jueves, 19 de diciembre de 2024

La condena a muerte del periodista Carlos Pérez Merino


 

El 8 de octubre de 1935, La Libertad da cuenta del enlace matrimonial de Carlos Pérez Merino con «la bella señorita» Natividad Fernández. Cuatro años después, ambos estaban procesados en consejos de guerra, que en el caso del periodista terminaron con una condena a muerte.


El objetivo represivo de sacar adelante decenas de miles de sumarísimos de urgencia en un plazo breve, para causar un terror capaz de paralizar cualquier respuesta contra la dictadura, no solo supuso la ausencia de garantías jurídicas. También obligó a adoptar criterios procesales donde el cargo del procesado pesaba más que su comportamiento en el ejercicio del mismo. Así se buscaba un automatismo que simplificaba desde la instrucción hasta la sentencia. En el ámbito de la prensa lo observamos con claridad. Los directores de los periódicos republicanos como Manuel Navarro Ballesteros, Javier Bueno y Augusto Vivero estaban de antemano condenados a muerte con escasas posibilidades de una conmutación a treinta años. Los redactores jefes de esos mismos órganos de prensa corrían una suerte similar, aunque en estos casos la conmutación resultaba viable. Poco o nada importaba su comportamiento personal y político durante la guerra. La investigación al respecto era mínima, los avales apenas contaban y solo cabía confiar en las gestiones de las familias o allegados para conseguir que estos periodistas no terminaran ante un pelotón de fusilamiento.

El madrileño Carlos Pérez Merino nunca se caracterizó por una militancia política claramente definida y se consideraba a sí mismo como un profesional de la prensa, pero cometió el error de aceptar la voluntad de sus compañeros para ser el redactor jefe del periódico socialista Claridad desde febrero de 1938. El cargo le supuso una condena a muerte dictada por un consejo de guerra celebrado el 3 de noviembre de 1939, cuando el periodista contaba treinta y cuatro años, estaba casado y vería con asombro la inutilidad de los argumentos utilizados en su defensa ante el Juzgado Militar de Prensa. El capitán Manuel Martínez Gargallo, auxiliado en esta ocasión por el teniente Andrés Gordillo González, era inflexible con un redactor jefe y su instrucción estuvo abocada a trasladar al tribunal un sumario capaz de justificar la pena de muerte para quien, paradójicamente, había debutado en un periódico tan reaccionario como El Siglo Futuro.

El estudio de los dos sumarios donde estuvo procesado Carlos Pérez Merino (AGHD, 7173 y 10527) aparecerá como un capítulo del tercer volumen de la trilogía dedicada a los consejos de guerra de periodistas y escritores. Al margen de las barbaridades jurídicas cometidas durante la instrucción del primero, también descubriremos en el segundo que las falsas denuncias no siempre tenían una motivación ideológica o política. Tiempo habrá para completar esta historia donde hasta una portera debió desmentir lo afirmado, de forma temeraria o interesada, por un capitán de los vencedores.

 


domingo, 15 de diciembre de 2024

El sumario de un «oligofrénico» que quiso afiliarse al PCE


 El periodista Augusto Vivero. Fuente: Wikipedia

El sistema represivo de la posguerra todavía alberga zonas oscuras por falta de documentación o estudios. Una de ellas es la suerte de los discapacitados intelectuales ante un sumarísimo de urgencia. La lógica conduce a pensar en unos victimarios poco o nada dispuestos a respetar esta condición como eximente de cualquier responsabilidad en el auxilio o la adhesión a la rebelión militar. Sin embargo, dicho sistema no destaca por una lógica procesal más allá de la voluntad de erradicar la oposición al Glorioso Movimiento Nacional. Conviene, por lo tanto, acudir a los casos concretos para comprobar el comportamiento de los victimarios ante procesados que ahora consideraríamos discapacitados intelectuales y en aquellos años, más duros en todos los aspectos, aparecen como «anormales» o, en el mejor de los casos, «oligofrénicos».

