribuye cargos menores y nada queda de la acusación de asesino de Vicente Cortés Figuerola. Tampoco persiste en la acusación por el robo de objetos religiosos, que quedó desmentida por el arquitecto Miguel López González y el escultor Vicente Bañuls Martínez en sus respectivas declaraciones del 3 de enero y el 4 de marzo. Asimismo, la acusación relacionada con el asesinato de Vicente Cortés Figuerola se diluye a partir del informe del Juzgado Municipal de Cocentaina del 31 de marzo de 1943.

A la vista de estos informes y distintos avales de personas agradecidas por la ayuda de Juan durante la guerra, el titular del juzgado instructor dicta un nuevo auto resumen el 20 de mayo de 1943 sin añadir algo significativo y un mes después lo eleva al plenario. El 19 de agosto tuvo lugar el mismo presidido por el comandante Joaquín González Martínez. La sentencia es de treinta años para Juan, veinte para Francisco y la absolución en el caso de Amparo. El auditor no la ratificó y el 9 de septiembre pide la condena a muerte para Juan y treinta años para Francisco. Dado que el proceso ya no era un sumarísimo de urgencia, el sumario se remite al Consejo Supremo de Justicia Militar, que el 20 de abril de 1944 ordena la celebración de un nuevo consejo de guerra.

El coronel Jesús Cirujeda Gayoso preside el plenario que tuvo lugar el 5 de junio de 1944. Sin aportar nuevos hechos probados o modificar los anteriores, la sentencia condena a muerte a Francisco y Juan. El auditor la ratifica en esta ocasión y la reacción en Cocentaina es inmediata. El 1 de julio unos cuarenta vecinos, todos ellos vencedores de la guerra, piden el indulto para los hermanos Ferrándiz Albors. El 22 de diciembre de 1944, el general Franco acepta la conmutación por sendas penas de treinta años. El momento más peligroso quedó atrás y Francisco solicita el indulto el 20 de febrero de 1946, a lo que accede el fiscal el 23 de agosto.

El sumario permanece incompleto en el AGHD, por lo que ignoramos los pasos posteriores hasta la excarcelación provisional en noviembre de 1945, cuando el periodista ya había sido trasladado al hospital Aunós, de Madrid, como medida de gracia por su estado de salud o  a causa de la presión exterior. La puesta en libertad fue más temprana de lo habitual gracias, probablemente, a los movimientos diplomáticos procedentes de los países en los que Francisco había vivido. Su hermano Juan salió en libertad provisional el 18 de julio de 1946 e intentó cruzar la frontera de Francia, pero fue detenido y encarcelado en Girona. Finalmente, regresó a Alcoy para trabajar en el textil y, una vez jubilado, vivió en Alicante hasta su fallecimiento en 1993.

Mientras tanto, Francisco, sabedor de la ausencia de futuro en su país y tras vivir dos años en la localidad alicantina de Villafranqueza, en 1948 marchó a Francia para trabajar con el socialista Rodolfo Llopis y posteriormente recalar en Montevideo, donde revivió su faceta como periodista y en 1951 publicó un libro testimonial: La bestia contra España: reportaje de los últimos días de la guerra española y los primeros de la bestia triunfante. Su bibliografía es más extensa, abarca distintos géneros y prueba sus inquietudes tanto literarias como periodísticas durante los años de un exilio cuya correspondencia ahora permanece catalogada en la Biblioteca Nacional.

A la luz de la experiencia de años escondido y otros en las cárceles franquistas, hasta ser condenado a muerte por sus trabajos periodísticos, Francisco Ferrándiz Albors sabía de lo que hablaba cuando se refería a «la bestia». El testimonio es valioso, pero como tantos otros derrotados el alicantino optó por la descalificación de quienes habían encarnado diferentes posturas en la defensa de la II República. Una pena, pues en el citado volumen su pluma calló acerca de lo sucedido en el consejo de guerra y la cárcel. Tampoco aclaró los motivos de su temprana excarcelación y cómo consiguió exilarse estando en libertad provisional. Un silencio que contrasta con la exposición de unas teorías acerca de la derrota que apenas van más allá de un «libro apasionado» (p. 5) y carecen de fundamento histórico. La condición de víctima debe propiciar el consiguiente respeto, pero no siempre presupone lucidez acerca de un pasado cercano todavía condicionado por los silencios. También los hubo, y muchos, entre los vencidos.


lunes, 27 de octubre de 2025

La tardía condena a muerte de un periodista conservador


 AGHD, sumario 48067

El periodista Victorino Tamayo Mayones era un veterano de cincuenta y cuatro años cuando acabó la Guerra Civil. Casado, padre de tres hijas emparentadas con familias de orden y de un hijo, Manuel, perseguido por su condición de requeté, la perspectiva del exilio suponía un imposible o un absurdo para quien también arrastraba problemas de salud.

