Ochenta y cinco años
después de la detención de Miguel Hernández su memoria está todavía pendiente
de la Justicia. Dos sumarios, dos procesos, sentenciaron el destino del poeta:
Una pena de muerte, conmutada, pero en realidad camuflada bajo el agónico
periplo carcelario que serviría para ejecutarla.
Ahora distintos
colectivos solicitan al Gobierno de España la anulación de los sumarios por los
que el poeta de Orihuela fue condenado y que se efectúe una declaración de
reconocimiento y reparación personal a favor de su familia.
Familia
Han transcurrido más de
ochenta años desde su muerte, pero su nombre, y el de los suyos, espera todavía
el gesto, la restitución, el reconocimiento de la sinrazón.
El escrito firmado por
Joan Pàmies López, Lucía Izquierdo -hija política de Miguel Hernández-, María
José Hernández y Miguel Hernández -nietos del poeta-; y distintos colectivos
defensores de la Memoria histórica, expertos en su legado y su vida y obra, y
dirigido al Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez
López, sostiene que “está demostrado objetivamente que los procesos seguidos
contra Miguel Hernández no tienen ningún rigor jurídico, los hechos atribuidos
en los sumarios nunca se pueden considerar delitos y la pena de muerte
sentenciada se apoyaba en aspectos ideológicos, de opinión o de su clara
alineación en la defensa del orden establecido”.
Primer sumario
El primer sumario comenzó
el mismo día que el poeta llegaba a la prisión habilitada de Torrijos. Había
sido detenido por la policía portuguesa de Salazar el 30 de abril en Moura
(Alentejo), y entregado a la Guardia Civil de Rosal de la Frontera, un pueblo
de la raya onubense, tres días después acusado de pasar clandestinamente al
país vecino.
Hacía un mes que había
comenzado la paz de los vencedores y en su intención estaba el exilio. Pàmies
López señala que ese sería el inicio de un primer periodo carcelario para
Hernández que se extendería hasta su puesta en libertad el 15 de septiembre de ese
mismo año.
Esta libertad, sin
embargo, tenía fecha de caducidad porque “Su segundo y definitivo período se
inicia al ser detenido en Orihuela, el 28 de septiembre de 1939 y termina con
su fallecimiento en la prisión alicantina del barrio de Benalúa”. La
calificación penal de los cargos: Delito de adhesión a la rebelión militar.
Penas que se piden: Muerte.
Esa pena de muerte
"se apoyaba en aspectos ideológicos, de opinión o de su clara alineación
en la defensa del orden establecido y el apoyo a la elección de la ciudadanía
de la II República, así como la utilización de sus palabras y escritos frente a
los golpistas franquistas", remarca el colectivo solicitante en su escrito
al Gobierno.
Pena de muerte
El investigador
hernandiano explica que los sumarios de aquellos años, como el del propio
Miguel Hernández, no recogían ningún testimonio de defensa de los encausados y
que los consejos sumarísimos de urgencia se desarrollaban sin ningún tipo de
garantía jurídica para los acusados.
El historiador y
catedrático de Literatura de la Universidad de Alicante Juan A. Ríos Carratalá
señala que la suerte del poeta fue compartida con miles de republicanos
represaliados, “la premura de la represión impedía los distingos”.
El profesor, especialista
en la etapa franquista, ha sido editor de la obra de recopilación documental
“Los Consejos de Guerra de Miguel Hernández”, afirma que las irregularidades de
los instructores de estos sumarísimos de urgencia eran notables sin que el
tribunal las corrigiera antes de dictar sentencia. “La suerte de Miguel
Hernández estaba decidida desde el mismo momento de la detención".
Los instructores y
quienes finalmente le sentenciaron a muerte el 18 de enero de 1940, encabezados
por el comandante Pablo Alfaro como presidente del Consejo de Guerra Permanente
n.º 5, sabían de la relevancia del acusado". Proceso en el que también
participó el alférez jurídico Antonio Luis Baena Tocón.
Gestiones
Y añade: “Nadie,
absolutamente nadie, realizó gestiones que resultaran fructíferas para mejorar
la suerte jurídica o carcelaria del condenado, al margen de algunas ayudas
materiales. El propio Miguel Hernández cayó en el desánimo y fue consciente de
la soledad del derrotado. Sus últimos días, hasta el fallecimiento en el
reformatorio de adultos de Alicante, estuvieron presididos por una tragedia
mezclada con una indigencia que llegó a extremos difíciles de comprender”.
La última gestión para
reconocer su extraordinaria dignidad está en marcha. De producirse la
declaración institucional de Reconocimiento y Reparación personal a favor de su
familia los firmantes de la solicitud, más de doscientos, proponen el día 30 de
octubre de 2024 día del nacimiento del escritor en Orihuela”.
Pd.: La noticia, aparte de haber salido publicada en las páginas de la Comunidad Valenciana de El País, también ha aparecido en los medios catalanes:
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