El fusilamiento del periodista Augusto Vivero en Madrid el 26 de julio de 1939 no fue la única tragedia de su familia por entonces. Al igual que sucediera con el también fusilado Manuel Navarro Ballesteros, la represión alcanzó a la totalidad de la familia. En este caso concreto, procedía de Murcia y estaba compuesta por la esposa, Dolores Precioso Córdoba, y cuatro hijos varones; Augusto, Rodrigo, Román y Óscar. Todos pasaron por los sumarísimos de urgencia y afrontaron condenas donde hubo un elemento común: el vínculo familiar con un fusilado.

El caso de la familia Vivero protagonizará un capítulo del tercer volumen dedicado a los consejos de guerra de periodistas y escritores porque interesa observar las consecuencias de estos procesos en el ámbito familiar. Gracias a la consulta de los sumarios de los hijos y la esposa, depositados en el Archivo General e Histórico de Defensa, conozco lo fundamental del destino de quienes afrontaron el baldón de ser familiares de un fusilado. Entre ellos se encuentra Román Vivero Precioso, un hombre de veintinueve años que durante la guerra había colaborado en el batallón de retaguardia organizado por su padre. En concreto, era el supuesto bibliotecario del mismo para darle un destino alejado de los peligros del Madrid sitiado. La razón no era la falta de voluntad de Román, sino una discapacidad intelectual que solo le permitía comportarse con la madurez de un niño.

Al llegar el final de la guerra y las inmediatas detenciones de los miembros de la familia Vivero, Román no escapó de la desgracia de sus hermanos. Una denuncia de firma ilegible condujo al domicilio de la calle Roma, n.º 50, a la Policía Militar en busca de Rodrigo y Augusto, que figuraban como tenientes del «ejército rojo». Los policías encontraron a Óscar, un joven de diecinueve años que había sido declarado inútil cuando fue movilizado, y Román, que todavía vivía en el domicilio familiar porque de hecho era un niño. Ambos fueron detenidos y el sumario tiene un número que prueba las prisas para detener a estos peligrosos republicanos: el 932.

La condición de «oligofrénico» no aparece en la primera declaración de Román, que tuvo lugar el 7 de abril de 1939. En la misma los policías le sonsacan información sobre sus hermanos y le hacen decir que era militante del Partido Federal que encabezara Eduardo Barriobero. La discapacidad la descubrimos cuando, después de siete meses encarcelado en Porlier y sin declarar ante el juzgado, su madre Dolores se dirige al juez el 16 de noviembre de 1939 para pedirle la libertad provisional o atenuada en atención a su oligofrenia, causada por una «otitis media supurada» que fue tratada por dos doctores citados como posibles avalistas.

El juez militar archivó la carta ahora depositada en el sumario y siguió adelante con el proceso a Román, que finalmente declara el 22 de enero de 1940. Allí, con su discapacidad, afirma que pretendió afiliarse al PCE, pero no lo admitieron. Las razones las suponemos, aunque a efectos procesales la afirmación probaría el izquierdismo de un procesado que debía ser condenado de acuerdo con los parámetros de aquel sistema represivo.

Dos vecinos de «probada solvencia moral», Agustín Lastra Pérez y Agustín Sebastián Benito, confirman la discapacidad de Román, al que consideran incapaz de cometer cualquier tipo de delito. Sin embargo, el auto resumen del 13 de febrero de 1940 miente deliberadamente cuando le presenta como afiliado al PCE. Algo sospechoso debió observar el auditor al recibir este auto para su traslado al plenario del consejo de guerra. Por orden suya, los forenses Carlos Vázquez Velasco y Germán Gómez Asensio se presentaron en Porlier para diagnosticar la situación de Román. Su informe es contundente: «en la actualidad se aprecia manifiestamente un déficit mental bastante intenso, comportándose desde el punto de vista intelectual como un niño de unos diez o doce años».