El director de Hoja del lunes de Madrid en tres ocasiones -1931, 1933-34 y 1936- pronto abandonó las responsabilidades en la prensa republicana. La publicación auspiciada por la APM cesó el 24 de octubre de 1936 y Victorino Tamayo Mayones no encontró acomodo en otra cabecera. Procedente de las Milicias Gráficas por compromiso del cargo, el granadino y sobrino del ilustre dramaturgo Manuel Tamayo y Baus se trasladó a Valencia junto con su esposa. Allí tampoco dispuso de una oportunidad en las redacciones y, gracias a un amigo, a su avanzada edad el 12 de julio de 1937 pudo alistarse como voluntario.

Las trayectorias militares entre los republicanos incluyen casos tan fulgurantes como carentes de rigor. Victorino Tamayo Mayones ascendió directamente a capitán, pero en la retaguardia como comisario de las estaciones ferroviarias de Villacañas, Utiel y Valencia. El periodista tampoco destacó como miembro del batallón Águilas de la Libertad durante los primeros meses de la guerra en la capital. Su objetivo era ampararse en sus filas como otros derechistas y contar con un plato de comida.

Consciente de no tener «las manos manchadas de sangre» y ajeno a cualquier simpatía republicana, Victorino Tamayo Mayones se entregó a los vencedores el 31 de marzo de 1939 en Valencia con el deseo de colaborar en la construcción de la renacida España del Glorioso Movimiento Nacional. El 26 de enero de 1942 fue condenado a muerte.

El sumario 48067 permanece incompleto en el AGHD y el deterioro de algunos documentos dificulta su lectura. Ambas circunstancias impiden comprender una parte de lo sucedido con un sumarísimo de urgencia de casi cuatro años, que pasó por distintos juzgados de instrucción sin mediar justificaciones con prueba documental.

El capitán Victorino Tamayo Mayones no debió parecer peligroso a los vencedores y le dejaron libre en Valencia como si fuera un soldado raso. Ya de regreso a la capital junto con su bien situada familia, el 19 de abril se presentó en los Servicios de Prensa de Madrid porque confiaría en sus relaciones con los vencedores. Desde allí, ante semejante prueba de buena voluntad, le mandarían al campo de concentración Miguel de Unamuno. En julio ya se encontraba en el penal de Ocaña, mientras el Juzgado Especial de Prisioneros, localizado en Aranjuez, instruía el correspondiente sumario sin que en la documentación conservada se encuentre la orden del auditor. Tal vez nunca existiera.

El 7 de septiembre de 1939, el auditor manda instruir el sumario 48067 al Juzgado Militar de Prensa. El documento no menciona la existencia de otro sumario anterior relacionado con el mismo procesado. Dos meses después, su titular, el capitán Manuel Martínez Gargallo, pide la inhibición del Juzgado Especial de Prisioneros en el proceso seguido contra el granadino. El 9 de noviembre su colega de Aranjuez remite a la plaza de Callao, 4, las actuaciones de una instrucción de la cual ignoramos el número y la correspondiente orden del auditor. La irregularidad parece notable.

Las citadas «actuaciones» son dos fichas clasificatorias del 20 de julio y el 26 de agosto de 1939, esta última fechada en el penal de Ocaña, y un informe de la DGS del 7 de octubre donde la policía manifiesta carecer de datos acerca del periodista. Las fichas indican el período durante el cual el encausado sirvió como voluntario hasta llegar a «comisario» de las citadas estaciones. El nombramiento no consta en las fuentes consultadas. Asimismo, Victoriano Tamayo Mayones alega que nunca publicó artículos sobre temas políticos en la prensa republicana. De hecho, su firma no aparece en los incluidos en Hoja del lunes.

Las declaraciones de las fichas fueron completadas por el periodista mediante dos extensos escritos del 20 de julio y seis días después. En realidad, ambos son similares y deducimos que el primero iría al juzgado de Aranjuez y, tras conocer su inhibición, el segundo lo remitió a Manuel Martínez Gargallo. El problema es la fecha: 26 de julio de 1939, un mes y medio antes de que el auditor mandara instruir el sumario 48067 al Juzgado Militar de Prensa.

Al margen de la incoherencia cronológica de la fecha, la misma permite suponer que Victorino Tamayo Mayones tendría en la APM, localizada en la sede del juzgado destinado a los periodistas, alguien que le informara de la marcha del proceso. La fuente para la posible filtración estaba cercana. De hecho, Rafael Cordero Avilés reproduce fragmentos de las cartas de Víctor Ruiz Albéniz, El Tebid, dirigidas a Manuel Martínez Gargallo interesándose por la suerte de un colega cuya familia recibió la modesta ayuda de la asociación para sobrevivir.