Ese «niño» vio su caso sobreseído el 2 de abril de 1940, pero para entonces llevaba casi un año en una cárcel donde las sacas eran diarias y su discapacidad solo aumentaría hasta extremos dramáticos. Cuando, finalmente, salió en libertad ya estaría destrozado. Antes pasó por las manos de policías y jueces militares que también observarían lo que era manifiesto para los citados forenses. Los nombres de quienes cometieron este atentado brutal contra la integridad de un «oligofrénico» deben pasar a la historia y así lo haré en el tercer volumen dedicado a los consejos de guerra de periodistas y escritores.

 


miércoles, 11 de diciembre de 2024

Teatro y cine en la España del siglo XX (7): Ay, Carmela, de José Sanchis Sinisterra


 

Ay, Carmela (1986), de José Sanchis Sinisterra, es una historia de amor. La definición puede resultar sorprendente al lector o el espectador, ya que esta destacada y tantas veces representada obra se vincula siempre con la memoria de la Guerra Civil. La vinculación cuenta con razones obvias y se enmarca en el deseo del autor de homenajear la memoria de quienes, como Carmela, acabaron enterrados en una fosa común o anónimamente. Su destino es el olvido, aquel que Paulino trata de evitar con desespero cada vez que recupera la imagen de quien ya es un fantasma del pasado. Ahora bien, ese deseo de hablar, compartir y recordar con la sombra de alguien vivo se basa en el amor y no tanto en postulados ideológicos o políticos, que nunca operan en el comportamiento de un Paulino cuya única pretensión es reivindicarse como artista.

El público es consciente de la determinante presencia de la Guerra Civil, pero a través del incesante diálogo entre los dos protagonistas conoce una peculiar historia de amor. Paulino y Carmela muestran a lo largo de la obra unas caracterizaciones contrapuestas que les conducen a destinos también diferenciados. La pasión, el sentimiento y la sinceridad de ella están lejos del cinismo calculador que a menudo muestra el acomodaticio y acobardado compañero. Ambos artistas de variedades carecen de la voluntad de ser héroes, pero afrontan una situación límite por culpa de la guerra y la represión que les amenaza. La prueba, cifrada en la organización de una velada en homenaje a las tropas del general Franco con la presencia de los brigadistas internacionales que van a ser fusilados, los llevará a respuestas distintas. Carmela cae asesinada al final de la representación y Paulino se salva tras aceptar la humillación en el propio escenario, pero le conocemos barriéndolo -lejos de su aspiración a convertirse en un artista- y también acaba como un derrotado.

La lectura ideológica es inevitable y responde a las intenciones de José Sanchis Sinisterra, que escribió su obra como respuesta crítica a la celebración oficial del cincuentenario de la Guerra Civil. Sin embargo, buena parte del éxito responde a esa peculiar e implícita historia de amor. El concepto nunca es utilizado por los protagonistas. Jamás se declaran enamorados, pero nosotros sabemos que su voluntad de seguir juntos a pesar de todos los peligros e inconvenientes responde a ese sentimiento mutuo.

La contraposición de Paulino y Carmela aporta mucho juego dramático, pero nunca debemos olvidar que son las dos caras de una misma moneda, la de una pareja enamorada que no para de discutir y, al mismo tiempo, nunca desea separarse. Repasad ese interminable diálogo con tantos registros, desde el drama al humor, y buscad las razones implícitas que permiten pensar en una relación amorosa capaz de afrontar la dura prueba de aquella velada trágica.

Miguel Hernández: objetivo cumplido. Anulación de su condena e ilegitimidad de quienes la dictaron




El trabajo del historiador pocas veces tiene consecuencias concretas e inmediatas, pero las excepciones justifican una dedicación de muchísimas horas en archivos o sentado frente a un ordenador. La tarea de conseguir la anulación de la condena al poeta Miguel Hernández ha sido colectiva y se inició hace tres décadas con los primeros trabajos acerca de los sumarios. La mayoría de los pioneros en esta materia ha fallecido, pero otros hemos continuado su afán hasta que la condena ha sido anulada y establecida la ilegalidad de los órganos que participaron en el proceso desde su instrucción.
El objetivo estaba alcanzado, de forma genérica, con la promulgación de la Ley de Memoria Democrática, pero ahora también es una realidad con el nombre y apellidos, expresos, del poeta de Orihuela, que como tantos otros republicanos fue una víctima de la represión franquista.
El texto del documento arriba reproducido es el siguiente:
"El Gobierno de España y en su nombre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática expide en favor de don Miguel Hernández Gilabert el presente documento de reparación por la persecución y violencia padecidos por razones políticas, ideológicas y de conciencia durante la dictadura y en reconocimiento a su condición de víctima por haber sufrido privación de libertad por juicio sumarísimo n.º 21.001 y por la causa 4.487 del Consejo de Guerra Permanente n.º 5 hasta su muerte. A estos efectos, la Ley 20/2022 de 19 de octubre, de Memoria Democrática, declara la ilegalidad y la ilegitimidad de los tribunales, jurados o cualesquiera otros órganos penales y administrativos, como los Consejos de Guerra, constituidos para imponer condenas y sanciones de carácter personal, así como la nulidad de las sentencias y resoluciones que dictaron, por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias a un juicio justo".



Gracias al apoyo del Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante, en 2022 publiqué Los consejos de guerra de Miguel Hernández con la siempre eficaz colaboración del Archivo General e Histórico de Defensa. El objetivo era desmontar la farsa jurídica que terminó con la vida del poeta. La posterior promulgación de la citada ley ha hecho posible ir más allá con la ayuda de la familia del oriolano y Joan Pámies, así como el apoyo de diversas instituciones incluyendo la propia Universidad de Alicante y su Facultad de Filosofía y Letras, que por unanimidad reclamaron la anulación de la condena. Solo me queda agradecer a todos su trabajo y haberme dado la oportunidad de ver concretada la máxima aspiración del citado libro: la reparación de la memoria de quien fue injustamente condenado.
Os dejo con el podcast de Juanlu Sánchez en El Diario, que hoy ha estado dedicado al acto de reconocimiento organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y al recuerdo de aquella barbarie que tantas víctimas provocó:



Pd.:

Alán Barroso se ha hecho eco de una posterior polémica en torno al homenaje a Miguel Hernández y de mis declaraciones al respecto en El Diario:




 

domingo, 8 de diciembre de 2024

El expediente académico del alférez Baena Tocón


 Facultad de Derecho de la UCM. Fuente: Wikipedia

En la entrada del 23 de enero de 2021 de este blog enlacé una nota publicada en el Repositorio de la Universidad de Alicante (RUA) donde preciso algunos datos relacionados con el expediente académico del alférez Baena Tocón en la Universidad Central, actual UCM. Desde entonces, he recabado más información al respecto y, con vistas al capítulo dedicado al citado oficial en el tercer volumen de la trilogía sobre los consejos de guerra de periodistas y escritores, ahora puedo aportar nuevos datos acerca de la licenciatura en Derecho de quien fuera secretario del Juzgado Militar de Prensa.

Manuel Martínez Neira en su obra El estudio del Derecho. Libros de texto y planes de estudio en la universidad contemporánea (Madrid, Instituto Antonio de Nebrija, 2001) señala que el 11 de septiembre de 1931 se publicó el plan provisional de Derecho para el curso académico 1931-1932, que después, con retoques, estuvo vigente durante toda la II República (p. 146). En dicho plan aparecía un curso preparatorio organizado por la Facultad de Filosofía y Letras y cinco cursos en la de Derecho. El preparatorio, no obstante, desapareció enseguida y sus asignaturas pudieron cursarse en cualquier momento de la licenciatura. Así ocurrió en el caso del alférez Baena Tocón.

Mi colega José María Puyol Montero en su artículo «El plan republicano en la Facultad de Derecho de Madrid (1931-1939)», Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, 7 (2004), pp. 197-234 y, posteriormente, en su libro Enseñar Derecho en la República. La facultad de Madrid (Madrid, Dykinson, 2019) da cuenta del plan publicado en el Boletín de la Universidad de Madrid, III (julio, 1931), pp. 403-404, que entraría en vigor a partir del curso 1932-1933.