Victorino Tamayo Mayones en sus escritos reconoce que, gracias a la APM, fue director de la Hoja del lunes entre enero y octubre de 1936, pero añade que no publicó artículos durante «el dominio rojo». El periodista, «nunca estuvo compenetrado con la causa roja» y manifiesta su «repugnancia» por la «prensa marxista». El encausado afirma haber sido militante de Unión Republicana en 1935 y miembro de la Agrupación Profesional de Periodistas a lo largo de la guerra. También estuvo afiliado al Sindicato de Autores y Compositores por su relación con el teatro. Una vez cesado como director de la hoja semanal, Victorino Tamayo Mayones salió de Madrid, buscó suerte en Valencia y terminó en unas estaciones ferroviarias para sacar adelante su familia, pues carecía de cualquier otra fuente de ingresos.

Las cartas del procesado a los instructores son coherentes con la declaración efectuada en enero de 1940, pero resultan más explícitas en su deseo de congraciarse con los vencedores a la espera de una absolución. Victorino Tamayo Mayones rechaza la «política sectaria», alardea de tradicionalista y explica que sus artículos «se han consagrado totalmente al enaltecimiento de las glorias españolas de la literatura dramática y de la escena, rindiendo así culto a la tradición soberana de nuestra patria, que tanto nos honra y enaltece». El patriotismo al uso de la Victoria culmina con una frase inequívoca: «Para mí, siempre y por encima de todo, ¡España!».




La única prueba recabada durante la instrucción es un informe no fechado del alférez Baena Tocón. El secretario del Juzgado Militar de Prensa reproduce los «rótulos, titulares y entrefiletes» de una serie de artículos anónimos publicados en Hoja del lunes entre el 2 de agosto y el 27 de septiembre de 1936. Victorino Tamayo Mayones afirmaría después que esos textos venían impuestos por las directrices gubernativas de la censura. Al mismo tiempo, el sumario incluye avales y testimonios de destacados periodistas y literatos (Francisco Casares, Francisco Ramos de Castro…), que son positivos para el encausado.

Fruto de los mismos, y de manera sorprendente, el 18 de septiembre de 1940 le excarcelan del penal de Santa Rita, tres días antes del auto resumen que culminaba la instrucción. El mismo ya no fue firmado por Manuel Martínez Gargallo, en otro destino por entonces, sino por el juez accidental Eduardo del Moral, del que no consta el correspondiente nombramiento como sustituto.

El auto es positivo para el encausado. El juez considera que su presencia en el ejército republicano solo se debió a motivos económicos, prescinde del informe del alférez Baena Tocón y concluye, a partir de los testimonios, que el periodista es de «ideas religiosas y de estricto orden moral, sin que le crean capaz de cometer hecho delictivo alguno».

La documentación permite pensar en una pronta absolución del granadino, pero el 16 de noviembre de 1940 el fiscal Leopoldo Huidobro solicita la pena de muerte sin mediar nuevas acusaciones. A partir de este momento, se inicia un período en blanco porque, ante semejante petición, el auditor o el capitán general paralizarían la celebración del consejo de guerra. De hecho, el 7 de octubre de 1941 el primero devuelve el sumario al juzgado instructor para incorporar los avales favorables.

Victorino Tamayo Mayones regresa a la cárcel de Porlier y allí, en una especie de limbo jurídico, espera hasta que el 7 de enero de 1942 un nuevo fiscal pide para el granadino una condena de treinta años. La misma, sorprendentemente, se convierte a muerte en la sentencia del 26 de enero de 1942 dictada por el teniente coronel José Ortiz Gómez. La documentación sumarial no permite vislumbrar un nuevo motivo para este cambio.

La pena máxima sorprende por la tardía fecha del consejo de guerra y la personalidad del procesado. Su dureza provocó una avalancha de testigos y avales para salvar al periodista granadino. Fruto de la misma, el 7 de marzo de 1942 el capitán general de la I Región Militar anuló la sentencia y un mes después el auditor dicta la orden de abrir una nueva instrucción para recabar los testimonios favorables al encausado. Ambas decisiones fueron amparadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar.

Tras incorporar los testimonios al sumario, el 11 de diciembre de 1943 Victorino Tamayo Mayones fue condenado a veinte años por los mismos hechos que antes le habían llevado a la pena máxima. El teniente coronel José Fernández Álvarez fue más benévolo con quien, con voluntad de incorporarse a la España del Glorioso Movimiento Nacional, se entregó en Valencia con la confianza de no tener «las manos manchadas de sangre» y poder servir a tan altos fines. La pena quedaría extinguida el 19 de julio de 1959. Mucho antes fallecería un periodista que dejó a su familia sin medios económicos para sobrevivir. Esta segunda condena no consta en el sumario. Tampoco el arrepentimiento de quienes estuvieron a punto de llevarle al paredón.