El citado plan, conocido por el nombre de su impulsor, el profesor Elías Tormo y Monzó (1869-1957), es el vigente durante los estudios universitarios del alférez Baena Tocón. Al margen de las asignaturas del preparatorio, establece una licenciatura de cinco cursos con la siguiente distribución de asignaturas:

1º curso: Derecho Romano, Economía Política e Historia del Derecho.

2º curso: Derecho Político, Derecho Canónico y Derecho Civil (parte general).

3º curso: Derecho Civil, Derecho Administrativo y Derecho Penal.

4º curso: Derecho Civil, Derecho Procesal, Derecho internacional privado y Hacienda pública.

5º curso: Derecho Mercantil, Derecho Internacional Privado, Derecho Procesal y Filosofía del Derecho.

El alférez Baena Tocón no siguió esta distribución de asignaturas según los cursos. El 31 de agosto de 1933, tras haber aprobado Economía Política en la Universidad de Murcia, solicita la matrícula en las tres asignaturas del primer curso: Derecho Romano, Economía Política e Historia del Derecho. Sus estudios en la actual UCM comienzan, pues, en el curso 1933-1934. Para terminarlos en junio de 1936 debió hacer caso omiso de la distribución prevista por el plan. La posibilidad es perfectamente legal.

El 24 de febrero de 1940, el alférez presenta el expediente académico para la expedición del título provisional de licenciado, con una certificación de notas fechada el 17 de febrero del mismo año. Las calificaciones son las siguientes:

Período preparatorio:

Curso 1934-1935. Historia de la cultura (notable) e Historia de España (aprobado).

Período de la licenciatura:

Curso 1932-1933. Economía Política (notable) (convalidada).

Curso 1933-1934. Instituciones de Derecho Romano (aprobado). Historia general del Derecho Español (aprobado). Instituciones del Derecho Canónico (notable). Derecho Político Español (aprobado). Derecho Civil Español. Parte general (aprobado). Derecho Civil (1º curso) (aprobado). Elementos de Hacienda Pública (aprobado). Derecho Internacional Público (aprobado).

Curso 1934-1935. Derecho Administrativo (aprobado). Derecho Penal (aprobado). Filosofía del Derecho (aprobado). Derecho Civil (2º curso) (aprobado). Derecho Procesal (1º curso) (aprobado).

Curso 1935-1936: Derecho Mercantil de España (aprobado). Derecho Procesal (2º curso) (aprobado). Derecho Internacional Privado (aprobado).

De acuerdo con este certificado de notas, al alférez le conceden el título provisional el 6 de marzo de 1940, cuando ya llevaba casi un año ejerciendo como secretario del Juzgado Militar de Prensa. El título definitivo no me consta que lo obtuviera. La circunstancia es sorprendente en quien lo necesitaría para realizar diferentes trámites y acreditarse en la administración local.

Una posible explicación de esta ausencia del título definitivo la encontramos en el email del 2 de diciembre de 2020 remitido por Isabel Palomera, directora del Archivo General de la UCM. En el mismo, y tras confirmarme que el alférez nunca pudo ser considerado como licenciado en Derecho antes de marzo de 1940, me comunicó que en relación con el curso 1935-1936 en los Registros de Matrícula Oficial y Libre no le constaba ningún asiento registral a nombre del alférez. Los registros conservados en el Archivo General de la UCM se reproducen al final de la entrada.

Ante esta circunstancia, cabe pensar que hubo una pérdida de documentación relacionable con la Guerra Civil o que, supuestamente, el alférez no aprobó las tres últimas asignaturas, aunque así constara en el citado registro de notas. Nunca lo sabremos con certeza, pero la duda permanece. Si en febrero de 1940 ya no figuraban los citados asientos registrales, ¿cómo firmó el expediente académico el secretario de la facultad, «J. Maldonado»?

La pregunta carece de respuesta más allá de las hipótesis. En cualquier caso, lo constatable -salvo que aparezca nueva documentación capaz de desmentirlo- es que el alférez nunca reclamó el título definitivo, aquel que los licenciados de la época enmarcaban en el domicilio o el despacho laboral.

NOTA: las conclusiones de estas entradas son provisionales a la espera de la publicación de la monografía y están sujetas a posibles rectificaciones en el caso de aparecer nueva documentación. Quedo, por lo tanto, pendiente de la misma en el caso de que algún colaborador la localizara.


















viernes, 6 de diciembre de 2024

Baltasar Fernández Cue: Desde Hollywood al Juzgado Militar de Prensa.


 

Baltasar Fernández Cue. Fuente: Fundación Pablo Iglesias


La posibilidad de dejar atrás Hollywood, en compañía de astros como Rodolfo Valentino, para terminar procesado en el Juzgado Militar de Prensa parece inverosímil. Al menos, si aceptamos los estereotipos de las víctimas causadas por la represión franquista. El volumen Las armas contra las letras (2023) evita el error de centrarse en un determinado tipo de víctima, el segundo volumen -ya en manos de la editorial- ahonda en la consiguiente diversidad y el tercero abarcará nuevos ejemplos como el del asturiano Baltasar Fernández Cue (1876-1966), condenado a muerte tras haber colaborado en las versiones hispanas rodadas a principios del sonoro en Hollywood.

La trayectoria biográfica de Baltasar Fernández Cue es digna de una recreación novelística. A los quince años abandonó su Llanes natal para trasladarse a Bayona, donde finalizó los estudios de bachiller. En Londres cursó la carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por imperativo paternal, aunque su pasión ya era la escritura. En 1901, el asturiano de familia potentada emigró a Méjico. Allí emprendió negocios y obtuvo un destino en el Ministerio de Fomento, aparte de dirigir El Rivero, órgano defensor de los llaniscos establecidos en aquel país.

Tras ser perseguido por el gobierno de Victoriano Huerta, el asturiano se convirtió en partidario y colaborador del encabezado por Venustiano Carranza, llegando en 1916 a dirigir Heraldo de Méjico. Su participación en la política mejicana terminó cuando fue expulsado del país, trasladándose entonces a la localidad norteamericana de El Paso, donde trabajó cuatro años como profesor de español.

Posteriormente, se afincó en Los Ángeles compaginando la docencia con el periodismo. Baltasar Fernández Cue escribió crónicas cinematográficas para periódicos norteamericanos y españoles. En 1929, fue contratado para adaptar películas del inglés al castellano, siendo también jefe de publicidad extranjera de la RKO Pictures y responsable del departamento de español de la Universal. Su trabajo más destacado es la versión hispana de Drácula (1931), de George Melford, con el protagonismo del cordobés Carlos Villarias en rivalidad con Bela Lugosi.


Carlos Villarias en el papel de Drácula

En 1933, cuando terminan las versiones hispanas por la aparición del doblaje, Baltasar Fernández Cue regresa a España y colabora en diversos periódicos de orientación conservadora. El 18 de julio de 1936 está en Madrid disfrutando de una situación acomodada como socio de la Unión Mercantil y sufre calamidades durante el dramático verano de aquella capital. Para evitarlas, y a invitación de Manuel Albar, se incorpora a la redacción de El Socialista escribiendo sobre política internacional y, poco después, pasa a ser traductor al servicio del SIM, donde tuvo enfrentamientos con Ángel Pedrero.

A pesar de las presiones para abandonar España, el asturiano permaneció en Madrid a la espera de las tropas del general Franco. La decisión era lógica, pues pensaba que, por su ideología y comportamiento durante la guerra, nada cabía temer con la llegada de los vencedores. De hecho, Baltasar Fernández Cue simpatizó con su causa desde el 18 de julio de 1936.

Las expectativas quedaron frustradas cuando el 11 de abril de 1939 fue detenido. La instrucción del sumarísimo de urgencia correspondió al juez Manuel Martínez Gargallo con el alférez Baena Tocón como secretario. El sumario 3094 del AGHD es un ejemplo estremecedor de la arbitrariedad judicial. A pesar de contar con avales de destacados falangistas y representantes de la Iglesia a quienes había salvado durante la guerra, incluso informes favorables de los servicios de información de FET y de las JONS, el periodista que había atacado duramente al Frente Popular antes de la guerra fue condenado a muerte.

Ya habrá tiempo de detallar cómo se realizó la instrucción hasta llegar a la condena del tribunal. Lo importante ahora es subrayar que la víctima era un periodista y escritor alineado con los vencedores, incluso dispuesto a publicar testimonios en este sentido, tal y como se observa en la documentación del sumario. Ninguna de estas circunstancias rebajó el rigor y la arbitrariedad del juez Manuel Martínez Gargallo, que en su auto resumen ocultó todo lo favorable al procesado y subrayó lo que podía conducirle a la pena máxima.

Tras pasar cinco años en diferentes penales, Baltasar Fernández Cue pudo escapar de España y, desde Lisboa, dirigirse de nuevo a Estados Unidos, donde fallecería sin dejar testimonio, que sepamos, de una vida intensa. De haberlo hecho, el capítulo dedicado a Drácula recordaría el miedo causado entre el público, pero para hablar de un verdadero pánico le bastaría con recordar lo sucedido en el Juzgado Militar de Prensa. Lo explicaremos con detalle en el correspondiente capítulo del tercer volumen. Mientras tanto, conviene recordar que también los periodistas conservadores como Baltasar Fernández Cue fueron víctimas de la represión durante la posguerra. Su delito era haberse buscado la vida para sobrevivir en Madrid.

 

 


lunes, 2 de diciembre de 2024

La Nochebuena de 1976


 

La memoria no es recordar, sino dar sentido a lo recordado. Una pérdida familiar nos acerca a los álbumes de las viejas fotos, que deben permanecer cerrados para evitar la melancolía por un tiempo clausurado. Al contemplar sus páginas repletas de imágenes, los recuerdos se agolpan, pero no siempre hay una historia que permita encuadrarlos en el relato de la memoria. Esas fotos evocan momentos, normalmente de felicidad y encuentro con quienes han jalonado nuestra biografía. Solo en contadas ocasiones partimos de los mismos para trazar una historia entrelazada con otras ajenas. Si así sucede, habremos convertido el recuerdo fugaz en una memoria que busca permanecer.

El 23 de diciembre de 1976 fui detenido por un gris dispuesto a hacer méritos para justificar el trienio. Esa tarde tuvo lugar en Alicante una manifestación a favor de la amnistía de los presos políticos. Cuando llegué ya estaba disuelta a base de porrazos. Di la vuelta y, justo en ese momento, un gris salido de la cercana comisaría me cogió del brazo. No me invitó a acompañarle, pero le excusé semejante desconsideración.

A empujones, fui conducido a un calabozo junto con otros jóvenes procedentes de la manifestación. Allí, en silencio y asustados, permanecimos durante un buen rato hasta que me llamaron. En la puerta esperaba el único policía nacional que mis padres conocían. Avisado, Ricardo me cogió del hombro sin hacer comentarios y me invitó a cenar en un bar próximo.

Ese bocadillo me salvó de una paliza, que continuó en los calabozos aledaños cuando regresé al mío. Durante la noche seguí escuchando voces y golpes que, a la mañana siguiente, se concretaron en rostros desencajados. Sobre todo, de un joven de Ibi, que corrió con la peor parte.

Ricardo volvió a la comisaría y me condujo a una oficina donde vi cómo se montaba una operación para detener a unos delincuentes. Yo también lo era a los ojos del franquismo omnipresente más allá de la muerte de Franco, pero tenía la suerte de contar con un conocido en aquellas dependencias.

El artífice de tantos golpes era un policía infiltrado en la universidad. Todos sabíamos su identidad, que llevaba impresa en el rostro, y le hacíamos el vacío, pero en la comisaría era el amo. Sentado al otro lado de la mesa, con una máquina de escribir, lo tenía esa mañana de una supuesta declaración que no leí y dudo haber firmado. En cualquier caso, Ricardo le habría dado mi nombre y se lo tomó como un trámite burocrático.

Tras declarar en comisaría, un furgón nos condujo a los juzgados. Los detenidos, creo que éramos unos diez, estábamos en fila delante del juez, que ojeó unos papeles. Sin decirnos nada, llamó por teléfono. Supongo que sería al gobernador civil, que por entonces era Luis Fernández Fernández-Madrid. El juez recibiría la oportuna instrucción de la autoridad y se acercó a nosotros con el propósito de seleccionar a tres. Ese sorteo, justo ese, me llevó a la cárcel el día de Nochebuena de 1976.

La cárcel era la del fallecimiento de Miguel Hernández y, desde entonces, ni siquiera la habían pintado. Me encerraron en una celda y allí, solo, permanecí durante unas horas recordando al conde de Montecristo hasta que me llamaron. Un grupo de abogados había conseguido mi libertad provisional bajo una fianza solidaria que nadie me reclamó. Esa misma tarde salí y, en la puerta, me encontré con un grupo que me esperaba y soltó unas palomas en recuerdo de la dibujada por Alberti.

La foto que ilustra esta entrada fue tomada cuando en compañía de mi familia y Pepa pude celebrar estar libre, provisionalmente, para tomar una copa en una Nochebuena que nunca olvidaré.

Poco después, la amnistía para los presos políticos fue una realidad conquistada a base de recibir hostias por doquier y el TOP, donde me iban a juzgar por llegar tarde a una manifestación, desapareció para tranquilidad de los demócratas. Sin haber visto ni un solo papel de la instrucción, si es que la hubo, recibí una notificación de los juzgados. Me presenté, una señora me dijo que estaba amnistiado y, además, me dio dos besos propios de una madre.

Mi contacto con la represión franquista fue una anécdota de los dieciocho años. Hubo suerte, porque al mes siguiente se sucedieron los asesinatos en Madrid hasta el punto de que la Transición pudo descarrilar. Ahí, en esas manifestaciones trágicas, estaban jóvenes como yo y grises entusiasmados con la posibilidad de hacer méritos. Las consecuencias son de sobra conocidas, aunque tienden a ser olvidadas por quienes inventaron una Transición modélica.

La anécdota dejó huella. Del gris nunca más supe y supongo que se jubilaría con todos los trienios. Del policía infiltrado y maltratador, sí. Al cabo de los años, en una boda, me lo presentaron. Por primera y única vez en mi vida me negué a dar una mano. Del juez nunca he sabido porque jamás vi un documento relacionado con la detención y el procesamiento. Dada su edad, se jubilaría en la etapa constitucional con los honores de haber servido a la independencia judicial. Del gobernador civil, si fue su interlocutor, solo me consta que hizo carrera política como senador en Alianza Popular, origen del actual Partido Popular. Y Ricardo, el ángel de la guarda de aquella noche, siguió como policía deteniendo a delincuentes; los de verdad.

Hace unos diez años, en un entierro, me lo presentaron. Le reconocí, me identifiqué y le agradecí haberme evitado una paliza. Ricardo ni siquiera se acordaba, pero nos dimos un abrazo y, desde entonces, creo haber saldado una deuda.

Otras las voy saldando con mi trabajo de historiador. Aquella anécdota, sintetizada en la foto, me explicó cómo entendía el franquismo la independencia judicial, la seriedad de sus procedimientos mediante sorteos y, sobre todo, la brutalidad de quienes personificaban una dictadura donde ya era posible mantener otro comportamiento.

La responsabilidad nunca es del sistema, sino de quienes lo sustentan día a día. Aquella fecha navideña vi algunos ejemplos, tomé nota y casi cincuenta años después lo intento explicar en unos libros que, por desgracia, hablan de circunstancias mucho más trágicas que las de un episodio de juventud.